Declaraciones en Telemadrid sobre desahucio suspendido

El pasado 19 de octubre viví uno de los episodios más duros de mi carrera profesional. Para ese día el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Navalcarnero había fijado el lanzamiento de la familia de Miguel Ángel, víctima de la conocida trama del prestamista Antonio Arroyo Arroyo.

El asunto nos llegó ya muy avanzado y con muchas oportunidades perdidas. Aun así interpusimos un incidente extraordinario de oposición a la ejecución, que fue inadmitido por diligencia por la letrada de la Administración de la Justicia (lo que antes se llamaba secretaria judicial). Presentamos recurso porque esta funcionaria es manifiestamente incompetente para resolver esa cuestión, que corresponde a la juez. Además, en su resolución invocaba un plazo que ha sido expresamente declarado nulo por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Paralelamente, pedíamos que, mientras se sustanciaba nuestro recurso, se suspendiera cautelarmente el desalojo. Aunque estos recursos no tienen efectos suspensivos, el juzgador tiene facultades para decidir y no parece razonable echar primero a una familia a la calle y después examinar la legalidad de la medida. 

Mis gestiones fueron infructuosas, ante el muro que supuso la citada letrada de la Administración frente a una juez recién llegada al destino. Finalmente, el desahucio se suspendió, porque no pudieron materialmente acceder, pero la secretaria -nuevamente sin tener competencia para ello- ya nos adelantó que quiere que estén en la calle en un mes. Obviamente, haremos todo lo que esté en nuestra mano por impedir que se consume esta injusticia.

Como datos significativos, hay que decir que en este caso la Audiencia Provincial, en la vía penal, consideró que no se probaba la existencia de estafa porque faltaba el elemento del engaño (cree que posiblemente el afectado sabía que firmaba mayor capital del recibido) pero considera expresamente probado que no se entregó todo el capital por el que se despachó en su día esta ejecución. Además, se ha aplicado un interés de demora del 29 %, un tipo considerado nulo por abusivo en el criterio establecido en el Tribunal Supremo. Y la vivienda se adjudicó por unos 30.000 € aproximados cuando en la propia escritura el prestamista la valoraba en diez veces más, 300.000 €. Se comprende, por tanto, nuestro empeño en que el juzgado cumpla su deber de revisar de oficio la abusividad de las condiciones de esta operación usuraria.

Las cámaras del programa Aquí en Madrid, que presentan Goyo González y María Gracia en Telemadrid, estuvieron por la mañana y recogieron la tensión vivida. El reportaje incluye el testimonio de la víctima y mis declaraciones como abogado.