Pensarán ustedes que las recientes elecciones celebradas en el
Colegio de Abogados de Madrid constituyen un asunto muy sectorial, meramente
corporativo, de interés sólo para unos cuantos picapleitos.
Pero créanme si les digo (habiendo seguido esta vez la campaña muy de cerca) que el proceso electoral que hemos vivido (y que ayer saltó tristemente a las páginas de los medios informativos, con presencia policial incluida), se ha convertido en un reflejo, en miniatura, de cómo operan las turbias luchas de poder en el ámbito político y económico. Y ha permitido constatar, también a pequeña escala, dos cosas. La primera, indudable: que los poderosos mueven todos los resortes a su alcance (presiones, manejos mediáticos, difamación, influencias…) para mantener su dominio, no dudando en recurrir a la más grosera (o sutil, como convenga) manipulación. Y la segunda: que, aun así, a veces es posible ganarles. Cuando, pese a todo, la democracia consigue abrirse paso frente a la oligarquía, estamos ante un hecho socialmente muy higiénico y reconfortante.
Pero no se puede entender el auténtico alcance de lo que ayer pasó en el ICAM –la amplia victoria electoral de la abogada Sonia Gumpert y la terca resistencia del Decano saliente, con menos de la mitad de votos, a abandonar el sillón oficial-, sin tener algunas ideas sobre los antecedentes.
Yo soy abogado ejerciente del Colegio de Madrid desde hace veintidós años. Cuando me inscribí, el Decano era Antonio Pedrol Rius, que llevaba ya en el cargo dieciocho años y que lo ostentaría hasta su muerte, en 1992.
A su fallecimiento, los cuatro despachos más grandes con sede en Madrid (Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Gómez-Acebo&Pombo) sellaron una alianza, no sé si expresa o tácita, para ocupar el gobierno del ICAM con una lista conjunta y designaron como candidato de consenso a Luis Martí Mingarro, quien desempeñó el cargo durante tres mandatos (quince años).
Elección tras elección, el candidato oficialista nunca se enfrentaba a un verdadero rival. Enfrente sólo tenía a la progresista Asociación Libre de Abogados (ALA) como permanente oposición. Y alguna candidatura outsider, improvisada, a veces bienintencionada y siempre sin posibilidades reales. Los macrodespachos movían el voto de sus centenares de empleados, mientras los abogados de a pie (absorbidos por nuestro trabajo cotidiano y con la sensación de inexistencia de alternativas) simplemente nos limitábamos a no acudir a las urnas. La triste participación llegó a ser, en 2002, en torno al 5 %. No es una errata: se registró un 95 % de abstención.
Esa alianza entre los grandes despachos permitía gobernar cómodamente un Colegio de decenas de miles de letrados con apenas unos centenares de votos de los fieles, ante la pasividad de una abogacía desmovilizada y desmotivada. En un reciente debate electoral en el Ateneo, Javier Cremades reconocía con naturalidad y sin sonrojo que, durante años, el Decano madrileño fue elegido “en una especie de cooptación”. Y les aseguro que nadie movió una pestaña de sorpresa ante semejante confesión.
Pero ese pacto de las grandes firmas del negocio jurídico se rompió a la hora de afrontar la sucesión de Martí Mingarro. Aparte de la habitual lista de ALA, se presentaron dos candidaturas de los grandes, ambas encabezadas por antiguos compañeros de Junta de Gobierno con el decano saliente. Por un lado, Javier Cremades. Por otro, Antonio Hernández-Gil, que llevaba participando en el gobierno del Colegio casi un cuarto de siglo.
Como de costumbre, la inmensa mayoría de letrados de a pie nos quedamos en casa (más bien en el despacho) ante una guerra que creíamos que no era la nuestra. Votó un 10 % de los colegiados y ganó Hernández-Gil por poco más de 300 votos de diferencia. Se iniciaba así el mandato sin duda más mediocre desde que comencé a ejercer la abogacía.
(Fotografía de Negocio Digital)
Pero créanme si les digo (habiendo seguido esta vez la campaña muy de cerca) que el proceso electoral que hemos vivido (y que ayer saltó tristemente a las páginas de los medios informativos, con presencia policial incluida), se ha convertido en un reflejo, en miniatura, de cómo operan las turbias luchas de poder en el ámbito político y económico. Y ha permitido constatar, también a pequeña escala, dos cosas. La primera, indudable: que los poderosos mueven todos los resortes a su alcance (presiones, manejos mediáticos, difamación, influencias…) para mantener su dominio, no dudando en recurrir a la más grosera (o sutil, como convenga) manipulación. Y la segunda: que, aun así, a veces es posible ganarles. Cuando, pese a todo, la democracia consigue abrirse paso frente a la oligarquía, estamos ante un hecho socialmente muy higiénico y reconfortante.
Pero no se puede entender el auténtico alcance de lo que ayer pasó en el ICAM –la amplia victoria electoral de la abogada Sonia Gumpert y la terca resistencia del Decano saliente, con menos de la mitad de votos, a abandonar el sillón oficial-, sin tener algunas ideas sobre los antecedentes.
Yo soy abogado ejerciente del Colegio de Madrid desde hace veintidós años. Cuando me inscribí, el Decano era Antonio Pedrol Rius, que llevaba ya en el cargo dieciocho años y que lo ostentaría hasta su muerte, en 1992.
A su fallecimiento, los cuatro despachos más grandes con sede en Madrid (Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Gómez-Acebo&Pombo) sellaron una alianza, no sé si expresa o tácita, para ocupar el gobierno del ICAM con una lista conjunta y designaron como candidato de consenso a Luis Martí Mingarro, quien desempeñó el cargo durante tres mandatos (quince años).
Elección tras elección, el candidato oficialista nunca se enfrentaba a un verdadero rival. Enfrente sólo tenía a la progresista Asociación Libre de Abogados (ALA) como permanente oposición. Y alguna candidatura outsider, improvisada, a veces bienintencionada y siempre sin posibilidades reales. Los macrodespachos movían el voto de sus centenares de empleados, mientras los abogados de a pie (absorbidos por nuestro trabajo cotidiano y con la sensación de inexistencia de alternativas) simplemente nos limitábamos a no acudir a las urnas. La triste participación llegó a ser, en 2002, en torno al 5 %. No es una errata: se registró un 95 % de abstención.
Esa alianza entre los grandes despachos permitía gobernar cómodamente un Colegio de decenas de miles de letrados con apenas unos centenares de votos de los fieles, ante la pasividad de una abogacía desmovilizada y desmotivada. En un reciente debate electoral en el Ateneo, Javier Cremades reconocía con naturalidad y sin sonrojo que, durante años, el Decano madrileño fue elegido “en una especie de cooptación”. Y les aseguro que nadie movió una pestaña de sorpresa ante semejante confesión.
Pero ese pacto de las grandes firmas del negocio jurídico se rompió a la hora de afrontar la sucesión de Martí Mingarro. Aparte de la habitual lista de ALA, se presentaron dos candidaturas de los grandes, ambas encabezadas por antiguos compañeros de Junta de Gobierno con el decano saliente. Por un lado, Javier Cremades. Por otro, Antonio Hernández-Gil, que llevaba participando en el gobierno del Colegio casi un cuarto de siglo.
Como de costumbre, la inmensa mayoría de letrados de a pie nos quedamos en casa (más bien en el despacho) ante una guerra que creíamos que no era la nuestra. Votó un 10 % de los colegiados y ganó Hernández-Gil por poco más de 300 votos de diferencia. Se iniciaba así el mandato sin duda más mediocre desde que comencé a ejercer la abogacía.
(Fotografía de Negocio Digital)
20 comentarios:
¡Sigue compañero, sigue!
Seguiré, seguiré. Contar todo en solo artículo extenso resultaría muy pesado. Esta historia es un auténtico serial...
Yo llevo mas de 26 años ejerciendo y también he votado por primera vez. Ya veo que les cuesta soltar el poder, se sirven de la democracia mentiras gana, pero cuando pierden la cosa cambia. Ya tengo una cosa clara, siempre iré a votar, ya no seré mas cómplice por omisión de es grandes despachos, a los que obviamente el resto de los abogados nada les importamos. Pues somos mas, así que a seguir votando y qe el ICAM sea de todos los abogados.
Manuel Prieto Romero Colegiado 26224.
Pues sí, compañero. Hemos permitido esto por omisión. El caso es tener a quien votar, porque creo que durante años tampoco hemos visto alternativa. Pero yo creo que, pase lo que pase ahora, este proceso de apertura del Colegio es ya irreversible. Por eso el título de la serie de artículos. Gracias por pasar por aquí. Un abrazo
Hay que votar y botar a ciertas personas.
Pues sí. Si nos hacen repetir las elecciones, es posible que se lleven otra sorpresa aún mayor.
deseando leer la segunda parte
Cierto, que a este continuismo hemos contribuido todos con nuestro desinterés. Nos hemos limitado a protestar y quejarnos en los pasillo de los juzgados y no donde debíamos y podíamos hacerlo, en las urnas. Cierto también que pocas o ninguna alternativa había, pero en estas elecciones se han conjugado dos cosas, el hartazgo de los pequeños y medianos despachos por el ninguno del que somos objeto desde el Colegio y una opciön de cambio con posibilidades de imponerse al poder establecido. Honestamente creo que desde las candidaturas de los grandes no terminaban de creérselo, ni que alguien pudiera arrebatarles el poder y mucho menos y como no podía ser de otra forma con los votos de los colegiados de a pie, y esto les ha venido grande, y su reacción ha sido un despropósito que a mi juicio y al contrario de lo dicho, no empaña el buen hacer de la abogacia, muy al contrario empaña a quienes no aceptan la voluntad soberana de quienes tienen que decidir quien quiere que les gobierne
Nos va a dar igual, cualquier candidatura con posibilidades de ganar está impulsada y financiada por los grandes intereses. Los abogados de pueblo siempre estaremos fuera del juego. La soledad es nuestro sino.
La segunda parte está a punto de caer. Hoy o como muy tarde mañana.
Lo firmo, anónimo 1
Lo firmo, anónimo 1
Anónimo 2, puede ser, como dices, que no sea posible una candidatura que no esté organizada o financiada por algún grupo de intereses. Pero yo aspiro al menos a que, para poder ganar, tenga que tenernos en cuenta, en su composición y en su gestión posterior, a los abogados de a pie. Lo más sangrante es que hasta ahora pudiera ganarse las elecciones prácticamente ignorando a la gran mayoría de abogdaos durante el proceso electoral y después en la gestión del Colegio. Eso es lo que yo creo que esta vez puede empezar a cambiar de alguna forma.
Los impugnadores han planteado unas razones muy pateticas. Se creen que somos tontos y que se nos convencen con pagarnos un taxi? Quieren violar nuestro voto? Eso se llama golpe de estado.
Deseando leer la segunda parte!
Enrique Martín
Y del Grupo de Abogados Jóvenes no comentáis nada. Más de lo mismo o incluso peor. Después de perpetuarse en el poder Jaime Aranzadi Rotondo, que lo único bueno que tiene es el apellido de la prestigiosa editorial se abrió un debate sucesorio con una lucha interna. A esas elecciones el 18 de diciembre de 2008, concurrieron dos listas de cantidatos: la oficial encabezada por Fernando Rasche Santaolalla (amigo intimido de Aranzadi y heredero al trono) y la innovadora y no viculada al poder presidida por Alberto González Navarro. Era la primera vez que había elecciones al Grupo de Abogados Jóvenes en años, pues era regla de la casa el pasarse el poder de unos a otros como yo mismo os lo he pasado... las elecciones estuvieron manipuladas, manejadas y dirigidas única y exclusivamente por el Fernando Rasche como miembro de la Junta Directiva del GAJ y candidato a presidente de dicha Junta Directiva. A pesar de la desventaja con que contaba la candidatura de Alberto González Navarro bajo el lema "Un nuevo GAJ para todos" estuvo a punto de ganarle las elecciones a Fernando Rasche. Pasados los años todo volvió al PODER en el año 2010 se debieron convocar elecciones y curiosamente no se convocaron y automáticamente Fernando Rasche se volvió a autoproclamar Presidente del Grupo de Abogados Jóvenes. Su gestión durante estos 6 AÑOS ha pasado totalmente inadvertida por no decir inexistente, pues ha decir verdad ha aprovechado su puesto para crear su propia editorial jurídica RASCHE EDITORIAL. Ante la pérdida inminente del poder por haber cumplido 36 años de edad, recientemente un cambio de estatutos del GAJ para perpetuarse eternamente en el cargo a lo Hugo Chavez, subiendo la edad de pertenencia del GAJ de 35 a 40 años para poder seguir detentando el cargo 4 años más hasta cumplir los 40 años. Otra medida fue aumentar el mandato de la Junta Directiva de los 2 años a los 3 años para limitar más si cabe la transparencia y el acceso al Grupo de Abogados Jóvenes. Todos estos hechos son de dominio público y constan por notoriedad, basta con googlear y documentarse pues apenas se les ha dado publicidad. TODO ELLO CONSENTIDO, PERMITIDO Y ORQUESTADO POR EL ACTUAL DECANO EN FUNCIONES D. ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS.
Toda la razón, Enrique. Además, no reclamaron para invalidar el proceso cuando se produjeron las supuestas irregularidades, sino cuando comenzó el recuento y vieron que perdían por goleada.
Anónimo, interesantísima y elocuente la información que aportas sobre el GAJ. No tenía ni idea. Lo mismo siguen ampliando y acabo afiliándome cuando tenga 50 al Grupo de Abogados Jóvenes.
En fin, te agradezco mucho que nos des a conocer estas cosas.
Un saludo.
Carlos, por Diós, arranca....!!!!!, que nos tienes en vilo!!!!
Carlos, estamos esperándo la segunda parte con los turrones preparados.
MAgnolia
Ya está ahí la segunda parte... Es que tanta expectación me ha sorprendido... y me ha cargado con la responsabilidad de no defraudar... Yo creo que los hechos de esta 2ª entrega son más conocidos. Pero no está de más recordarlos. Y en la tercera, hablamos del actual proceso electoral.
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