Varios medios citan mi artículo sobre la constitucionalidad del contrato único

A raiz de las declaraciones de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, insistiendo en la supuesta inconstitucionalidad del contrato único, me encontré con que varios medios citaban un artículo mío en relación con esta cuestión.

El propio blog ¿Hay Derecho? donde se publicó originariamente, publicaba un oportuno recordatorio de mi colaboración, bajo el título La Ministra Báñez insiste:

"La Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ante la insistencia de las autoridades comunitarias para que avancemos hacia la unificación de los contratos laborales, ha vuelto a escudarse en que dicha reforma unificadora sería inconstitucional. Parece que nuestros dirigentes prefieren tener a los españoles separados en castas y con desiguales derechos.



Pero respecto a la solvencia de este argumento este blog ya publicó hace más de un año un post de Carlos Javier Galán, que cobra de nuevo actualidad dada la contumacia de la Señora Ministra. Pueden leerlo aquí: ¿Por qué dice la Ministra de Trabajo que el contrato laboral único es inconstitucional?.

No ha sido el único medio que ha citado amablemente mi parecer sobre esta controversia. El economista Luis Garicano, en el blog de Fedea Nada es gratis, bajo el título Sra. Ministra, por favor, ¿nos podría clarificar en qué radica la inconstitucionalidad del contrato único?, se expresaba en estos términos:

"La Comisión Europea comparte el diagnóstico que hemos hecho a menudo de los problemas estructurales tras la dualidad del mercado laboral español y recomienda la solución que hemos propuesto, el contrato único con indemnizaciones crecientes. De nuevo, sin ninguna concesión al diálogo o a las muchísimas horas de trabajo de los demás ('muera la inteligencia', es, claramente, el eslogan de este gobierno—¿cuándo han hecho un argumento lógico sobre lo que tratan de hacer?) , la ministra echa balones fuera y vuelve al erre que erre de la inconstitucionalidad del contrato único.

Nosotros  hemos hecho una propuesta concreta, explicada de forma muy clara por ejemplo en: ”El contrato único explicado a los niños“, de Samuel Bentolila, que presentamos por ejemplo en una reunión con políticos de todo el espectro político, aquí. (Ver la propuesta por favor y la justificación, antes de criticarla). Nuestro análisis de los aspectos jurídicos esta aquí. Ningún jurista nos ha dicho que es inconstitucional. De hecho, las opiniones son bastante claras al respecto, y cito aquí dos muy ilustres, publicadas en el excelente blog jurídico ¿Hay Derecho?:


José María Pérez Gómez, miembro del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, dice:

'No entendemos que sea incompatible establecer un único contrato de trabajo con una indemnización por despido creciente en función de su duración, con el mantenimiento de un elemento causal para aceptar la extinción de la relación laboral a instancias del empleador.'

Carlos Javier Galán, autor de varios libros de derecho del trabajo, dice, también en ¿Hay Derecho?:

'Llegado el PP al gobierno, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en comparecencia parlamentaria, ha desechado de un plumazo la propuesta de contrato único tachándola ¡de inconstitucional! 

El recorrido desde defender el modelo como núcleo de la reforma laboral hasta descartarlo nada menos que por supuesta inconstitucionalidad es vertiginoso y, cuando menos, sorprendente.
 

Imagino que muchos compañeros del ámbito jurídico se quedarían ante estas declaraciones rascándose la cabeza, como yo. ¿Maneja, acaso, Fátima Báñez un texto de la Constitución diferente al que tenemos los demás? Hubiera sido de agradecer que el asesor que le sugirió semejante sentencia, le hubiera proporcionado de paso algún argumento con que sostenerla e ilustrarnos.
 

Repasen en la Carta Magna el catálogo de derechos fundamentales, libertades públicas y principios rectores de política social y económica: igualdad (artículo 14), tutela judicial efectiva (24), libre sindicación y huelga (28), derecho al trabajo (35), negociación colectiva y conflicto colectivo (37), libertad de empresa (38), progreso social, distribución de la renta, promoción del pleno empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, descansos (40), Seguridad Social (41)… ¿Cuál de estos preceptos resulta vulnerado por la propuesta de contrato único como para que ésta sea tachada de inconstitucional? La respuesta me parece clara: ninguno.'

En fin, este gobierno desespera a cualquiera. En su afán de tirar balones fuera, de evitar meterse en follones, está desperdiciando la ventana de oportunidad que el BCE y el primer año de mandato con mayoría aboluta le han dado para tratar de corregir las disfunciones históricas de la economía española.

No seré yo quien dé clases a los periodistas. Pero la próxima vez que vean a la ministra, ¿puede por favor algún periodista (tras pasarse media hora entendiendo las argumentos) preguntar a la ministra “Sra Ministra, por favor, nos puede explicar en qué radica la inconstitucionalidad del contrato único” en vez de simplemente permitirla seguir tirando balones fuera?

Claro que siempre cabe que la respuesta a los problemas de nuestro mercado laboral la tenga la Virgen del Rocio…".

Finalmente, el digital Libre Mercado, del grupo Libertad Digital, con el título Los juristas desmienten a Báñez, hacía referencia también a mi criterio:

"La Comisión Europea (CE) ha sido el último organismo, que no el único, en recomendar al Gobierno la implantación de un contrato único en España. Esta opción ha sido defendida de forma insistente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a través del conocido Manifiesto de los 100, los analistas de Politikon, la propia OCDE o la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), entre otros. Mientras, a nivel político, UPyD es el único partido que apoya abiertamente esta opción.

La idea consiste, básicamente, en sustituir el complejo y enrevesado marco de contratación que existe en la actualidad por un único contrato laboral con una indemnización creciente por despido en función de la antigüedad del trabajador. Los expertos en esta materia coinciden en que es la mejor fórmula para acabar con la crónica dualidad que sufre el mercado de trabajo, es decir, la brecha que existe entre los trabajadores indefinidos y temporales.

(...) La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se escuda en que el contrato único es inconstitucional, tal y como ya argumentó en 2012 para no incluir esta opción en la reforma laboral.

Sin embargo, los expertos coinciden en que tal afirmación constituye una mera excusa carente de validez jurídica. En primer lugar, la Constitución no prohíbe en ningún caso esta opción, tal y como explica Carlos Javier Galán, profesor universitario de Derecho Laboral:

'El recorrido desde defender el modelo como núcleo de la reforma laboral hasta descartarlo nada menos que por supuesta inconstitucionalidad es vertiginoso y, cuando menos, sorprendente.

Repasen en la Carta Magna el catálogo de derechos fundamentales, libertades públicas y principios rectores de política social y económica: igualdad (artículo 14), tutela judicial efectiva (24), libre sindicación y huelga (28), derecho al trabajo (35), negociación colectiva y conflicto colectivo (37), libertad de empresa (38), progreso social, distribución de la renta, promoción del pleno empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, descansos (40), Seguridad Social (41)… ¿Cuál de estos preceptos resulta vulnerado por la propuesta de contrato único como para que ésta sea tachada de inconstitucional? La respuesta me parece clara: ninguno. 

El contrato único podrá ser conveniente o inconveniente para la protección del trabajador, para las demandas empresariales, para la necesaria creación de empleo… pero ¿inconstitucional?' .

En segundo lugar, Báñez alega que el contrato único vulnera el Estatuto de los Trabajadores (ET), que obliga a la empresa a alegar 'causalidad' para poder rescindir el contrato. Es decir, la ministra parece indicar que la implantación del contrato único permitiría al empresario despedir sin ningún motivo, lo cual sería contrario al ET y a las leyes internacionales firmadas por España.

Sin embargo, una vez más, los juristas y economistas desmienten a Báñez. Para empezar, el Gobierno podría reformar el propio Estatuto de los Trabajadores, pero es que, en todo caso, el contrato único no es incompatible con la aplicación de dos escalas de indemnización, en función de si el despido es procedente o no. Los analistas de Fedea, por ejemplo, proponen un coste extra del 50% en caso de despido improcedente.

Además, tal y como explica el ex director del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social José María Pérez Gómez, la supuesta causalidad para poder despedir está muy matizada en la legislación española. Así, según establece la jurisprudencia, 'en la práctica pudiera decirse que nuestro ordenamiento jurídico consagra de facto un despido libre indemnizado, de tal forma que si no se vulnera ningún derecho fundamental el empresario puede prescindir de un trabajador cuyos servicios no le interesen a través del abono de la indemnización correspondiente y sin necesidad de motivar el despido”. Dicho de otro modo, la empresa puede despedir libremente previo pago de la indemnización correspondiente, siempre y cuando no caiga en un supuesto de despido nulo. 

Por último, el prestigioso economista Luis Garicano ya advertía el pasado año de la plena constitucionalidad del contrato único. No en vano, la Constitución y los tratados internacionales requieren dos cosas:

- Respetar el principio de igualdad (tratar de forma igual lo que es igual)
- Respetar el derecho a una tutela judicial efectiva.

La cuestión es que un contrato único con indemnizaciones crecientes y dos escalas, una por despido improcedente y otra por despido procedente, 'cumple totalmente ambas condiciones', tal y como resaltan algunos de los mejores juristas del país. Además, el contrato único con indemnizaciones crecientes también ha sido defendido por otros destacados economistas foráneos, tales como Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, o Jean Tirole, uno de los más prestigiosos de Europa."

Las estafas hipotecarias, otro drama social que reclama respuesta

Artículo publicado en Lawyerpress, 01.05.13



Las limitaciones que hoy existen por parte de los bancos para acceder al crédito han intensificado el recurso a otras empresas financieras y a prestamistas privados. Algunos analistas estiman que un 20 % de las operaciones podrían estarse concertando hoy fuera del mercado bancario.

Al contrario que las entidades de crédito -cuya actuación se encuentra sometida legalmente a la vigilancia del Banco de España-, las empresas sin esa consideración carecían incluso, hasta no hace mucho tiempo, de normativa propia y de controles específicos en el ejercicio de estas actividades y sólo se encontraban sujetas a la legislación mercantil y civil general. Por vez primera, la Ley 2/2009, de 31 de marzo, entró a regular la materia, ante el auge registrado tanto por la intermediación financiera como por la concesión de préstamos no bancarios. Pero, como lamentablemente sucede a menudo en nuestro país, la publicación de una ley no implicó que se hiciera realidad su contenido. Navegando por la red, constatamos que siguen proliferando las webs que ofrecen dinero supuestamente fácil y rápido, sin facilitar la información preceptiva, tan elemental como la identificación de la propia empresa o la tabla de tarifas de sus servicios.

Pero el incumplimiento no sólo se produce por parte de algunas empresas sometidas a la norma: la propia Administración no muestra el celo necesario en los deberes que la competen. La referida Ley estableció como garantía la existencia de un Registro estatal para las empresas que se dedican a esta actividad. Se tardó casi dos años en crear, hasta que por fin se dictó el Real Decreto 106/2011, de 28 de enero. Pero si hoy un consumidor quisiera acceder por internet al mismo para realizar una consulta sobre algún operador, se encontraría con este mensaje: “Actualmente este registro está en fase de desarrollo”. Recordemos: han pasado más de cuatro años desde que se estableció la obligación legal de inscripción y más de dos desde la creación formal del Registro, y éste sigue sin estar plenamente operativo y sin cumplir su finalidad.

Las reclamaciones se suceden porque, dejando al margen los abusivos intereses, muchas empresas financieras incurren en prácticas irregulares, tales como la omisión de requisitos formales en la información previa, el cobro de primas de seguro no contratadas o el cargo de comisiones por servicios que realmente no han prestado, entre otras.

Pero, más allá de incumplimientos concretos dentro de una actividad absolutamente legal, asistimos a otro preocupante fenómeno, que la crisis y las imperiosas necesidades de las familias agudizan: las estafas financieras. No se trata ya de una actividad lícita en la que podamos detectar algunas irregularidades puntuales, de orden civil o mercantil, tal vez sancionables administrativamente. Me refiero a una realidad que va mucho más allá: la actuación de tramas delictivas organizadas para lucrarse engañando a personas con problemas económicos.

Mi dedicación profesional preferente es, salvo raras excepciones, ajena el Derecho Penal. Pero en un procedimiento civil –una ejecución hipotecaria- que me encomendó un cliente y amigo, acabé encontrando elementos que me hicieron sospechar que el engaño que había sufrido no era único, sino que posiblemente esa operativa se estaba repitiendo. En efecto, meses de investigación, de tirar del hilo, de contactos con otros afectados, con fuentes policiales, con otros compañeros letrados, me acabaron descubriendo una realidad dramática a la que, en mi opinión, sigue sin prestarse suficiente atención.

El perfil de las víctimas es claro: personas con necesidades económicas acuciantes, con dificultades de acceso al crédito bancario, pero con una propiedad inmobiliaria libre de cargas. La estafa más repetida –aunque no la única- consiste, en lugar de fijar un interés elevado (que correría riesgo de ser objeto de anulación, mediante la Ley Azcárate de 1908, aún en vigor), en fijar en la escritura un capital -significativamente, siempre en efectivo- muy superior al realmente entregado, a veces el doble o incluso el triple.

Que alguien firme ante notario haber recibido una cantidad más elevada a la que percibe puede parecer poco creíble, un engaño sumamente burdo a primera vista. Pero, cuando se analizan estos casos y se recaba el testimonio de personas de las más diversas procedencias que ni siquiera se conocían entre sí, se comprueba que estamos ante un modus operandi sumamente elaborado, como expliqué en declaraciones al Telediario de TVE. No es cuestión de describirlo aquí con detalle, pero baste decir que una madeja de mentiras, de medias verdades, de promesas incumplidas, de documentos bancarios falsificados, de firma de documentos privados con las condiciones realmente habladas pero que luego no se entregan a los interesados, más la presencia final de un notario… acaban envolviendo a las víctimas, con el resultado de que firmarán una escritura –más de veinte páginas con un contenido legal y técnico poco comprensible para un ciudadano común- que nada tiene ya que ver con lo que creía estar contratando.

El afectado, ajeno a la realidad, seguirá telefoneando al prestamista o sus intermediarios para ver cómo va la prometida refinanciación o la entrega del “resto del dinero” e irá recibiendo largas. Sin ser plenamente consciente, ha suscrito un préstamo con garantía hipotecaria por importe muy superior al recibido y con un vencimiento a escasos meses vista. Cuando no pague en esa fecha, comenzará a correr un interés de demora, habitualmente del 29 %. Y, finalmente, si antes no se percata del engaño ni actúa legalmente, acabará enfrentándose a una ejecución hipotecaria, en la que el presunto estafador o un testaferro se quedarán con su vivienda y dejarán a su familia en la calle, habiendo realizado en la práctica un desembolso real ínfimo, muy lejos de la deuda que formalmente justifica la adjudicación.

Julio Martínez, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, en declaraciones al programa Equipo de Investigación de la Sexta, reconocía que “hallamos muy pronto que lo que era una denuncia concreta se transforma en la punta del iceberg de una estafa masiva, con un número de afectados indeterminado”. Hay decenas de denuncias interpuestas, pero son centenares los afectados por prácticas de este tipo. Sirva como botón de muestra que sólo uno de los prestamistas más denunciados tiene inscritas y vigentes a su favor actualmente cargas hipotecarias sobre cerca de ciento cincuenta inmuebles de toda España, esto sin tener en cuenta las fincas hipotecadas a favor de sus sociedades mercantiles, las ya ejecutadas, las adjudicadas a terceros, etc.

Frente a ello, las acciones por presunta estafa que interponen los afectados dan lugar a reacciones muy dispares en la jurisdicción, por la dificultad probatoria y porque no existe una investigación judicial global, ni una actuación decidida de la Fiscalía que tome en consideración la trama en su conjunto y no el caso individual de cada denunciante.

Pero no sólo los que ya han sido engañados precisan una respuesta de la Justicia. También hay que evitar que sigan produciéndose nuevas víctimas. Para ello no cabe descartar la conveniencia de reformar la normativa o reforzar los controles. Pero tal vez, antes de recurrir a una medida tan habitual en España –la de modificar la ley-, habría que adoptar otra bastante menos frecuente y tal vez más eficaz: hacerla cumplir. Ejercer de forma efectiva los controles para que se respete una normativa que, como decíamos, cualquiera puede comprobar, con una simple búsqueda en internet, que sigue siendo vulnerada todos los días sin que nadie actúe ante ello.

Mi aparición en reportaje de Telediario sobre estafas hipotecarias

Como ya anticipé aquí, el pasado domingo 14 de abril el Telediario Fin de Semana de La 1 de TVE, tanto en su edición de mediodía como en la de noche, emitió sendos reportajes de la periodista Eva Mora en los que abordaba el problema de las estafas hipotecarias, recogiendo el testimonio de algunos afectados, junto al de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y al mío.

Por mi parte, expliqué la forma de actuación más frecuente de estas tramas, encaminada a hacer firmar como recibido un capital notablemente superior al ya entregado. Una finalidad que consiguen a través de un modus operandi muy estudiado, en el que manejan los factores psicológicos para generar confianza y finalmente confundir al interesado que, ante la necesidad económica apremiante, pondrá su propia vivienda en riesgo, sin ser consciente aún del alcance del engaño del que ha sido objeto.