Mercedes Fórmica: 60 años de un artículo que cambió la situación legal de la mujer española

La reciente Cumbre de Mujeres Juristas, celebrada con éxito en el Colegio de Abogados de Madrid, señaló el camino que aún queda por recorrer para que la mujer esté representada en los niveles superiores de la judicatura y en los cargos de libre designación del mundo del Derecho, pero no olvidó reconocer en su manifiesto los avances registrados durante la segunda mitad del siglo XX.

La semana pasada se cumplieron sesenta años desde que vio la luz, en el diario ABC, un artículo que estaría destinado a provocar un cambio legislativo, sin duda insuficiente, pero de gran trascendencia para la mujer española de la época.

Su autora, Mercedes Fórmica, había nacido en Cádiz en 1913 (estamos, pues, en el año de su centenario). En 1932 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, donde sólo otra mujer compartía aula. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó a Madrid, donde siguió sus estudios en la Universidad Complutense. Enfermó en el curso 1934-35 y su familia marchó a vivir a Málaga, interrumpiendo la carrera en el cuarto año. Tiempo después, retomaría los estudios y su viejo deseo de autosuficiencia económica. Se doctoró en Filosofía y Letras y, en 1948, se licenció en Derecho.

Su voluntad de ingresar en la Escuela Diplomática se ve impedida por un requisito de imposible cumplimiento. “Ser varón, mayor de edad y menor de treinta y tres años. Tener nacionalidad española de origen. No estar casado con extranjera. Poseer título de Licenciado en Derecho o Ciencias Políticas y Económicas”, exigía la convocatoria publicada en el BOE de 10 de octubre de 1949. Mercedes se topa de frente con el retroceso jurídico que el franquismo suponía para la mujer española respecto a la II República: “A la mujer se le admitía en la Universidad –escribió años después- pero a la hora de hacer valer su título le pedían que se convirtiese en hombre”.

Decide entonces darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid. No fueron fáciles sus comienzos. Intentó la pasantía en un bufete, donde le sugirieron que su mera presencia podía resultar “perturbadora”. En otros despachos tampoco fue aceptada, a pesar de recomendaciones de amigas y colaboradoras. Comenzó a ejercer por su cuenta y a atender los asuntos que le asignaban en el turno de oficio.

Así llega a la mesa de su despacho el caso de Antonia Pernía. Apuñalada brutalmente por su marido, había sobrevivido milagrosamente. No era la primera vez que resultaba agredida por el esposo, pero no había podido separarse: hubiera sido privada de la convivencia con sus hijos, expulsada de su casa y quedado sin recursos, pues la mujer estaba excluida de la administración de los bienes gananciales.

La ley procesal vigente consideraba la vivienda familiar como “casa del marido”, de forma que la mujer que solicitara la separación –por muy justificado que fuese el motivo- debía abandonarla para ser “depositada” en el domicilio de sus padres, de terceras personas o incluso en un convento, mientras se resolvía la controversia. La separación la resolvían los tribunales eclesiásticos determinando, normalmente varios años después, si la causa alegada era justificada o no, y concediendo la separación o, por el contrario, obligando a reunirse de nuevo al matrimonio, en cuyo caso no resulta difícil imaginar en qué situación quedaba la mujer.

Mercedes escribió para el ABC dirigido por Luis Calvo un artículo, El domicilio conyugal, denunciando esta situación. El texto sufrió una retención por parte de la censura hasta que el 7 de noviembre de 1953 pudo ver por fin la luz. Lo firmaba: Mercedes Fórmica, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Tras la publicación, se generó un intenso debate y, durante semanas, el periódico recibía decenas de cartas diarias. Se escribieron numerosos textos de opinión acerca de la polémica suscitada. Pronto el rotativo madrileño publicó también una encuesta realizada entre prestigiosos juristas, como Ramón Serrano Suñer, Antonio Hernández Gil, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, José María Ruiz Gallardón, Alfonso García Valdecasas, Joaquín Calvo Sotelo y una extensa lista. El debate iniciado por Mercedes Fórmica trascendió nuestras fronteras: el británico Dayly Telegraph, la revista norteamericana Time, el diario argentino La Prensa, periódicos alemanes, suizos, daneses, suecos, y de varios países de Iberoamérica se hicieron eco… La revista Holiday la cita como una de las cuatro mujeres más destacadas del año. La reportera Inge Morath (de la agencia Magnus Capa, colaboradora de Life, Vogue o París Match entre otras) viajó a Madrid para conocer y fotografíar a Mercedes. Hasta el semanario clandestino de la CNT reseñó la “interesante cuestión” planteada por la abogada.

Mercedes Fórmica consideró que, para lograr su propósito de impulsar una reforma legal en estos aspectos, debía optar por un criterio práctico y obrar con cautela, pues los sectores más cerrados del régimen sospechaban que se trataba de una maniobra izquierdista para restaurar el divorcio. Planeó una entrevista con Franco y, para disipar recelos, la solicitó a través de la Sección Femenina y se hizo acompañar por un sacerdote letrado. El dictador se mostró receptivo a algunas cuestiones e instó a la abogada a reunirse con el Ministro de Justicia. Mercedes visitó a Iturmendi esa misma mañana y le dijo con desparpajo “quiero que sepa que soy muy pesada, pesadísima” y le aseguró que insistiría “hasta que consiga el cambio”. “Sería magnífico –le sugirió- que usted recibiera la gratitud de tantas mujeres”.

Mercedes continuó dando conferencias, concediendo entrevistas y escribiendo artículos. En 1954, el propio presidente del Tribunal Supremo, José Castán Tobeñas, hizo referencia, en la apertura del año judicial, a las reclamaciones planteadas por la abogada y escritora. En 1956, a raíz de otro caso legal, retomó con intensidad su campaña.

En 1958 llegó por fin la ansiada reforma legal, la más extensa desde la promulgación del Código Civil, y que afectó a la redacción de más de sesenta artículos. Un periódico usó el término “reformica” para referirse a aquella modificación legislativa, jugando con el apellido de su promotora y apuntando a la vez lo limitado de la misma. Pero no habría que caer en el error de minusvalorar lo que supuso en la práctica para millones de mujeres españolas de la época. Ciertamente, no cambiaba la visión de la autoridad del marido sobre la familia, pero sí se amplió la capacidad de obrar de la mujer, se sustituyó el concepto jurídico de casa del marido por vivienda familiar con posibilidad de atribución judicial a la esposa, desapareció la denigrante institución del "depósito" de la mujer separada, se modificó el régimen de custodia de los hijos en caso de separación, se comenzó a exigir consentimiento de la esposa y no sólo del marido para disponer de los bienes gananciales, se equiparó el tratamiento legal del adulterio del varón al de la mujer, se suprimió la pérdida de patria potestad de la viuda que contraía nuevas nupcias... y cambiaron otras muchas y variadas disposiciones que hoy nos suenan aberrantes, pero que en los años cincuenta ni siquiera se discutían y sólo el empeño de una mujer consiguió colocar en el centro del debate social.

¿Por qué se ha condenado al olvido a Mercedes Fórmica? No me cabe duda de que ha sido por su adscripción política, que resulta antipática a derecha e izquierda. Mercedes se afilió a la Falange fundacional en su época universitaria y nunca se apeó de su admiración por José Antonio, al que había tratado personalmente. Tras su fusilamiento, se mostró contraria a que se manipulasen por el incipiente régimen franquista "unas ideas en trance de formación, para desvirtuarlas, sabiendo que los que detentaban el poder no creían en ellas”. En el primer tomo de sus memorias se muestra rotunda: “Confundir el pensamiento de José Antonio con los intereses de la extrema derecha es algo que llega a pudrir la sangre. Fue la extrema derecha quien le condenó a muerte civil, en espera de la muerte física, que a su juicio merecía".

Pero daría absolutamente igual la adscripción política de Mercedes o el juicio que ésta merezca a cada cual. Si no viviéramos en un país tan sectario, tendría que ser reconocida como una figura que luchó innegablemente por mejorar la situación femenina en España. Y que consiguió algunos frutos nada desdeñables, con repercusión práctica positiva en la vida de muchas mujeres, dos décadas antes de que nuestro ordenamiento proclamase la plena igualdad jurídica.

Aparte de esta batalla legal, Mercedes Fórmica desarrolló una intensa labor cultural, dirigiendo la revista Medina o editando la colección divulgativa La novela del sábado. Como escritora publicó obras narrativas como Bodoque (Revista de Occidente, 1945), Monte de Sancha (Luis de Caralt, 1950; reeditada en 1999 por El Aguacero), La Ciudad perdida (Luis de Caralt, 1951) y Collar de ámbar (Caro Raggio, 1989), y biografías históricas como La hija de D. Juan de Austria (Revista de Occidente, 1975), o María de Mendoza (Caro Raggio, 1979). La desigualdad jurídica de la mujer también centró su novela A instancia de parte (Cid, 1955. Reeditada en la Biblioteca de Escritoras de Castalia en 1991), que fue galardonada con el Premio Cid de la Cadena SER por un jurado del que formaban parte Dámaso Alonso, Melchor Fernández Almagro, Dionisio Ridruejo y Carmen Laforet, entre otros.

Escribió sus interesantes recuerdos en La infancia (publicado por la Junta de Andalucía en 1987) y en la trilogía Pequeña historia de ayer, formada por los tomos Visto y Vivido (Planeta, 1982), Escucho el silencio (Planeta, 1983) y Espejo Roto y Espejuelos (Huerga y Fierro, 1998). Los dos tomos que publicó Planeta en los ochenta se han reeditado ahora agrupados en un solo volumen por la editorial Renacimiento bajo el título Memorias (1931-1947).


En los años noventa tuve algún contacto epistolar con Mercedes Fórmica, a raíz de publicar yo una reseña sobre la reedición de su novela A instancia de parte. Le escribí a su casa de Madrid la primera vez para enviarle copia y ella me contestó tiempo después cariñosamente, creo recordar que desde Málaga. En alguna conversación telefónica, nos emplazamos a un encuentro personal que nunca llegó a producirse: se interpuso el implacable Alzheimer.

Mercedes murió en abril de 2002, a los 88 años. No dejó de ser nunca esa mujer inteligente, llena de sentido común, hermosa y amable, que combinaba la elegancia en las formas con la elegancia espiritual. Y fue también durante toda su vida una luchadora, sin aspavientos pero con admirable tenacidad, contra cada injusticia que encontró a su paso.

¿Es legal el buzón de denuncias anónimas de la Inspección de Trabajo?

 
 
Artículo publicado en ¿Hay Derecho?, 30.10.13
 
Este verano, la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciaba en una carta abierta la creación de un buzón en la web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que permite a los ciudadanos comunicar, sin facilitar su identidad, conductas que consideren fraudulentas en el orden social.
 
La puesta en marcha de este buzón electrónico contradice abiertamente, a mi juicio, el artículo 13 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contempla que ésta puede actuar “en virtud de denuncia” pero dispone, con redacción inequívocamente imperativa, que “no se tramitarán las denuncias anónimas”.
 
El Director General de la ITSS, en un comunicado con ecos de excusatio non petita, se apresuró a defender la legalidad del citado buzón.
 
Por un lado, intentaba establecer una diferencia entre la denuncia formal y la comunicación ciudadana sobre actuaciones fraudulentas a través de este nuevo cauce. Pero, una vez más, habrá que recordar la irrelevancia del nomen iuris a estos efectos: las cosas son lo que son, con independencia de cómo la Inspección de Trabajo las quiera llamar.
 
Una denuncia, por definición, es la comunicación que un ciudadano hace ante las autoridades o la Justicia sobre un hecho que constituye infracción de una norma. Y eso, y no otra cosa, es lo que se lleva a cabo mediante el buzón electrónico de la ITSS.
 
¿En qué se basa la Inspección para decir que no son denuncias? ¿En qué se diferencian una denuncia formal y la puesta en conocimiento que se realiza a través de este buzón?
 
Desde luego, no parece que la forma, es decir, el que se haga en papel impreso o mediante envío telemático, determine la esencia del acto.
 
Tampoco la diferencia estriba en que, en un caso, la denuncia marque el comienzo del procedimiento y en otro no. La Ley establece que la Inspección de Trabajo inicia y desarrolla su actuación “siempre de oficio”, ya sea como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa o en virtud de denuncia.
 
La distinción no podemos encontrarla en que el comunicante anónimo no sea parte en el procedimiento administrativo a que dé lugar esa información que transmite a la ITSS, porque, de acuerdo con la Ley, tampoco podrá el denunciante formal “alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de investigación”.
 
No hallamos, pues, ningún elemento relevante que nos explique cuál es la diferencia entre lo que la Inspección considera formalmente denuncia y la puesta en su conocimiento de infracciones a través del buzón telemático, excepto eso mismo: la denominación que la propia ITSS otorga en cada caso, para así sortear la prohibición legal de anonimato del denunciante.
 
El resto del comunicado hecho público por la Inspección nos tiende una trampa dialéctica muy frecuente: dudar del compromiso con la lucha contra el fraude de quienes tan solo cuestionan la idoneidad del mecanismo elegido. En el debate sobre legalidad, se dedica a argumentar sobre utilidad. Nada que suene a nuevo: detrás está la vieja afirmación de que el fin justifica los medios.
 
Personalmente, creo que los sistemas de delación anónima (muy utilizados en las dictaduras y muy usados en épocas de “caza de brujas”) plantean enormes riesgos: entre otros, satisfacer las venganzas personales en lugar del interés público, posibilitar la comunicación de medias verdades (la peor de las mentiras, asegura el dicho) o dar lugar al uso espurio de instrumentos públicos (“yo denuncio, que algo le encontrarán y, si no, al menos sufrirá la propia incertidumbre que genere la inspección”).
 
Defiendo la denuncia como expresión de implicación y de colaboración ciudadana. Pero siempre desde la responsabilidad. Quien denuncia tiene que asumir que su actuación pone en marcha los recursos humanos y materiales de la maquinaria judicial o administrativa. En el ámbito penal, por ejemplo, la denuncia falsa probada incluso está tipificada como delito.
 
Obviamente, el que la identidad del denunciante haya de ser conocida por la administración, no es incompatible con que sea desconocida para el denunciado. Los funcionarios de la ITSS tienen el deber de considerar confidencial el origen de las denuncias y de no revelar la identidad de los denunciantes a las empresas objeto de inspección.
 
Pero, en todo caso, al margen de mi parecer personal, si el Gobierno cree que es necesario o conveniente implantar un sistema de denuncias anónimas, hágalo. Reforme la ley para establecer, por ejemplo, que si los denunciantes están identificados, las denuncias se investigarán obligatoriamente, siempre que se refieran a materia objeto de la ITSS y no sean manifiestamente infundadas. Y que cabrán también las denuncias anónimas, pero que en este caso no existirá obligación de tramitarlas y sólo se investigarán si, tras un juicio de valor sobre su contenido, así se estima oportuno por parte de la propia Inspección.
 
Lo que no tiene sentido es que se implante y publicite un buzón de denuncias anónimas mientras está en vigor una ley que, de forma inequívoca, excluye esa opción. La frase “no se tramitarán las denuncias anónimas” no parece susceptible de interpretaciones muy diversas.
 
Admítase o no se admita el anonimato en las denuncias, a criterio de quien tenga la responsabilidad de legislar y de gobernar. Pero no se nos quiera hacer comulgar con la rueda de molino de que, aunque la ley prohíba tramitar denuncias anónimas, sí que se puede hacer, siempre que a las denuncias no les llamemos denuncias.
 
Creo en el principio de legalidad. No me parece admisible, ni siquiera aunque obedezca a un buen propósito, que nuestros responsables públicos opten por retorcer las normas hasta acomodarlas a sus pretensiones. Cuentan con la sencilla y correctísima posibilidad de promover su reforma. Pero si no hacen uso de esa posibilidad, tienen entretanto la obligación de hacerlas cumplir. Y de cumplirlas.
 
(Ilustración: la denuncia más presentada en los primeros días de funcionamiento del buzón...).