Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (II)

El Colegio de Abogados de Madrid, el más numeroso de España, tiene, entre ejercientes y no ejercientes, más de 65.000 colegiados. Es una de las corporaciones profesionales más importantes de Europa. Su último presupuesto superó los 52 millones de euros.
 
Cuando al Decano en funciones se le pide que haga balance de su gestión, siempre pone el acento –posiblemente con razón- en las cuentas saneadas que presenta el ICAM. Hernández-Gil reivindica su mandato basándose casi exclusivamente en cifras: recuerda, cada vez que tiene ocasión, que, mientras la inflación acumulada ha sido del 12 %, las cuotas sólo han subido un 2% y que, en plena crisis económica, el Colegio ha duplicado su patrimonio neto y ha registrado superávit.
 
El problema es que, junto a esta única luz, son muchas las sombras que se le reprochan. No hay que olvidar que las finanzas del Colegio no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un medio para el cumplimiento de los fines colegiales. Y el incremento de patrimonio sólo será valorado por los colegiados poniéndolo en relación con los servicios que reciben o con el adecuado ejercicio de la función profesional y social que es propia de la institución.
 
Pero es que, incluso en los aspectos económicos, el Decano no ha conseguido despejar las dudas que se suscitan sobre la opacidad de su gestión. Algo tan sencillo de aclarar en Junta General como cuánto cobra el gerente del Colegio ha recibido sistemáticamente la callada por respuesta, amparando esa negativa en la Ley de Protección de Datos. Que no se haga público, o que no se le facilite a alguien ajeno a la institución, es lógico y ajustado a Derecho. Pero que los propios colegiados no puedan conocer, en una asamblea interna, el sueldo que ellos mismos pagan a su gerente, no me digan que no es para nota.
 
Buena parte del presupuesto se va progresivamente externalizando, eludiendo así el derecho de información y control por parte de los colegiados. 
 
Como recordó José Manuel Pradas en un interesante artículo, la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande recibe casi un 10 % del presupuesto del Colegio para encargarse de gestionar las prestaciones asistenciales del mismo, no sabemos por qué.

A partir de ahí, la abogacía madrileña ya no tiene derecho a conocer cómo se emplea ese dinero: qué prestaciones se conceden, en qué cuantía, con qué criterios, con qué gastos de gestión aparejados, etc. La auditoría se limita a constatar que, en efecto, la asignación económica se ha destinado a la Fundación. Y la Junta de Gobierno se encoge de hombros ante cualquier pregunta, puesto que esa fiscalización ya no es cosa de los colegiados. La gestión de la Fundación depende de sus patronos, mientras que el control administrativo corresponde al Protectorado.
 
La conversión del Seguro Médico en una Mutua sanitaria privada, operación impulsada bajo el mandato de Hernández-Gil, sacará del control colegial aproximadamente la mitad del actual presupuesto, en unas condiciones escasamente comprensibles, al menos para mí. Esta operación fue aprobada el 7 de noviembre de 2011 en una Junta General con la ínfima asistencia habitual, haciendo uso del voto delegado en manos de la Junta de Gobierno como también es habitual, y con poco más de 1.000 apoyos (contando el doble valor de los ejercientes).
 
Así se acordó la creación de una Mutua de Seguros a prima fija, que operará, entre otros, en el ramo de asistencia sanitaria. La Mutua ejercerá su actividad en todo o parte del territorio nacional y podrán integrarse en la misma, en condiciones pendientes de determinar, todos los colegiados, sin perjuicio de que pueda ofrecer sus servicios a otros colectivos distintos.

El Colegio transfiere a dicha Mutua 2’5 millones de euros aproximados en dinero, varios inmuebles de su propiedad (la cuarta planta, siete plazas de garaje y un almacén del edificio de Serrano nº 11, tasados en casi 3’5 millones) y diverso mobiliario y equipamiento, con la única condición de que, si la Mutua se disolviera, ese patrimonio volvería al Colegio, salvo que con el mismo hubieran de satisfacerse deudas pendientes.
 
Pero, a cambio de transferir una cartera de clientes actuales y potenciales, parte de un valioso y céntrico edificio en la capital de España y una suma de dinero, ¿qué obtiene el Colegio? ¿Qué control ejercería sobre la Mutua sanitaria privada, sobre su actividad y sobre sus órganos? Parece que ninguno. Y digo parece porque el Decano se ha negado sistemáticamente, con distintas excusas, a aclarar la mayor parte de las cuestiones que se le han ido planteando en distintas Juntas.  Los futuros cargos de la entidad serán elegidos por los mutualistas, que recordemos que ya no tendrían por qué ser sólo los abogados. Y podemos imaginarnos el nivel de participación de mutualistas que habrá en las asambleas de la nueva entidad. A partir de ahí, se abre un abanico de dudas...
 
En definitiva, el Colegio pierde patrimonio y pierde la mitad de sus ingresos anuales para transferirlo a una entidad ajena al propio ICAM. Si el Servicio Médico es viable, ¿por qué no mantenerlo bajo el control de los propios colegiados? Y, si no lo es (extremo que desconozco porque no lo he visto explicado ni acreditado en ningún sitio), ¿no hubiera sido mejor obtener ingresos a cambio de traspasarlo a una entidad ya constituida, con la que se negociasen ventajosas condiciones de servicio para los colegiados, en lugar de cederlo a cambio de nada a una Mutua de nueva constitución que escapará al control del ICAM?
 
Si apenas un millar de votos aprobaron la desaparición del Servicio Médico y su transformación en una Mutua externa, el equivalente a unos 2.266 votos (1.133 ejercientes), en una iniciativa impulsada por Sonia Gumpert (una abogada entonces desconocida para la mayoría de nosotros), formulamos al Decano solicitud de convocatoria de una Junta General Extraordinaria, para recabar más información y reconsiderar el acuerdo adoptado.
 
El Decano (que en estas elecciones ha invocado el fomento de la participación para justificar la necesidad de una reforma estatutaria) nos denegó ese derecho e incumplió así el artículo 38.3 de los Estatutos del ICAM, cuya redacción es imperativa: "(...) Cumplidos los requisitos anteriores [solicitud al menos del 1 % de los ejercientes, acompañando Orden del Día propuesto], la Junta de Gobierno deberá convocar Junta General Extraordinaria en plazo no superior a quince días desde la presentación de la solicitud". La resolución está actualmente sometida al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Mientras se producían estos episodios, tampoco se constataba ningún avance notable en la organización, servicios o funcionamiento del Colegio. Más bien da la sensación de que se han dejado pasar cinco años sin afrontar su necesaria modernización.
 
Pero lo peor, sin duda, de la gestión de Hernández-Gil, es la pérdida de relevancia del Colegio de Abogados de Madrid. Con los Decanos Pedrol Rius y Martí Mingarro, con sus defectos y sus virtudes, la institución colegial era tomada en cierta consideración y constituía un referente. Cuando había una reforma legal de trascendencia o cuando se suscitaba un asunto importante que afectaba a la profesión, no faltaba un pronunciamiento del Decano del ICAM.
 
Por el contrario, Antonio Hernández-Gil ha estado ausente, o callado, o se ha pronunciado tarde, a remolque y con sordina, en cada ocasión en que las circunstancias exigían que se oyese con claridad la voz de la abogacía madrileña.
 
Así ha sucedido con la Ley de Acceso, por ejemplo. O, lo que es más grave, con una Ley de Tasas que limita gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva. Mientras el Consejo General de la Abogacía reaccionaba, se pronunciaba, hacía propuestas y tomaba medidas antes, durante y después de la tramitación del proyecto de ley, el ICAM estaba desaparecido del debate. Según pretextó Hernández-Gil en la Ser, “porque al Colegio no le han dado ningún cauce de participación en la elaboración. Lo hemos dicho en cuanto hemos podido, pero nos hemos encontrado con una ley prácticamente aprobada en pocos días, como todos los ciudadanos. No ha habido una interlocución previa”. O sea, que el Decano del Colegio de Abogados más importante de España supuestamente se entera de la imposición de tasas cuando ya está aprobada. Y, durante el proceso previo, estaba en su despacho esperando a que vinieran a consultarle. Sin comentarios.
 
También le achacaban al Decano saliente esa falta de peso y de decisión los miles de letrados del turno de oficio que se han visto seriamente afectados por el reiterado incumplimiento de la Comunidad de Madrid, un problema ante el que Hernández-Gil manifestaba en una entrevista durante la campaña electoral su impotencia: “Que me expliquen qué más se puede hacer”.
 
Les invito a escuchar este ilustrativo diálogo que, en pleno conflicto con la Comunidad, alguien grabó con su móvil entre abogados del turno de oficio, perjudicados por los impagos, y el Decano:
 
 
Otra de los graves dejaciones que se recordarán por parte de Hernández-Gil se produjo ante la vulneración del derecho de defensa. Ya lo expliqué con detalle en su momento en un artículo titulado Derecho de defensa y grabaciones ilegales. El Colegio reaccionó tarde, pero con aparente contundencia, acordando presentar una querella contra el juez instructor que había conculcado ese derecho básico. Finalmente, la Junta de Gobierno incumplió su propia resolución y tuvo que ser Ignacio Peláez, uno de los letrados sometidos a escuchas ilegales, quien interpusiera personalmente la querella.
 
Durante la reciente campaña electoral, Hernández-Gil explicó que, una vez personado el Colegio en la causa y restablecida la legalidad mediante la anulación de la prueba ilegítima, no consideraron que el papel del Colegio fuera la persecución penal del juez. Pero eso es una versión construida a posteriori. El acuerdo de la propia Junta de Gobierno sí consideraba necesario no limitarse a un recurso en el seno del proceso donde se habían producido las grabaciones ilegales. Se entendía que la vulneración del derecho de defensa precisaba de la respuesta contundente de una acción penal contra el juez que había acordado, sin cobertura legal, grabar las conversaciones entre clientes y abogados. Durante meses, el Decano no dijo que no fuera necesaria la querella, sino que no era el momento, que había que dejar que la Fiscalía tuviese oportunidad de reaccionar, que ya lo haría, que nadie iba a marcarle el ritmo al Colegio… Hasta que los abogados afectados no tuvieron más opción que actuar por sus propios medios, ante la falta de amparo colegial, como si fuera un problema exclusivo de ellos y no una cuestión trascedente que afecta al ejercicio de nuestra función.
 
 
Llegado el otoño de 2012, el mandato de Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos como Decano madrileño se aproximaba a su fin y tenían que convocarse nuevas elecciones…
 
(Fotografía de Cinco Días)

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (I)

Pensarán ustedes que las recientes elecciones celebradas en el Colegio de Abogados de Madrid constituyen un asunto muy sectorial, meramente corporativo, de interés sólo para unos cuantos picapleitos.

Pero créanme si les digo (habiendo seguido esta vez la campaña muy de cerca) que el proceso electoral que hemos vivido (y que ayer saltó tristemente a las páginas de los medios informativos, con presencia policial incluida), se ha convertido en un reflejo, en miniatura, de cómo operan las turbias luchas de poder en el ámbito político y económico. Y ha permitido constatar, también a pequeña escala, dos cosas. La primera, indudable: que los poderosos mueven todos los resortes a su alcance (presiones, manejos mediáticos, difamación, influencias…) para mantener su dominio, no dudando en recurrir a la más grosera (o sutil, como convenga) manipulación. Y la segunda: que, aun así, a veces es posible ganarles. Cuando, pese a todo, la democracia consigue abrirse paso frente a la oligarquía, estamos ante un hecho socialmente muy higiénico y reconfortante.

Pero no se puede entender el auténtico alcance de lo que ayer pasó en el ICAM –la amplia victoria electoral de la abogada Sonia Gumpert y la terca resistencia del Decano saliente, con menos de la mitad de votos, a abandonar el sillón oficial-, sin tener algunas ideas sobre los antecedentes.

Yo soy abogado ejerciente del Colegio de Madrid desde hace veintidós años. Cuando me inscribí, el Decano era Antonio Pedrol Rius, que llevaba ya en el cargo dieciocho años y que lo ostentaría hasta su muerte, en 1992.

A su fallecimiento, los cuatro despachos más grandes con sede en Madrid (Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Gómez-Acebo&Pombo) sellaron una alianza, no sé si expresa o tácita, para ocupar el gobierno del ICAM con una lista conjunta y designaron como candidato de consenso a Luis Martí Mingarro, quien desempeñó el cargo durante tres mandatos (quince años).

Elección tras elección, el candidato oficialista nunca se enfrentaba a un verdadero rival. Enfrente sólo tenía a la progresista Asociación Libre de Abogados (ALA) como permanente oposición. Y alguna candidatura outsider, improvisada, a veces bienintencionada y siempre sin posibilidades reales. Los macrodespachos movían el voto de sus centenares de empleados, mientras los abogados de a pie (absorbidos por nuestro trabajo cotidiano y con la sensación de inexistencia de alternativas) simplemente nos limitábamos a no acudir a las urnas. La triste participación llegó a ser, en 2002, en torno al 5 %. No es una errata: se registró un 95 % de abstención.

Esa alianza entre los grandes despachos permitía gobernar cómodamente un Colegio de decenas de miles de letrados con apenas unos centenares de votos de los fieles, ante la pasividad de una abogacía desmovilizada y desmotivada. En un reciente debate electoral en el Ateneo, Javier Cremades reconocía con naturalidad y sin sonrojo que, durante años, el Decano madrileño fue elegido “en una especie de cooptación”. Y les aseguro que nadie movió una pestaña de sorpresa ante semejante confesión.

Pero ese pacto de las grandes firmas del negocio jurídico se rompió a la hora de afrontar la sucesión de Martí Mingarro. Aparte de la habitual lista de ALA, se presentaron dos candidaturas de los grandes, ambas encabezadas por antiguos compañeros de Junta de Gobierno con el decano saliente. Por un lado, Javier Cremades. Por otro, Antonio Hernández-Gil, que llevaba participando en el gobierno del Colegio casi un cuarto de siglo.

Como de costumbre, la inmensa mayoría de letrados de a pie nos quedamos en casa (más bien en el despacho) ante una guerra que creíamos que no era la nuestra. Votó un 10 % de los colegiados y ganó Hernández-Gil por poco más de 300 votos de diferencia. Se iniciaba así el mandato sin duda más mediocre desde que comencé a ejercer la abogacía.

(Fotografía de Negocio Digital)

Orientación legal para familias de menores con discapacidad

 
El pasado jueves 13 de diciembre impartí en Getafe (Madrid) un módulo de orientación legal, dentro del II Taller avanzado para padres y madres de niños/as con discapacidad y pluridiscapacidad.

La segunda edición de este interesante taller está organizada por el Ayuntamiento de Getafe y corre a cargo de la sociedad Rara Avis, que dirigen los psicólogos Ana Isabel Gutiérrez y Rafael Chicharro. Está dirigida a padres, madres y cuidadores/as de niños/as con pluridiscapacidad y/o necesidades especiales, en particular para aquellos casos en los que existe una importante discapacidad intelectual.
 
Los talleres incluyen un completo programa, con módulos sobre Herramientas emocionales, Habilidades de comunicación, La salud del cuidador y Orientación legal. Además de intervenir yo en esta ocasión, vienen participando en las distinas ediciones psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, psiquiatras, logopedas, educadores, fisioterapeutas, neurofisiólogos... Una iniciativa muy útil, de las que merecen realmente la pena. 
 
Dentro del módulo jurídico, ofrecí información sobre el proceso judicial de incapacitación, la tutela, testamentos y herencias..., resolviendo algunas dudas prácticas planteadas por los presentes.

Tengo que dar las gracias a Rara Avis y a los asistentes, porque la experiencia fue muy grata. Como se nos quedaron muchas cosas en el tintero, dedicidimos convocar una segunda sesión para el próximo jueves, en la que explicaremos algunas nociones sobre el patrimonio protegido de los discapacitados y la normativa sobre dependencia, además de seguir atendiendo las consultas que los padres quieran plantearme.

Propuesta de fraccionamiento de tasas judiciales, en Lex News

Lex News, una de las webs de referencia en información y recursos jurídicos, se hace hoy sábado eco de una iniciativa profesional llevada a cabo desde mi despacho de abogado.

Realmente, la propuesta no ha servido de nada, porque el Gobierno, haciendo oidos sordos a todo el clamor social, sigue adelante con su implantación de las tasas judiciales y, en la Orden Ministerial definitiva, publicada hoy en el BOE, no incluye siquiera la posibilidad de fraccionar un importe que, en su cuantía variable, puede llegar a ser de hasta 10.000 euros en cada fase procesal.

Éste es el texto publicado por Lex News:

"PROPONEN AL MINISTERIO DE HACIENDA EL FRACCIONAMIENTO DE LAS TASAS JUDICIALES

Un despacho de Madrid, Alberche Área Jurídica, ha pedido al Ministerio de Hacienda, en el trámite de información pública de la Orden Ministerial que aprobará el procedimiento de pago de las tasas judiciales, que éstas puedan pagarse a plazos.
 
Tras la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hizo público un Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprobarán los modelos y el procedimiento para su pago, borrador que ha sido sometido al trámite de información pública. En ese período, cualquier entidad o ciudadano puede someter a la consideración del Ministerio modificaciones que pudieran ser incluidas en la redacción definitiva. Acogiéndose a esa posibilidad, Alberche Área Jurídica, a través del abogado Carlos Javier Galán, presentó en el Registro Central de la Agencia Tributaria, un escrito formal de alegaciones, en el que se propone que se incluya de forma expresa en la Orden la posibilidad de fraccionamiento y aplazamiento de las tasas judiciales.
 
El Proyecto contempla que la liquidación no sólo deberá estar presentada sino también abonada con carácter previo a la presentación del escrito procesal correspondiente ante el Juzgado, puesto que no se admitirá a trámite sin que se acompañe el justificante de pago. El escrito propone que, aun cuando se exija el pago de la cuantía fija (entre 100 y 300 euros en primera instancia, entre 500 y 800 en segunda y entre 750 y 1.200 euros en casación), cuando menos se permita fraccionar la cuantía variable de la tasa (que puede ascender nada menos que hasta 10.000 euros en cada una de las fases procesales) y ello de acuerdo con el artículo 65 de la Ley General Tributaria y los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
 
Dado que esta tasa –que el proponente considera 'gravemente perturbadora del acceso de los ciudadanos a la justicia'- está ya en vigor, el abogado considera que, introduciendo esta previsión en la Orden Ministerial, 'al menos se trataría de evitar que ningún ciudadano se vea privado del derecho constitucional a la tutela efectiva, no ya por un problema de insuficiencia de recursos, sino por un mero problema de falta de liquidez, sobre todo en las acciones judiciales sujetas a plazo'.