Los desalojos de viviendas en España

Artículo publicado en la edición impresa de la revista argentina El Descamisado,
 nº 21, tercer trimestre 2014.
“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las partes se comprometen a adoptar medidas destinadas: a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente; a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes”. 
(Artículo 31 de la Carta Social Europea, ratificada por España)

“Alquilar es tirar el dinero”, nos dijeron durante muchos años nuestras propias familias, las administraciones públicas, los economistas, los medios de comunicación, la banca... ¿Para qué alquilar, si casi por la misma cuota mensual podías acceder a una vivienda en propiedad y además gozar de una deducción tributaria? 

El problema es que este mensaje, que nuestras familias vinculaban a una cultura del ahorro y de la inversión, los poderes económicos lo vincularon a la especulación y a sus propias ganancias. 

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en su informe Emergencia habitacional en el Estado Español comparten el diagnóstico que hizo el economista José Manuel Naredo en su trabajo El modelo inmobiliario español y sus consecuencias: la política en nuestro país se ha caracterizado por concebir la construcción de viviendas como fuente de especulación, en vez de como bienes vinculados a las necesidades de las personas. La reclasificación de terrenos -y el automático incremento del precio de los mismos- no se basó en una planificación urbanística racional y sostenible medioambientalmente. La construcción de viviendas tampoco tenía en cuenta la renta disponible o el crecimiento real de la población. Y este disparate de convertir en un fin lo que es un medio ha sido posible “gracias al compromiso con la expansión del modelo de dos grupos empresariales estrechamente vinculados a las administraciones públicas: el sector inmobiliario-constructivo y el bancario”. 

España vivió así el boom inmobiliario, una década en la que se construyeron más viviendas que en Alemania, Francia e Italia juntas. El sector de la construcción acaparó el 70 % del crédito. Las campañas agresivas de la banca en la captación de compradores/prestatarios, los bajos tipos de interés en toda la zona euro y el aumento de plazos de devolución en los préstamos (hasta cuarenta años, para que, al tiempo que las viviendas crecían continuamente de precio, las cuotas mensuales no se disparasen) alimentaron un endeudamiento excesivo de las familias y les condujeron a una situación de vulnerabilidad. 

Tras la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, los efectos llegan a Europa en forma de recesión económica. En contra del mensaje que muchos economistas y los poderes públicos lanzaban insistentemente en los años -e incluso en los meses- previos, la burbuja inmobiliaria sí pinchó. El sector de la construcción, que había sido la fuente de creación de empleo los años precedentes, sin alternativas en la industria y los servicios, se colapsó.

Nos encontramos así con un brutal crecimiento del desempleo: casi cuatro millones de parados más en cinco años, hasta llegar la cifra de desempleados al 26 % de la población activa, con un estremecedor 55 % si nos situamos en la franja de edad de los jóvenes. Un drama que, además, afectaba a una población, como decíamos, previamente sobreendeudada. 

Ahí entra en funcionamiento el procedimiento de ejecución hipotecaria español. Un proceso judicial que no admitía discusión de fondo, porque la obligación que se reclama está documentada en una escritura pública firmada ante notario. Hasta hace poco, sólo cabía oposición si se acreditaba el pago o la extinción de la deuda, o si se cuestionaba un error en la cantidad exigible. El juzgado procedía a subastar al mejor postor la vivienda del deudor y en aquel momento era posible adjudicarse la misma incluso por la mitad de su valor de tasación, que ya de por sí era muy inferior al que se había utilizado para fijar su precio de adquisición y otorgar el préstamo. Esto suponía que, una vez perdida la propiedad de la vivienda familiar, en muchos casos aún subsistía otra parte de la deuda y se continuaba con la ejecución contra el patrimonio restante: los salarios, el vehículo, las cuentas bancarias… Las personas no sólo eran desalojadas de sus casas, sino que, además, se les impedía cualquier proceso de reconstrucción de la economía familiar para subsistir. 

Desde 2007 hasta hoy, más de medio millón de ejecuciones hipotecarias en España han supuesto una tragedia que ha producido el demencial resultado de personas sin casa y casas sin personas. Millares de familias se quedaban en la calle, mientras se generaba un voluminoso parque de viviendas desocupadas en poder de los bancos, de fondos especulativos e incluso de organismos oficiales que dedican fondos públicos a intereses privados. 

¿Qué hicieron los gobiernos de PSOE y PP ante esta situación? Inicialmente nada. No adoptaron absolutamente ninguna medida ante lo que era a todas luces una emergencia social. Estuvieron muy ocupados en inyectar dinero público para el rescate de los bancos, sin que los continuos desalojos de familias distrajeran lo más mínimo su atención.

Tuvo que ser la voz de la calle la que, ante esa increíble insensibilidad de la clase política, pusiera sobre la mesa del debate público este problema. En 2011, las movilizaciones del 15-M sí incluyeron los desahucios entre las preocupaciones de los ciudadanos que hasta ese momento no constituían preocupaciones para los políticos. Y contribuyeron a amplificar la voz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, ya desde 2009, venía realizando una labor encomiable en esta materia, en medio de la indiferencia de los responsables públicos. Sus campañas Stop Desahucios han conseguido acompañar y ayudar a las familias objeto de desalojos, evitando además más de un millar de lanzamientos. Y su Obra Social ha permitido el realojo de familias en edificios vacíos que eran recuperados para su finalidad. Ante la pasividad de los grandes partidos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recogió un millón y medio de adhesiones (el triple de las necesarias) para presentar en el parlamento una Iniciativa Legislativa Popular que pedía, sustancialmente, tres medidas de mínimos: dación en pago retrospectiva (poder cancelar la deuda con la entrega de la casa, que el desalojado no continúe además debiendo dinero al banco), moratoria en los desahucios durante la crisis y creación de un parque de viviendas de alquiler social. En el Congreso la iniciativa no mereció el apoyo mayoritario de los políticos, pero el PP no pudo por más tiempo desoír este clamor y maquilló la situación adoptando por fin algunas medidas, aunque a todas luces muy limitadas e insuficientes. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea también vino a declarar, en una sentencia histórica dictada gracias a la persistencia de un abogado de turno de oficio, como no ajustado al Derecho Comunitario el proceso hipotecario español, obligando a una reforma legislativa que incluyó entre los motivos de oposición el carácter abusivo de las cláusulas, algo altamente frecuente. 

Aun así, estos cambios han sido claramente insuficientes. Las ejecuciones hipotecarias han continuado creciendo en 2014 y la cifra de desalojos se mantiene. Por ello la PAH y no pocos movimientos sociales siguen sosteniendo la necesidad de adoptar medidas que atiendan a la realidad social. No podemos seguir anteponiendo los intereses de la banca a los derechos humanos.

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Otros artículos publicados por el autor en El Descamisado:

- Desde España (I): La crisis
- Desde España (y II): La indignación

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