A ver si la abuela va a ser una cigarra...

  
Tengo poco tiempo para escribir, pero me parece que Carmen me va a dar el blog hecho...
 
Mi madre le cuenta a mi sobrina un cuento:

- ... Y la hormiga guardaba comida para el invierno, porque luego nieva y no se puede salir. ¿Te acuerdas cuando nevó?
- Sí
- Y entonces la hormiga trabajaba mucho, porque es lo que hay que hacer...
 
Y se despacha con una loa a las supuestas virtudes del trabajo:
 
- ... Como hacen papá y mamá
- Sí
- ¿Ves que papá y mamá se van todos los días a trabajar?
- Y tú abuela, ¿qué haces?
 


Glups.
 
Hala, explícale ahora a una niña de dos años en qué consiste la jubilación...
 

Así vio Lawyerpress.com la presentación de mi libro el día anterior al acto...

Publicado en Lawyerpress, 22.07.13
 







GRAN EXPECTACIÓN ANTE LA PRESENTACIÓN MAÑANA DE "LA EMPRESA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO"

Es evidente que podemos estar ante uno de los libros del año, tanto por la oportunidad de su difusión como por su contenido tan concreto y necesario para las empresas. En un clima de gran expectación, mañana martes 23 de julio tendra lugar la presentación del libro “La Empresa ante la Inspección de Trabajo” de Carlos Javier Galán, director del despacho Alberche Área Jurídica, obra que ha sido publicada por el sello FC Editorial. El acto tendrá lugar a las 19’30 h. en Madrid, en el Club 567, ubicado en la madrileña calle de Velázquez.

Tras la bienvenida a cargo de Manuel Luna Fernández, del Consejo Asesor de Club 567, intervendrán en el acto, además del autor: Martín Godino Reyes, socio director del bufete Sagardoy y actual Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA); Andrés Sánchez de Apellániz, Secretario General de la patronal Confemetal y Director General de su Fundación; y Yolanda Ramírez Juárez, directora de Recursos Humanos y habitual colaboradora de Lawyerpress.com.

Según fuentes de la organización del evento, entre los participantes que han confirmado hasta el momento su asistencia se encuentran la Decana del ICAM, Sonia Gumpert, junto con destacados nombres de la abogacía madrileña, representantes de asociaciones empresariales -como es el caso de CEPES o AMADE-, profesionales de primer nivel en el ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales de distintos sectores, y representantes de asesorías y consultorías laborales. Todos ellos interesados en conocer más a fondo esta publicación, necesaria para la gestión de cualquier empresa en la actualidad.
 
“La empresa ante la inspección de trabajo”, es el quinto volumen de contenido jurídico de este autor y pretende servir de ayuda a quienes deseen adentrarse en cómo afrontar las inspecciones de trabajo con un mínimo de garantías. Ofrece información sobre las normas a las que se debe sujetar esa actuación, analizando cuáles son las facultades y limitaciones de los inspectores y qué derechos y obligaciones tiene la empresa ante un proceso de inspección o ante un expediente sancionador. Para ello, no sólo se explica la normativa vigente, sino que se introducen referencias a los criterios técnicos y operativos que está siguiendo actualmente la Inspección, así como a la interpretación jurisprudencial que han ido haciendo los tribunales.
 
Carlos Javier Galán es abogado laboralista que combina el ejercicio profesional con actividades docentes y que en sus publicaciones busca un enfoque divulgativo y práctico, orientado a asesores laborales y responsables empresariales. De hecho, uno de los grandes valores de este libo es su enfoque práctico y empresarial. Existe escasa bibliografía sobre estos temas, lo poco que hay está escrito por los inspectores de trabajo, de ahí que este manual venga a ocupar un hueco editorial que existe en el mercado.
 
Lawyerpress Emprende tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Javier Galán y hacerle una entrevista en profundidad sobre el mundo de las relaciones laborales, en particular y el de las inspecciones de trabajo, en particular. A lo largo de la citada entrevista recientemente mantenida con este medio especializado jurídico, el propio Galán defendía la necesidad de las empresas de contar con un asesoramiento permanente y preventivo en materia laboral y no sólo actuar cuando surge el problema. Recordaba también la importancia de controlar en las empresas el nivel de cumplimiento en materia sociolaboral tanto de las obligaciones sustantivas como de las formales.

Entrevista en Lawyerpress.com con ocasión de la publicación de mi libro La empresa ante la Inspección de Trabajo

Publicada en Lawyerpress, 18.07.13








Carlos Javier Galán, abogado laboralista:
"UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO PUEDE HUNDIR UNA EMPRESA"

Luisja Sánchez.

Cumplimiento normativo de la Seguridad social, gestión de prevención de riesgos laborales y asuntos relacionados con la empleabilidad, configuran las obligaciones laborales que una empresa debe cumplir. Un asunto complejo para la mayor parte de los empresarios de nuestro país por lo cambiante de la normativa laboral en los últimos años. “Es fundamental contar un buen asesoramiento jurídico. Muchas de las inspecciones están centradas en aspectos formales y documentales. No es extraño que empresas que cumplan las normas sustantivas estén incumpliendo otras de aspecto formal”, comenta Carlos Javier Galán, abogado especializado en derecho laboral y socio director de Alberche Jurídico. Este letrado acaba de publicar La empresa ante la inspección de trabajo, un manual práctico que explica al empresario cómo debe gestionar la visita de un inspector de trabajo. El libro se presenta el próximo dia 23 en Madrid con la presencia ya confirmada, entre otros juristas, de Martin Godino presidente de ASNALA, Andrés Sánchez de Apellániz, director general Fundacion Confemetal y Yolanda Ramírez, experta en RR.HH. y relaciones laborales y colaboradora de Lawyerpress Emprende. Galán apuesta por el asesoramiento preventivo y continuado a nivel laboral y por la auditoría laboral como herramienta para valorar el nivel de cumplimiento de la empresa en estas materias.

“Llevo más de veinte años de ejercicio profesional en la abogacía. Primero compartiendo despacho con una compañera hasta ir evolucionado a Alberche Area Jurídica. El que es mi bufete actual nace al amparo de la Ley de Sociedades Profesionales. Así separo mi trabajo de jurista de otras actividades de asesoría y consultoría que estábamos haciendo. En la actualidad estoy centrado en el asesoramiento jurídico".

"Sobre mi vinculación al Derecho Laboral, ésta ha sido progresiva perfilándose en los diez últimos años de mi carrera profesional. Coincide con mis actividades docentes en derecho laboral en la UOC (Universidad Oberta de Catalunya), Fundacion Confemetal y en otras entidades académicas". 

"Entiendo la abogacía desde la relación de confianza que tiene que existir entre abogado y cliente a nivel profesional. Esto hace que en determinadas ocasiones por encargo de tu cliente puedas asumir otros asuntos que no tienen componente laboral. Es tu cliente y mantiene la confianza como abogado de referencia y hay que responder por ello". 

“La empresa ante la Inspección de Trabajo es el séptimo libro que publico, el quinto con contenido jurídico. Todos tienen un denominador común: su carácter divulgativo. Son libros escritos desde la perspectiva práctica por un profesional del derecho que conoce las particularidades de ciertos temas. Al final, logramos crear manuales útiles para el mundo de la empresa". 

"Esta publicación es un encargo del sello editorial FC Editorial. Se había detectado un vacio en este aspecto. Hay muchos manuales prácticos de cómo afrontar una inspección tributaria pero escasa en el ámbito laboral. Lo poco que hay ha sido escrito por el propio inspector de trabajo. Este es un libro pensado para los que nos sentamos en el otro lado de las inspecciones laborales desde un enfoque práctico y útil”. 

- Sr Galán, ¿cómo afronta una empresa una inspección de trabajo habitualmente? 

- Todo depende de varios factores. En primer lugar, de su nivel de cumplimiento de la normativa laboral, la llamada parte sustantiva, y luego de la parte jurídica: qué asesor y de qué forma tenga ese asesoramiento laboral. Es fundamental contar con un buen asesoramiento jurídico. Muchas de las inspecciones están centradas en aspectos formales y documentales. No es extraño que empresas que cumplan las normas sustantivas estén incumpliendo otras de aspecto formal. Hay que estar al día en obligaciones laborales en lo sustancial. A este respecto son muy útiles las auditorías laborales que hacen una revisión del cumplimiento de la normativa laboral en la empresa y contar con un asesor que te ayude en los aspectos más formales de estos procedimientos para saber tus derechos y deberes para con la inspección. 

- ¿Es complicado estar al dia de todas estas obligaciones laborales que usted refleja en su libro? 

Es tan compleja como el área fiscal para cualquier empresa. Ambas requieren una notable actualización permanente. Además desde el 2010 las reformas laborales y modificaciones legislativas han sido muy continuadas. Para los profesionales del Derecho que nos dedicamos a ello supone un esfuerzo continuado de estudio y actualización de estas materias. Y es que es fundamental estar al día de todas las normas que vayan saliendo. En este contexto el empresario no puede afrontar con garantías este entorno de cumplimiento y debe buscar en su asesor laboral la confianza de poder cumplir con sus obligaciones laborales habituales. Sobre todo en la pyme existen estas carencias, porque la gran empresa cuenta con su área de RR.HH. que se encarga de estar al dia de estos cambios laborales. Ya es tan compleja la legislación laboral que ese asesoramiento que busca la pyme debe ser continuado y con carácter preventivo para evitar cualquier tipo de conflicto. Es fundamental actuar antes de que se produzca el problema. 

- ¿Resulta caro ser asesorado y cumplir estas obligaciones en el terreno laboral? 

No tiene por qué serlo. Cada empresa debe buscar el despacho profesional que va a ser su asesor laboral, acorde con su tamaño y recursos económicos. Hay despachos buenos para negocios internacionales pero quizás para otra coyuntura menor no se ajustan a lo que se busca realmente. La pyme debe buscar ese despacho que esté ajustado a sus posibilidades y que pueda dar un servicio de calidad, siempre por profesionales con experiencia acreditada. En un panorama como el actual se pueden encontrar soluciones de este tipo. 

[- ¿Cuáles son las materias dónde más sanciones se imponen?]

Según la última estadística publicada en el año 2012, la principal materia en cuantía de sanciones es la de Seguridad Social, con más de 166 millones de euros. Le sigue Extranjería que está cercana a los 50 millones de euros aquí hablamos, fundamentalmente, de empleo de extranjeros sin permiso de trabajo. Luego destaca prevención de riesgos, con más de 46 millones. Y finalmente los incumplimientos en materia de relaciones laborales, con algo más de 20 millones de euros en sanciones. 

- En este libro que acaba de salir comenta lo que se puede y no se debe hacer en una inspección de trabajo...

Era necesario clarificar sobre este tema. La poca bibliografía que hay sobre este tema está escrita como ya hemos comentado por propios inspectores de trabajo. La idea es que la empresa sepa cuáles son sus obligaciones y también sus derechos si se incoa un procedimiento de inspección de trabajo. Así hacemos hincapié en la visitas a los centros y como se tienen que desarrollar; también se comentan los aspectos formales del propio expediente; de las caducidades de los mismos expedientes si se producen que no deja de ser un instrumento de defensa de la empresa por seguridad jurídica. Otro asunto que abordamos es el alcance de la presunción de certeza. La palabra del inspector tiene presunción de veracidad por sí misma pero no es absoluta; alcanza a lo que son hechos de comprobación directa por él, no a las calificaciones jurídicas o a las consecuencias que quiera sacar. Por eso a veces hay actas de inspección que se exceden y que pueden provocar cierta indefensión en el empresario. Hay que saber controlar estos factores y saber darle la justa réplica desde la propia empresa. 

- Una inspección de trabajo realizada de manera irregular ¿se puede recurrir?

- Siempre que se pueda demostrar que ha vulnerado derechos, tanto en la visita a los centros de trabajo, como en el procedimiento sancionador en los aspectos formales puede ser nula y archivada. 

[- ¿Qué aspectos son los más inspeccionados?]

Es la propia inspección la que realiza unos programas anuales donde deja claro cuáles son sus objetivos prioritarios a lo largo del año. En la propia web de Inspección de Trabajo y Seguridad Social algunos de estos criterios se hacen públicos. Con posterioridad se realizan informes anuales, con datos e incidencias por comunidades autónomas sobre infracciones y procedimientos. Según datos últimos que son del 2011 sectores con mayor incidencia en prevención de riesgos y seguridad social son quizás los más inspeccionados. 

Si la inspección es documental, habitualmente te avisan para que presentes la documentación que te piden. Es posible que en función de esta documentación se alargue en el tiempo los requerimientos y pueda durar meses. Si la inspección laboral se basa en acudir y revisar el centro de trabajo no hay aviso. El inspector se presenta y hay que atenderle.

- ¿Cómo se gestiona la visita de un inspector a un centro de trabajo? 

- Lo primero de todo que hay que saber es que el inspector, lo primero que debe hacer es identificarse, salvo que considere que hacerlo puede perjudicar a su investigación. En ese caso lo hará después de la actuación porque piensa que hay algo ilegal que se puede descubrir mejor con este tipo de actuación. Si tenemos nuestra documentación al dia, auditoría laboral incluida, es bueno enseñar esa documentación al propio inspector. Hay incumplimientos objetivos por parte de la empresa junto a otros, especialmente de prevención de riesgos laborales, con un componente valorativo. Hay medidas que son claras y se deben cumplir y otras que se van desarrollando de forma progresiva. No podemos olvidar que en determinados casos la inspección de trabajo puede tener consecuencias penales en función de la gravedad de los hechos. Con la última reforma del Código Penal hay delitos contra la seguridad de los trabajadores y que en los casos más graves tiene un reproche penal. Es el caso de un fallecimiento de un trabajador por accidente podría derivar en esa responsabilidad penal de la que hablamos. En esa parte más valorativa, nos puede ayudar poder justificar de forma documental la predisposición del empresario a la evaluación periódica de su sistema de riesgos laborales, cuestiones que son positivas ante la inspección. Desde esa identificación tiene derecho a visitar las instalaciones, comprobar los hecho s ir acompañado por el asesor jurídico de la empresa. Hay que facilitarle la labor y no cometer ningún comportamiento de obstrucción a ese trabajo. En esa visita puede hacerse acompañar por técnicos si la materia lo requiere. En unas horas se resuelve la inspección de manera habitual. El inspector de trabajo actúa por propia iniciativa; por orden de un superior, en el marco de programas o actividades ya establecidos y también por una denuncia ajena. Las denuncias no pueden ser anónimas que no se tramitan pero sí son confidenciales: la inspección sabrá quién es el denunciante pero salvaguardará la identidad del denunciante. Luego se verá si la inspección de trabajo acude y verifica los hechos denunciados. 

- ¿Y una inspección laboral puede hundir una empresa? 

- Si, sobre todo en el ámbito de la pyme. Hablamos de sanciones importantes que pueden llevar consigo que la empresa desaparezca. Por eso es fundamental de manera previa saber cuál es el grado de cumplimiento de nuestras obligaciones laborales y tener un asesoramiento adecuado al respecto y estar presente en la inspección de trabajo de forma proactiva. En el libro hablamos de las infracciones más habituales que se cometen. Muchas tienen que ver en materia de prevención de riesgo laborales; relacionadas con Seguridad Social y su cumplimiento normativo y algunas cuestiones relacionadas con empleo y prestaciones en un orden menor. Hay que darse cuenta que hablamos de un cuerpo de profesionales, inspectores de trabajo, de unos 1.000 profesionales, con medios escasos para toda España. En esta tesitura muchas de sus inspecciones son muy de oficina, de carácter documental a nivel de requerimientos y actas frente a la posibilidad de detectar in situ los problemas de esa empresa en su centro de trabajo. 

- ¿Qué tipos de sanciones le llegan a una empresa por infracciones de esta índole? 

El sistema de sanciones e infracciones en el orden social se encuentra en un Texto Refundido. Sin embargo las normas sustantivas, que también pueden acarrear otro tipo de sanciones, se encuentran muy dispersas. Eso hace que a veces la empresa no conozca esos incumplimientos por los que va a ser sancionada. En esta publicación hemos hecho un esfuerzo para sistematizarlo. Situamos cuál es la sanción, la infracción y el incumplimiento que se ha cometido y cómo está regulado jurídicamente. Sobre la cuantía de las sanciones se ha multiplicado en los últimos años al amparo de diversas reformas legales. De esta forma encontramos sanciones por un importe de 60 euros, de carácter leve hasta infracciones cercanas a los 200.000 euros que puede incrementarse si afecta a varios trabajadores a la vez. En prevención de riesgos laborales se han llegado a sanciones por encima de 800.000 euros. Una sanción para una pyme de este tipo puede abocarla a su desaparición.

- ¿De qué forma se estructura el propio procedimiento sancionador que va con la inspección de trabajo? 

- En primer lugar se abre un acta de infracción de tal forma que se abre un periodo para que la empresa presente sus pruebas y alegaciones. Este periodo de tiempo suele rondar los quince días hábiles. Esto hace que el organismo administrativo encargado del proceso presente una propuesta de resolución al amparo de dichas pruebas y se abre un nuevo periodo de alegaciones de otros quince días. Hay órganos diferentes en función si la infracción es de Seguridad Social o Prevención de Riesgos Laborales. El procedimiento finaliza con una resolución imponiendo o no la sanción correspondiente. En el caso de la sanción se puede recurrir en el plazo de un mes en recurso de alzada ante el órgano superior que haya impuesto esa sanción. En el caso de confirmación de la sanción se puede acudir a la via judicial, que depende del caso, estaremos hablando de la jurisdicción social o contenciosa administrativa. Hablamos de procesos rápidos. En el terreno administrativo su duración no debe exceder de seis meses de lo contrario se podría revocar. No suele ser habitual que se revise la decisión en vía administrativa aunque en vía judicial sí se gana a veces y se anulan sanciones. La jurisdicción contencioso-administrativa, incluso en procedimientos abreviados, está tardando dos años en resolver asuntos de este tipo. Mientras que la jurisdicción social es más agil y no llega al año. Cuando se gana una inspección podemos haber detectado irregularidades formales en el procedimiento o porque realmente no ha habido errores sustantivos en la empresa. 

- De todas esas infracciones que comete una empresa, seguridad social, empleo, relaciones laborales etc., ¿cuál es más compleja para cumplir para la empresa en la actualidad? 

- Por la complejidad que supone es la faceta de prevención de riesgos laborales. Ya la ley les obliga a las empresas a que cuenten con servicios de prevención propios o con un servicio de prevención ajeno. En la medida a que ese servicio funcione y no se limite a cumplir la parte documental, con ese apoyo externo pese a su complejidad no debería ser problemático para la empresa. Realmente si es la materia más compleja con diferencia. 

- A aquellos emprendedores o autónomos que ponen en marcha su empresa, ¿Qué les recomendaría desde el punto de vista del asesoramiento laboral? 

Lo hablábamos al principio de la entrevista. Deben contar con un asesoramiento jurídico laboral permanente. Que no acudan cuando tienen el problema o ya se encuentran inmersos en la inspección de trabajo. Se puede encontrar ese asesoramiento ajustado a las medidas de cada empresa y con eso prevenimos el conflicto, cuestión que siempre hay que hacer en el campo jurídico. Emplear la auditoria laboral como herramienta es clave para evitar estos conflictos. Tendrá en el futuro aún más recorrido porque cada vez hay más normativa laboral, más compleja y de difícil actualización. Se trata auditar una empresa en este campo y ver cuál es nuestro grado de cumplimiento en el orden social, tanto a nivel documental, relaciones laborales, cuestiones de prevención de riesgos, cumplimiento de seguridad social. La idea es corregir aquellos usos que no sean correctos.

Charla-coloquio en el Centro Hispano-Dominicano de Madrid

El sábado 20 de julio volví a colaborar como voluntario con el programa Conoce tus Leyes, impulsado por la Comunidad de Madrid y por el ICAM, a través del CRSA

En esta ocasión mi compañera fue la abogada Nieves Blanca Pérez y el módulo de Empleo lo impartimos en el Centro Hispano-Dominicano, en el madrileño barrio de Tetuán. 

Mi intervención estuvo centrada en explicar a los inscritos los aspectos basicos de la normativa laboral española, como las modalidades de contrato, los principales derechos y deberes del trabajador o el sistema público de Seguridad Social, entre otros.


Charla-coloquio en el Centro Hispano-Centroamericano de Madrid


El pasado viernes 12 de julio, junto con la abogada Guadalupe Bustos, participé en una charla-coloquio en el Centro Hispano-Centroamericano de la Comunidad de Madrid, en el barrio de Lavapiés. 

Allí impartimos el módulo correspondiente a Empleo del Programa Conoce tus leyes, organizado por la Comunidad de Madrid, a cargo de abogados voluntarios organizados por el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía del Colegio de Abogados de Madrid.

Mi intervención se centró en explicar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo y del Portal de Empleo de la Comunidad, así como en la homologación de títulos educativos extranjeros y en el uso de herramientas relacionadas con la búsqueda de empleo.
 

Impresiones tras el fallecimiento en sede judicial de un Juez de lo Social de Madrid

Publicado en Gente Digital 05.07.13

 
UN SERVICIO SANITARIO URGENTE, TAMBIÉN PARA VÍCTIMAS E INCLUSO CONDENADOS

Patricia Costa
 
Lourdes tiene el potasio bajo fruto de un trastorno alimenticio y, según los expertos, una alta probabilidad de sufrir un infarto. Esta mañana se enfrenta por primera vez a su agresor en los juzgados de Plaza de Castilla, el hombre que presuntamente la violó hace varios meses. Le acompaña de forma altruista Ana Gutiérrez Salegui, psicóloga forense. En la audiencia previa, Lourdes sufrió un desmayo y Ana teme que hoy pueda atravesar una crisis de ansiedad. Todavía no está preparada para verle la cara. Por este motivo, y previa presentación del informe médico de su paciente, Gutiérrez Salegui ha solicitado que en el juicio se movilice a una ambulacia del SAMUR. Prefiere prevenir. Lamentablemente, el juez Ángel Luis del Olmo, fallecido el pasado 2 de julio a causa de un infarto mientras trabajaba, no tuvo esta opción. Ni en el Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, en la calle Princesa, donde Del Olmo perdió la vida, ni en Plaza de Castilla cuentan con servicios sanitarios o desfibriladores para atender situaciones de urgencia, según indican los propios trabajadores. Al caso de este magistrado, de 58 años, se suma la presunta tardanza de la ambulancia, 40 minutos dicen unos, 16 asegura SUMMA 112. Un perito forense que se encontraba en el juzgado asistió a Ángel Luis en un primer momento, pero de nada sirvió la reanimación.
 
800 EUROS LA AMBULANCIA
 
"Movilizar a una ambulancia cuesta unos 800 euros. Teniendo en cuenta que los juzgados funcionan más o menos de 9 a 15 horas, sería más barato que tuviese un servicio médico fijo", opina Salegui. Con ella coincide otra persona que frecuenta los juzgados, el abogado Carlos Javier Galán. "No sé si sería viable por la dispersión actual de las sedes judiciales, pero creo que debería existir ese servicio especialmente en los juzgados de lo penal, donde se tratan temas como la violencia machista o las agresiones sexuales, situaciones más complejas y conflictivas", apunta. Sin embargo, subraya, "hay que ir a las causas de lo que le ha ocurrido a este juez. La actual carga de trabajo en los juzgados y la escasez de medios es intolerable".
 
MÁS CRISIS, MÁS LITIGIOS, MÁS ESTRÉS
 
A raíz de la muerte del juez Del Olmo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó dirigirse a la Comunidad de Madrid, a fin de que lleve a cabo, "a la mayor brevedad posible, la implantación de las medidas necesarias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en los edificios judiciales". El Ejecutivo regional aclaró que no está obligado por ley a tener desfibriladores en el edificio donde falleció el magistrado, el Juzgado de lo Social número 25. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales denunció la escasez de medios y la situación de estrés a la que se enfrentan jueces y fiscales debido al incremento de la litigiosidad derivada de la actual situación económica.

Reportaje en El País: denunciando la trama de un presunto estafador hipotecario

Publicado en El País, 28.06.13
 
 

 
 

LAS SOMBRAS DEL REY DEL DINERO EXPRÉS

Decenas de familias atribuyen su ruina a los manejos de un controvertido prestamista investigado en una decena de Juzgados por estafa

Joaquín Gil. Valencia.

Préstamo entre particulares. Sin bancos. Urgente. Seguro. Al albañil en paro Luis Ángel Oviedo le faltaron segundos para morder el señuelo de Internet. Necesitaba con apremio enviar dinero a sus padres en Colombia. Y tocó a la puerta de un crédito privado exprés. Fue el pasado año. Le dieron 2.200 euros y seis meses después ya debía 11.000. ¿Usura? “No, estafa”, zanja nervioso. Junto a él, asiente apostado en un banco del centro de Madrid el profesor de autoescuela Miguel Ángel Arriero, de 57 años. Pidió 18.000 euros, que mutaron en 40.000 medio año después. Los dos se asoman al abismo de perder sus propiedades. Y culpan de su desdicha a Antonio Arroyo Arroyo, emperador del préstamo fácil, un controvertido exsubastero que navega por un sector legal que desde 2011 concentra 413 empresas, 80 intermediarios y una sola sanción, según el Instituto Nacional de Consumo (INC).
 
Oviedo y Arriero cayeron en la trampa de la desesperación. Picaron en un sofisticado timo perpetrado presuntamente por una maraña empresarial dedicada desde hace una década a conceder préstamos trampa, créditos rápidos que cebaban una pelota financiera con idéntico desenlace: la pérdida de una propiedad. La policía sitúa a Arroyo en el vértice de un alambicado engranaje de sociedades. El prestamista, sin condenas firmes, está siendo investigado por más de una decena de juzgados de instrucción de Madrid. Y acumula medio centenar de denuncias en España, según el abogado de las víctimas, Carlos Javier Galán.
 
Bajo el señuelo del dinero exprés, el entramado de Arroyo garantiza al angustiado la cantidad rechazada antes por bancos y financieras por carecer de nómina o figurar en una lista de morosos. Exige el aval de una propiedad. Cuando se pisa la notaría, todo cambia. Se obliga a firmar unas letras de cambio que multiplican la cantidad recibida y vencen a los seis meses, según la policía. Nada que ver con el tipo del 8% prometido. Resultado: se activa la maquinaria de los intereses de demora (29%), que dispara la deuda y precipita el embargo, según la investigación.
 
Este fue el patrón que, presuntamente, siguió la red para apropiarse de la vivienda de un toxicómano madrileño que recurrió al prestamista en 2011 empujado por la necesidad química. Le dejaron 40.000 euros con la condición de que debía reconocer ante notario que recibía 69.000 en forma de dos letras de cambio. Desenlace: una deuda de 103.000 euros y el riesgo de que vuele un piso de 303.000. Su subasta se ha congelado hasta que los tribunales resuelvan si fue una burda estafa.
 
Un respiro que no tendrá Concepción Truchado, de 61 años, que llamó al dinero exprés para ir más desahogada tras fallecer su marido. La desempleada, que no logra controlar las lágrimas, reside en casa de unos amigos. No quiere presenciar la secuencia del desahucio de su vivienda en Madrid. Dice que firmó ante notario que recibía 62.000 euros y que nunca vio el dinero. Sostiene que el intermediario salió corriendo con dos cheques al portador y un sobre en metálico tras bajar de la notaría. En su banco le dijeron: “Concepción, te han estafado”. Se arremanga ahora para el combate legal contra Arroyo, que supuestamente siempre acaba con los derechos de los préstamos que en teoría otorgan sus colaboradores. A Concepción le reclama 134.000 euros. Su situación le ha condenado a un tratamiento psiquiátrico y tranquilizantes.
 
Bajo el salvoconducto de presentarse como un extrabajador del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un organismo vinculado al Banco de España dedicado a garantizar la solvencia de las entidades, el jienense Arroyo, de 59 años, se subió al ascensor del éxito. En el hermético círculo de los subasteros madrileños fue conocido después como El Patadas por su vehemencia. Rozó el Olimpo a golpe de puja. Ninguna propiedad de los juzgados se resistía a este hombre frío como el acero al que no se le conocen grandes amigos y decía ante terceros que era perito mercantil. Se revestía como un tipo hecho a sí mismo y bien conectado con un adinerado inversor de Valdemoro, según una fuente que le trató en 2005 y resume así su capacidad: “Es más listo que las ratas”.
 
Controla la jerga del dinero como el más bravío de los ventajistas del mercado. “Si dejas una cartera encima de la mesa, se lleva la mesa y la cartera”, sentencia un exsocio. Hasta la Policía Nacional reconoce su astucia. “Es hábil, domina los engranajes financieros", añade Julio Martínez, inspector de la comisaría de Aravaca, donde el pasado año aterrizaron 14 denuncias contra el prestamista, que ha sido arrestado en tres ocasiones desde 2008 por blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos.
 
Fue un revoltijo de avidez y oportunidad lo que catapultó a Arroyo al oficio del dinero a tocateja. Coincidió con la generalización a partir de 2001 de la segunda hipoteca, aquella que grava un bien ya cargado. El sector navegaba entonces por la orgía inmobiliaria. El empresario, que reside en el barrio madrileño de Prosperidad, se erigió durante la fiesta en uno de los principales prestamistas de capital privado. Unos 600 créditos al mes. Levantó un entramado de una treintena de empresas que acumula ya 45 propiedades y un centenar de derechos de hipoteca en España, según el registro. Su patrimonio se completa con 150 derechos de hipotecas inscritos a su nombre.
 
Trazó un esquema de empresa familiar. En él figuran su hija y su actual pareja. Recurrió al capital de terceros con el señuelo de que el suyo era un negocio seguro. Siempre se ganaba. “No quiere que se paguen los créditos. Así corren los intereses de demora”, apunta un exinversor del empresario que dice estar amenazado de muerte por su entorno familiar. De intimidaciones, en este caso telefónicas, guarda una anécdota la abogada sevillana Mar Moya. “Me dijo que me iba a cortar el cuello cuando le pedí información sobre mi cliente estafado”, recuerda la letrada. Arroyo fue condenado a pagar 120 euros de multa por la letal advertencia. Entre calculados silencios, una fuente que se arma para la cruzada jurídica contra el emperador del dinero exprés define así su legado: “Ha buscado la muerte económica a miles de familias”.
 
El protagonista de esta historia, tras dos semanas de promesas telefónicas, ha declinado una entrevista cara a cara con EL PAÍS. El próximo día 16 no podrá fallar. Declarará como imputado por estafa en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

Inmaculada de la Vega me cita en El País, hablando de los otros desahuciados

Publicado en suplemento Propiedades de El País, 27.06.13

¿QUIÉN DEFIENDE A ESTOS DESAHUCIADOS?
 
- Los prestamistas privados que se hacen pasar por particulares se quedan con las viviendas de los deudores
- Los jueces de lo penal suelen archivar las denuncias

 
INMACULADA DE LA VEGA. Madrid

Una registradora de una pequeña provincia está decidida y ha dicho basta. No todos ponen el mismo celo. También son escogidos los notarios que se prestan a hacer lo que la registradora, negándose a inscribir, va a evidenciar: en España si quien presta es un amigo, un familiar —alguien que lo hace de forma no profesional—, no hay ley que proteja al que lo recibe.
 
Aprovechando ese boquete proliferan los prestamistas que, cuando el banco le cierra la puerta a alguien y apoyándose en su situación de angustia financiera, se ofrecen a prestarle y a refinanciar. Pero, eso sí, le piden las escrituras de la casa. Algunas veces de la suya y de la de sus padres.
Sin saberlo, el deudor, se mete en un pozo del que para, teóricamente, sacarle, el prestamista, que lo hundió aún más, le puede proponer hasta un segundo y un tercer préstamo, siempre respaldado por escrituras de un inmueble libre de cargas. Así hay quien, por tapar una deuda de 10.000 euros, ha perdido su casa.
 
La víctima ideal está angustiada y conviene que no tenga formación financiera, pero no es imprescindible. En ocasiones piden el préstamo para emprender el negocio o comprar un coche, seguros de la seguridad y la legalidad de la operación que se firma ante notario.
 
¿Cómo encuentra el prestamista a la víctima? En el caso de Rafael del Pozo fue en la propia sucursal del banco donde le dieron el nombre del prestamista "que estaba ayudando a muchos en la zona". En el de María del Carmen Aranda, el prestamista "no llamó al telefonillo, subió directamente a casa".
 
Su amarga experiencia se jalona de abogados que abandonan el caso después de dilatarlo y jueces que archivan. Mala suerte.
 
Israel, Dani..., son muchos los afectados a los que se lleva a la notaría con la promesa de firmar un nuevo préstamo en condiciones favorables para tapar una deuda o afrontar un pago y, tras dos horas de espera, les dan una pequeña cantidad inicial, el resto, les dicen, se lo dará la entidad financiera —de la que incluso llevan ofertas vinculantes— tras firmar unas letras de cambio.
 
Se trata de una hipoteca cambiaria, y estas letras se endosarán a un tercero o un cuarto para que quien, —pasados seis meses de buenas palabras y dilaciones—, ejecute y se quede con la casa no sea el mismo que captó a la víctima. "Todo el que entraba perdía la casa", explica un testigo de estas situaciones. Es difícil que se pueda saldar una deuda en seis meses cuando el dinero que se les da es solo parte de lo que necesitan, y mucho menos del que consta en la escritura, pero los intereses de demora pueden llegar al 29%.
 
Del Pozo, que preside una asociación para agrupar a gente en su misma situación, lo corrobora: "Directa o indirectamente alguien de la entidad financiera te pone en contacto con el prestamista. Nunca te dan todo el dinero que consta en la escritura ante notario. Además, se retiene parte como gastos, comisiones..., se impone un interés alto. Se promete la firma de un crédito futuro reunificando las deudas pero nunca llega el día de cancelar el préstamo y firmar el nuevo y, mientras, los intereses suben y suben". También es común que se falsifiquen documentos y firmas. En el caso de Rafael, cuando consiguió, tras presionar, que le dieran al fin copia de la escritura, vio que "había firmado unos pagarés con intereses de demora de 15.000 euros al año y se había metido la vivienda de mi madre".
 
También a Israel le falsificaron la firma, el prestamista cambió de domicilio y cuando quiso ir a pagar, antes del vencimiento la letra, se había endosado a un tercero ilocalizable. En el caso de María del Carmen, que vive en Toledo, hicieron constar que había trabajado con ellos o que su pareja vivía en Madrid cuando nunca ha sido así. "Supuestamente te prestan dinero, pero la cantidad nunca llega al banco. Yo les insistía que me refinanciaran y me decían: 'Tú tranquila, que no te pasa nada' y así pasa el tiempo hasta que vienen a por ti, a saco", explica. El primer prestamista le pasó a un segundo, y da nombres porque además la empresa opera en Toledo a plena luz del día.
 
En su web puede verse que tanto ayuda a embargados como busca inversores. Aparte de falsificar documentos si hace falta, también piden hipotecas sobre la casa ejecutada a nombre de un insolvente para seguir haciendo caja, pero nunca viene mal el dinero externo.
 
Algunas de estas sociedades operan en varias ciudades y cuentan con testaferros que dirigen a inversores que invierten en estos préstamos sin regular que acaban en el 99% de los casos en desahucio.
 
Los prestamistas son inclementes. Al segundo impago, ejecutan y se quedan con la casa. De eso se trata. Es un negocio seguro: prestan 10.000 euros y obtienen un inmueble que, como mínimo, puede valer 10 veces más.
 
La mayoría no reclama en los tribunales. En muchos casos están arruinados y destrozados anímicamente. Además, "en el procedimiento de ejecución hipotecaria el juez no puede ver el abuso", explica un testigo. El afectado no puede alegar nada ante el juez en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ejemplo, que se les pide que devuelvan unos intereses calculados sobre una cantidad que nunca recibieron. A este mundo del préstamo (fingido) no ha llegado la sentencia de Estrasburgo: no hay cláusula abusiva que alegar.
 
Juan Puche, otro afectado, tiene la valentía de recoger en un blog los testimonios y denuncias, y sigue el rastro, entre otros, de Antonio Arroyo Arroyo.
 
Carlos Galán, abogado de la Asociación de Estafados Victimas Financieras, a la que pertenecen Rafael, María del Carmen y Juan, explica que Arroyo Arroyo está imputado al menos en una decena de juzgados de Madrid por presuntos delitos de estafa. Tiene a su nombre, según el abogado, un buen número de derechos sobre hipotecas vivas y es incalculable el número de las ejecutadas o las que tiene a nombre de sociedades.
 
Hablamos de dinero, mucho dinero. ¿Connivencia notarial? "Es difícil de probar. Sí está clara alguna mala praxis y algunos, tras declarar en procedimientos de estafa, siguen actuando igual", explica Galán.
 
En opinión del abogado del bufete Alberche, sería clave que el Ministerio Fiscal entendiera que son tramas organizadas que actúan en toda España. "Muchos jueces de lo Penal archivan las querellas porque consideran que es una mera irregularidad administrativa que el prestamista no esté dado de alta en el registro obligatorio y, por cierto, inoperante, desde 2009", aclara el abogado.
 
Los jueces dan por hecho la validez del reconocimiento de deuda, la escritura firmada ante notario con una cantidad que, en realidad, nunca reciben. Sí ha habido una ocasión, en Alicante, en que un juez marcó el camino: que sea el prestamista el que demuestre que ha pagado realmente esa cantidad y no al revés. Su sentencia es una gota de agua en un mar de desdichas.
 
Volvamos al principio: la registradora de que hablamos (en realidad no es la única que ha actuado así) tiene en sus manos la escritura hipotecaria, ha cruzado datos y descubierto que la misma persona ha dado 38 hipotecas más, lo que equivale a descartarla como particular y considerar que se dedica profesionalmente a ese negocio. Algo que no parece haberle llamado la atención al notario, el mismo en las 38 ocasiones.
 
¿Cuál es la diferencia entre profesional y particular? Que estos pueden usar el procedimiento de ejecución hipotecaria sin someterse a ningún control previo ni negociación posterior. Mientras que, si se tratase de un profesional, además de estar inscritos en el registro del Instituto de Consumo, deben contar con un seguro de responsabilidad por si cometen irregularidades presentar ofertas vinculantes..., desde que en 2009 se reguló el préstamo por entidades distintas de la banca y cajas. (Que, por cierto, es otro capítulo que Adicae ha documentado).
 
Uno de los registradores que denuncia esta situación propone que se vuelva a la situación anterior a la de la aprobación de la Ley de Ejecución Hipotecaria, cuando solo estaban facultadas las entidades de crédito para determinar la deuda y no como ahora, que puede hacerlo el acreedor.

Hoy por hoy, estos morosos destapan una situación en la que parece que ni Hacienda controla, ni Economía y Justicia dictan normas de protección, ni Consumo interviene, ni los jueces, salvo excepciones, dan amparo.

CUANDO EL NOTARIO OCUPA SU SITIO

¿Qué dice, por alusiones en la historia, un notario? Que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar la intervención notarial para dar seguridad a una transacción. “En una escritura se reconoce la deuda y el compromiso de pagarla. Es el título ejecutivo que evita discutir en un juicio si era o no verdad que te deben ese dinero frente a una reclamación futura. Permite acudir al juez y que ejecute la deuda. Pero la fe pública tiene que defender a ambas partes y ser equilibradora, y cuando viene un particular a prestar dinero a otro, tenemos que hacer un control de legalidad”, indica Ignacio Navas Olóriz.

Aclara que, desde 2010 se inició una política de control de transacciones financieras más rigurosa: “Todas las sociedades deben identificar a la persona física que posea más del 25% del capital y, desde 2006, en la notaría se tienen que identificar los medios de pago: el prestamista tiene que decir de qué cuenta ha salido y a cuál ha ido el dinero, justificar el importe prestado y, para desarrollar esa actividad profesionalmente, tiene que cumplir los requisitos fijados por la ley. ¿Manera de burlarlo? Decir que el prestamista es un familiar o amigo. Por eso mismo, el notario debe cerciorarse de que no se dedica profesionalmente al préstamo, y si se da cuenta de que es una actividad habitual está obligado a hacerle el control de legalidad, exigir la inscripción en el registro, una oferta vinculante...”.

Con las escrituras en la mano, firmadas por los citados en el reportaje, no duda: deben denunciar al notario ante el colegio notarial correspondiente.


Un regalo de cumpleaños

El 9 de julio fue mi cumpleaños.

- ¿Qué le compramos de regalo a tío Carlos? –le pregunta mi hermana Tere a Carmen (2 años)
- Pocoyó

Entre sus cortos recuerdos, a ella es el regalo que más ilusión le ha hecho, así que está claro que quiere lo mejor para mí, ¿no?

- Es que, como el tío Carlos ya es un poco mayor, a lo mejor no le gusta Pocoyó...
- Vale 
Entonces ¿qué le compramos?
- Ely

Aplastante el razonamiento. Si no me gusta Pocoyó porque soy mayor, entonces mejor Ely que, como se puede comprobar, es más grande.
 
Yo creo que al tío Carlos le gustaría un libro. ¿le compramos un libro, Carmen?
- Vale. De Pocoyó.

Y  así entraron en bucle.