La judicatura y la fiscalía, en huelga

Publicado en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Málaga Hoy, Huelva Información, El Día de Córdoba, Granada Hoy y Jaén Hoy, 03/07/2025

Durante los días 1, 2 y 3 de julio, tres de cada cuatro integrantes de la judicatura y la fiscalía estamos secundando una convocatoria de huelga, efectuada por cinco asociaciones (por cierto, no todas ellas “conservadoras”, como repiten perezosamente muchos medios) contra el Proyecto de Ley Orgánica que modifica estas carreras. No comparto todos y cada uno de los argumentos y el discurso de los convocantes, pero mi reflexión personal me ha llevado a sumarme a la medida, por coincidir en aspectos muy relevantes con su motivación. 

El Proyecto de Ley, impulsado por trámite de urgencia y sin diálogo, incide en extremos que guardan indudable relación con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, y despierta también no pocos recelos en cuestiones que podrían afectar a la imprescindible independencia judicial. 

Desde hace años, se viene proyectando encomendar la instrucción de las causas penales en España al Ministerio Fiscal, como sucede en otros países. Pero, a la hora de preparar el escenario para esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se opta, como sería deseable, por dotar de mayor autonomía a la Fiscalía, sino todo lo contrario: hay un reforzamiento de las competencias del Fiscal General del Estado -nombrado por el Gobierno- y un debilitamiento de la función del Consejo Fiscal. Piensen en un escenario donde la UCO y toda la policía judicial reciba las instrucciones de una fiscalía jerárquica y, simultáneamente, en la limitación de la acusación popular que también impulsa el gobierno. No resulta difícil de imaginar qué hubiera sucedido con determinadas causas judiciales por todos conocidas. 

En la carrera judicial, tampoco una sola de las medidas apunta a un fortalecimiento de la independencia: se mantiene la designación partidista de la totalidad del CGPJ, la discrecionalidad en los nombramientos judiciales por parte de éste -que se han convertido en un sonrojante reparto de cromos- y la existencia de unos Magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia que son directamente designados por los parlamentos autonómicos. 

Tras años de convocar menos plazas de las que exigía la tasa de reposición, se utiliza ahora el falso argumento de un supuesto mandato de la UE para poner en marcha un proceso extraordinario de entrada de más de un millar de personas en las carreras judicial y fiscal, sin ajustarse a ninguno de los actuales cauces de acceso: con carácter general, la oposición libre y, para cierta proporción de magistrados, un concurso-oposición para juristas con más de 10 años de experiencia. Conozco los abusos en el tratamiento de los jueces sustitutos y coincido en que debería darse una solución a su anómala situación. Pero se está utilizando la misma como mera excusa para un proceso de supuesta estabilización que realmente no es tal: no se busca consolidar un cuerpo estable para sustituciones necesarias, sino de habilitar el acceso, como funcionarios de carrera, a la titularidad de otras plazas, que se sustraen a la libre concurrencia, para después continuar recurriendo a la precariedad a la hora de cubrir las sustituciones. Si reparamos en que, en realidad, ese proceso está abierto a otros juristas que no hayan sido jueces sustitutos, los riesgos resultan más que evidentes. 

El Proyecto impulsa un Centro público para la preparación de la oposición, cuyo control gubernamental resulta muy preocupante, tanto desde criterios de igualdad como desde parámetros de independencia. Entre otras medidas que sería largo enumerar, el nuevo texto legal introduce también un retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno de los tribunales. 

Creo que no es irrelevante que esta iniciativa legal venga precedida de una sostenida campaña, partidista y mediática, de descalificación de la propia judicatura ante la opinión pública, con acusaciones de lawfare y con tergiversación de las resoluciones, para deslegitimar al Poder Judicial y especialmente a quienes investigan presuntas irregularidades de políticos. Esto nos hace ser particularmente cautelosos a la hora de valorar cualquier decisión que, incluso gradualmente, pueda pretender abrir paso a una judicatura cómoda para los poderosos. Los tribunales son la garantía última de los derechos de la ciudadanía y de la igualdad de todas las personas e instituciones ante la ley.

Francisco, una renovación inacabada

Publicado en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Málaga Hoy, Huelva Información, El Día de Córdoba, Granada hoy y Jaén hoy, 24/04/2025.

En España ya sabemos que hay que elegir constantemente bando, hasta en las cosas más nimias, y analizar todo en términos de blanco o negro. Tener lo que el periodista francés Jean Birnbaum ha llamado con acierto “el coraje del matiz” no está bien visto, en medio de esta perenne devotio ibérica digna de ser aplicada a mejores causas. Hasta la muerte de un Papa nos da una nueva ocasión de exhibir -especialmente en las redes sociales- ese sectarismo instalado en casi todos los aspectos de la vida pública. Pero tienen algo en común quienes reivindican ahora a Francisco en los mismos términos que si hubiera fallecido un líder de su propio espacio político y quienes le dedicaron ya en vida las más crueles e injustas descalificaciones: ambos silencian interesadamente una buena parte de lo que su figura ha representado y subrayan solo aquella otra que encaja en su discurso predefinido. 

No parece muy razonable esperar que un Papa se pronuncie contra la enseñanza religiosa o que apoye la eutanasia, por ejemplo. Pero tampoco cabe sorprenderse de que no aplauda acríticamente un sistema económico que condena a una buena parte de la humanidad a la pobreza o que comulgue con la criminalización de aquellas personas que tiene que abandonar su país por no tener cubiertas sus más elementales necesidades. 

Durante décadas, especialmente con el impulso de Juan Pablo II, la Iglesia había sido muy crítica con los totalitarismos comunistas y con su anulación de las libertades básicas y los derechos humanos. También desde el Vaticano se había desautorizado la Teología de la Liberación surgida en Iberoamérica, precisamente por su influencia filosófica marxista. Derribado el muro de Berlín, parecía un momento histórico oportuno para revindicar valores alternativos, cuestionar también aspectos negativos del capitalismo, denunciar la explotación del ser humano allí donde se produjera, reflexionar sobre la idolatría del mercado: insistir, en suma, en la doctrina social de la Iglesia. No era, por el contrario, el momento de secundar el pretendido «fin de la historia», ni de asistir en silencio -cuando no unirse con entusiasmo-, a la gran fiesta de un neoliberalismo económico universal ya sin contrapesos. 

Sin embargo, ese paso no llegó o no lo hizo de forma suficiente. La prometida Teología que, ya sin influencia marxista, ofreciera cercanía, compromiso y esperanza a los pobres del mundo, no se desarrolló con convicción. El rearme de la doctrina social para situarla en lugar destacado del discurso eclesiástico, tampoco. Por el contrario, acabó teniendo amplia influencia el catolicismo más neoconservador, los llamados teocom por algunos autores, que, con una lectura sumamente sesgada de la Centesimus Annus de Juan Pablo II, legitimaron sin apenas matices el modelo de capitalismo americano y europeo, pretendiendo centrar el discurso de la Iglesia tan solo en un puñado de recurrentes cuestiones relacionadas más con la moral privada que con la moral pública. 

La llegada de Francisco al pontificado supone un importante obstáculo para esta tendencia. Bergoglio, el Papa que viene de Iberoamérica, apuesta por una Iglesia en misión, por un Catolicismo que -haciendo honor a su nombre- reafirme su carácter Universal y, por tanto, no solo centrado en Occidente. Denuncia con valentía la «economía de la exclusión y la inequidad», en la que «grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida», aquella donde se trata «al ser humano en sí mismo como un bien de consumo». Es consciente del valor de la comunicación en nuestro tiempo y empieza a utilizar habitualmente un lenguaje cercano, efectivo, que llega al pueblo. Realiza no pocos gestos de reivindicación de la austeridad, de la humildad y del ejemplo. Afronta con decisión dos heridas sangrantes y complicadas: la pederastia en la curia y las finanzas vaticanas. Clama públicamente contra las guerras de nuestro tiempo pero, además, se mueve del púlpito, se reúne con líderes, se ofrece a mediar. Más que por visitas de Estado a países «cómodos» (salvo las que tienen que ver con grandes eventos eclesiásticos), opta por acudir a lugares donde el dolor o la tragedia se han hecho presentes. Y a lo largo de su pontificado se esfuerza en mostrar una Iglesia más abierta y más cercana, que combate el relativismo moral, pero sin caer en la rigidez de señalar, excluir y juzgar constantemente a las personas. 

El Papa no es solo la cabeza visible de una de las grandes religiones, sino que es uno de los líderes mundiales con mayor proyección y, por tanto, quién sea, qué diga o qué haga resulta de interés no solo para los fieles de la confesión a la que representa, sino para muchas personas. Por eso, el mundo entero estará pendiente en los próximos días del color del humo que salga de una vieja chimenea en la Plaza de San Pedro. Por mi parte, ojalá que ese anuncio sirva para seguir dando pasos, para continuar con ese esfuerzo renovador que ha representado Francisco.

Debatir lo que importa

 Publicado en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Málaga hoy, Huelva Información, El Día de Córdoba y Granada hoy, 29/05/2024.

Tras las lecciones históricas de la derrota del totalitarismo fascista en la 2ª guerra mundial y la posterior caída del totalitarismo comunista en los años 80-90, es generalizada -y acertada- la creencia de que la democracia pluralista es la mejor forma de legitimación del poder y de organización de la convivencia. 

Sin embargo, el sometimiento de los gobernantes a la valoración ciudadana cada cuatro años -o menos- produce un efecto secundario indeseado, que es el cortoplacismo en la gestión política. Así, a veces se rehúye afrontar medidas oportunas si resultan impopulares. O se pospone el diseño y ejecución de infraestructuras necesarias, cuando van a precisar una gran inversión de recursos y el promotor no será quien las inaugure. O se eluden cambios culturales o educativos de fondo, porque los frutos se apreciarán a medio o largo plazo y difícilmente se reconocerá mérito alguno a su impulsor. 

Cuando era aún primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Junker afirmó, refiriéndose a la crisis económica: «Sabemos exactamente lo que hay que hacer. Pero no sabemos cómo ser reelegidos si lo hacemos». Para evitar que ese cortoplacismo domine por completo la gestión pública existen los consensos políticos. Desde un ejercicio de responsabilidad, partidos opuestos pueden definir determinadas líneas políticas compartidas sobre materias de interés general, que tengan continuidad aun cuando se produzca alternancia en el poder. Del mismo modo, pueden comprometerse a no utilizar como arma electoral ciertas decisiones políticas que no resulten populares o cuya utilidad solo se aprecie en el largo plazo. 

En España, sin embargo, tenemos escasos ejemplos de tales usos. En la transición, los Pactos de la Moncloa permitieron que el objetivo común de consolidación democrática no se viera perjudicado por los efectos de la crisis del petróleo. Desde el Pacto de Ajuria Enea en 1988 hasta el Antiterrorista en 2000, fueron varios los intentos de que los partidos hicieran frente al terrorismo con ciertos criterios compartidos y sin utilizarlo como argumento electoral. En materia de pensiones, el Pacto de Toledo nació con la finalidad -no siempre cumplida- de debatir con rigor sobre el sistema de protección social y su sostenibilidad sin que el oportunismo electoral lo impidiera. Pero lo que ha prevalecido -y creo que actualmente se manifiesta con mayor intensidad- es nuestra tradicional política de trincheras, que sitúa a menudo en el centro del debate público asuntos broncos, que dan juego en medios y redes sociales, pero sirven de excusa para posponer indefinidamente el abordaje de otros debates de mayor calado. 

Somos una potencia turística mundial por nuestras condiciones, pero sin una estrategia nacional de qué clase de turismo queremos atraer, con qué límites, con qué enfoques y qué vamos a hacer para ello, mientras se suceden medidas municipales y autonómicas contradictorias entre sí. 

En el mundo sociolaboral, por ejemplo, no nos detenemos siquiera a reflexionar sobre cómo afrontar los retos que la robótica y la inteligencia artificial generativa, además de nuestra demografía, van a plantear, cada vez más, sobre el mercado de trabajo y el sistema de Seguridad Social. 

La Justicia es la permanente olvidada, sin un gran pacto (hubo algunos con esa denominación formal, pero de extraordinaria cortedad de miras). Seguimos por debajo de la media de jueces de la Unión Europea, sin verdaderas alternativas a la litigiosidad y con una dotación de medios insatisfactoria. 

Desde hace casi medio siglo carecemos de verdadera política educativa. Cada gobierno impone un modelo, que el siguiente cambia, mientras nuestra enseñanza obligatoria sigue suspendiendo en evaluaciones internacionales, la endogamia y otros problemas de la Universidad no se afrontan, y no aprovechamos con inteligencia la actual demanda de Formación Profesional y la enorme oportunidad que ofrece. 

Estamos muy entretenidos cada día con el asunto mediático que toque -Carles Puigdemont, Koldo García, José Luis Ábalos, el novio de Isabel Díaz Ayuso, Begoña Gómez, Óscar Puente, Javier Milei… y cuestiones similares- y así van pasando los años. No digo yo que no sean debates pertinentes los que conciernen, por ejemplo, a la amnistía, la ejemplaridad pública o la diplomacia internacional, en absoluto. Pero alguna vez vendría bien que mirásemos más allá del siguiente proceso electoral. Hace muchas décadas que la actualidad más inmediata no parece dejarnos tiempo ni oportunidades para pensar, como sociedad, qué queremos ser y hacia dónde queremos ir.

El otro "salario mínimo", ¿cuándo?

Publicado en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Málaga Hoy, Huelva Información, El Día de Córdoba y Granada hoy, 30/01/2024.

En los últimos años, desde el gobierno se ha venido impulsando un importante crecimiento del salario mínimo interprofesional. El objetivo parece ser la convergencia con el objetivo marcado a los países que, como el nuestro, han ratificado la Carta Social Europea revisada. El máximo intérprete de ese tratado internacional, el Comité Europeo de Derechos Sociales, ha considerado que el derecho a una “remuneración equitativa” para sostener “un nivel de vida decoroso”, que proclama su artículo 4, exige que el salario mínimo alcance el 60 % del salario medio del país. 

Sin embargo, a la vez que el SMI evolucionaba notablemente al alza en España, el IPREM, otro índice emparentado con aquel, ha ido quedando en el olvido, desfasado desde hace ya largos años. Aunque ese índice sea menos conocido popularmente, ello no significa que no repercuta en aspectos importantes de la vida cotidiana de muchas familias. 

El origen del mismo data de hace ya dos décadas. Durante muchos años, el salario mínimo interprofesional no solo operó como límite inferior de la retribución de los asalariados. También se utilizaba como referencia para la concesión de buena parte de las ayudas públicas, definiendo el nivel de ingresos (un determinado número de veces el SMI, en función del número de miembros de la unidad familiar) que no debían superar sus beneficiarios. Del mismo modo, se utilizaba también para cuantificar algunos subsidios, cuyo importe se fijaba en un porcentaje del SMI. 

Se advertía entonces de que este doble uso perjudicaba al crecimiento del salario mínimo: los gobiernos eran reacios a incrementarlo porque no afectaba únicamente a las empresas, sino que provocaba un aumento de diversas partidas del gasto público. 

Por ese motivo, en el año 2004, el ejecutivo decidió separar ambas funciones y creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a fin de que pudieran establecerse cuantías distintas para el salario mínimo de los trabajadores y para el índice que sirve de referencia para prestaciones públicas. 

Desde entonces, mientras el SMI se ha ido incrementando notablemente, el IPREM sufrió una total congelación entre 2010 y 2016 y, tras modificarse levemente en 2017, de nuevo quedó estancado hasta el año 2020 inclusive, para actualizarse después cada año, pero en mucha menor proporción. 

El primer IPREM de 460,50 euros equivalía hace veinte años al 93,88 % del salario mínimo vigente. Hoy, el IPREM de 600 euros representa solamente el 52,91 % del SMI actual. 

Como anticipaba, no deberíamos pensar que es una cuestión menor o meramente técnica: repercute en los derechos sociales y en los medios de subsistencia de muchas personas. La falta de actualización del IPREM se proyecta en ámbitos tales como ayudas al alquiler, becas de estudio, bono social eléctrico, viviendas protegidas o pensiones no contributivas, entre otros. 

Cuánta mayor divergencia exista entre el IPREM y el SMI, más familias van quedando excluidas de los umbrales de renta establecidos para ser beneficiario de ayudas públicas. Por poner un ejemplo, en 2003 una persona sola y sin hijos veía reconocida la asistencia jurídica gratuita, con abogado de oficio para su defensa, siempre que no cobrase más del doble del SMI de la época. Hoy, si esa persona percibe tan solo 67 euros más del salario mínimo obligatorio, ya no se le reconocerá ese derecho. 

Y, por otro lado, cuánto más lejos esté el IPREM del SMI, mayor diferencia existirá entre lo que perciben los beneficiarios de subsidios asistenciales y el salario mínimo. Por ejemplo, en 2003, un parado que hubiera agotado las prestaciones contributivas y cumpliera ciertas condiciones (tener responsabilidades familiares, ser mayor de 52 años, etc.) percibía un subsidio del 75 % del SMI. Hoy, ese subsidio por desempleo no alcanza siquiera el 40 % del salario que el propio gobierno ha considerado adecuado para garantizar una vida digna. 

Es verdad que el IPREM se estableció pensando precisamente en que su cuantía fuera diferente de la del SMI, pero ¿tanto? Desde los poderes públicos se viene exigiendo un esfuerzo a las empresas privadas porque los incrementos anuales del SMI “hacen de España un país mejor”. Por ello, no parece muy congruente que el Estado no haga un esfuerzo equivalente para actualizar un índice paralelo, que afecta al acceso de las familias a ayudas sociales y que determina la cuantía de relevantes prestaciones de nuestro sistema de protección social.

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Ilustración: Roseell, Diario de Sevilla.

La trampa del consumidor

Publicado en SevillaInfo, 02.11.2018.

No, no nos lo preguntaron así. No nos dijeron: ¿le parece a usted bien que una tripulación de avión con base en España esté obligada a fingir ser residente en Irlanda para que su empresa pueda aplicarles peores condiciones laborales? No recabaron nuestra opinión sobre imponer a los trabajadores del comercio discrecionalmente turnos partidos, flexibles y rotatorios que impiden cualquier organización de su vida personal y familiar. Nadie nos pidió parecer sobre la posibilidad de desmantelar los talleres de confección textil en España para fabricar en Asia en condiciones infrahumanas. O sobre acabar con el pequeño comercio en su conjunto, para luego revivirlo a duras penas con inmigrantes chinos que trabajan jornadas interminables de lunes a domingo. Ni sobre poblar todos los sectores de falsos autónomos, privados de derechos laborales y pagándose su propia cotización a la Seguridad Social… 

Lo que nos preguntaron tácitamente fue: ¿quieren tener billetes de avión más baratos? ¿quieren poder comprar todos los días de la semana, cuando les venga bien, durante doce horas? ¿quieren adquirir ropa o calzado a precios más económicos?... Y nosotros apoyamos activa o pasivamente todas esas medidas, sin tener claras -o sin querer ver- sus consecuencias últimas. 

El truco está en que nos hacen mirar sólo con las gafas de consumidores. Y provocan que perdamos la otra perspectiva, la de productores. Porque todos adquirimos productos o servicios, pero también todos, de alguna forma, elaboramos, vendemos u ofertamos. Y de las condiciones en que se adquiera nuestro producto o se preste nuestro servicio dependen indirectamente nuestras propias condiciones de trabajo. Eso haría imprescindible buscar un equilibrio, si no queremos engañarnos a nosotros mismos y ser una sociedad cada vez más empobrecida. 

Me comentaba un primo mío que, cuando comenzó a trabajar, recién titulado, su primer sueldo fue de 170.000 ptas. Los ingenieros como él estaban entonces valorados y bien retribuidos. Hoy un joven ingeniero de nuevo ingreso en su empresa cobra aproximadamente lo mismo, 1.000 euros, pero más de un cuarto de siglo después. ¿De qué nos sirve pagar precios más reducidos si nuestros salarios bajan a la par? Lo importante no son los precios en términos absolutos, sino cuál sea nuestro poder adquisitivo. 

Yo fruncí el ceño cuando en alguna ciudad europea a las cinco de la tarde me encontraba todo cerrado. Pero enseguida me di cuenta de que me sobrepondría a esa incomodidad si, a cambio, yo también pudiera disponer de mi vida personal a partir de esa hora, en lugar de salir del despacho cada día después de las ocho de la tarde. 

Equilibrio. Esa es la clave. Qué sacrificio estamos dispuestos a asumir como trabajadores entendiendo que eso nos beneficia como consumidores. Y viceversa: de qué ventaja podemos prescindir como consumidores, sabiendo que mejorará nuestras condiciones de trabajo. 

Como sociedad, no nos importó aquello que afectase a los controladores aéreos porque eran unos privilegiados. Ni a los estibadores, esa especie de casta arcaica y antieuropea. Ni a los taxistas, unos señores muy antipáticos… Ahora, piensen por un momento en el tópico que acompaña en la opinión pública a su sector, sea cual sea: periodistas, farmacéuticos, abogados, fontaneros, mecánicos de vehículos, empleados de banca, agentes de seguros, comerciales, funcionarios… Tal vez cuando la precarización nos alcance, como en el poema de Martin Niemöller ya no quede nadie para apoyarnos.

Intervención en Antena 3 Noticias sobre homeschooling

El pasado 2 de septiembre el informativo de Antena 3 presentado por Matías Prats emitió un breve reportaje de Lidia Ruiz sobre la educación no escalarizada.

En el mismo, insertaron unas declaraciones mías sobre el tratamiento legal de esa opción del homeschooling en nuestro país.

Declaraciones a La Sexta sobre conciliación laboral y familiar

El pasado 17 de enero, la presencia del bebé de la diputada Carolina Bescansa en el Congreso sirvió como excusa para que La Sexta Noticias abordase el estado de las medidas de conciliación familiar y laboral en España, en este reportaje que incluyó unas breves declaraciones mías como abogado laboralista.

En Enfoque, la crisis de los refugiados

El pasado 6 de enero se emitió un espacio de la tertulia de actualidad Enfoque, en Hispan TV, dedicado a la crisis de los refugiados en Europa, en el que participé junto con Tomás Calvo (presidente del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo de la Universidad Complutense de Madrid), Francisco Trejo (experto en seguridad y defensa) y Filippo Riccardi (analista político), moderados por Jesús Villegas. 

En mi intervención denuncié que, generalmente, estamos más centrados en las consecuencias que en las causas de fondo que provocan esta crisis migratoria, así como la falta de una auténtica política común europea.

Documental Chicas nuevas 24 horas: contra la trata de mujeres

Mabel Lozano es sobradamente conocida como presentadora de programas televisivos y como actriz de televisión y de cine, donde ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de Berlanga o Garci. Pero, además, en los últimos años ha llevado a cabo una fecunda labor como directora de documentales que destacan por su calidad y por su compromiso social: Voces (contra la trata de mujeres) (2007), La teoría del espiralismo (2009) sobre deportistas paralímpicas, Las sabias de la tribu (2010) que se acerca a la singular generación de mujeres de la posguerra y Madre (2012) acerca de la maternidad en el siglo XXI. 

Ahora, Mabel vuelve sobre la compraventa de mujeres con fines de explotación sexual en Chicas nuevas 24 horas, un trabajo que se estrenó en el Festival de Cine de Málaga. Yo tuve oportunidad de verla recientemente en la Cineteca de Matadero Madrid. En estos días se está exhibiendo en los cines Zoco de Majadahonda. Y, con imágenes recogidas durante la realización de la película, se ha organizado también una exposición fotográfica que el 23 de septiembre llega a la Casa de América, acompañada por una mesa redonda. 

Chicas nuevas 24 horas nos recuerda que esta esclavitud de nuestros días genera 32.000 millones de dólares, el tercer negocio más lucrativo tras la venta de armas y el narcotráfico, y tiene como víctimas a casi dos millones y medio de personas, de ellas prácticamente el 80 % mujeres y niñas. 

El documental se construye precisamente a partir del contraste de poner en relación un planteamiento de puro negocio rentable con la dramática realidad de la explotación de seres humanos. Seguimos el testimonio real de varias mujeres que fueron sometidas a trata. Y Mabel lo presenta sin caer en la tentación de la recreación sensacionalista o efectista. La realidad que nos muestra es por sí sola elocuente. 

Creo que realmente es mejor no contar mucho más: hay que verlo, sin más. Yo salí verdaderamente impresionado. Y le pasó lo mismo al resto de espectadores que abarrotaron la sala durante los días de proyección en Madrid: absoluto silencio durante la estremecedora película y un significativo y unánime aplauso final. 

En todas sus intervenciones públicas, Mabel Lozano está poniendo el acento en la posibilidad de prevención que existe. El perfil que se busca en los destinos más frecuentes (fundamentalmente, Europa Occidental) es conocido. Y la procedencia de las mujeres sometidas a trata también está muy localizada geográficamente. Por eso, Chicas nuevas 24 horas es, entre otras muchas cosas, una apelación a las conciencias y a la responsabilidad ante una lacra que nos concierne a todos. Un llamamiento a que los poderes públicos y los ciudadanos no sigamos mirando para otro lado.

Analizamos los datos de empleo en la tertulia de actualidad Enfoque

El viernes 4 de septiembre tuve ocasión de participar en la tertulia Enfoque, emitida por Hispan TV, un espacio presentado de lunes a viernes por Joaquín Mulén y dedicado a temas de actualidad política. En esta misma emisión participaron los periodistas Adrián Ibáñez y Juan Tortosa y el profesor de Ciencias Políticas Rubén Herrero, con los que pude debatir sobre empleo.

En el debate subrayé cómo los datos publicados están mostrando, en el fondo, leves variaciones de ida y vuelta debidas a la estacionalidad del empleo. 

Los escasos puestos de trabajo que se crean, a ritmo muy lento, ni siquiera han permitido aún recuperar plenamente la destrucción de empleo producida durante el propio gobierno actual. Además, se caracterízan por la mala calidad en cuanto a jornada y salario y por su elevada rotación. 

Creo que, para que podamos hablar de una recuperación profunda y sostenida, sería imprescindible abordar un cambio en el sistema productivo del país que, en cuatro años de mayoría absoluta del PP, ni siquiera se ha planteado. 

La mejora de algunas cifras macroeconómicas no está teniendo, además, reflejo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y recordé algo elemental: "La economía no es un fin en sí misma, la economía tiene que estar al servicio de las personas".

Éste es el vídeo completo del programa:

Entrevista en Ser Consumidor

El domingo 7 de junio, intervine en el programa Ser Consumidor, que dirige y presenta Jesús Soria. Este veterano y prestigioso espacio dedicó su sección Tus Derechos a las prácticas fraudulentas de algunos prestamistas.

Además de entrevistar a Juan Puche, Presidente de la asociación de afectados Stop Estafadores y a Juan Pérez Hereza, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Notarial de Madrid, me brindó la ocasión de explicar cómo se producen los engaños más comunes, hablar sobre el papel de los notarios, denunciar la falta de controles administrativos o sugerir posibles reformas legales.

Éste es el audio completo, y el bloque que incluye la entrevista comienza a partir del minuto 18:40:

No, mi general

En sólo dos días, a ratos, me devoré No, mi general, la estremecedora crónica del doble acoso, primero sexual y luego laboral, al que fue sometida la entonces capitán Zaida Cantera, y de la denuncia y la lucha tenaz de ésta. 

Cuando cerré su última página, dije una frase que mis amigos me han oído a veces tras leer un relato de ficción, pero nunca tras leer una historia real, dramáticamente real: “este libro tiene una película dentro”. Creo sinceramente que la merecería. Porque la única consecuencia positiva que puede tener un caso así es precisamente alcanzar tal relevancia que no se repita nunca más. Que las Zaida del futuro no tengan motivos para temer. Que los Lezcano y los Villanueva del futuro se lo piensen dos veces. 

No, mi general es el reflejo de dos mujeres cumpliendo su deber y dejando en evidencia a otras muchas personas que no lo cumplieron. 

Es –principalmente, porque el protagonismo de esta obra es suyo- la historia de Zaida, profesional brillante, comprometida, valiente y humana. Estoy convencido de que hubiera estado llamada a ser una de las primeras mujeres generales del Ejército español. Y, sin embargo, unos cuantos personajes indignos de la institución militar, consiguieron -unos por acción y otros por omisión- convertir su vida cotidiana en un infierno y acabar frustrando su vocación. Su resistencia y su tesón son un ejemplo profesional y humano. Como español de a pie, confío en que la defensa de mi país esté, cada vez más, en manos de profesionales como Zaida y no de miserables como los que la sometieron a una despiadada persecución. 

Pero, indirectamente, es también reflejo de la buena labor de Irene Lozano, una diputada trabajadora y luchadora que, tantas veces y en tantos temas, ha sido en estos últimos años la voz de la dignidad en el Congreso. Que escuchó a una ciudadana cuyos derechos estaban siendo atropellados. Que entendió que era de elemental justicia llevar este caso al parlamento y darle visibilidad para intentar cambiar las cosas. Que no hizo ningún cálculo de rentabilidades políticas y se puso desde el principio del lado correcto, de aquel en el que ha estado siempre en su labor parlamentaria: el de la ciudadanía, frente a los abusos. Y que, finalmente, ha acabado sacando a la Irene periodista y escritora, para dejar testimonio de unos episodios que jamás deberíamos olvidar. 

No sé si a estas alturas alguien dudará de la veracidad de esta historia. Parte de ella está declarada probada por sentencia judicial firme. Pero, al margen de la enorme verosimilitud de todo lo que se cuenta y de cómo se cuenta, la reacción del ministro Morenés no pudo ser más elocuente: no dedicó un solo argumento ni un solo dato a desmentir o a poner en cuestión lo que Irene Lozano denunciaba ante el parlamento. Se limitó a descalificarla de forma miserable por atreverse a preguntar. 

Morenés tampoco empleó ni un segundo en pedir perdón desde la institución a Zaida, en prometer reparación, en asegurar que se exigirán responsabilidades, en anunciar que se investigará todo hasta el final... Ni siquiera en lamentar lo sucedido y en comprometerse a que no se volverá a repetir nada semejante. Si antes decía que sus silencios no pudieron ser más elocuentes, lo cierto es que tampoco pudieron ser más repugnantes. 

No, mi General es un libro valiente, que publica los nombres y apellidos de la infamia. Si no hay ya varias querellas contra Irene y Zaida es precisamente porque lo que cuentan es verdad. Y porque los culpables prefieren que no se profundice en su actuación y confían en que el tiempo traiga olvido y consagre la impunidad de la mayoría de ellos. 

Zaida Cantera quizá haya librado –muy a su pesar- una de las más importantes batallas de las Fuerzas Armadas españolas a lo largo de su historia. Quiero creer que, tal vez gracias a ella, algunas cosas empiecen por fin a cambiar. Ella se perderá algunos ascensos y algunas condecoraciones, pero espero que gane el reconocimiento social que merece. Al menos yo, como ciudadano, le estoy inmensamente agradecido. 

Hace unos meses, cuando aún no conocía este caso con el detalle de ahora y tan sólo tenía algunas referencias de prensa sobre el mismo, me enteré de que Zaida era por fin comandante, por mérito propio y contra todos los obstáculos imaginables. Y la felicité por Twitter. Entonces intuía lo que significaba aquel ascenso. Ahora lo sé. Por eso vuelvo a decir, pero con más conocimiento de causa, lo mismo que aquel día: felicidades y gracias, mi comandante.

Recogida de firmas en Change.org para cambiar la normativa legal sobre prestamistas

La asociación Stop Estafadores, con la que colaboro como asesor legal, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para impulsar un cambio legal que impida los abusos y estafas en préstamos de capital privado. 

Nuestra compañera Monchi, víctima del presunto estafador Antonio Arroyo, es la cara visible de esta campaña. Su dramático caso representa al de otras muchos centenares de familias que se han visto afectadas por las prácticas irregulares de estas redes delictivas que buscan apoderarse de sus viviendas con un desembolso real irrisorio.

La propuesta de Monchi con el apoyo de Stop Estafadores busca que el gobierno de España modifique la Ley 2/2009 al menos para controlar los intereses, si bien en las posteriores conversaciones con los representantes públicos -que contarán con el asesoramiento de nuestro despacho- se plantearán demandas algo más amplias, con el fin de cerrar el paso a este tipo de actuaciones abusivas a veces y directamente delictivas en otros.

Desde este blog os pido, por favor, que respaldéis con vuestra firma esta campaña y que nos ayudéis a difundirla por todos los medios que podáis entre amigos, familiares, conocidos, etc. Un pequeño esfuerzo puede contribuir a evitar nuevas víctimas. 

Declaraciones a El País: Autónomos sin subvenciones

El pasado 10 de agosto se publicó en el diario El País un reportaje sobre los emprendedores madrileños que, creyendo los anuncios de la administración, solicitaron subvenciones para la puesta en marcha de negocios y han visto frustradas las expectativas que se les crearon.

Mientras otras comunidades han dialogado con las asociaciones y buscado soluciones, la Comunidad de Madrid se cierra en banda ante estas reclamaciones de los afectados, que han decidido crear una asociación y realizar actuaciones políticas y jurídicas. 

Denuncian que, cuando supuestamente ya no había presupuesto para las ayudas pedidas en 2010, durante 2012 se siguió pidiendo documentación complementaria a los solicitantes para, en 2014, decirles por fin que se les denegaba por "inexistencia de crédito adecuado y suficiente".

Lo curioso es que, mientras se alegaba desde 2010 esa falta de presupuesto para conceder ayudas, sorprendentemente seguía habiendo presupuesto para la publicidad institucional que, hasta 2013, siguió anunciando a bombo y platillo esas ayudas que no se estaban dando.

El País solicitó mi parecer sobre esta polémica y la publicó en estos términos:

"Carlos Javier Galán, abogado laboralista y presidente de la sección de Laboral del Colegio de Abogados de Madrid opina, a título personal, que la asociación tiene 'posibilidades en vía administrativa'. 'Lo que es un contrasentido y un disparate es que digan que no hay consignación presupuestaria para dar las subvenciones pero si la haya para hacer campañas publicitando las ayudas', sentencia".

Mañana miércoles, en Comando Actualidad

Mañana miércoles 10 de septiembre, a las 22'30 horas, el programa de TVE1 Comando Actualidad dedica su emisión a Abusos y estafas. 

Además de otros casos (cooperativas de viviendas, vehículos, agencia de viajes desaparecida...) se incluyen las redes de estafas en préstamos hipotecarios de capital privado, asunto en el que llevo como abogado los casos de varios afectados y asesoro a la asociación de víctimas Stop Estafadores.

El equipo del programa estuvo conversando conmigo y grabando, primero en mi despacho y luego durante la presentación de una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Madrid. 

El hashtag para comentar en Twitter durante la emisión del programa es #ComandoEstafas.

Abusos y estafas en 'Comando Actualidad'

Contra los recortes en el derecho de Justicia gratuita

El actual gobierno y su ministro Ruiz-Gallardón no sólo no han afrontado ni uno sólo de los graves problemas que aquejan a nuestra Justicia -sin duda el sector más arcaico de la Administración en su funcionamiento- sino que, dentro de su política de desmantelamiento de derechos sociales, la tutela judicial efectiva no ha sido un a excepción. 

El dislate de las tasas judiciales -que haya que pagar para obtener Justicia- fue un paso importante, pero no ha sido el único. Ahora, le toca el turno al derecho a la asistencia jurídica gratuita, con un Proyecto de Ley justamente criticado por todos los que conocen la materia. A la vez, con la nueva ley de Servicios Profesionales, se intentará restar poder a los Colegios para que haya menos contestación y, en general, menos contrapesos de la sociedad al poder. 

El pasado 17 de julio, varios colectivos de abogados, como la Confederación de Abogados de Turno de Oficio y Justicia Gratuita (CEAT), la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (APAEM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) del Colegio de Madrid, convocaron una concentración ante la sede del Ministerio de Justicia en la capital de España.

Allí estuvimos presentes para defender no los intereses profesionales de los abogados sino los derechos ciudadanos que, una vez más, se pretenden recortar desde el gobierno. 

Un compañero, Ángel López, elaboró el montaje que aparece sobre estas líneas, con una selección de imágenes de esta concentración reivindicativa. 

En este vídeo se reflejan de forma didáctica cuáles son las principales críticas de la abogacía a este proyecto de ley:

Consume y calla: desmontando la trampa del asterisco

En este blog –aviso- se practica desde siempre una especie de sano "nepotismo": la de promocionar las creaciones de las personas a las que quiero. Pero eso no impide que lo que digo sobre esas creaciones sea verdad.  

Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria -y en muchas más cosas-, ha publicado recientemente Consume y calla, cuya lectura acabo de terminar.

No me sorprende que hayan sido las televisiones públicas, menos condicionadas por empresas anunciantes, quienes hasta ahora han prestado más atención a este libro. Porque su autora ha dejado al descubierto las vergüenzas de unas industrias –la de los alimentos funcionales y la de los cosméticos “milagrosos”- que primero nos crean una falsa necesidad y a continuación nos venden –a menudo con malas artes- el supuesto remedio.

No resulta fácil conjugar rigor y amenidad. Existen sesudos estudios científicos que nunca se convertirán en obras divulgativas ni llegarán al gran público. Y, en el otro extremo, acecha el riesgo de caer en el sensacionalismo y despachar estas cuestiones con rechazable ligereza. En su libro, Ana nos ilustra con datos y valoraciones respaldadas por dos centenares de fuentes solventes y, sin embargo, deja que salga de vez en cuando su lado más irónico y gamberro, en un trabajo que informa y educa, pero en modo alguno aburre. 

Consume y calla, de Foca Ediciones (el sello en el que Akal agrupa sus títulos más valientes o más heterodoxos), nos habla de lo que el refranero llamaría “la ley y la trampa”. Denuncia los estereotipos artificiales que se nos acaban imponiendo para incitarnos a consumir los modernos Bálsamos de Fierabrás. Pone la lupa sobre unos suplementos alimenticios que, cuando no son superfluos, los podemos hallar, en mayor medida y con menor precio, en la alimentación natural. Desmonta los trucos publicitarios, tejidos con medias verdades, con letra pequeña, con referencias a encuestas y estudios sesgados, con insinuaciones que sustituyen a afirmaciones vedadas… y siempre con los irresistibles señuelos de la belleza y la salud.

Yo he aprendido muchas cosas en sus páginas: desde curiosidades históricas -como que en la Edad Media existían ya incipientes normas que hoy llamaríamos “de protección al consumidor”, según revela Juan Eslava Galán- hasta que las empresas que me tientan continuamente con alimentos hipercalóricos son a menudo las mismas –qué mamonas- que después me ofrecen productos dietéticos que me prometen adelgazar en un abrir y cerrar de ojos. He asistido, página a página, al desenmascaramiento de la picaresca que existe disfrazada bajo palabras como lactobacilus, omega, isoflavonas, light, sin gluten, sin alcohol, eco, bio o natural. Y, para finalizar el libro, el ranking de los diez mejores asteriscos es impagable.

Para quienes no gusten de los eufemismos y disfruten con la brillantez, Consume y calla es un libro más que recomendable. Da mucho juego para reflexionar. Y para debatir.

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Éste es un reportaje sobre el libro en el informativo de "mi" Mara Torres:
 

Éstas otras entrevistas en La tarde en 24 horas, Para todos La 2 y La aventura del saber:

 

 

Y algunas reseñas y entrevistas en prensa escrita: 

- National Geographic, 07.04.14

-  Tiempo, 09.04.14 

- El País, 11.04.14
- El Confidencial, 11.04.14
- La Información, 11.04.14   

- Deia, 04.05.14

Video de la comparecencia ante las Cortes de Aragón

Aquí dejo publicados los videos de la comparecencia ante las Cortes de Aragón en la que participé con representantes de ADEVIF, la asociación que agrupa a víctimas de estafas de prestamistas no bancarios.

El video de arriba son los diez minutos de mi intervención inicial, en la que intento explicar la génesis de este fenómeno y formulo algunas propuestas a los parlamentarios.

El de abajo es la grabación íntegra de toda la comparecencia, con las intervenciones de los representantes de ADEVIF, las de los portavoces de los grupos PP, PSOE, PAR, CHA e IU, y la contestación nuestra final.

(Videos editados por el autor con imágenes propiedad de las Cortes de Aragón)

Comparecencia ante las Cortes de Aragón

El pasado 25 de marzo tuve la oportunidad de intervenir ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para denunciar las redes delictivas de estafas relacionadas con préstamos hipotecarios. La asociación ADEVIF, con la que vengo colaborando como abogado, había solicitado al parlamento autonómico su presencia ante el mismo y, una vez se accedió a su petición, me invitó a formar parte de su delegación. Fue toda una experiencia hablar ante un parlamento y un honor dar voz a las víctimas de este tipo de delitos.

Las Cortes de Aragón tienen una sede de lujo: se ubican en La Aljafería de Zaragoza, una joya arquitectónica que tuve ocasión de visitar por vez primera. La construcción de este palacio fortificado de la Taifa de Zaragoza fue promovida por el monarca Al-Muqtadir. Y ha sido espléndidamente restaurado: impresiona cómo se ha conseguido una integración creativa y respetuosa entre lo que se conserva del edificio originario del siglo XI y las necesidades de unas instalaciones parlamentarias funcionales y modernas del siglo XXI. No me sorprende que a estos trabajos se les haya distinguido con el premio Europa Nostra.

En La Aljafería nos recibió la presidenta de la Comisión, Ana Marín, y nos saludaron amablemente los portavoces de los distintos grupos políticos representados.

A las diez y media de la mañana se abría la sesión y, por vez primera, afectados por estafas hipotecarias tenían ocasión de hacer oir su voz ante un parlamento.

El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, explicó cómo se inicia este problema, cuando se incluye a una persona en registros de morosidad y tiene que recurrir a los prestamistas de capital privado para salir de esos registros, normalmente solicitando cantidades pequeñas. La firma del préstamo suele ser con garantía hipotecaria y ante notario. Cuando finalmente el interesado recoge la escritura es cuando se dará cuenta de que aparece una cifra muy superior a la recibida, con unos intereses de demora muy elevados y unas condiciones que no tienen nada que ver con las convenidas.

Rafa se quejó de que las denuncias judiciales en muchos casos no son siquiera investigadas y criticó la pasividad de la fiscalía. Resaltó la paradoja de que nuestra Justicia, "que es lenta para resolver, es muy rápida para embargar". Denunció también la inacción de la Hacienda Pública "ante unas operaciones que sirven para blanqueo de dinero y evasión de impuestos". Aseguró que por eso nació ADEVIF como asociación, para unir a los afectados y poder denunciar públicamente.

Luego habló Belén Martínez, otra afectada e integrante de la Junta Directiva de la asociación. Aclaró que no estamos ante una cuestión económica, sino de derechos humanos. Recordó que estas tramas ejecutan las supuestas deudas "ejerciendo sus supuestos derechos, pero nadie comprueba si cumplen sus deberes, a pesar de estar denunciadas". Unas denuncias que ponen el acento especialmente en ese capital formal que en realidad no se entrega íntegramente.

Se quejó de que la falta de respuesta legal y judicial implica una "doble victimización de los más vulnerables". Dio cuenta a la comisión de injusticias como que "se han subastado viviendas por el valor de un vehículo" por parte de estas redes que "parece que campan a sus anchas en los juzgados". La reflexión de esta afectada es que, "con lo que nos ha costado tener un Estado de Derecho, no podemos dejar las cosas así, simplemente porque 'a mí no me ha tocado'", puesto que entonces abandonamos a su suerte a "la población  más vulnerable". Reclamó un mayor compromiso político: "Aquí hay unas instituciones, sois nuestros representantes, supranacionalmente también hay organismos que velan por los derechos fundamentales... Recoged nuestra queja, por favor".

Me tocó cerrar esta exposición inicial y, en primer lugar, intenté explicar cuál es el origen de esta situación: "Cuando en España se ha ido cerrando el grifo del crédito bancario, especialmente para pymes y particulares, han proliferado empresas financieras y prestamistas de capital privado. Esto -que en otros países funciona bien y es una alternativa para aquellas personas que por algún motivo no pueden tener acceso al crédito bancario- en España se mueve en medio de la ley de la selva".

Recordé que en 2009 se regularon por vez primera estas prácticas, pero con un texto legal claramente insuficiente y, aún hoy, con un alto grado de incumplimiento que "se puede constatar simplemente con asomarse a las webs que ofrecen dinero". Señalé una vez más que el registro estatal creado por la ley sigue cinco años después sin poder ser consultado y con un mensaje de que está en fase de desarollo. "Mientras los bancos están sometidos al Banco de España y algunas empresas de inversión a la CNMV, el sector del crédito no bancario está sometido a los organismos de consumo, que realmente no están ejerciendo un control de oficio", afirmé.

Pero más allá de los abusos e incumplimientos que están denunciando las organizaciones de consumidores, existe otro fenómeno aún más grave, que constituye el objeto de la asociación que comparecía ante el parlamento aragonés: aquellos casos que entran en el ámbito de lo penal, "en los que se produce literalmente un delito de estafa". Entre ellos, destaqué dos: las ventas de viviendas en la creencia de que se están aportando como garantía de un préstamo, y las hipotecas cambiarias en las que se firma de capital muy superior al realmente recibido.

Una vez más tuve que explicar que, aunque así enunciado pueda parecer un engaño burdo, relamente estamos ante una operativa minuciosamente diseñada en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Así lo pone de manifiesto el testimonio coincidente de centenares de personas de diversas procedencias.

Gracias a la labor asociativa y a las redes sociales y al apoyo que hemos dado algunos profesionales, este fenómeno "tan desconocido pero de gran alcance y en el que han operado redes delictivas con gran impunidad" va superando poco a poco la invisibilidad y ha tenido relevancia mediática, ha merecido recientemente atención del Consejo General del Notariado y parece que de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para mí, el reto que toca ahora es implicar al Ministerio Fiscal, que tendría que impulsar las investigaciones judiciales, así como a la Agencia Tributaria "porque no sólo estafan a las víctimas, nos estafan a todos en estas operaciones opacas".

Dije que erea consciente de la limitación de las competencias autonómicas en la materia, pero realicé tres peticiones concretas a los diputados aragoneses:

- Impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2009 en el ámbito autonómico y, en particular, la posibilidad de creación de un registro de prestamistas en Aragón, pero "que sirva para algo, no sea sólo más burocracia", que se haga "para lograr mayor transparencia y ejercer mayor control".

- Conseguir que el Gobierno de Aragón ejerza sus competencias en materia de consumo realizando operaciones de oficio sobre estas tramas con apariencia legal.

- Y favorecer la interlocución con los representantes de sus mismos partidos en Madrid, para que se escuche también a los afectados en las Cortes Generales.

El objetivo final ha de ser "la reparación de las víctimas" pero también "la prevención de nuevos dramas familiares".

Seguidamente tuvo lugar un turno de intervenciones de los distintos grupos con representación en la cámara.

En primer lugar, Luis Ángel Romero, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión, aseguró que "cuando uno cree que lo ha visto todo, nos encontramos con cosas como las que se han relatado". Reconoció que la primera vez que escuchó hablar de estos hechos lo recibió con cierta incredulidad, pero que "cuando entras a conocer en profundidad la actuación de ciertos prestamistas y ciertas operaciones, te das cuenta de que existe una realidad que la sociedad desconoce".  "Estamos hablando de personas que recurren a estas fórmulas para financiarse y se encuentran con un modus operandi inaceptable". Para el parlamentario de IU-Aragón, "hay leyes aprobadas que no se cumplen y es increible que, ante esta situación, no actúe de oficio el Ministerio Fiscal". Valoró positivamente la comparecencia de personas que  "han venido aquí para decirnos que se sienten engañadas, que no son los únicos sino que en Aragón y en otras comunidades autónomas hay muchas familias en la misma situación, y que han creado una asociación para sensibilizar a la sociedad de este problema y conseguir que los poderes públicos y la Justicia actúen". Anunció por ello la presentación de una Proposición no de Ley para pedir que se atiendan las reinvidicaciones que yo acababa de formular.

José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, nos agradeció que hubiéramos mostrado "las cloacas del sistema pseudofinanciero, que campan a sus anchas y se ceban con los más desfavorecidos". Expresó su deseo de que la exposición en las Cortes aragonesas de este problema poco conocido "no sólo sirva para remover la conciencia de los diputados sino como altavoz para que la sociedad lo conozca". Calificó de "indecente" la actuación "de un culpable, el prestamista", pero también rechazó la conducta "de muchos cómplices, como algunos notarios", así como la "inacción del Ministerio Fiscal y de la Justicia". El diputado de CHA considera que la ley de 2009 situó en notarios y registradores el control de la legalidad pero sin habilitar instrumentos para ello y cree que "no funciona", con independencia de que "lo que ocurre en algunas notarías no es casual". Manifestó también su compromiso con una causa "que también es la nuestra" y anunció igualmente su voluntad de impulsar las medidas posibles: "Que lo poco que hay al menos se cumpla". 

Manuel Blasco, del PAR, consideró que a pesar de las referencias a las leyes y a la necesidad de control, "estamos hablando de tramas financieras ilegales" que buscan las fórmulas para conseguir un "incumplimiento flagrante de la ley" y que lamentablemente "van un paso por delante" de ésta. Es un fenómeno que trasciende el ámbito político y que hay que situar sobre todo en la esfera penal. Mostró su extrañeza ante lo manifestado por ADEVIF respecto a la actuación de concretos notarios y a la falta de respuesta del Ministerio Fiscal. Se pronunció a favor de impulsar las medidas necesarias en el marco de las competencias autonómicas, aunque cree que la respuesta principalmente tendrá que venir de la Justicia.

Por el Grupo Socialista intervino Victoria Broto, quien nos agradeció "traer a esta cámara el drama que sufren muchos ciudadanos", pues cree que la Comisión precisamente sirve "para que no queden en el olvido muchos problemas". Expresó su felicitación por la creación de una asociación de afectados y por la labor de difusión en los medios informativos y las restantes actividades. Coincidió en que "la crisis y la falta de trabajo hace que las familias busquen soluciones a sus problemas económicos y se encuentren con unos desalmados que forman tramas financieras ilegales". "Aquí hemos hablado en otras ocasiones de hipotecas, de desahucios, etc., pero ahora estamos ante un paso más -precisó-, no nos confundamos, estamos ante un engaño delictivo". Por ello, "hay que hacer cumplir la ley y perseguir a aquellas empresas que, con apariencia legal y con estrategias muy pensadas, burlan los mecanismos de control". 

Finalmente, Ramón Celma, del Grupo Popular, reconoció que estaba "desconcertado" porque inicialmente pensaba que la reforma en materia de protección a los deudores hipotecarios podría dar respuesta a estas situaciones, pero se había encontrado con la descripción de una realidad que va mucho más allá. Dio por hecho que estaríamos "ante situaciones excepcionales" -luego Belén le sacaría de su error-. Finalmente mostró su disposición a colaborar en dar respuesta a las peticiones formuladas por los afectados y consideró positivo que se mantenga alguna entrevista con el Director General de Consumo del Gobierno de Aragón.

En la contestación a los portavoces parlamentarios, el presidente de ADEVIF, Rafa, explicó que a veces los datos a los prestamistas privados les llegan por parte de empleados de los propios bancos. Y aseguró que hay abogados vinculados a los partidos políticos defendiendo a algunos de estos estafadores, por lo que pidió a los grupos que lo eviten.

Belén Martínez contestó al portavoz del PP aclarando que no son casos excepcionales, sino muy numerosos. Precisó que en las notarías no se da fe de la cantidad recibida. Y que ADEVIF ha formulado denuncias "con nombres y apellidos". Agradeció la acogida de la cámara: "Nos hemos sentido muy arropados" y recordó que los mecanismos legales, para funcionar, "tienen que estar activos y en alerta".

Cerré la comparecencia explicándole al diputado del PAR que a veces los controles administrativos también dificultan la comisión del delito. Precisé que el objetivo último de estas tramas no es cobrar, sino que siempre es apoderarse de un inmueble con un desembolso real irrisorio. Y que los tres ejes del modus operandi son un capital declarado superior al realmente recibido, unos intereses de demora abusivos en torno al 29 %, y una valoración muy baja del inmueble sin tasación profesional. Pedí que "si es verdad que los delincuentes van un paso por delante de la ley, al menos no seamos nosotros quienes nos quedemos diez pasos por detrás en la respuesta legal" y manifesté mi deseo de que "no termine ahora este diálogo enriquecedor, sino que haya empezado hoy". 

(Fotografías de La Aljafería del autor. Fotografías de la comparecencia: José Ignacio Pérez Veintemilla/Cortes de Aragón)
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Algunas reseñas de esta comparecencia publicadas en otros medios:

- Las estafas hipotecarias, a debate en las Cortes de Aragón y el ICAM. Lawyerpress.com, 21.03.14
- Los afectados de estafas hipotecarias reclaman mayor implicación de Fiscalía. Comunicado de las Cortes de Aragón, 25.03.14.
- ADEVIF propone crear un registro autonómico de prestamistas. Nota de Europa Press Aragón, 25.03.14.
- Tolerancia cero con las estafas por préstamos hipotecarios. Lawyerpress.com, 26.03.14.
- ADEVIF denunció ante las Cortes de Aragón las estafas de prestamistas. Blog de ADEVIF, 05.04.14.

Impresiones tras el fallecimiento en sede judicial de un Juez de lo Social de Madrid

Publicado en Gente Digital 05.07.13

UN SERVICIO SANITARIO URGENTE, TAMBIÉN PARA VÍCTIMAS E INCLUSO CONDENADOS

Patricia Costa

Lourdes tiene el potasio bajo fruto de un trastorno alimenticio y, según los expertos, una alta probabilidad de sufrir un infarto. Esta mañana se enfrenta por primera vez a su agresor en los juzgados de Plaza de Castilla, el hombre que presuntamente la violó hace varios meses. Le acompaña de forma altruista Ana Gutiérrez Salegui, psicóloga forense. En la audiencia previa, Lourdes sufrió un desmayo y Ana teme que hoy pueda atravesar una crisis de ansiedad. Todavía no está preparada para verle la cara. Por este motivo, y previa presentación del informe médico de su paciente, Gutiérrez Salegui ha solicitado que en el juicio se movilice a una ambulacia del SAMUR. Prefiere prevenir. Lamentablemente, el juez Ángel Luis del Olmo, fallecido el pasado 2 de julio a causa de un infarto mientras trabajaba, no tuvo esta opción. Ni en el Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, en la calle Princesa, donde Del Olmo perdió la vida, ni en Plaza de Castilla cuentan con servicios sanitarios o desfibriladores para atender situaciones de urgencia, según indican los propios trabajadores. Al caso de este magistrado, de 58 años, se suma la presunta tardanza de la ambulancia, 40 minutos dicen unos, 16 asegura SUMMA 112. Un perito forense que se encontraba en el juzgado asistió a Ángel Luis en un primer momento, pero de nada sirvió la reanimación.

800 EUROS LA AMBULANCIA

"Movilizar a una ambulancia cuesta unos 800 euros. Teniendo en cuenta que los juzgados funcionan más o menos de 9 a 15 horas, sería más barato que tuviese un servicio médico fijo", opina Salegui. Con ella coincide otra persona que frecuenta los juzgados, el abogado Carlos Javier Galán. "No sé si sería viable por la dispersión actual de las sedes judiciales, pero creo que debería existir ese servicio especialmente en los juzgados de lo penal, donde se tratan temas como la violencia machista o las agresiones sexuales, situaciones más complejas y conflictivas", apunta. Sin embargo, subraya, "hay que ir a las causas de lo que le ha ocurrido a este juez. La actual carga de trabajo en los juzgados y la escasez de medios es intolerable".

MÁS CRISIS, MÁS LITIGIOS, MÁS ESTRÉS

A raíz de la muerte del juez Del Olmo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó dirigirse a la Comunidad de Madrid, a fin de que lleve a cabo, "a la mayor brevedad posible, la implantación de las medidas necesarias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en los edificios judiciales". El Ejecutivo regional aclaró que no está obligado por ley a tener desfibriladores en el edificio donde falleció el magistrado, el Juzgado de lo Social número 25. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales denunció la escasez de medios y la situación de estrés a la que se enfrentan jueces y fiscales debido al incremento de la litigiosidad derivada de la actual situación económica.