Desde España (y II) La indignación

Artículo publicado en la revista argentina El Descamisado, abril 2013
 ¿A qué vienes ahora, juventud,
encanto descarado de la vida? (…)
Estábamos tranquilos los mayores
y tú vienes a herirnos, reviviendo
los más temibles sueños imposibles,
tú vienes para hurgarnos las imaginaciones. (…)
Nos anuncias el reino de la vida,
el sueño de otra vida, más intensa y más libre.

-Jaime Gil de Biedma-

15 de mayo de 2011: una iniciativa entonces recién nacida en las redes sociales, Democracia Real Ya, había promovido manifestaciones ciudadanas para denunciar, desde la sociedad civil, con una perspectiva transversal y apartidista, “el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor”, la corrupción de algunos políticos, grandes empresarios y banqueros, y “la indefensión del ciudadano de a pie”. Su manifiesto proclamaba unos principios sencillos pero esenciales: que hay derechos básicos que tienen que estar cubiertos en cualquier sociedad, que la verdadera democracia no es el monopolio de los partidos sino que exige cauces de participación efectiva, que es necesaria una revolución ética que ponga al ser humano por encima del dinero… En medio de la crisis económica, miles de personas salieron ese día a las calles, respondiendo a esta convocatoria. Tras la concentración de Madrid, algunas decenas de participantes decidieron quedarse acampados en la Puerta del Sol, como símbolo de denuncia permanente de la situación.

No mucho después, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid (entonces de distinto signo político, PSOE el primero y PP el segundo) estuvieron de acuerdo en desalojarles por la fuerza y con nocturnidad, pensando que así terminaría una simple protesta más.

Pero sucedió lo que nadie había previsto. Al día siguiente, eran millares los que llenaban la misma plaza y, al irse enterando (a través de los medios de comunicación y, especialmente, de Twitter y otras redes sociales), cada vez iban sumándose más y más personas. Las víctimas de la crisis provocada por los poderes políticos y económicos tal vez tuvieron la sensación de que se les estaba negando ya incluso el derecho a protestar. Y aquel estado de ánimo latente estalló en el gesto de echarse masivamente a la calle. Ni los intentos de descalificación y tergiversación sobre el origen de la iniciativa, ni el cerco policial, ni la expresa prohibición de la Junta Electoral, ni las amenazas gubernamentales, pudieron con una creciente marea humana que dio origen a uno de los más importantes movimientos sociales de España en los últimos años.

La acampada permanente de la Puerta del Sol y sus réplicas en decenas de ciudades españolas, las masivas concentraciones diarias, las asambleas populares…, fueron durante meses un referente incluso para otros países europeos, que comenzaron a secundar movilizaciones similares. El protagonismo no lo tuvieron viejas siglas, sino una joven generación frustrada por las carencias democráticas del sistema, por el bipartidismo desalentador, por la prevalencia del poder económico sobre el poder político, por la dificultad de acceso a la vivienda, por más de un 50 % de paro juvenil… y por mil y una razones más.

Tras levantar la acampada de Sol, el movimiento se descentralizó en asambleas de barrio y, en varias ocasiones, volvió a convocar manifestaciones que registraron un seguimiento multitudinario.

Su carácter horizontal, asambleario, apartidista, sin líderes visibles, fue la garantía inicial de su absoluta independencia y pluralidad. Pero también fue, de alguna forma, el germen de su progresivo desgaste. Esa falta de vertebración, de portavoces, de estructura, las interminables asambleas, la falta de objetivos definidos a corto plazo, hicieron que, casi un par de años después, empezara a diluirse lentamente. Mi opinión es que lo que supuso aquella iniciativa ciudadana está en hibernación, pero que errarían quieren se apresurasen a extender su acta de defunción.

Pero, con todo, pase lo que pase en el futuro, al 15-M español, el movimiento de los indignados, como se le llamó recordando el libro del recientemente fallecido Stèphane Hessel, se deben decisivas aportaciones que no pueden minusvalorarse.

Por un lado, introdujo determinados temas en la agenda política. Los políticos no habían hablado jamás de dación en pago o de desahucios, por ejemplo… Se trataba de una preocupación ciudadana pero que, en aquel momento, no estaba en el discurso de los macropartidos ni tampoco en el de los medios de comunicación o en el de los creadores de opinión. Gracias al 15-M, el debate parlamentario, las tertulias políticas de radio y televisión y las columnas de opinión no pudieron ignorar por más tiempo ciertas cuestiones que se pusieron sobre la mesa, como reforma electoral, transparencia, remuneraciones y privilegios de cargos públicos, etc. Es cierto que la trascendencia práctica ha sido escasa (las conquistas sociales no se ceden nunca de buen grado por el establishment) y las medidas tomadas desde entonces (Proyecto de Ley de Transparencia, Código de Buenas Prácticas Bancarias, Decreto de Paralización de algunos desahucios…) han sido claramente insuficientes, un apaño, un mero guiño hacia ese clamor ciudadano. Pero no es cuestión menor que los partidos no hayan podido seguir haciendo, como antes, simplemente oídos sordos a lo que a ellos no les interesaba, y que estos conceptos hayan entrado de lleno en el debate político y mediático.

El 15-M creó nuevas formas de movilización ciudadana, combinando el poder de internet y las redes sociales (la comunicación directa entre ciudadanos comprometidos, sin intermediarios) con la presencia física que se desarrolló en espacios simbólicos. Espacios de protesta, pero también de convivencia, de participación, de diálogo. Espacios pacíficos, autogestionados, abiertos y con trasparencia.

El 15-M tejió algunos lazos de solidaridad que en algunos casos han permanecido, reforzando Plataformas ya existentes como la de Afectados por la Hipoteca y su campaña Stop Desahucios, o generando modestas iniciativas barriales de ayuda mutua (redes de trueque, mercadillos, talleres de formación, trabajo cooperativo…). En un país donde el individualismo se había impuesto hasta extremos atroces, esa pequeña semilla fructificó en un cierto acompañamiento social a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Las personas a las que se echaba de su casa por no poder pagarla constituyen un claro ejemplo: antes eran desalojados en soledad por las comisiones judiciales, ante la mirada pasiva y meramente curiosa de algunos transeúntes. Hoy, cada desahucio que reclama apoyo, requiere de una fuerte presencia policial y provoca movimientos de resistencia que, en no pocas ocasiones, han conseguido suspender el lanzamiento o incluso forzar a los bancos a negociar con las familias afectadas. Incluso, recientemente, una iniciativa legislativa popular sobre esta materia, apoyada por casi un millón y medio de firmas (el triple de lo exigido), ha llegado al Congreso y, aunque el PP inicialmente iba a rechazar incluso su admisión a trámite, la intensa presión ciudadana le forzó a cambiar de postura.

España llevaba muchos años siendo un país desmovilizado. El descontento ciudadano sólo se expresaba de forma pasiva: aproximadamente un 30 % del censo no votó en las últimas elecciones (la cifra llegó incluso a casi un 60 % de abstención con ocasión del referéndum de la fallida Constitución europea) y más de medio millón de personas votó en blanco. Del resto, suele haber una masa de voto fidelizada hacia los dos grandes partidos y un voto variable que favorece sin entusiasmo la alternancia política cuando no queda más remedio. No hay que desdeñar ahora el apoyo (y la creciente intención de voto que señalan las encuestas) a los otros partidos distintos de los dos grandes. Pero, realmente, sin movimientos sociales fuertes, con unos grandes sindicatos domesticados y unos medios de comunicación que apenas se distancian de los poderes políticos, no había habido nunca una resistencia social frente a los crecientes abusos de la clase política. Y el movimiento 15-M demostró que era posible cambiar esa situación de resignación absoluta.

En estos meses que han transcurrido desde la publicación de la primera entrega de esta serie, las noticias que se han producido han sido, invariablemente, todas en un mismo sentido: empeoramiento de la situación y medidas políticas cuyo peso soporta una mayoría ciudadana muy castigada y nunca los más pudientes. Desde el anterior número de EL DESCAMISADO, hay más españoles desempleados y el gobierno de Rajoy continua incumpliendo sistemáticamente sus compromisos electorales. A la anterior subida de la tributación directa (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y de la indirecta sobre el consumo (Impuesto sobre el Valor Añadido) se ha añadido la supresión de la mayor parte de bonificaciones en cuotas de Seguridad Social a la contratación, se implantó en algunas comunidades una tasa por cada receta para suministrar medicamentos, se han recortado todos los presupuestos públicos de Sanidad, Educación y Dependencia, se ha implantado el pago de cuantiosas tasas para acceder a algo tan elemental como la Justicia y se ha acordado no revalorizar para 2013 el poder adquisitivo de las pensiones (de jubilación, incapacidad permanente, orfandad…), sólo por citar algunos de los ataques gubernamentales a los ciudadanos. Entretanto, el rescate de los bancos (y no de las personas ni de las pequeñas y medianas empresas) sigue siendo la prioridad en la agenda del gobierno. Y, por supuesto, continuamos sin ver ni una sola medida ejemplarizante que recaiga sobre los privilegios y derroches de la casta política, ni un solo gesto que implique mayor austeridad en lo superfluo antes de recortar derechos sociales.

No sólo eso: la repercusión social de las tramas de corrupción que siguen conociéndose se ha intensificado últimamente, por el doloroso contraste que supone que se exijan sacrificios a los ciudadanos mientras algunos políticos y sus cómplices saquean las arcas públicas. Se calcula que entre setecientos y novecientos cargos públicos están encausados en este momento por delitos relacionados con la corrupción, pero sus compañeros de filas no reaccionan, escudándose en que no es algo generalizado. El caso del tesorero nacional del PP ha desvelado el presunto pago al partido de comisiones por parte de empresas adjudicatarias de obras públicas. La imputación incluso del yerno del Rey, por utilizar su influencia para captar multimillonarias cifras a favor una institución supuestamente sin ánimo de lucro, que luego desviaba a una sociedad patrimonial que mantenía con su esposa la infanta, es paradigmático del nivel en el que nos movemos. Recortar servicios públicos mientras vamos conociendo saldos de cuentas en Suiza, no se recibe con indiferencia. Ajustes y corrupción política constituye una mezcla explosiva.

En estos meses, los trabajadores de la enseñanza pública, los sanitarios (médicos, enfermeros, personal de administración y servicios…) y los profesionales de la Justicia (jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, abogados) se han movilizado, pero no por sus propios intereses, sino precisamente por los de los usuarios, denunciando el deterioro (que podría llegar a ser irreversible) de los servicios públicos a causa de los recortes, de las privatizaciones o de los filtros económicos para el acceso. Y, sin embargo, no se ha producido ya esa reacción contundente y masiva que es necesaria más que nunca. Se nota el hueco dejado por el 15-M como instrumento catalizador.

Algunos intentos que ha habido de apropiarse de su espíritu han tenido seguimiento importante pero no acaban de cuajar, porque no son lo mismo. El 15-M en Sol no permitía, por ejemplo, símbolos de partidos, subrayando su carácter independiente, apartidista e integrador. Ahora, en las manifestaciones convocadas por siglas que intentan apropiárselo e instrumentalizarlo, se ven muchos símbolos de este tipo, como banderas de grupúsculos que no representan, ni de lejos, la transversalidad, la pluralidad y las propuestas de un movimiento popular y de masas como fue aquél.

Personalmente estoy convencido de que todo lo que supuso aquel movimiento ciudadano está de alguna forma latente. El desprestigio de los sindicatos y del principal partido de la oposición hace que el enorme descontento popular que existe no haya encontrado una oportunidad clara y un cauce adecuado para manifestarse. Muchas personas están atrapadas por sus preocupaciones personales, por las severas dificultades económicas, por una lucha del día a día por la supervivencia familiar, y no están en situación de poder unirse a huelgas que les merman sus ingresos o que ponen en riesgo su empleo, como no pueden acudir cada día a repetidas manifestaciones. Pero no tengo ni la menor duda de que la indignación está ahí. Y de que, en cualquier momento, puede prender la chispa. La activista y pensadora Susan George aseguraba hace poco que “los griegos y los españoles son como ratas de laboratorio para ver qué nivel de castigo y sufrimiento puede ser aceptado por esta sociedad sin que la gente se rebele.”. Ya sabemos que la desvergüenza de nuestra clase política y de nuestros poderes económicos no tiene límite. Pero yo no apostaría a que la paciencia ciudadana vaya a ser ilimitada. 

Edición 2013 del libro sobre Nóminas

Desde hace unas semanas está a la venta la edición 2013 de mi libro Nóminas, Seguridad Social y Contratación Laboral.
 
Tras más de diez mil ejemplares vendidos, este manual se publica por noveno año consecutivo por FC Editorial, gracias a la buena acogida  que viene teniendo entre centros de formación, asesores laborales y departamentos de administración de personal de empresas.
 
La obra se abre con un bloque introductorio sobre los aspectos básicos de la relación laboral, para adentrarse después en el contenido y estructura del salario, explicando cómo confeccionar los recibos del mismo. Finaliza con el apartado dedicado al sistema de Seguridad Social, incluidas las normas de cotización.
 
Esta edición está adecuada a las últimas reformas en materia laboral, incluido el reciente Real Decreto Ley de medidas de apoyo al emprendedor. 
 
Por vez primera la obra se publica también en formato de libro electrónico, a un PVP de 14 €, manteniendo la edición impresa el precio de 20 €.

Domingo 14 de abril, en Telediario Fin de Semana de TVE


Mañana domingo 14 de abril el Telediario Fin de Semana, tanto en su edición de las 15 h. como en la de las 21 h., está previsto que incluya (la actualidad manda y puede sufrir variaciones la escaleta) sendos reportajes de la periodista Eva Mora sobre el auge de los prestamos al margen de los bancos (financieras y prestamistas privados).
 
Este reportaje de La 1 de TVE abordará las cautelas que deben adoptarse a la hora de suscribir este tipo de productos, con la intervención de Luis Pineda, presidente de Ausbanc. También se tratará el problema de las crecientes estafas hipotecarias, con declaraciones mías como abogado y el testimonio de afectados.

Mis declaraciones en Noticias Cuatro: Derecho laboral para dummies (y para dirigentes del PP)

En los últimos meses, al hablar de sus peculiares relaciones laborales, el Partido Popular consiguió sembrar la perplejidad entre los laboralistas del país.

Primero fueron las declaraciones de Carlos Floriano, explicándonos que no podían despedir a Jesús Sepúlveda porque era "funcionario" del partido y si acudía "a Magistratura" lo tendrían que readmitir. No fue un error fruto de la improvisación y que luego corrigiera, sino que, después de esa desafortunada declaración en rueda de prensa, Floriano siguió sin asesorarse e insistió en tan peregrina tesis ante los micrófonos de la cadena Ser.

Obviamente, los empleados de un partido político no tienen la condición de funcionarios, sino que estamos ante una relación laboral común. Si el despedido demanda ante el Juzgado de lo Social (las Magistraturas de Trabajo desaparecieron hace aproximadamente un cuarto de siglo) y el juez estima improcedente su despido, es la empresa y no el empleado quien opta entre pago de indemnización legal o readmisión. Desmitiéndose a sí mismos por la vía de los hechos, finalmente los dirigentes del PP despidieron a su empleado imputado por corrupción.

Pero con el caso Bárcenas este grupo político volvió a patinar en materia laboral. Resulta curioso que a ellos, que tanto interés han puesto en facilitar y abaratar el despido, les cueste tantísimo trabajo despedir a alguien. Primero negaron que existiera relación laboral, alegando que ésta había finalizado años atrás. Cuando trascendió que no era cierto, que se había extinguido muy recientemente, con ocasión de estallar el escándalo, alegaron que esa situación de alta en Seguridad Social obedecía a un pago diferido del finiquito. Y la secretaria general, M. Dolores de Cospedal, en unas cantinflescas declaraciones llegó a hablar de simulación de relación laboral.

También en este extremo, resulta evidente para cualquier persona mínimamente conocedora del Derecho Laboral que, cuando realmente se produce un despido, aunque se pacte el pago fraccionado de la indemnización, la relación laboral se extingue en ese momento. La indemnización por despido, con independencia de la forma de pago, no tributa si no supera los límites legales y no cotiza en Seguridad Social. En este caso, en el que se mantenía la situación de alta de Bárcenas, se le pagaba un salario mensual y se seguía cotizando, hay dos conclusiones posibles: o bien el extesorero continuaba prestando servicios para el partido (él sostiene que de asesoramiento, en la demanda por despido que presentó), o bien estaríamos, en efecto, ante una simulación de relación laboral (como pareció confesar Cospedal).

El problema es que tal simulación está considerada infracción muy grave (artículo 23.1.e de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Y es así, entre otros motivos, porque genera indebidamente el derecho a una serie de prestaciones (incapacidad temporal, incapacidad permanente, desempleo, jubilación...) a quien carece de requisitos para ello, si es que realmente no está trabajando.

Sobre todo esto me preguntó Cuatro Televisión para su informativo de las 14 horas del pasado 26 de febrero. Ya se sabe que, cuando te graban horas, se emiten unos minutos, así que cuando te graban minutos se emiten segundos. En el reportaje hay una breve aparición mía como abogado, explicando la calificación como infracción de un contrato laboral simulado.