¿Puede el empresario controlar el correo electrónico del trabajador?

Artículo publicado en ¿Hay Derecho?, 19.11.13 

Portada del diario El País del pasado 10 de octubre: “El Constitucional avala que la empresa vigile el correo del trabajador”. Portada de ABC: “El TC avala que la empresa controle el email corporativo de sus trabajadores”. Portada de La Vanguardia, a cinco columnas: “El TC avala que el jefe vigile los correos de sus empleados”… ¿Era para tanto? En mi opinión, no. De hecho, el Tribunal Constitucional ya había legitimado ese control empresarial de las comunicaciones de los trabajadores, siempre en determinadas circunstancias y con ciertos requisitos. La reciente sentencia de 7 de octubre de 2013, contiene, sin duda, alguna novedad reseñable, pero no me parece que, por su alcance real, mereciera tal relevancia mediática.
 
El 26 de septiembre de 2007, el Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, fijó su posición sobre la revisión empresarial del ordenador: “Se trata de medios que son propiedad de la empresa y que ésta facilita al trabajador para utilizarlos en el cumplimiento de la prestación laboral, por lo que esa utilización queda dentro del ámbito del poder de vigilancia del empresario”. Ello implica que pueda adoptar medidas de comprobación de la observancia de los deberes laborales, siempre dentro del respeto a la dignidad del empleado.
 
El Supremo negó que las restrictivas normas que rigen el registro de las pertenencias del trabajador (artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores) fueran también aplicables al acceso al contenido de los equipos informáticos de la empresa porque “tanto la persona del trabajador, como sus efectos personales y la taquilla forman parte de la esfera privada de aquél y quedan fuera del ámbito de ejecución del contrato de trabajo” al que se extiende el poder empresarial. Por el contrario, “las medidas de control sobre los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores se encuentran, en principio, dentro del ámbito normal de esos poderes: el ordenador es un instrumento de producción del que es titular el empresario (…) y éste tiene, por tanto, facultades de control de la utilización, que incluyen lógicamente su examen”. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede con la taquilla o las pertenencias del empleado, “con el ordenador se ejecuta la prestación de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en él su correcto cumplimiento”.
 
El control del contenido de los equipos informáticos deriva, pues, del poder de dirección empresarial (artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores), pero puede colisionar con el derecho a la intimidad cuando “existe un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores”. Eso genera una expectativa de confidencialidad, que el Supremo estima que “no puede ser desconocida”, pero que tampoco puede “convertirse en un impedimento permanente del control empresarial, porque, aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad, no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por ésta para su uso”. 
 
El TS apunta así a una fórmula para que ese control empresarial sea admisible: “Lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos”. De esta manera, cuando el medio se utilice en contra de tales prohibiciones y con conocimiento por parte del trabajador de las medidas aplicables, “no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado una expectativa razonable de intimidad”.
 
En su sentencia 241/2012, de 17 de diciembre, el Tribunal Constitucional ya tuvo oportunidad de referirse a las “cuentas de correo electrónico asignadas por la empresa a los trabajadores”. Consideró que “el ejercicio de la potestad de vigilancia o control empresarial sobre tales elementos resulta limitada por la vigencia de los derechos fundamentales” pero que, a estos efectos, es determinante la existencia de normas establecidas por la propia empresa: “Los grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control son variables en función de la propia configuración de las condiciones de disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin”. En aquella ocasión como ha sucedido ahora, ya se denegó el amparo a la recurrente: el Constitucional entendió que, al acceder a las comunicaciones que ésta realizó a través de un programa de mensajería electrónica, no se habían vulnerado sus derechos fundamentales, porque previamente la empresa había dictado normas de uso, que habían resultado infringidas por la trabajadora. 
 
¿Cuál es, entonces, la principal novedad de la reciente sentencia sobre la materia? Pues, sobre todo, que, en el caso ahora enjuiciado, la prohibición de uso del correo electrónico para fines extraprofesionales –de la que se deriva la posibilidad empresarial de su control- no se había establecido en normas internas y explícitas que la propia empresa hubiera comunicado al trabajador, sino que se hallaba contenida en el convenio colectivo del sector.
 
En efecto, el convenio de la industria química sancionaba como falta leve la “utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, intranet, internet, etc.) para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral”.
 
La tipificación de esta infracción es lo que permite al Tribunal Constitucional, dado el “carácter vinculante de esta regulación colectivamente pactada”, concluir que “regía en la empresa una prohibición expresa de uso extralaboral, no constando que dicha prohibición hubiera sido atenuada por la entidad”. Y precisamente de esa prohibición se deduce la legitimidad del “poder de control de la empresa sobre las herramientas informáticas de titularidad empresarial puestas a disposición de los trabajadores”, con una doble finalidad: “vigilar el cumplimiento de la prestación laboral realizada a través del uso profesional de estos instrumentos” y “fiscalizar que su utilización no se destinaba a fines personales o ajenos al contenido propio de su prestación de trabajo”. 
 
Esto implica, para el TC, que no se vulnera el secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la Constitución), puesto que “no podía existir una expectativa fundada y razonable de confidencialidad respecto al conocimiento de las comunicaciones mantenidas por el trabajador a través de la cuenta de correo proporcionada por la empresa y que habían quedado registradas en el ordenador de propiedad empresarial”, puesto que esa “expresa prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico (…) llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar su utilización”. 
 
Tampoco se vulnera otro derecho constitucional, el de la intimidad personal (artículo 18.1), puesto que no se puede entender que “el trabajador contara con una expectativa razonable de privacidad respecto a sus correos electrónicos registrados en el ordenador de la entidad empresarial”, por el mismo motivo: la prohibición del uso del email para fines extraprofesionales contenida en el convenio impediría “considerar que su utilización quedara al margen del control empresarial”. 
 
Por lo demás, el Tribunal no hace sino aplicar al caso concreto sometido a su análisis la doctrina en materia de proporcionalidad de medidas restrictivas de derechos fundamentales. Y concluye que la actuación de la empresa está justificada (“su práctica se fundó en la existencia de sospechas de un comportamiento irregular del trabajador”) y que supera los juicios de idoneidad (permitía conseguir el objetivo de “verificar si el trabajador cometía efectivamente la irregularidad sospechada”), de necesidad (el contenido de los correos electrónico era preciso como “prueba ante la eventual impugnación judicial de la sanción empresarial”) y de ponderación (se realizó con la garantía de intervención de un notario y de un perito informático, y se aportaron a juicio únicamente correos que transmitían a terceros información confidencial de la empresa, sin ningún contenido personal del trabajador).
 
En definitiva, no es nueva la posibilidad de control empresarial del correo electrónico, como no es nuevo que éste no puede producirse en cualquier caso y que no es ilimitado. Su ejercicio sigue exigiendo la previa existencia de normas expresas que impidan que el trabajador albergue expectativas razonables de privacidad en las comunicaciones establecidas a través del email corporativo y que habiliten las posibles medidas de control. La novedad de este pronunciamiento es que el TC no sólo admite que tales normas hayan sido establecidas por la propia empresa, sino también que se deriven del convenio colectivo aplicable. No es un caso especialmente frecuente la existencia de regla expresa de este tipo en los convenios, pero, cuando así sea, habrá de ser tenido en cuenta este criterio por parte de empresarios y trabajadores.

Sobre la sentencia de nulidad del ERE de Radiotelevisión Valenciana

Artículo publicado en Lawyerpress, 11.11.13
 
La reciente sentencia sobre el expediente de despido colectivo de Radiotelevisión Valenciana, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, provocó la inmediata reacción del presidente autonómico, anunciando públicamente el cierre empresarial. La desafortunada y demagógica dicotomía planteada por Alberto Fabra -“no seré yo quien cierre un colegio o un hospital para mantener RTVV”- es, cuando menos, algo tramposa. Antes de presentar como consecuencia de la nulidad del ERE el cierre de hospitales (paradójicamente en la región donde nació el modelo Alzira para privatizar su gestión), hay un extenso recorrido de posibilidades de ahorro público. Máxime en una comunidad que, durante años, no ha brillado precisamente por la austeridad en la gestión, por el rigor a la hora de planificar y ejecutar infraestructuras, ni por la honradez en el manejo de fondos públicos.
 
RTVV, con la plantilla y configuración que tenía, no ha caído del cielo: es fruto de la voluntad política de los gobernantes autonómicos. Tampoco la sentencia contra su ERE es una especie de fenómeno meteorológico inevitable: la resolución judicial analiza, a la luz de la legalidad, unas concretas decisiones políticas y empresariales y el procedimiento para llevarlas a efecto, concluyendo que las cosas se han hecho mal. De ello no son culpables los profesionales de la casa, que sí han cumplido con su deber. En lugar de intentar que la opinión pública se vuelva contra los trabajadores que han defendido en los tribunales sus legítimos derechos, tal vez deberían practicar cierta autocrítica los responsables políticos de la comunidad, los gestores del ente y los asesores de todos ellos.

Que un despido colectivo se declare no ajustado a Derecho por motivos de fondo es frecuente, dado que se trata de una cuestión compleja y con amplio margen valorativo para los tribunales. Pero que un despido colectivo se declare nulo no es tan usual, sobre todo desde que las reformas legales han limitado las causas. Hoy, de acuerdo con el artículo 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el despido colectivo es nulo “únicamente” cuando el empresario no haya cumplido con el período de consultas preceptivo, no haya entregado la documentación obligatoria, o vulnere derechos fundamentales y libertades públicas de los trabajadores. Todas las demás infracciones legales, así como la falta de acreditación de la causa, se reconducen a la declaración de improcedencia, pero no constituyen motivo de nulidad.
 
A pesar de esa acotación, el Tribunal Superior de Justicia no concluye simplemente que el ERE de RTVV no sea ajustado a Derecho, sino que lo declara nulo. Y, además, por incurrir, no en uno, sino en los tres motivos citados.
 
Sorprende, en primer lugar, que, en un expediente de este alcance y consecuencias, ni tan siquiera se entregase toda la documentación preceptiva. El Reglamento, aprobado por Real Decreto 801/2011 de 10 de junio, es claro al exigir que, entre la información que se facilite, esté la “relación nominativa de los trabajadores afectados o, en su defecto, concreción de los criterios tenidos en cuenta para designar a los mismos”. Pues bien, RTVV no aportó el listado nominativo ni con la comunicación inicial, ni luego durante el período de consultas, ni siquiera en el propio juicio cuando fue requerida para ello expresamente por la secretaría del TSJ. Y la fijación de criterios se despachó estableciendo como tales “la adscripción del puesto de trabajo que viniera a ser afectado por su eliminación o redimensionamiento” con referencias también a la experiencia, la formación, la polivalencia funcional, las buenas prácticas, la excedencia, el menor absentismo, el mayor coste salarial o las aptitudes de gestión de equipo y habilidades de interacción social. El órgano judicial considera que, así expuestos, resultaban “ambiguos, subjetivos y genéricos”, lo que dificultaba su negociación y generaba inseguridad jurídica en su aplicación práctica. La utilización de la adscripción a un puesto como criterio de despido permitía, “dada la movilidad aplicada por la demandada a toda la plantilla”, que bastase con cambiar a un trabajador de puesto para liberarle de la extinción o, por el contrario, para afectarle, alterándose con ello la pretendida objetividad. Pero es que, además, tales criterios se modifican unilateralmente por la empresa a la hora de adoptar la decisión final, estableciendo otros distintos: en el Ente Público el primero sería el de ingreso mediante oposición, mientras que en las sociedades mercantiles públicas ese mismo criterio pasaba al octavo lugar, una diferencia que el Tribunal no encuentra justificada, porque en ambos casos el acceso se había producido mediante pruebas selectivas.
 
Aunque formalmente se desarrolló periodo de consultas con los trabajadores, para el TSJ valenciano fue un simple trámite sin contenido real. El órgano judicial recuerda que la ley obliga a que verse “sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento” así como que “las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo”. En este caso, a juicio del tribunal, las consultas venían condicionadas por un resultado predeterminado, el de llegar al proyecto de externalización de servicios definido en el informe de PwC, del que además se ocultó inicialmente una parte. Ninguna de las medidas alternativas planteadas por la representación de los trabajadores -prejubilaciones, bajas incentivadas, reducciones de jornada, suspensiones de contrato, reducciones del salario, etc.- mereció la menor consideración por parte de la representación empresarial. La propuesta inicial se convirtió en definitiva porque “los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano” y “no había margen alguno para aceptar (…) otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fuera el despido de más del 70 % de la plantilla”.
 
Finalmente, nuevos cambios en los trabajadores afectados y en los criterios tomados en cuenta supusieron una vulneración del derecho fundamental a la igualdad. Una vez confeccionados los listados del personal afectado por el ERE de acuerdo con los criterios enunciados, se produjeron posteriores alteraciones “no por la existencia de errores –lógicos y explicables ante el voluminoso número de afectados-“ en la aplicación de los criterios aprobados, sino por la definición de otros criterios diferentes. Así, se afectó a 7 personas que no estaban inicialmente incluidas; se excluyó a 8 locutores por protagonizar los programas radiofónicos de mayor audiencia; se pospuso en el tiempo la extinción de contrato de otros 67 trabajadores superando el plazo máximo del propio expediente; se desafectó a una trabajadora por discapacidad auditiva, a otro por tener carnet de conducir B, a otros 7 por tener hijos discapacitados a su cargo, etc. … Sin entrar a valorar la justificación de esos motivos, dice el TSJ que algunos trabajadores se vieron favorecidos por la alteración de los listados y de los criterios, pero otros se vieron privados del mismo beneficio al haber sido ya previamente despedidos. Esto hace que el tribunal aprecie vulneración del principio de igualdad previsto en el art. 14 de la Constitución española, lo que conduce a la nulidad del expediente, que fue respaldada hasta por el propio Ministerio Fiscal.

Mercedes Fórmica: 60 años de un artículo que cambió la situación legal de la mujer española

La reciente Cumbre de Mujeres Juristas, celebrada con éxito en el Colegio de Abogados de Madrid, señaló el camino que aún queda por recorrer para que la mujer esté representada en los niveles superiores de la judicatura y en los cargos de libre designación del mundo del Derecho, pero no olvidó reconocer en su manifiesto los avances registrados durante la segunda mitad del siglo XX.

La semana pasada se cumplieron sesenta años desde que vio la luz, en el diario ABC, un artículo que estaría destinado a provocar un cambio legislativo, sin duda insuficiente, pero de gran trascendencia para la mujer española de la época.

Su autora, Mercedes Fórmica, había nacido en Cádiz en 1913 (estamos, pues, en el año de su centenario). En 1932 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, donde sólo otra mujer compartía aula. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó a Madrid, donde siguió sus estudios en la Universidad Complutense. Enfermó en el curso 1934-35 y su familia marchó a vivir a Málaga, interrumpiendo la carrera en el cuarto año. Tiempo después, retomaría los estudios y su viejo deseo de autosuficiencia económica. Se doctoró en Filosofía y Letras y, en 1948, se licenció en Derecho.

Su voluntad de ingresar en la Escuela Diplomática se ve impedida por un requisito de imposible cumplimiento. “Ser varón, mayor de edad y menor de treinta y tres años. Tener nacionalidad española de origen. No estar casado con extranjera. Poseer título de Licenciado en Derecho o Ciencias Políticas y Económicas”, exigía la convocatoria publicada en el BOE de 10 de octubre de 1949. Mercedes se topa de frente con el retroceso jurídico que el franquismo suponía para la mujer española respecto a la II República: “A la mujer se le admitía en la Universidad –escribió años después- pero a la hora de hacer valer su título le pedían que se convirtiese en hombre”.

Decide entonces darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid. No fueron fáciles sus comienzos. Intentó la pasantía en un bufete, donde le sugirieron que su mera presencia podía resultar “perturbadora”. En otros despachos tampoco fue aceptada, a pesar de recomendaciones de amigas y colaboradoras. Comenzó a ejercer por su cuenta y a atender los asuntos que le asignaban en el turno de oficio.

Así llega a la mesa de su despacho el caso de Antonia Pernía. Apuñalada brutalmente por su marido, había sobrevivido milagrosamente. No era la primera vez que resultaba agredida por el esposo, pero no había podido separarse: hubiera sido privada de la convivencia con sus hijos, expulsada de su casa y quedado sin recursos, pues la mujer estaba excluida de la administración de los bienes gananciales.

La ley procesal vigente consideraba la vivienda familiar como “casa del marido”, de forma que la mujer que solicitara la separación –por muy justificado que fuese el motivo- debía abandonarla para ser “depositada” en el domicilio de sus padres, de terceras personas o incluso en un convento, mientras se resolvía la controversia. La separación la resolvían los tribunales eclesiásticos determinando, normalmente varios años después, si la causa alegada era justificada o no, y concediendo la separación o, por el contrario, obligando a reunirse de nuevo al matrimonio, en cuyo caso no resulta difícil imaginar en qué situación quedaba la mujer.

Mercedes escribió para el ABC dirigido por Luis Calvo un artículo, El domicilio conyugal, denunciando esta situación. El texto sufrió una retención por parte de la censura hasta que el 7 de noviembre de 1953 pudo ver por fin la luz. Lo firmaba: Mercedes Fórmica, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Tras la publicación, se generó un intenso debate y, durante semanas, el periódico recibía decenas de cartas diarias. Se escribieron numerosos textos de opinión acerca de la polémica suscitada. Pronto el rotativo madrileño publicó también una encuesta realizada entre prestigiosos juristas, como Ramón Serrano Suñer, Antonio Hernández Gil, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, José María Ruiz Gallardón, Alfonso García Valdecasas, Joaquín Calvo Sotelo y una extensa lista. El debate iniciado por Mercedes Fórmica trascendió nuestras fronteras: el británico Dayly Telegraph, la revista norteamericana Time, el diario argentino La Prensa, periódicos alemanes, suizos, daneses, suecos, y de varios países de Iberoamérica se hicieron eco… La revista Holiday la cita como una de las cuatro mujeres más destacadas del año. La reportera Inge Morath (de la agencia Magnus Capa, colaboradora de Life, Vogue o París Match entre otras) viajó a Madrid para conocer y fotografíar a Mercedes. Hasta el semanario clandestino de la CNT reseñó la “interesante cuestión” planteada por la abogada.

Mercedes Fórmica consideró que, para lograr su propósito de impulsar una reforma legal en estos aspectos, debía optar por un criterio práctico y obrar con cautela, pues los sectores más cerrados del régimen sospechaban que se trataba de una maniobra izquierdista para restaurar el divorcio. Planeó una entrevista con Franco y, para disipar recelos, la solicitó a través de la Sección Femenina y se hizo acompañar por un sacerdote letrado. El dictador se mostró receptivo a algunas cuestiones e instó a la abogada a reunirse con el Ministro de Justicia. Mercedes visitó a Iturmendi esa misma mañana y le dijo con desparpajo “quiero que sepa que soy muy pesada, pesadísima” y le aseguró que insistiría “hasta que consiga el cambio”. “Sería magnífico –le sugirió- que usted recibiera la gratitud de tantas mujeres”.

Mercedes continuó dando conferencias, concediendo entrevistas y escribiendo artículos. En 1954, el propio presidente del Tribunal Supremo, José Castán Tobeñas, hizo referencia, en la apertura del año judicial, a las reclamaciones planteadas por la abogada y escritora. En 1956, a raíz de otro caso legal, retomó con intensidad su campaña.

En 1958 llegó por fin la ansiada reforma legal, la más extensa desde la promulgación del Código Civil, y que afectó a la redacción de más de sesenta artículos. Un periódico usó el término “reformica” para referirse a aquella modificación legislativa, jugando con el apellido de su promotora y apuntando a la vez lo limitado de la misma. Pero no habría que caer en el error de minusvalorar lo que supuso en la práctica para millones de mujeres españolas de la época. Ciertamente, no cambiaba la visión de la autoridad del marido sobre la familia, pero sí se amplió la capacidad de obrar de la mujer, se sustituyó el concepto jurídico de casa del marido por vivienda familiar con posibilidad de atribución judicial a la esposa, desapareció la denigrante institución del "depósito" de la mujer separada, se modificó el régimen de custodia de los hijos en caso de separación, se comenzó a exigir consentimiento de la esposa y no sólo del marido para disponer de los bienes gananciales, se equiparó el tratamiento legal del adulterio del varón al de la mujer, se suprimió la pérdida de patria potestad de la viuda que contraía nuevas nupcias... y cambiaron otras muchas y variadas disposiciones que hoy nos suenan aberrantes, pero que en los años cincuenta ni siquiera se discutían y sólo el empeño de una mujer consiguió colocar en el centro del debate social.

¿Por qué se ha condenado al olvido a Mercedes Fórmica? No me cabe duda de que ha sido por su adscripción política, que resulta antipática a derecha e izquierda. Mercedes se afilió a la Falange fundacional en su época universitaria y nunca se apeó de su admiración por José Antonio, al que había tratado personalmente. Tras su fusilamiento, se mostró contraria a que se manipulasen por el incipiente régimen franquista "unas ideas en trance de formación, para desvirtuarlas, sabiendo que los que detentaban el poder no creían en ellas”. En el primer tomo de sus memorias se muestra rotunda: “Confundir el pensamiento de José Antonio con los intereses de la extrema derecha es algo que llega a pudrir la sangre. Fue la extrema derecha quien le condenó a muerte civil, en espera de la muerte física, que a su juicio merecía".

Pero daría absolutamente igual la adscripción política de Mercedes o el juicio que ésta merezca a cada cual. Si no viviéramos en un país tan sectario, tendría que ser reconocida como una figura que luchó innegablemente por mejorar la situación femenina en España. Y que consiguió algunos frutos nada desdeñables, con repercusión práctica positiva en la vida de muchas mujeres, dos décadas antes de que nuestro ordenamiento proclamase la plena igualdad jurídica.

Aparte de esta batalla legal, Mercedes Fórmica desarrolló una intensa labor cultural, dirigiendo la revista Medina o editando la colección divulgativa La novela del sábado. Como escritora publicó obras narrativas como Bodoque (Revista de Occidente, 1945), Monte de Sancha (Luis de Caralt, 1950; reeditada en 1999 por El Aguacero), La Ciudad perdida (Luis de Caralt, 1951) y Collar de ámbar (Caro Raggio, 1989), y biografías históricas como La hija de D. Juan de Austria (Revista de Occidente, 1975), o María de Mendoza (Caro Raggio, 1979). La desigualdad jurídica de la mujer también centró su novela A instancia de parte (Cid, 1955. Reeditada en la Biblioteca de Escritoras de Castalia en 1991), que fue galardonada con el Premio Cid de la Cadena SER por un jurado del que formaban parte Dámaso Alonso, Melchor Fernández Almagro, Dionisio Ridruejo y Carmen Laforet, entre otros.

Escribió sus interesantes recuerdos en La infancia (publicado por la Junta de Andalucía en 1987) y en la trilogía Pequeña historia de ayer, formada por los tomos Visto y Vivido (Planeta, 1982), Escucho el silencio (Planeta, 1983) y Espejo Roto y Espejuelos (Huerga y Fierro, 1998). Los dos tomos que publicó Planeta en los ochenta se han reeditado ahora agrupados en un solo volumen por la editorial Renacimiento bajo el título Memorias (1931-1947).


En los años noventa tuve algún contacto epistolar con Mercedes Fórmica, a raíz de publicar yo una reseña sobre la reedición de su novela A instancia de parte. Le escribí a su casa de Madrid la primera vez para enviarle copia y ella me contestó tiempo después cariñosamente, creo recordar que desde Málaga. En alguna conversación telefónica, nos emplazamos a un encuentro personal que nunca llegó a producirse: se interpuso el implacable Alzheimer.

Mercedes murió en abril de 2002, a los 88 años. No dejó de ser nunca esa mujer inteligente, llena de sentido común, hermosa y amable, que combinaba la elegancia en las formas con la elegancia espiritual. Y fue también durante toda su vida una luchadora, sin aspavientos pero con admirable tenacidad, contra cada injusticia que encontró a su paso.

¿Es legal el buzón de denuncias anónimas de la Inspección de Trabajo?

 
 
Artículo publicado en ¿Hay Derecho?, 30.10.13
 
Este verano, la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciaba en una carta abierta la creación de un buzón en la web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que permite a los ciudadanos comunicar, sin facilitar su identidad, conductas que consideren fraudulentas en el orden social.
 
La puesta en marcha de este buzón electrónico contradice abiertamente, a mi juicio, el artículo 13 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contempla que ésta puede actuar “en virtud de denuncia” pero dispone, con redacción inequívocamente imperativa, que “no se tramitarán las denuncias anónimas”.
 
El Director General de la ITSS, en un comunicado con ecos de excusatio non petita, se apresuró a defender la legalidad del citado buzón.
 
Por un lado, intentaba establecer una diferencia entre la denuncia formal y la comunicación ciudadana sobre actuaciones fraudulentas a través de este nuevo cauce. Pero, una vez más, habrá que recordar la irrelevancia del nomen iuris a estos efectos: las cosas son lo que son, con independencia de cómo la Inspección de Trabajo las quiera llamar.
 
Una denuncia, por definición, es la comunicación que un ciudadano hace ante las autoridades o la Justicia sobre un hecho que constituye infracción de una norma. Y eso, y no otra cosa, es lo que se lleva a cabo mediante el buzón electrónico de la ITSS.
 
¿En qué se basa la Inspección para decir que no son denuncias? ¿En qué se diferencian una denuncia formal y la puesta en conocimiento que se realiza a través de este buzón?
 
Desde luego, no parece que la forma, es decir, el que se haga en papel impreso o mediante envío telemático, determine la esencia del acto.
 
Tampoco la diferencia estriba en que, en un caso, la denuncia marque el comienzo del procedimiento y en otro no. La Ley establece que la Inspección de Trabajo inicia y desarrolla su actuación “siempre de oficio”, ya sea como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa o en virtud de denuncia.
 
La distinción no podemos encontrarla en que el comunicante anónimo no sea parte en el procedimiento administrativo a que dé lugar esa información que transmite a la ITSS, porque, de acuerdo con la Ley, tampoco podrá el denunciante formal “alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de investigación”.
 
No hallamos, pues, ningún elemento relevante que nos explique cuál es la diferencia entre lo que la Inspección considera formalmente denuncia y la puesta en su conocimiento de infracciones a través del buzón telemático, excepto eso mismo: la denominación que la propia ITSS otorga en cada caso, para así sortear la prohibición legal de anonimato del denunciante.
 
El resto del comunicado hecho público por la Inspección nos tiende una trampa dialéctica muy frecuente: dudar del compromiso con la lucha contra el fraude de quienes tan solo cuestionan la idoneidad del mecanismo elegido. En el debate sobre legalidad, se dedica a argumentar sobre utilidad. Nada que suene a nuevo: detrás está la vieja afirmación de que el fin justifica los medios.
 
Personalmente, creo que los sistemas de delación anónima (muy utilizados en las dictaduras y muy usados en épocas de “caza de brujas”) plantean enormes riesgos: entre otros, satisfacer las venganzas personales en lugar del interés público, posibilitar la comunicación de medias verdades (la peor de las mentiras, asegura el dicho) o dar lugar al uso espurio de instrumentos públicos (“yo denuncio, que algo le encontrarán y, si no, al menos sufrirá la propia incertidumbre que genere la inspección”).
 
Defiendo la denuncia como expresión de implicación y de colaboración ciudadana. Pero siempre desde la responsabilidad. Quien denuncia tiene que asumir que su actuación pone en marcha los recursos humanos y materiales de la maquinaria judicial o administrativa. En el ámbito penal, por ejemplo, la denuncia falsa probada incluso está tipificada como delito.
 
Obviamente, el que la identidad del denunciante haya de ser conocida por la administración, no es incompatible con que sea desconocida para el denunciado. Los funcionarios de la ITSS tienen el deber de considerar confidencial el origen de las denuncias y de no revelar la identidad de los denunciantes a las empresas objeto de inspección.
 
Pero, en todo caso, al margen de mi parecer personal, si el Gobierno cree que es necesario o conveniente implantar un sistema de denuncias anónimas, hágalo. Reforme la ley para establecer, por ejemplo, que si los denunciantes están identificados, las denuncias se investigarán obligatoriamente, siempre que se refieran a materia objeto de la ITSS y no sean manifiestamente infundadas. Y que cabrán también las denuncias anónimas, pero que en este caso no existirá obligación de tramitarlas y sólo se investigarán si, tras un juicio de valor sobre su contenido, así se estima oportuno por parte de la propia Inspección.
 
Lo que no tiene sentido es que se implante y publicite un buzón de denuncias anónimas mientras está en vigor una ley que, de forma inequívoca, excluye esa opción. La frase “no se tramitarán las denuncias anónimas” no parece susceptible de interpretaciones muy diversas.
 
Admítase o no se admita el anonimato en las denuncias, a criterio de quien tenga la responsabilidad de legislar y de gobernar. Pero no se nos quiera hacer comulgar con la rueda de molino de que, aunque la ley prohíba tramitar denuncias anónimas, sí que se puede hacer, siempre que a las denuncias no les llamemos denuncias.
 
Creo en el principio de legalidad. No me parece admisible, ni siquiera aunque obedezca a un buen propósito, que nuestros responsables públicos opten por retorcer las normas hasta acomodarlas a sus pretensiones. Cuentan con la sencilla y correctísima posibilidad de promover su reforma. Pero si no hacen uso de esa posibilidad, tienen entretanto la obligación de hacerlas cumplir. Y de cumplirlas.
 
(Ilustración: la denuncia más presentada en los primeros días de funcionamiento del buzón...).

El prestamista ya tiene un muerto


¿Qué hace un laboralista como tú metido en temas penales?, me preguntan algunos compañeros que me conocen desde hace tiempo.

Supongo que uno es abogado antes que laboralista y que a veces nos toca cumplir una función social a la que no podemos sustraernos. Y, claro está, también uno es persona mucho antes que abogado.

Hace ya unos años un amigo me pidió que le llevara la oposición a una reclamación dineraria contra él ante un Juzgado. Cuando comenzó a explicarme cómo se habían desarrollado los hechos, me di cuenta de que estábamos ni más ni menos que ante una estafa. Una clara estafa. Y que, previsiblemente, ese modus operandi, tan elaborado, que habían utilizado para engañarle a él, estaría siendo usado en muchos más casos.

Tirando del hilo pacientemente, a través de internet y de redes sociales, venciendo muchas desconfianzas y temores, hablando con afectados y con otros abogados… poco a poco fui descubriendo la existencia y la forma de actuar de una trama delictiva que lleva años actuando con absoluta impunidad.

La llevanza de estos casos –ajenos a mis áreas de dedicación habitual y cuyas víctimas son personas con serias dificultades dinerarias- no tiene rentabilidad en lo económico, en contra de lo que el principal imputado y sus cómplices suelen insinuar contra mí. Pero sí me ha enriquecido humanamente, algo que ellos nunca comprenderán o que incluso les provocará risa. Porque me he encontrado a montones de personas que creían que su caso era único y estaban solos; que a veces se resistían a denunciar porque se avergonzaban de haber caído en este engaño; que, como bien explicaba una afectada, estaban doblemente victimizadas: primero por la estafa y luego por el desamparo social, político, administrativo, judicial...; que necesitaban unirse entre ellos, compartir sus experiencias, poner en común información valiosa para todos, darse ánimos. Que necesitaban sentir que alguien creía en ellos y les defendía.

Así fue como conocí a Rafa y su tenaz empeño en sacar adelante la asociación ADEVIF para agrupar a las víctimas de este tipo de delitos, sabedor de que sólo la unión hace la fuerza. Y a Juan, que resiste presiones auténticamente mafiosas por atreverse a ofrecer en su blog, a cara descubierta, información muy útil para afectados de estafas hipotecarias. Y a tantas y tantas personas que, conmigo o con otros compañeros asistiéndoles jurídicamente, están intentando pelear casos indudablemente complicados, de una dificultad probatoria inmensa. Que están procurando, gracias a unos cuantos informadores valientes, romper poco a poco el manto de silencio y complicidad que cubre esta enorme red apenas conocida, en la que el lucro desmedido de ciertos tipos sin escrúpulos ha destrozado la vida a tantas familias.

Y en esto, cuando has compartido tantos momentos de dificultades, de dudas, pero también de pequeñas victorias y, sobre todo, de apoyo y de conocimiento mutuo, cuando ves que gente sumida en auténticos dramas consigue sacar ánimos de quién sabe dónde…, te llega la noticia de que Javier se ha quitado la vida.

Es imposible no sentirse golpeado, por lo irreversible, por la tragedia de una familia rota y un hijo que crecerá sin padre, por tantos porqués como te asaltan en momentos así.

A Javi lo conocí en una reunión de afectados de la Comunidad Valenciana. Compartimos reunión de trabajo y luego amistosa comida. Me llevó en su furgoneta a la estación de tren para que pudiera volver a Madrid. No lo veré más.

El prestamista ya tiene un muerto. No sé si es el primero, tal vez no. Pero es el primero que yo conozco, al que pongo cara, voz y recuerdos. Ni siquiera con una tragedia así podemos apelar a su conciencia, porque dudo de que albergue algo parecido un individuo así, que lleva años haciéndose rico a base de engañar sistemáticamente a personas a las que sabe que arruinará y destrozará la vida.

Es una lucha complicadísima y hasta el momento no tenemos respaldo de nadie, sólo el apoyo mutuo entre los propios afectados. Pero sé de dónde partíamos y sé dónde estamos, y hemos dado pasos importantes. Y no tenemos voluntad de pararnos. No sé si conseguiremos que se haga justicia o no. Pero sí estoy seguro de algo: lo vamos a intentar por todos los medios.

Tenemos centenares de razones para seguir luchando, hasta donde tengamos que llegar. Razones con nombres y apellidos. Y, aunque ya no esté, Javi seguirá siendo cada día una de ellas.

Crónica en Lawyerpress de la presentación de La empresa ante la Inspección de Trabajo

Publicado en Lawyerpress.com, 24.07.13

LA EMPRESA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO HERMANA  EN SU PRESENTACIÓN A JURISTAS Y EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS

El salón de actos del Club 567, en la madrileña calle de Velázquez, se vio desbordado ayer para acoger la presentación de La empresa ante la Inspección de Trabajo, de FC Editorial, el quinto libro jurídico que publica el abogado laboralista y profesor Carlos Javier Galán, director del despacho Alberche Área Jurídica. Entre el numeroso público presente se encontraba la Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, acompañada de dos integrantes de su Junta de Gobierno, Carmen Pérez Andújar y Maite Nadal. No faltaron a la cita destacados nombres de la abogacía madrileña, entre ellos Javier Cremades, que ostenta la presidencia de honor del propio Club Abogados 567. 

Junto al mundo jurídico, el de los RR.HH. y relaciones laborales: se registró también amplia afluencia de responsables de recursos humanos y relaciones laborales de diversos sectores, así como representantes de agrupaciones empresariales -como la Confederación Española de Empresas del Metal, la Confederación Española de Empresas de Economía Social o la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, entre otras- y de los sindicatos CC.OO. y UGT. No faltaron profesionales del ámbito de la mediación, de la comunicación, técnicos de prevención de riesgos laborales, jueces, formadores… y, en definitiva, un amplio abanico de asistentes tanto del mundo jurídico como del ámbito empresarial. 

Abrió el acto Manuel Luna Fernández, miembro del Consejo Asesor del Club anfitrión, quien explicó los fines y actividad de esta entidad y presentó a los oradores. 

Andrés Sánchez de Apellániz, Secretario General de la Confederación Española de Empresas del Metal y actual Director General de su Fundación, destacó la larga trayectoria de colaboración profesional con el autor del libro, Carlos Javier Galán, en el ámbito editorial y de la docencia. Aseguró que ”libros como éste son los que los empresarios queremos tener, manuales prácticos que nos expliquen cómo actuar ante las situaciones que se nos plantean en nuestra labor y, en este caso, cómo afrontar con garantías un proceso inspección de trabajo, que de entrada suele generar muchas inseguridades”. 

Martín Godino, socio director del bufete Sagardoy, intervino en el acto en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA), de la que es también socio el autor del libro. Para este prestigioso letrado, “en España existe una amplia producción editorial de tipo académico, pero son mucho más escasos trabajos como éste, escritos desde la perspectiva de un profesional y con un enfoque claramente práctico”. 

Elogió el interés del volumen en su conjunto pero afirmó que el capítulo titulado Qué puede y qué no puede hacer un inspector le había parecido un ejemplo de claridad expositiva y utilidad. Considera que “existe un gran desconocimiento sobre aquellas funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social diferentes de la vigilancia y de la actuación sancionadora, como es el caso de la mediación, un papel que se pretende potenciar en un futuro inmediato”. 

Por su parte, Yolanda Ramírez, abogada, mediadora y directora de recursos humanos, afirmó, desde su intensa experiencia profesional, que “el día a día en los RR.HH. es muy complicado: las relaciones laborales, los procesos de selección, la formación, las políticas retributivas, los contratos, las nóminas, la seguridad social, los planes de igualdad, la prevención de riesgos laborales, los juicios y un sinfín de cuestiones que, previstas o no previstas, hay que gestionar diariamente. Y, de repente, nos llaman de un centro de trabajo para informarnos que tienen allí al Inspector de Trabajo. Y eso, obviamente, también hay que gestionarlo”. Para la colaboradora de Lawyerpress, éste es el motivo de que se agradezca la publicación de un manual que detalle de forma sencilla cómo abordar este proceso: “El libro explica qué es y cómo se organiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, qué puede y qué no puede hacer la Inspección, cómo puede iniciarse la actuación inspectora y cómo se desarrolla, sin olvidar las infracciones y sanciones en el orden social y el procedimiento sancionador. Se trata de una herramienta muy útil para los responsables empresariales”. 

Ramírez quiso también hacer referencia al perfil del autor “porque, cuando hablamos de los libros, hablamos del resultado final, pero también hay que hablar de quien ha dedicado su tiempo y esfuerzo a hacer sencillo y comprensible un tema tan complejo. Para comprender realmente el porqué de las cosas, hay que conocer a sus creadores”. Calificó a este abogado como “paradigma de excelencia y ejemplo de profesionalidad”, una persona “sencilla, de espíritu, abierto, libre y emprendedor” además de “valiente y con gran espíritu de trabajo”. 

En su turno de palabra, Carlos Javier Galán, autor de este manual sobre la inspección de la empresa, dijo sentirse abrumado por la generosidad y el cariño de la presentación y aseguró sentirse rodeado “de un cartel de lujo, de primeros espadas del Derecho y la empresa”, para los que tuvo palabras de reconocimiento y gratitud. Aprovechó para reivindicar su visión del ejercicio de la abogacía, donde “es perfectamente compatible ser un profesional hábil y eficaz con tener valores humanos y éticos”, así como su apuesta por el asociacionismo y por la colaboración profesional: “Me niego a mirar siempre como un mero competidor a quien es, ante todo, un compañero”. 

Galán manifestó su satisfacción por haber tenido ocasión de colaborar estrechamente durante más de una década en la labor de servicio a las empresas que desarrolla Fundación Confemetal, titular del sello editorial, desarrolla y afirmó que en esa labor como docente y como autor descubrió “esa paradoja de que enseñando a los demás aprende mucho uno mismo”. Confesó que nunca ha sido su intención hacer aportaciones doctrinales, sino escribir obras de divulgación jurídica que ayuden a la comprensión de distintos aspectos del Derecho a los no juristas. 

En esa línea, repasó sus anteriores títulos publicados, La empresa ante las Administraciones Públicas. Cómo sobrevivir al "papeleo" (2003), Nóminas, Seguridad Social y Contratación laboral (con ediciones desde 2005 y con nada menos que 12.000 ejemplares vendidos), Derecho Laboral para no expertos (dos ediciones, en 2006 y 2010) y La empresa ante las bajas por incapacidad temporal (2011), en este caso obra colectiva que coordinó y de la que fue coautor. 

El libro que acaba de salir a la luz, La empresa ante la Inspección de Trabajo viene, en su opinión, a cubrir un hueco en el mercado editorial, donde había obras similares para orientar a las empresas ante la inspección de Hacienda pero no ante la ITSS. Explicó que “existen algunas magníficas monografías sobre Inspección de Trabajo escritas todas ellas por inspectores y nos pareció que era bueno aportar la visión complementaria de quienes nos sentamos al otro lado de la mesa en las inspecciones”. 

Este manual práctico, que en palabras de Carlos Javier Galán “en ningún caso puede sustituir al asesoramiento del profesional” subrayó, busca “dotar a las empresas de conocimientos y herramientas para conocer sus obligaciones ante la Inspección pero también sus derechos y garantías”. A continuación el autor firmó ejemplares de su libro, mientras los asistentes tuvieron ocasión de cambiar impresiones compartiendo un vino español. 

(Fotografías: Ana I. Gutiérrez Salegui)

Curso sobre el nuevo procedimiento de los E.R.E.

El próximo miércoles 16 de octubre imparto una nueva edición del curso que analiza, desde una perspectiva práctica, el vigente Procedimiento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada

Se trata de lo que venía conociéndose (y supongo que coloquialmente seguiremos mucho tiempo llamándolo así) como E.R.E., una regulación hoy contenida en el Real Decreto 1483/2012, y que precisamente ha sido objeto de reciente modificación, que entró en vigor el pasado mes de agosto.

El horario de 10 a 14 y de 15'30 a 18'30 horas. Se celebrará en las aulas de la sede central de Fundación Confemetal, entidad organizadora de este seminario. El programa íntegro puede consultarse aquí. Para información o inscripciones, teléfono 91 782 36 30 o inscripciones@fundacionconfemetal.es

Más hoyancos por el mundo

Reportaje publicado en Diario de Ávila, 26.09.13, en el suplemento especial
dedicado a las Fiestas San Miguel de El Hoyo de Pinares.

(Esta versión corresponde al texto originario del autor. 
Hay fragmentos que no salieron publicados en el periódico).
 
 
En estas mismas páginas de Diario de Ávila publicamos ya en 2009 un reportaje que, parafraseando a los programas de televisión de moda en cadenas autonómicas y nacionales, se acercaba a la experiencia de algunas personas originarias de El Hoyo de Pinares que estaban residiendo en otros países: Arantxa Miguel en Singapur, Jorge Pablo y Cecy Estévez en Londres, Sara Beltrán, entonces en Dubai, y Ana Fernández, que impartía docencia en Pekín. 
 
La crisis económica ha provocado que ahora sea mayor el número de naturales de nuestra localidad repartidos por distintos continentes, aunque en naciones menos exóticas que Singapur, China o los Emiratos Árabes a los que entonces nos referíamos. Hoy, varios países iberoamericanos y europeos están siendo destinos de emigración laboral, aunque también sigue habiendo hoyancos a los que razones de estudio o simplemente personales les llevan a fijar su residencia en el extranjero. 
 
En este suplemento especial dedicado a las fiestas de El Hoyo de Pinares hemos querido repetir la experiencia, recogiendo el testimonio de cuatro hoyancos que pueden servir de muestra: en este caso, dos que viven en Estados Unidos por trabajo y dos que se han marchado a Francia fundamentalmente por relaciones afectivas.
 
FÁTIMA AYUSO (CHICAGO)
 
Para quienes la conocemos, Fátima Ayuso Fernández siempre ha sido un torbellino de vitalidad. Está a punto de cumplir dos años de estancia en Chicago, la gran urbe del estado de Illinois, aunque no descarta cambiar de ciudad dentro del país. Salió de España con la idea de mejorar su inglés y ahora trabaja de “aupair” con niños norteamericanos: les presta apoyo en tareas escolares, les ayuda a aprender nuestro idioma… y hasta les prepara con frecuencia comidas españolas. 
 
Fátima en el piso 98 de la torre John Hancok de Chicago
Chicago es “una ciudad impactante y atractiva, con sus elevados rascacielos, el gran lago Michigan de casi 60.000 kilómetros cuadrados, posibilidad de encontrar fauna como zorros, coyotes, mofetas, ciervos…”, aunque es también un lugar de clima inhóspito “con un invierno muy duro, ese frío que duele como clavándose en el cuerpo, y luego un verano que casi no te deja respirar entre el calor agobiante y humedad”. Fátima cree que “merece la pena visitarla, pero personalmente no me establecería aquí para siempre”. 
 
Entre sus buenas experiencias en Chicago, no olvida “la gente, bastante predispuesta a ayudarte y a entenderte”, algo que se agradece cuando se recala en un lugar extraño. Y un repertorio de mil anécdotas, con las curiosidades de la vida americana o los inevitables equívocos con el idioma: “Sobre todo al llegar, las confusiones con esas palabras que suenan parecido pero no tienen nada que ver. Raro es quien no acaba preguntando por una prostituta (bitch) cuando realmente quiere ir a la playa (beach) o dice que está buscando un beso (kiss) cuando lo que no encuentra son las llaves (keys)… hasta que ves la cara de perplejidad del otro y te echas a reír porque te das cuenta de que lo has pronunciado mal”. 
 
Las nuevas tecnologías le ayudan a mantenerse en contacto con la gente que quiere, pero no evitan que eche de menos muchas cosas de El Hoyo de Pinares: la familia, los amigos, los paseos junto al pantano o por la zona del Fresne, las cañas con los ricos pinchos de los bares hoyancos, el saludo y el interés de todo el mundo, o las divertidas y multitudinarias reuniones familiares, que “no tienen precio”, en la casa que fue de su abuela.
 
IVÁN BELTRÁN (SARATOGA)
 
Otro hoyanco, Iván Beltrán García, trabaja como ingeniero para una empresa española pero, desde hace dos años y medio, desarrolla su labor profesional en Saratoga Springs, una ciudad del estado de Nueva York con unos 40.000 habitantes “muy aislados entre sí, con casas con terrenos grandes y utilizando el coche para todo… La cercanía personal brilla por su ausencia”.
 
Iván en su rincón favorito de Central Park en Nueva York
Los proyectos en los que trabaja están a menudo relacionados con el ámbito ferroviario. Iván valora muy positivamente el crecimiento profesional y el conocimiento del inglés que le ha permitido esta experiencia, pero lo contempla como algo temporal. 
 
Tras la jornada laboral, su ocio lo consume practicando deporte, especialmente tenis, practicando con el piano, leyendo, estudiando… Y en fines de semana intenta hacerse escapadas, frecuentemente a Nueva York. 
 
Entre las anécdotas, nos cuenta que una vez, paseandopor Times Square, le pareció escuchar el apodo familiar con el que se le conoce en nuestra localidad. “Yo pensé que había oído mal, hasta que volvió a sonar ‘¡Cachina!’ a voces y más claro… Cuando me di la vuelta, vi a otra persona del pueblo”. Era Ismael González, cuya familia tiene un almacén de materiales de construcción en El Hoyo de Pinares: “Iba con su mujer y estaban de luna de miel en Nueva York… Qué pequeño es el mundo”. 
 
De El Hoyo de Pinares echa de menos “prácticamente todo: mi familia, muchísimos amigos, cada rincón donde ha transcurrido mi infancia, los paseos por el Batán, la paella de mi madre… esa sensación de estar en casa. El pueblo es como una gran familia donde nos conocemos todos y pienso que, de una manera u otra, nos intentamos ayudar mutuamente”. Desde Estados Unidos, Iván sueña con ver a los hoyancos superar el “duro golpe de la crisis” y ver a su pueblo progresando y mirando hacia el futuro, pero sin olvidar sus tradiciones. 
 
LAURA DÍAZ (COMPIÈGNE)

Laura Díaz Carmona es Ingeniero Técnico de Telecomunicación y se estableció en Francia porque su pareja, Alberto, recibió una interesante oferta para cursar allí el doctorado, mientras ella sigue prestando servicios, en régimen de teletrabajo, para su consultora tecnológica española. 
 
Laura junto al Palacio Imperial de Compiègne
Recalaron hace medio año en Compiègne, “una ciudad del Norte de Francia, algo más pequeña que Ávila, con unos 40.000 habitantes, y que está llena de historia, a veces  con recuerdos trágicos: aquí se capturó a Juana de Arco, se firmó el final de la primera gran guerra, o se produjo la entrega a Alemania durante la segunda guerra mundial. Incluso tiene un pequeño campo de concentración desde donde enviaban presos a Auschwitz, Dachau o Matthausen. También hay un castillo imperial en el que veraneaban los reyes de Francia y luego Napoleón”. 
 
Compiègne dista una hora de París, lo que permite a Laura hacer visitas a la capital con cierta frecuencia. A veces también hacen escapadas a otras ciudades francesas, como Lille, o incluso, al estar en el centro de Europa, viajan a otros países, como en sus recientes visitas a Bruselas (Bélgica) o Stuttgart (Alemania).
 
Como todos los hoyancos que viven fuera, recuerda a sus padres, hermanas y sobrinos, “que crecen tan rápido…”. Y evoca los pinchitos en los bares hoyancos o las tardes de piscina y café. Pero si hay algo que es inevitable recordar en su caso es la pertenencia a la Banda de Música local, donde toca la flauta travesera. Laura entró en la Escuela Municipal de Música con ocho años y en 1997 debutó con la banda. “Me dio muchísima pena –asegura Laura- no poder estar en la celebración del XXV aniversario de la banda y también el perderme por primera vez la Romería”. 
 
FRAN FERNÁNDEZ (AGEN)
 
Francisco Fernández Molina se marchó hace año y medio a vivir a Francia, de donde es su novia, Floriane. Ella estaba cursando estudios y, para poder estar juntos, era más fácil que fuera él quien se desplazara. Viven en Agen, una ciudad también de unos 40.000 habitantes de la región de Lot et Garonne. Allí trabaja labrando piedra en un taller de cantería, de manera que sigue la tradición familiar, pues desciende de una saga de canteros hoyancos muy reconocidos en su oficio. “Ésta es una zona donde la piedra caliza se trabaja por todos los sitios y hay varias canteras”, nos explica.
 
Fran delante de la catedral de Saint-Caprais en Agen
Agen tiene fama de ser la capital de la ciruela. Y allí el rugby es un deporte muy practicado, ya que el equipo local cosecha muchos éxitos nacionales y europeos. Discurren por la ciudad el río Garona y el Canal del Mediodía. “El Canal du Midi –detalla Fran-, con una anchura de cinco metros, cruza Francia desde el Atlántico al Mediterráneo. Tiene una larga historia de cuando transportaban los cereales en los barcos, arrastrados por robustos caballos, pero ahora ha quedado para dar paseos en barco”. 
 
De nuestro país vecino le gusta “la manera de hablar, el respeto y la gastronomía, que es bastante buena…, aunque como la española no la hay” y lo que menos le agrada son las lluvias que a veces se prolongan durante semanas. Confiesa que le costó el aprendizaje del idioma, que sigue perfeccionando cada día. Cuando preguntamos qué echa de menos, inevitablemente aparece el recuerdo de su familia y sus amigos. 
 
Entre los episodios divertidos que ha vivido allí, no puede dejar de referir el que tuvo lugar durante las fiestas de un pueblo vecino. Fran consiguió que un montón de franceses a los que no conocía de nada le siguieran haciendo un pasacalles al estilo de las fiestas hoyancas y que cantaran en español lo que él les iba enseñando… Se ríe al recordarlo: “te aseguro que llegué a pensar que estaba en El Hoyo…”.

 

Esos nuevos verbos...


En cierta oportunidad me correspondió asistir a la revisión de la obra que una empresa, por adjudicación de la Junta de Castilla y León, había ejecutado en un Colegio Público y detectamos serias deficiencias que debían ser subsanadas. Mientras que el director del centro y yo nos negábamos a recibir la obra, la Dirección Provincial de Educación y la constructora nos instaban, de manera insistente, a recepcionarla
 
Me notifican una sentencia y el juez que la dicta accede a lo que, según él, yo he peticionado. Hasta ese momento estaba convencido de no haber peticionado nada, sino de haberlo pedido
 
En otra ocasión, en un juicio laboral, se discutía si el trabajador había ficcionado una dolencia. A mí, la verdad, me pareció que la había fingido
 
Al leer determinadas actas, uno siente deseos de recordarle a su redactor que una transacción se alcanza cuando ambas partes transigen, no cuando transaccionan
 
Cómo se echa de menos, también en los juzgados, a Lázaro Carreter y su Dardo en la palabra. La tendencia a inventar nuevos verbos, a partir de sustantivos que ya están relacionados con un verbo preexistente, parece imparable. No sólo en nuestro ámbito, sino en otros muchos: los bancarios, por ejemplo, en vez de abrir cuentas las aperturan y en lugar de cubrir riesgos los coberturan
 
Algunas de estas creativas formas verbales (peticionar o transaccionar) han acabado siendo aceptadas por la Real Academia Española aunque por fortuna otras muchas (recepcionar, ficcionar, coberturar, aperturar…) siguen sin estar por ahora en el diccionario. 
 
Se aduce a menudo, en pro de su reconocimiento, ciertas diferencias de connotación. Por ejemplo, recepcionar implicaría, frente a recibir, aceptación y conformidad. Pero creo que esos matices se perciben por el contexto y se deducen del predicado de la frase. Todos entendemos sin dificultad que hay connotaciones muy distintas entre recibir la visita de alguien en tu casa y recibir un insulto, aunque el verbo sea coincidente. La diferencia entre romperse un brazo y romper relaciones diplomáticas se capta perfectamente sin necesidad de inventar un nuevo verbo (¿rupturar relaciones diplomáticas? ¿roturarse un brazo?). 
 
Me temo que, por este camino, en nuestro ámbito terminaremos particionando herencias o -¿por qué no?- se juicionarán los casos. Pero en otros aspectos de la vida, se podrán lecturar libros, operacionar enfermos u opcionar entre varias posibilidades. El campo para estos innovadores de la lengua es inmenso.

Un hoyanco, combatiente en Dinamarca (1808)

Publicado en Programa de Fiestas San Miguel 2013 de El Hoyo de Pinares.

 
El año pasado, al recoger en estas páginas los recuerdos de D. Máximo García López, médico titular de nuestro pueblo entre 1832 y 1834, hacíamos mención a un ex combatiente al que atendió cuando estaba gravemente enfermo y asegurábamos que su historia bien merecería un artículo aparte.
 
Se llamaba Benito. Nació y se crió en El Hoyo de Pinares. Fue llamado a filas y le destinaron al cuerpo de Caballería.
 
Por aquel entonces, en virtud del Tratado de San Ildefonso, la política exterior de España -cuyas riendas llevaba Manuel Godoy, primer ministro del rey Carlos IV- estaba sometida a los designios de Francia. En 1806, Napoleón reclamó a la Monarquía española el envío de tropas a Alemania, con el fin de reforzar el bloqueo al que estaba sometiendo a sus enemigos ingleses.
 
Bonaparte conseguía ayuda para sus afanes expansionistas por Europa pero, además, albergaba el oculto propósito de debilitar la respuesta militar española cuando llegara el momento de invadir nuestro territorio. El veterano de guerra hoyanco se lo narró así al médico que le atendía en sus últimos días: “Necesitaba Napoleón tropas valientes y sufridas para adelantar sus conquistas en el Norte y, como el célebre Godoy era a la sazón dueño del palacio y por consiguiente del gobierno, le concedió la parte de refuerzo que pedía, no sin mengua y grave daño de nuestra patria”.
 
Las tropas españolas pasan el invierno de 1807-08 acantonadas en Hamburgo pero, en febrero de 1808, Dinamarca -aliada de Francia- declara la guerra a Suecia, que se había negado a secundar el bloqueo al comercio inglés. Al territorio danés de la península de Jutlandia fueron enviados efectivos españoles, para desplegarse por la costa y evitar desembarcos.
 
Aquella unidad, conocida como la División del Norte y que estaba bajo el mando del General Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, fue el destino de nuestro paisano, que padeció enfermedades en su esforzada marcha por tierras europeas: “Molesto por demás sería referir a usted uno por uno los disgustos que pasamos hasta llegar a Dinamarca, tanto por mar como por tierra –contaba años después a su médico en El Hoyo de Pinares-, pero baste decir a usted, para que forme un juicio exacto de mis padecimientos, que fui acometido diferentes veces de catarros pulmonares” (posiblemente lo que hoy llamaríamos neumonía). “En algunos de estos ataques arrojaba sangre y tuvieron que hacerme alguna sangría; pero en otros que sufrí, no hice caso de ellos y con un ponche caliente solían desaparecer, aunque no la tos, que me molestaba por mucho tiempo. La causa de estos catarros, oí decir a los médicos, era debida a las influencias atmosféricas, a la variación del clima y a las largas marchas y precipitadas que continuamente se hacían por países húmedos y fríos como eran las regiones que atravesábamos”.
 
Hay muchos testimonios históricos curiosos sobre la buena sintonía entre los soldados españoles y la población civil danesa. En la literatura popular de Dinamarca existen numerosas referencias a aquella presencia hispana, que entonces les resultaba tan exótica, por su apariencia y sus costumbres. Algunas familias danesas conservan estampas que se editaron con los uniformes de las tropas de nuestro país. El célebre escritor de cuentos Hans Christian Andersen (nacido en 1805, autor de El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, etc.) recuerda en sus memorias como, siendo niño, le cogió en sus brazos un soldado español, con gestos de cariño y con alguna lágrima, al recordar los hijos que había dejado en nuestra tierra. Tanto en 1908 como en 2008, al cumplirse el primer y segundo centenario de aquellos hechos, se celebraron actos conmemorativos con el apoyo de instituciones españolas y danesas.

 
En marzo de 1808 llegan a las tropas españolas los primeros rumores confusos sobre el motín de Aranjuez contra Godoy y empieza a cundir la desconfianza. Cuando se produce la invasión francesa de nuestro país, los responsables galos interceptan inicialmente la correspondencia y comunicación, de forma que los militares españoles sólo podían acceder a la información de la propia prensa francesa. Pronto el alto mando francés, ejercido por el mariscal Bernardotte, recibe instrucciones para dispersar a las tropas españolas, por temor a que se amotinasen.
 
A través de un pliego del ministro afrancesado Mariano Luis de Urquijo, tuvieron conocimiento nuestros soldados de que el trono español estaba ocupado por el rey José Bonaparte, al que se les ordenaba prestar juramento. Los distintos cuerpos hispanos estaban aislados entre sí y rodeados de fuerzas francesas. Algunos, en Fiona y Zelandia, se sublevaron contra el mando francés a los gritos de “Viva España” y “Muera Napoleón”, por lo que fueron desarmados y hechos prisioneros, cautiverio que se prolongaría durante años. El General Marqués de la Romana comprendió que ésa era la suerte que podían correr todos y optó por suscribir un reconocimiento, pero condicionado a que José I hubiera subido al trono sin oposición del pueblo español.
 
Desde la resistencia del interior de nuestro país, el Secretario de la Junta de Sevilla, Rafael Lobo, recibió el encargo de hacer llegar al Marqués de la Romana información de lo que estaba sucediendo en España. No pudo entrar en Dinamarca, pero utilizó como agente a un sacerdote escocés católico, James Robertson, que se hizo pasar por comerciante, y para posteriores comunicaciones se usó un sistema cifrado basado en el Cantar del Mío Cid. Más tarde, en un episodio absolutamente novelesco, el capitán Juan Antonio Fabregues, de los voluntarios de Cataluña, consigue reunirse con Lobo en un navío inglés y éste por fin le informa de todo lo que ha sucedido en España: el levantamiento popular del 2 de mayo contra los franceses y la constitución de las Juntas como autoridad legítima frente al rey usurpador. Fabregues pudo dar cuenta a sus superiores inmediatos y, cumpliendo indicaciones de éstos, trasladar las noticias al Marqués de la Romana.
 
Los franceses, hasta entonces supuestos aliados, se habían convertido así en enemigos. El General tomó la decisión de intentar reunir a todas las tropas españolas dispersas. Con los efectivos de que pudo disponer se apoderó de la ciudad de Nyborg y allí fueron llegando, con no pocos problemas, el resto de los españoles, excepto los regimientos que habían sido hechos prisioneros. Pasaron después a la isla de Langeland, donde tuvo lugar el emocionante acto que reproduce la pintura de Manuel Castellano: los nueve mil combatientes españoles se juramentaron, ante sus banderas, para regresar a España y luchar por su independencia.
 
Los españoles resistieron en la isla hasta que la escuadra británica del almirante Sir James Saumarez logró llegar a la costa y, en agosto de 1808, embarcó a toda la división con destino a Suecia. Los hombres, junto con toda la artillería, pudieron ser transportados. Pero los historiadores recogen que no pudieron llevarse los caballos y así lo corrobora también en primera persona el soldado hoyanco, que asegura que “los que no murieron de frío hubo que matarlos para que el cargamento de los buques no fuera tan excesivamente pesado. A mi caballo, que era muy brioso, por lo que tenía el nombre de ‘Arrogante’, le dio muerte un camarada, pues yo no tuve valor de hacerlo. Me había conducido más de dos mil leguas, habiendo compartido con él en diferentes ocasiones la ración y los peligros, y esto era causa de que yo le mirase con particular cariño”.
 
A la Bahía de Gotemburgo llegaron el 5 de septiembre treinta y siete barcos españoles para repatriar a los soldados que, el 9 de octubre, por fin desembarcaron en Santander, Santoña y Ribadeo.
 
Años después, el veterano de guerra hoyanco resumía estos hechos en su narración ante el médico que le atendía: “Nos hallábamos en aquellos remotos climas cuando supimos de la invasión de los franceses, noticia que nos produjo el más amargo y noble despecho. Inmediatamente, nuestro digno general, ardiendo en deseos de vengar nuestra nacionalidad ultrajada, dio las disposiciones más terminantes para nuestro regreso a España y, con el auxilio de Inglaterra, nos embarcamos en aquellos lejanos mares”. “Llegamos a España –relata el soldado natural de nuestro pueblo- no sin haber pasado por mil riesgos y compromisos, pues como Francia estaba en guerra con la mayor parte de las naciones de Europa, en muchos cruceros de los mares había buques que nos espiaban”.
 
Las tropas españolas del Marqués de la Romana comenzaban en territorio español una nueva lucha, ahora contra el invasor francés. “Arribamos a España –contó Benito a su médico años después-, y por cierto bien cercenado el número de los que compusimos aquella famosa expedición, y a poco tiempo de nuestra llegada contribuimos a contener la derrota que el general Blaque sufrió en Espinosa de los Monteros por tropas francesas”.
 
“Después de este reñidísimo combate –prosigue- atravesamos España en medio de un estío abrasador y, como la naturaleza notase aquel cambio viniendo de países fríos, fui atacado por un tabardillo pintado [fiebre tifoidea] que estuvo en poco en no llevarme a la trampa”. Más adelante narra que “posteriormente a mi enfermedad, hice toda la campaña de la independencia, siendo herido dos veces y prisionero otras dos”. La derrota de la batalla de Ocaña “nos ocasionó la pérdida de una infinidad de hombres, que prisioneros, hambrientos y transidos de frío por la desnudez y el rigor de la estación nos vio Madrid atravesar sus calles, cubiertos de harapos y pedazos de estera en el año de 1809”.
 
Benito consigue fugarse de su cautiverio y vuelve a la lucha. En el que será su lecho de muerte evocará luego “la dicha de incorporarme al ejército para combatir contra los usurpadores de los fueros de Castilla y en defensa de nuestra gloriosa independencia. No aspiraba a empleos, ni a distinciones de títulos y cruces. Mi ambición se cifraba en destruir enemigos: mi gloria en prestar aquellos servicios a mi querida patria. ¡Con qué furor me batía! ¡Qué ansiedad por entrar en acción cuando recordaba que nuestros adversarios eran extranjeros que pretendían oprimirnos ultrajando nuestra nacionalidad sagrada!”.
 
"Terminada la guerra con Napoleón y pasados algunos años, nos concedieron las licencias absolutas y con ellas me retiré a mi pueblo después de catorce años de ausencia, desnudo y sin recursos para principiar a vivir”. Benito carga, en sus recuerdos, contra el rey traidor Fernando VII: “Ésta fue la recompensa a nuestros servicios, y gracias que logramos volver al hogar paterno… Porque otros españoles recibieron por premio a su lealtad y servicios la proscripción, la cárcel y el patíbulo… Ése fue el premio que en lo general concedió el ‘suspirado Fernando’ al que más sacrificio hizo por su trono y la independencia de nuestro país. Cuando recuerdo la injusticia y la ingratitud con que se premiaron estas hazañas y sangre vertida, me estremezco y lleno de indignación, porque soy franco, como buen militar que fui y como castellano viejo que soy, siempre he tenido por lo más feo y horrendo que pueda abrigar el hombre, la injusticia y la ingratitud”.
 
En su nueva vida civil en El Hoyo de Pinares, Benito contrae matrimonio: “Dios me deparó una tierna y sensible compañera que, desde que oyó leer un día, en mi licencia, los servicios que había hecho y combates en que me había hallado, me tomó cariño y a poco nos desposamos” en una relación que el antiguo soldado retrata como muy dichosa.
 
En medio de los trabajos y la pobreza, el trienio liberal -tras el pronunciamiento que restauró la Constitución de Cádiz- va a cambiar por fin la suerte de Benito en ese aspecto: “Las inmortales y justas Cortes del año de 1820 al 23 decretaron, en justa compensación a nuestros servicios, una ley para que a cada licenciado del ejército de aquella época se le diese el importe de unos 4.000 reales en los terrenos baldíos o realengos de sus respectivos pueblos”.
 
Benito recibe un terreno en El Hoyo de Pinares que describe como “lleno de malezas y pedregales” y que en dos años “con mi mano y azada allané siendo tan escabrosos y desiguales”, convirtiéndolo “en un jardín de esperanzas y delicias, viendo crecer los arbolitos por mi mano plantados en tan poco tiempo”. Dedicado al cultivo del campo y viendo crecer a María, su pequeña hija, pasa su época vital más grata. En los descansos de las labores, en una lancha de la finca, a la que bautiza como de la Amistad, el ex combatiente se sentaba de vez en cuando a charlar con alguno de sus amigos del pueblo.
 
Pero enseguida la restauración del absolutismo en 1823 vuelve a cambiar el panorama: “la terrible reacción del 23 nos privó de una propiedad que la nación reunida en Cortes nos diera, dejándonos en el mayor desamparo”. “Una sombría tristeza –le confiesa Benito a su médico en sus últimos días- se apoderó de mi ánimo (…). Un despojo tan tiránico y arbitrario como éste no podía menos de causar un trastorno en mi naturaleza y, como mi pecho tantas veces había padecido, se resintió de nuevo y, de unos males en otros, a manera de los eslabones que unen una cadena, me pusieron en muy mal estado y redujeron a la desesperación (…) Hace tres años que arrastro la vida más miserable y penosa”. Benito visita de vez en cuando, con nostalgia y con lágrimas, su antigua posesión, a la que tantos esfuerzos dedicó.
 
Así es como el médico D. Máximo García le encuentra, en su lecho, en 1832: un hombre en la cincuentena, delgado, muy envejecido, con barba blanca, fatigado, con dificultades para expectorar, padeciendo a menudo fiebres y escalofríos... Es entonces cuando el veterano de guerra le cuenta al doctor su historia y, finalmente, le pedirá que le diga con sinceridad cuáles son sus expectativas reales.
 
Tras resistirse inicialmente, el galeno que le había examinado le acabará confesando que “su mal por desgracia ha echado hondas raíces” y que la ciencia no puede ya ayudarle. Benito le confiesa que espera la muerte con serenidad, sin temor “como buen militar que más de una vez ha luchado con ella”, pero con preocupación por su familia, por dejar “en este mundo de miserias dos pedazos de mi corazón, sin apoyo, sin guía y sin recursos para el preciso sustento. Este recuerdo me atormenta, me fatiga y pone en angustiosa tortura los cortos días que me quedan de vida”.
 
El viejo soldado natural de El Hoyo de Pinares, que había sido partícipe de hazañas en Dinamarca y en España, que había anhelado tener una vida tranquila en el campo sin conseguirlo, se despedirá cariñosamente de su esposa: “Te suplico me perdones si como hombre y esposo te he podido ofender. Ten serenidad y resígnate con la suerte (…) Continua dando a mi hija esa educación santa y hermana que has sabido grabar en su corazón, sé caritativa con el desgraciado y, si alguna vez pasáis por la Lancha de la Amistad, acordados del que la puso tan justo nombre”. Y de su hija: “Sé, como hasta ahora (…), el consuelo de tu madre y recibe la bendición de tu padre (…). Acuérdate hija mía de tu padre y de sus consejos y, si algún día mudas de estado y el cielo te concede sucesión, le pondrás mi nombre a alguno de tus hijos…”. Benito recibió los últimos sacramentos y, cuatro días después, falleció.
 
Cuando tanta gente ni siquiera salía en toda su vida del pequeño entorno en que veía la luz, este hoyanco había recorrido Europa y servido como soldado español en Dinamarca. Secundó la rebelión cuando los franceses ocuparon España y, tras mil desventuras y esfuerzos, regresó para luchar contra el invasor. Fue un hombre que, después de tanto servicio, sufrió la ingratitud y la injusticia de las autoridades de su propio país. Que deseó una vida apacible en estos parajes y murió con el desconsuelo de dejar desamparadas a su mujer y a su hija. Aunque tan triste historia pueda parecer novelesca, no es un relato de ficción. Benito, el viejo soldado nacido en El Hoyo de Pinares, existió, fue real. Pisó el mismo suelo que nosotros y tal vez soñó contemplando estos mismos montes.
 
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Bibliografía: 
- Diario de un médico. Máximo García López. Imprenta T. Aguado, Madrid, 1847.
- Los españoles en el Langeland (1808). Coronel Andrés Allendesalazar y Bernar. Revista Ejército, nº 247. Madrid, agosto 1960.
- La expedición española a Dinamarca. José M. Bueno Carrera. Aldaba Militaria, 1990.
- Expedición española a Dinamarca. Artículo de wikipedia.
- La expedición española a Dinamarca (1807-1808). Qadesh. www.elgrancapitan.org, 2005.
- Dinamarca: Expedición del Marqués de la Romana. Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding. 2008.
- La expedición a Dinamarca del Marqués de la Romana. Diario de Mallorca, 23 diciembre 2007.
- Una tumba en Dinamarca. Arturo Pérez Reverte. XL Semanal, 17 enero 2010.

Ilustraciones: El Juramento de las tropas del Marqués de la Romana, óleo de Manuel Castellano (1850) y lámina antigua de las tropas hispano-francesas.