Archivada una ejecución hipotecaria porque el valor del bien para subasta era abusivamente reducido

Publicado por El Confidencial, 26.12.2014

Ejecuciones Hipotecarias
ARCHIVADO EL EMBARGO DE UNA CASA PORQUE EL VALOR FIJADO PARA LA SUBASTA ERA ABUSIVO

E.S.

El Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Madrid ha acordado archivar una ejecución hipotecaria y alzar todos los embargos, tras declarar nula por “abusiva” la valoración de la vivienda a efectos de subasta que se incluyó en la escritura del préstamo. 

La operación fue concertada en Madrid con un conocido prestamista y se fijó como valor 60.000 euros por un piso de dos dormitorios, con 60 m2, en la zona de Aluche. Esto supone que los ejecutores podrían habérselo adjudicado por el 70 %, quedándose con la propiedad de la vivienda por 42.000 € de haberse llegado a la subasta. 

La parte ejecutante sostenía que el órgano judicial no podía pronunciarse sobre dicha tasación, apelando al artículo 695.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que esa cláusula no constituye fundamento de la ejecución. Por el contrario, la defensa del ejecutado afirmó en sus alegaciones ante el juzgado que la valoración del inmueble a efectos de subasta contenida en la escritura es un requisito indispensable para que pueda despacharse ejecución hipotecaria, de acuerdo con el artículo 682.2.1º. 

La juez acoge esta última interpretación, recordando, además, que el valor de tasación “no es algo irrelevante” por cuanto “constituye garantía de los derechos del ejecutado” del que se derivan “graves consecuencias”. 

Considera que recae sobre la parte ejecutante la carga de demostrar que el valor obedecía a algún criterio técnico objetivo y, al no quedar acreditado, concluye que la tasación es “desproporcionada” a la baja y que “fue producto de la decisión unilateral e interesada del prestamista”. 

La defensa del deudor sostenía que, de declararse la nulidad de la cláusula y tenerse por no puesta, no podía proseguir la ejecución hipotecaria por faltar un presupuesto esencial de la misma. 

LA TASACIÓN HA SIDO DECLARADA ABUSIVA POR LA JUEZ

En efecto, así lo resuelve la juez que, al estimar el carácter abusivo de la tasación fijada por el prestamista profesional frente al prestatario consumidor, acuerda “el sobreseimiento de la ejecución y el alzamiento de los embargos trabados”, imponiendo las costas a la parte ejecutante. La resolución no es aún firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. 

El abogado de la familia contra la que se dirigía la ejecución, Carlos Javier Galán, afirma que existían ya pronunciamientos en el mismo sentido de las Audiencias Provinciales de Soria y de Navarra y cree que esta resolución judicial en Madrid abre “una vía interesante para numerosas víctimas de abusos en préstamos hipotecarios. Por ejemplo, la vivienda de Carmen, la octogenaria desahuciada en Vallecas, tenía un valor real de tasación muy superior al fijado para subasta, según los datos que trascendieron”. 

Asegura Galán que el prestamista y los ejecutores de este caso están imputados en varios juzgados por presuntas estafas y considera que “con estas decisiones en vía civil se van desmontando dos de los tres ejes sobre los que gira su modus operandi para apoderarse de los inmuebles: cuantiosos intereses de demora y tasaciones irrisorias de las viviendas. El otro eje, consignar en escritura un capital muy superior al realmente percibido, no es objeto de la vía civil pero está siendo investigado por la jurisdicción penal”.

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Esta noticia también fue recogida en un comunicado de la Agencia EFE, del que se hicieron eco otros medios: 
La Vanguardia
El Correo
El Diario Vasco
El Diario Montañes
La Verdad
Ideal
Sur
La Rioja
El Comercio
Las Provincias
La Información
El Día
Negocios
Finanzas
Invertia 
Radio Intereconomía

Reportaje Préstamos estafa

Dos periodistas independientes han elaborado un interesante reportaje audiovisual de investigación sobre la principal trama de presuntas estafas en préstamos hipotecarios que opera en nuestro país, encabezada por Antonio Arroyo Arroyo, imputado por decenas de juzgados, y a varios de cuyos afectados defiende nuestro despacho.

La información sigue la pista de alguno de sus intermediarios habituales, en concreto Pablo Pérez, que pertenece a la firma Credit Garpi (sociedad que ha actuado con las denominaciones comerciales de Invercapital, Castellana Créditos, Créditos Madrid y otras varias).

Así mismo hay referencias al controvertido papel de los notarios habituales de estas operaciones. No falta la mención del papel que desempeña la asociación de afectados Stop Estafadores, al agrupar a las víctimas, ofrecer apoyo y dar visibilidad al problema. El reportaje recoge el testimonio de tres afectados, Melbi, Miguel Ángel y Mary. Y en varios momentos incluye declaraciones mías como abogado de afectados por estas prácticas

Declaraciones a la Cadena Ser sobre registro estatal de prestamistas

La cadena SER informó el pasado 8 de diciembre de que el Registro estatal de prestamistas previsto en la Ley 2/2009 y aprobado en 2011 sigue sin estar, aún hoy, plenamente operativo para su consulta pública en la web de la Agencia Española de Consumo. La información de la periodista Eva Vega, fue emitida por la cadena radiofónica en los bloques informativos del espacio matinal Hoy por hoy, y en la misma se incluyeron declaraciones mías, como abogado de la asociación Stop Estafadores, y del presidente del Consejo General del Notariado José Manuel García Collantes. Éste es el audio de la información tal y como fue emitido:
 

Presentación en Sevilla de Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica

El jueves 11 de diciembre participé en el Colegio de Abogados de Sevilla en la presentación de el libro Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica, obra colectiva promovida por la asociación cultural Ademán y editada por el sello Barbarroja. 

Sus páginas rinden tributo a esta abogada que defendió los derechos de la mujer durante el franquismo, a través de las perspectivas que aportan la empresaria Mercedes Valdivia, el historiador José María García de Tuñón, el abogado José Manuel Sánchez del Águila y los periodistas Laura Martín y Gustavo Morales.

Javier Compás, presidente de la asociación convocante, expuso las razones de esta iniciativa y dio las gracias a quienes han hecho posible esta obra. Tomaron la palabra en el acto dos de sus autores, Mercedes Valdivia, que traza en la obra el retrato más personal de Mercedes Fórmica y detalla las claves de su compromiso político, y José M. Sánchez del Águila, que analiza las reformas legislativas que se debieron a su impulso.

Me cupo el honor de cerrar el acto y fue una gratísima experiencia recordar -a algunos de los presentes- o dar a conocer -a otros- pinceladas de la trayectoria humana y de la labor jurídica de Mercedes Fórmica. Una mujer singular que, en los años cincuenta, logró situar en el debate público, e incluso que fueran finalmente llevadas a la ley, varias reformas que cambiaron la situación de la mujer española. 

Intervención en La mañana de La 1

El programa La Mañana que presenta en La 1 de TVE Mariló Montero, abordó el pasado 2 de diciembre la usura de algunos prestamistas privados, así como las redes de estafas delictivas en este ámbito. Contó con la presencia de dos afectados por estas prácticas, María y Javier, que expusieron sus respectivos casos.

En el espacio participé como invitado, en mi condición de abogado de la asociación Stop Estafadores, y me correspondió explicar el modus operandi de estas tramas y las deficiencias del marco legal, además de ofrecer también algunas advertencias prácticas.



Entrevista en MEDIF TV

María Ángeles Moraga, de MEDIF TV, me entrevistó el pasado 29 de octubre, en mi condición de presidente de la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid, con ocasión del acto de presentación pública de la misma. 


En la entrevista tuve ocasión de repasar los propósitos de la sección y de hacer algunas valoraciones sobre la mediación laboral.

Declaraciones a los diarios regionales del grupo Vocento sobre usura y estafa en préstamos de capital privado

Publicado en las cabeceras regionales del grupo Vocento: 
El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias y La Voz de Cádiz, 30.11.2014. 

EL GRAN NEGOCIO DE LOS USUREROS

Borja Olaizola.

- Acudir a un particular para lograr un préstamo es una maniobra de alto riesgo. 
- Cientos de familias han terminado igual que Carmen, la viuda de Vallecas que ha perdido su piso. 


Un negocio redondo. Al prestamista particular que se hizo la semana pasada con la propiedad del piso de Carmen Martínez Ayuso, la anciana de 85 años de Vallecas cuyo desahucio ha suscitado una oleada de solidaridad e indignación, las cosas no le han podido ir mejor. A cambio de los 40.000 euros que le prestó a su hijo, se ha quedado con una vivienda valorada en 160.000 euros. 
Cuadruplicar la "inversión" inicial no es algo muy común en un negocio, pero el universo del crédito entre particulares es una realidad paralela en la que ocurren cosas inauditas: por 12.000 euros es posible hacerse con la propiedad de un piso en el centro de Barcelona y de un chalet en las afueras de la ciudad que están valorados en 400.000. Lo cuenta el abogado Aitor Ibarra, que consiguió paralizar in extremis el desahucio de la ocupante de la vivienda, una anciana con problemas de salud. "A su hijo se le ocurrió pedir 12.000 euros a un prestamista particular y cuando quiso darse cuenta ya había una orden de ejecución sobre las dos propiedades". 

Otro abogado, Víctor Nieto, explica que uno de sus clientes, un hombre de 64 años, estuvo a punto de quedarse sin su caserío de Olaberria, en Gipuzkoa, por una deuda de 15.000 euros contraída con un prestamista privado. "Logramos que se paralizase la subasta, pero tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza porque en cualquier momento puede reactivar la demanda y reclamar la propiedad". Nieto es incapaz de cuantificar el valor del inmueble, una construcción rural de más de dos siglos con sus correspondientes terrenos, pero sabe que supera con creces la cantidad adeudada y que, si el prestamista se sale con la suya, los tres hermanos que residen en el caserío, dos de ellos octogenarios, se quedarán en una situación crítica. 

Los de Vallecas, Barcelona y Olaberria son tres de los cientos de casos de personas que han quedado atrapadas en la trampa de los prestamistas privados. "El perfil es bastante parecido, gente sin posibilidades de obtener crédito en los bancos que necesitan dinero para hacer frente a una urgencia y que tienen una propiedad inmobiliaria libre de cargas", cuenta el también letrado Carlos Javier Galán, que se ha convertido en punta de lanza de la denuncia de los abusos en los préstamos privados. "Hay redes delictivas especializadas en apoderarse de inmuebles a cambio de cantidades ridículas", observa. Él ha interpuesto multitud de denuncias intentando sacar a la luz el entramado, pero hasta ahora lo más que ha conseguido ha sido paralizar algunos desahucios. "Son tramas que funcionan desde hace años con el mismo 'modus operandi' y que tienen de su parte incluso a ciertos notarios", sostiene. 

FIRMAR SIN LEER 

La estrategia de los prestamistas varía, pero hay algo en lo que coinciden: engatusan a su cliente para que suscriba documentos que ni siquiera ha leído. "Lo más común es que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo (de tres a seis meses), con unos intereses de demora abusivos (a partir del 29%) y valorando su vivienda para subasta en una cifra irrisoria. Puede que dicho así parezca una táctica burda, pero la puesta en escena es muy convincente y además está depurada con la práctica de años". 

Un particular tiene tres vías para conseguir un crédito: el banco, la entidad financiera no bancaria y el prestamista individual. En aplicación de una ley de 2009, los dos últimos se sitúan bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo. "Sobre el papel hay un registro en el que debe apuntarse todo aquel que quiera ejercer de prestamista, pero en la práctica el registro no está operativo y, además, Consumo carece de instrumentos para la supervisión", continúa el abogado Galán. Esa ausencia de control explica la proliferación de particulares que se dedican al préstamo -Internet está lleno de anuncios que ofrecen dinero rápido siempre que haya unas escrituras de por medio- y que operan en los límites de la legalidad. 

No hay constancia de las cifras que se mueven en los préstamos privados. "Algunos analistas estiman que un 20% de las operaciones podrían estar concertándose fuera del mercado bancario", apunta Galán. Hay empresas que se desmarcan de los abusos y que reivindican su buen hacer profesional. "Nosotros nunca aceptaríamos el piso de una madre como aval de un préstamo", se defiende Alejandro Melero, gerente de Crédito Particular Punto Com, un intermediario que opera en internet. "Nuestro negocio es que nos devuelvan el dinero con los intereses pactados; en los tres años que llevamos en el mercado -asegura- no nos hemos quedado con un solo inmueble". 

En las asociaciones de consumidores apelan al sentido común y desaconsejan recurrir a los prestamistas privados: "Poner una vivienda como garantía del pago de un crédito particular significa entrar en una espiral en la que siempre empeoras por muy malo que sea el punto de partida", alerta Fernando Herrero, de Adicae, la asociación de usuarios de bancos. Un pasaporte al infierno, vamos.

Presentación en Sevilla de libro-homenaje a Mercedes Fórmica

El próximo jueves 11 de diciembre tendré el honor de intervenir en el Colegio de Abogados de Sevilla en un acto de presentación del libro Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica (Editorial Barbarroja).

La obra incluye el prólogo de Javier Compás, un poema de Mercedes Colubi, y textos de la empresaria Mercedes Valdivia, el historiador  José M. García de Tuñón, el abogado José Manuel Sánchez del Águila y los periodistas Laura Martín y Gustavo Morales, que ofrecen, desde distintas perspectivas, un sugestivo retrato de esta abogada y escritora. 

Mercedes Fórmica, a la que ya dediqué este post en el blog, tuvo la habilidad y la valentía de generar en los años cincuenta un debate público que acabaría desembocando en un cambio nada desdeñable de la situación legal de la mujer española. 

El acto está organizado por la Asociación Cultural Ademán y dará comienzo a las 20'30 horas, en el salón de actos del Colegio (calle Chapineros nº 6, de Sevilla).

Intervencion en el Foro Español de Laboralistas


El pasado 21 de noviembre, el Foro Español de Laboralistas (FORELAB) que presidente Ignacio García-Perrote, celebró en Madrid la décimo primera edición de su Seminario anual, una cita que sirvió para abordar distintos temas de la actualidad jurídico-laboral, como la negociación colectiva (con Mar Alarcón, directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid), el uso de las nuevas tecnologías (con Aurelio Desdentado Bonete, magistrado jubilado del Tribunal Supremo) y la ejecución en el despido colectivo (con Rafael López Parada, magistrado de la Sala Social de la Audiencia Nacional. También se entregaron sus galardones anuales ‘Jóvenes Laboralistas’. 

Durante este encuentro, FORELAB tuvo la amabilidad de invitarme a dar a conocer la recién creada Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid que presido.

Presentado por la compañera Pilar Cavero, tuve ocasión de exponer ante los asistentes la finalidad y proyectos de esta iniciativa, que nace como punto de información, debate y encuentro de los colegiados laboralistas.

Ponencia en Málaga sobre encuadramiento en la Seguridad Social del personal sanitario privado


El viernes 7 de noviembre, tuve el honor de participar en las VII Jornadas Médico-Jurídicas organizadas por el Colegio de Médicos de Málaga, atendiendo la invitación de mi buen amigo y compañero Antonio Moya

Me presentó el responsable de los servicios jurídicos del Colegio, José Enrique Peña, y compartí mesa con el director provincial del INSS, Manuel García Prieto, y con el jefe de la unidad de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo, Juan Carlos Bandera. De hecho, me correspondió, desde el respeto profesional y  la cordialidad, poner el contrapunto a la visión de la Inspección de Trabajo.

Mi intervención trató sobre la perspectiva jurídica y jurisprudencial acerca del correcto encuadramiento en el sistema de Seguridad Social -Autónomos o Régimen General- de los profesionales que ejercen la medicina privada, materia que dio lugar posteriormente a un interesante coloquio con los asistentes.

Intervención en 13 TV sobre corrupción

El espacio La Marimorena, dirigido y presentado por el periodista Carlos Cuesta en la cadena 13 Televisión, incluyó en su debate de actualidad del domingo 2 de noviembre un debate sobre la operación Púnica, una de las tramas de corrupción político-empresarial  recientemente destapadas. 

Asisti al mismo como invitado, en mi condición de asesor jurídico de la asociación Stop Estafadores, para hablar de una de las firmas de esta red corrupta, TPC Gestiones Consulting Inmobiliario

Esta empresa, cuya sede fue objeto de registro policial, forma parte del centenar de sociedades que el detenido David Marjaliza utilizaba para su actividad delictiva, vinculada a adjudicaciones públicas irregulares, pero la misma también adquiría créditos de la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo para ejecutarlos y desahuciar a las familias de sus viviendas. 

En el vídeo se incluyen varios fragmentos del programa: la introducción que hizo Carlos Cuesta con referencia a este asunto, el reportaje que ilustró el debate y finalmente mi intervención.



Declaraciones a El País sobre igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral

El País del 1 de noviembre publica un reportaje de Alba Casas titulado Planes de vida congelados, sobre la influencia de la carrera profesional en la postergación de los planes de maternidad hacer carrera profesional. 

Dentro del mismo recoge unas breves declaraciones mías:

“Las trabajadoras han salido peor paradas de la crisis”, opina el abogado laboralista Carlos Javier Galán. Según el letrado, las empresas prefieren no contratar mujeres porque son las principales beneficiarias de las prestaciones por maternidad (solo el 1,25% de las parejas compartieron la baja en 2014). La propia Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, aseguraba hace tres semanas preferir contratar a menores de 25 o mayores de 45 para evitarse “el problema” de un embarazo en su empresa. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, constata el problema y añade que se denuncia poco, o no se denuncia por la “doble discriminación”. “Si denuncias y ganas, tienes que reincorporarte al lugar donde se te discriminó, y eso desanima”, ilustra. 

Declaraciones en El País sobre la conexión entre la trama Púnica y la red del prestamista Arroyo


El diario El País, en su edición del 1 de noviembre, publica un reportaje del periodista Joaquín Gil sobre la red de corrupción política destapada en la Operación Púnica. En uno de los últimos párrafos incluye unas breves declaraciones mías sobre la conexión entre uno de sus principales implicados, David Marjaliza, y la trama del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, imputado por estafa:

"Una red de 91 empresas componen los tentáculos del conseguidor. La madeja apunta vínculos con conocidos de los tribunales. Uno de ellos es el prestamista imputado por estafa en varios juzgado de Madrid, Antonio Arroyo Arroyo. Sociedades de Marjaliza adquirieron créditos hipotecarios a Arroyo para propiciar el deshaucio de sus viviendas, según el abogado Carlos Javier Galán. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el prestamista, uno de los reyes de los créditos exprés en España". 

El Colegio de Abogados de Madrid presentó su Sección de Derecho Laboral

Publicado en Lawyerpress.com, 03.11.14
- El Magistrado Jorge Guillén, primer invitado a este nuevo foro, analiza los tres primeros años de vigencia de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

Madrid. Lawyerpress.

De la mano del magistrado Jorge Guillén, los laboralistas madrileños hicieron balance de los tres primeros años de vigencia de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en un acto que sirvió para presentar la nueva Sección de Derecho Laboral que ha impulsado el Colegio de Abogados de Madrid. La jornada fue un éxito de público y prestigiosos laboralistas como Fernando Vizcaíno de Sas, socio de laboral de Jiménez de Parga Abogados; Ignacio Sampere, socio de Laboral de Jausas, Esteban Ceca Magán y Antonio de la Fuente, presidente y socio de Ceca Magán Abogados o Martín Godino, socio de Sagardoy Abogados y presidente de ASNALA, asociación de abogados laboralistas fueron algunos de sus ilustres asistentes en un acto presidido por la Decana del ICAM, Sonia Gumpert, quien explicó que es la décimotercera sección que se pone en marcha dentro de la institución , con la finalidad de acercar la institución colegial a los abogados, ofrecer cauces a la especialización y crear foros sectoriales de encuentro y debate. 

Por su parte, la secretaria de la Junta de Gobierno y diputada responsable de esta sección, Carmen Pérez Andújar, se refirió al notable aumento de la litigosidad en la jurisdicción de lo Social, a la demanda de profesionales para el asesoramiento laboral y a la permanente actualización que exige la materia, como algunas de las causas que hacen necesaria esta iniciativa colegial. 

El presidente de la nueva sección, el abogado y profesor Carlos Javier Galán, reivindicó el papel del letrado como asesor laboral y no sólo como “apagafuegos” cuando se desencadena el conflicto. Hizo mención a los retos con los que se enfrentan los laboralistas y apeló a la implicación de sus compañeros para construir una sección que sea participativa y resulte útil. 

La ponencia inaugural versó sobre "La Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, tres años después" y estuvo a cargo del titular del Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid, Jorge Juan Guillén Olcina, profesor en ICADE, UAM e IE y asesor de la Organización Internacional del Trabajo. El ponente aseguró que la vigente norma mejoró el proceso laboral y lo dotó de mayores garantías, pero que exigía un incremento de jueces que no se ha producido. 

Repasó el funcionamiento de las principales novedades que introdujo la LRJS, entre ellas el juicio monitorio cuya regulación ha resultado a todas luces inadecuada. Hizo también mención a la ampliación de competencias de la jurisdicción, la acumulación de acciones, los cambios en materia probatoria y en ejecución, y a los poco utilizados actos preparatorios. 

Seguidamente se abrió un interesante coloquio, en el que varios asistentes plantearon dudas y expusieron opiniones sobre la primera aplicación práctica que ha registrado esta Ley. 

El acto congregó a un centenar de asistentes, entre los que se encontraban abogados del área laboral de conocidos despachos como Sagardoy, Uría Ménendez, Ceca Magán, Monereo Meyer y Marinel-lo, Jiménez de Parga, Backer&McKenzie, Jausas Legal, etc., miembros de asociaciones de laboralistas como ASNALA o Forelab, e integrantes de las asesorías jurídicas de sindicatos como CC.OO., UGT y CGT, además de un destacable número de abogados que se dedican al ejercicio libre en la jurisdicción de lo Social.

El 29 de octubre, presentamos la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid

Como ya conté aquí, fui designado para poner en marcha la nueva Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid. Ahora, esta iniciativa se presenta en público el próximo miércoles 29 de octubre a las 19'30 h.

La apertura de este acto correrá a cargo de nuestra Decana, Sonia Gumpert, y de la diputada responsable de la sección, Carmen Pérez Andújar

Seguidamente, me corresponderá presentar ante los compañeros la Sección de Derecho Laboral, explicando brevemente cuáles son sus propósitos y proyectos. 

El acto contará con una ponencia central, que en este caso servirá para hacer balance de los tres primeros años de la ley que regula el proceso laboral, analizando la experiencia, las dudas y la casuística que ha planteado. Correrá a cargo del magistrado Jorge Juan Guillén, que es el titular del Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid. 

Tras la exposición, se abrirá turno de preguntas entre los asistentes. Y, para finalizar, se servirá un vino español. 

Están ustedes invitados. Aunque la Sección está destinada a abogados, para asistir a su presentación no es necesario estar colegiado. Sólo hay que realizar la incripción -gratuita- enviando los datos del asistente a seccionlaboral@icam.es. La cita es en el salón de actos del Colegio, en la calle Serrano 9, primera planta, en Madrid.

Los desalojos de viviendas en España

Artículo publicado en la edición impresa de la revista argentina El Descamisado,
 nº 21, tercer trimestre 2014.
“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las partes se comprometen a adoptar medidas destinadas: a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente; a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes”. 
(Artículo 31 de la Carta Social Europea, ratificada por España)

“Alquilar es tirar el dinero”, nos dijeron durante muchos años nuestras propias familias, las administraciones públicas, los economistas, los medios de comunicación, la banca... ¿Para qué alquilar, si casi por la misma cuota mensual podías acceder a una vivienda en propiedad y además gozar de una deducción tributaria? 

El problema es que este mensaje, que nuestras familias vinculaban a una cultura del ahorro y de la inversión, los poderes económicos lo vincularon a la especulación y a sus propias ganancias. 

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en su informe Emergencia habitacional en el Estado Español comparten el diagnóstico que hizo el economista José Manuel Naredo en su trabajo El modelo inmobiliario español y sus consecuencias: la política en nuestro país se ha caracterizado por concebir la construcción de viviendas como fuente de especulación, en vez de como bienes vinculados a las necesidades de las personas. La reclasificación de terrenos -y el automático incremento del precio de los mismos- no se basó en una planificación urbanística racional y sostenible medioambientalmente. La construcción de viviendas tampoco tenía en cuenta la renta disponible o el crecimiento real de la población. Y este disparate de convertir en un fin lo que es un medio ha sido posible “gracias al compromiso con la expansión del modelo de dos grupos empresariales estrechamente vinculados a las administraciones públicas: el sector inmobiliario-constructivo y el bancario”. 

España vivió así el boom inmobiliario, una década en la que se construyeron más viviendas que en Alemania, Francia e Italia juntas. El sector de la construcción acaparó el 70 % del crédito. Las campañas agresivas de la banca en la captación de compradores/prestatarios, los bajos tipos de interés en toda la zona euro y el aumento de plazos de devolución en los préstamos (hasta cuarenta años, para que, al tiempo que las viviendas crecían continuamente de precio, las cuotas mensuales no se disparasen) alimentaron un endeudamiento excesivo de las familias y les condujeron a una situación de vulnerabilidad. 

Tras la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, los efectos llegan a Europa en forma de recesión económica. En contra del mensaje que muchos economistas y los poderes públicos lanzaban insistentemente en los años -e incluso en los meses- previos, la burbuja inmobiliaria sí pinchó. El sector de la construcción, que había sido la fuente de creación de empleo los años precedentes, sin alternativas en la industria y los servicios, se colapsó.

Nos encontramos así con un brutal crecimiento del desempleo: casi cuatro millones de parados más en cinco años, hasta llegar la cifra de desempleados al 26 % de la población activa, con un estremecedor 55 % si nos situamos en la franja de edad de los jóvenes. Un drama que, además, afectaba a una población, como decíamos, previamente sobreendeudada. 

Ahí entra en funcionamiento el procedimiento de ejecución hipotecaria español. Un proceso judicial que no admitía discusión de fondo, porque la obligación que se reclama está documentada en una escritura pública firmada ante notario. Hasta hace poco, sólo cabía oposición si se acreditaba el pago o la extinción de la deuda, o si se cuestionaba un error en la cantidad exigible. El juzgado procedía a subastar al mejor postor la vivienda del deudor y en aquel momento era posible adjudicarse la misma incluso por la mitad de su valor de tasación, que ya de por sí era muy inferior al que se había utilizado para fijar su precio de adquisición y otorgar el préstamo. Esto suponía que, una vez perdida la propiedad de la vivienda familiar, en muchos casos aún subsistía otra parte de la deuda y se continuaba con la ejecución contra el patrimonio restante: los salarios, el vehículo, las cuentas bancarias… Las personas no sólo eran desalojadas de sus casas, sino que, además, se les impedía cualquier proceso de reconstrucción de la economía familiar para subsistir. 

Desde 2007 hasta hoy, más de medio millón de ejecuciones hipotecarias en España han supuesto una tragedia que ha producido el demencial resultado de personas sin casa y casas sin personas. Millares de familias se quedaban en la calle, mientras se generaba un voluminoso parque de viviendas desocupadas en poder de los bancos, de fondos especulativos e incluso de organismos oficiales que dedican fondos públicos a intereses privados. 

¿Qué hicieron los gobiernos de PSOE y PP ante esta situación? Inicialmente nada. No adoptaron absolutamente ninguna medida ante lo que era a todas luces una emergencia social. Estuvieron muy ocupados en inyectar dinero público para el rescate de los bancos, sin que los continuos desalojos de familias distrajeran lo más mínimo su atención.

Tuvo que ser la voz de la calle la que, ante esa increíble insensibilidad de la clase política, pusiera sobre la mesa del debate público este problema. En 2011, las movilizaciones del 15-M sí incluyeron los desahucios entre las preocupaciones de los ciudadanos que hasta ese momento no constituían preocupaciones para los políticos. Y contribuyeron a amplificar la voz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, ya desde 2009, venía realizando una labor encomiable en esta materia, en medio de la indiferencia de los responsables públicos. Sus campañas Stop Desahucios han conseguido acompañar y ayudar a las familias objeto de desalojos, evitando además más de un millar de lanzamientos. Y su Obra Social ha permitido el realojo de familias en edificios vacíos que eran recuperados para su finalidad. Ante la pasividad de los grandes partidos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recogió un millón y medio de adhesiones (el triple de las necesarias) para presentar en el parlamento una Iniciativa Legislativa Popular que pedía, sustancialmente, tres medidas de mínimos: dación en pago retrospectiva (poder cancelar la deuda con la entrega de la casa, que el desalojado no continúe además debiendo dinero al banco), moratoria en los desahucios durante la crisis y creación de un parque de viviendas de alquiler social. En el Congreso la iniciativa no mereció el apoyo mayoritario de los políticos, pero el PP no pudo por más tiempo desoír este clamor y maquilló la situación adoptando por fin algunas medidas, aunque a todas luces muy limitadas e insuficientes. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea también vino a declarar, en una sentencia histórica dictada gracias a la persistencia de un abogado de turno de oficio, como no ajustado al Derecho Comunitario el proceso hipotecario español, obligando a una reforma legislativa que incluyó entre los motivos de oposición el carácter abusivo de las cláusulas, algo altamente frecuente. 

Aun así, estos cambios han sido claramente insuficientes. Las ejecuciones hipotecarias han continuado creciendo en 2014 y la cifra de desalojos se mantiene. Por ello la PAH y no pocos movimientos sociales siguen sosteniendo la necesidad de adoptar medidas que atiendan a la realidad social. No podemos seguir anteponiendo los intereses de la banca a los derechos humanos.

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Otros artículos publicados por el autor en El Descamisado:

- Desde España (I): La crisis
- Desde España (y II): La indignación

Apoyando la abogacía solidaria

El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña, iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid, ha elaborado un vídeo promocional para difundir y promover el trabajo pro bono de los abogados.

En el spot intervienen dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, nuestra decana Sonia Gumpert y el diputado Alejandro Alonso. Junto a ellos, aparecen profesores de Derecho, algunos autores de guías didácticas, representantes de ONG beneficiarias y abogados voluntarios que colaboramos en la abogacía pro bono, entre los cuales he tenido la satisfacción de participar.

Aquí pueden ver el vídeo y mi granito de arena explicando en qué consiste el pro bono, cuáles son sus ventajas y por qué lo recomendaría.

35 años después: el secuestro de Javier Rupérez

Publicado en el Programa de Fiestas San Miguel 2014 de El Hoyo de Pinares.

Septiembre de 1979: dos terroristas de ETA, Aulestia Urrutia y Françoise Marhuenda, se reúnen en Francia. Él le suministra a ella los datos para hacer un seguimiento a un diputado de Unión de Centro Democrático, Javier Rupérez. Se trata de elaborar un informe para un posterior secuestro, en el marco de una campaña terrorista que reclamará la amnistía de sus presos cuando se apruebe el estatuto de autonomía vasco. Marhuenda alquila para ello un piso en la calle de la Encomienda nº 20 de Madrid, con una identidad falsa y, durante dos semanas, vigila las costumbres del diputado.

Terminada su tarea, se tiene que entrevistar con el “comando” que llevará a cabo la acción, el mismo que había intentado secuestrar a otro diputado centrista, Gabriel Cisneros. Este político había conseguido milagrosamente zafarse de los terroristas en el momento en que iban a capturarlo, aunque resultó herido de bala.

Se citan en el bar del teleférico de la casa de Campo, en la calle Pintor Rosales. Allí aparecen (según el relato que Françoise hará a la policía tiempo después) Luis María Alkorta (alías Bigotes) y Arnaldo Otegi (El Gordo). Le proponen irse a vivir con ellos a un chalet que utilizan como “casa franca” en nuestro pueblo, El Hoyo de Pinares. Allí les espera el otro integrante del grupo, José María Ostolaza, alias El Barbas

Françoise asegura que, durante varios días, efectúa viajes desde nuestro pueblo a Madrid con integrantes de ese “comando” para contrastar la información de seguimiento que ha recogido y estudiar in situ como debía llevarse a cabo la operación.

Los terroristas ya tienen estudiadas las costumbres del diputado. Para su acción, usarán los mismos turismos, dos Seat 127, uno rojo y otro beige, que utilizaron en el fallido secuestro de Cisneros. Acuerdan que, si se presenta algún inconveniente durante la captura, le matarán. 

La víspera del secuestro, pasan todos la noche en el piso alquilado de la calle de la Encomienda en Madrid. A las siete de la mañana del 10 de noviembre de 1979, van a la Casa de Campo y dejan allí aparcado el 127 beige. Siempre según el relato de Françoise (luego no confirmado íntegramente por las sentencias judiciales), los cuatro terroristas, cada uno con un arma, se dirigen en el coche rojo al domicilio de Rupérez, en la madrileña plazuela de la Morería, donde llegan sobre las ocho y media de la mañana. La mujer se sienta en un banco en la acera de enfrente y el Seat 127 lo aparcan detrás del vehículo de Rupérez, a unos 50 metros de distancia. 

A las nueve y diez, sale de su domicilio Javier Rupérez y se encamina a su coche, un Seat 127 azul marino, de dos puertas, matrícula M-4032-AL, aparcado en la calle de la Morería con la plaza del Alamillo. Como Secretario de Relaciones Internacionales de UCD, tiene previsto acudir a las 10 h. a la I Mesa Iberoamericana de Partidos Democráticos que se celebra en el Hotel Monte Real de Madrid. Nunca llegará a su destino. 

Rupérez entra en su coche y, cuando se dispone a arrancar, dos individuos armados con pistolas abren la puerta y le encañonan. Le conminan a pasar a los asientos de atrás. Uno de los pistoleros se sienta a su izquierda apuntándole. Otro se coloca en el asiento del conductor y abre la puerta para que ocupe el puesto del copiloto la muchacha con chándal y bolsa de deportes a la que poco antes Rupérez había visto sentada en un banco. 

Cuando el vehículo se dirige hacia la zona de la Estación de Príncipe Pío, el individuo que tiene a su lado, sin dejar en encañonarle con su pistola,  le ordena agachar la cabeza, ponerse unas gafas opacas y entregarle su reloj. Ya en una zona poco concurrida de la Casa de Campo, le manda bajarse. Le quitan el abrigo, le dan unas pastillas, le atan las muñecas y le vendan los ojos con gasa y cinta aislante. Tras introducirle en el maletero del otro vehículo, emprenden viaje por carretera. Rupérez lógicamente lo ignora, pero en ese momento se están dirigiendo a El Hoyo de Pinares.

Llegados a su primer lugar de cautiverio, entran con el vehículo al interior de un garaje y allí le cambian del maletero al asiento delantero, pero aún atado y con los ojos vendados. Esperan un tiempo y, una vez que se han asegurado de que no hay nadie en las inmediaciones, le trasladan caminando a una habitación, le sientan en un colchón a ras de suelo y por fin le quitan la venda. Entonces ve que está en una especie de tienda de campaña azulada, en la que no puede ponerse de pie. Un encapuchado situado a su lado le indica que sus necesidades las tendrá que hacer en un cubo de plástico verde. Seguirá durante días con la misma ropa y le facilitarán un par de mantas, una palangana con agua y jabón y un cepillo de dientes. 

En el Hotel Monte Real, empieza a inquietar el inusual retraso de Rupérez. Lógicamente al principio se le quiere restar importancia, piensan simplemente que se puede haber dormido. Luego quieren suponer que se trata de una avería del vehículo... Tras las comprobaciones del equipo de seguridad de UCD en su casa, la preocupación ya no puede ocultarse. A la una y media de ese día se cursará la denuncia policial por la desaparición. Antes de ello, tras agotar las indagaciones, se ha avisado telefónicamente a su familia, que está en La Puebla de Almenara (Cuenca). La madre de Javier llora al enterarse. Su esposa, Gerry, y su hermana, Paloma, recogen todo para regresar a Madrid, con la hija del político secuestrado, Marta, de sólo dos años de edad. Hasta primeras horas de la tarde no se instalan los primeros controles policiales en las salidas y accesos de la capital. Es demasiado tarde. 

Todas las hipótesis de autoría –desde la extrema derecha a cualquier de las ramas de ETA- estaban abiertas a la especulación periodística y la investigación policial. No es hasta dos días después del secuestro cuando la denominada ETA (político-militar) lo reivindica, mediante un comunicado que anuncia que próximamente concretarán sus exigencias. Ese mismo día, la policía localizará el coche del diputado, abandonado en la Casa de Campo. 

Algún tiempo después, parece que abandonan El Hoyo de Pinares, con un destino desconocido. Al secuestrado le dan otra vez pastillas y le vendan los ojos. Le suben a la parte de carga de un camión y le esconden entre cajas. Una vez llegados, le indican que camine por una especie de rampa de cemento y, ante lo que se supone que será una entrada, le ordenan que pase arrastrándose. Cuando le descubran los ojos, verá el lugar donde pasará el resto de su cautiverio: un pequeño habitáculo con una litera metálica, una mesa y una silla.

A esas alturas ya ha tenido algunas conversaciones con sus terroristas. Sabe que son de ETA, presumiblemente de la rama político-militar y le han reconocido que su secuestro está teniendo gran trascendencia pública. 

El presidente Adolfo Suárez ha decidido no negociar con los terroristas y gestionar una cadena de adhesiones internacionales que pidan la liberación sin condiciones. La familia hace públicos mensajes de cariño, cuyo contenido Javier Rupérez no llegará a conocer durante su cautiverio. 

El 13 de noviembre ETA político militar había dado a conocer sus “exigencias” para liberar al secuestrado: la inmediata excarcelación de cinco reclusos concretos aquejados de alguna dolencia, y la creación por el Consejo General Vasco (el organismo preautonómico) de una comisión para estudiar la supuesta “violencia institucionalizada” contra el País Vasco.

El 14 de noviembre el Congreso condena la privación de libertad de su diputado, que califica de “agresión a las instituciones democráticas” e insta al Gobierno para que actúe “sin sometimiento a coacciones de índole delictiva”. Personalidades públicas de muy distinta condición constituyen un Comité pro Liberación de Javier Rupérez. 

A Rupérez su captores le proporcionarán un mono de obrero y le harán varias fotografías, que que ETA hará públicas para acreditar que sigue con vida: bajo el cartel de Pertur (dirigente etarra de cuya desaparición culpan al Estado pero que en realidad ha sido asesinado por otra facción de la propia banda), con el diario El País del 17 de noviembre en las manos, con un libro o escribiendo una carta para su familia.

Un día, entran en su habitación, encienden la luz y le sacan de la cama dando voces: “¡Esto se acabó! Le vamos a ejecutar, todo el mundo le ha abandonado, el Gobierno no quiere negociar, estamos hasta los cojones!”. Le lanzan recortes de prensa a los que han quitado las fechas, todos en la misma línea de negativa a negociación por parte del gobierno ucedista. Rupérez piensa que ha llegado su final. Pero, tras la conmoción causada, le obligan a que escriba una  carta a Suárez pidiendo que haga algo por su vida y le permiten regresar a la cama. 

Todas las largas y tensas semanas del cautiverio de Rupérez se debaten entre una intensa preocupación y permanentes noticias contradictorias. No hay que olvidar que todavía está reciente la conmoción que nos produjo a todos ver en el maletero de un coche el cadáver de Aldo Moro, el dirigente de la democracia cristiana italiana, secuestrado y asesinado el año anterior por el grupo terrorista Brigadas Rojas. El gobierno sí tiene previsto dar ciertos pasos en materia penitenciaria, pero no quiere dar la impresión ante la opinión pública de que los terroristas le marcan el paso. 

Aunque Rupérez no lo sabe con certeza, se ha cumplido ya un mes desde su captura el día en que sus secuestradores entran al habitáculo y le dicen simplemente: “Nos vamos”. Le proporcionan ropa nueva y, tras suministrarle otra vez pastillas y vendarle los ojos, le meten en el maletero de un coche. Llegados a su destino, le dejan sentado en una piedra, con los ojos tapados, y le dicen que no se mueva, que su familia le recogerá. Nadie viene y, transcurrido algún tiempo de espera, Rupérez decide quitarse la venda. Es de noche y camina hacia el lugar donde intuye que hay una carretera. Llora entonces emocionado, porque es consciente de que ha sido liberado y de que volverá a ver a los suyos. No intenta hacer autostop a los coches que pasan: piensa que de noche y viéndole así -arropado con una manta, pelo largo y barba de varios días- nadie parará. Se dirige hacia una gasolinera, que encuentra cerrada, pero un cartel le informa de cuál es la más cercana abierta, a un kilómetro. Cuando llega, se dirige al empleado que le escucha tras los barrotes: “Soy Javier Rupérez, el secuestrado, me acaban de liberar, ¿puedo hacer una llamada?”. “Sí, lo he conocido. Puede llamar, pero  a estas horas siempre pasa un coche de la guardia civil”.  Le informan de que está en el término municipal de La Varga, a 8 kilómetros de Burgos, y que son las seis de la mañana del 12 de diciembre de 1979. Cuando aún están buscando el número de teléfono de la guardia civil, llega efectivamente un coche patrulla. El liberado sale a su encuentro y un agente exclama: “¡Coño, si es Rupérez!”. La pesadilla ha terminado.  

El diputado es llevado a la Comandancia de Burgos. Desde allí, hablará primero con su esposa y luego con el presidente Suárez. Después, le trasladan en coche al Palacio de la Moncloa, donde podrá por fin abrazar a su familia. Y tras el reencuentro, tendrá que ir al Hospital Puerta de Hierro para una revisión médica. 

Los siguientes meses hubo numerosas especulaciones sobre el precio de esta liberación. La oposición socialista pidió a Suárez en sede parlamentaria que informara a la opinión pública de cuáles habían sido las concesiones. El gobierno siempre negó cualquier negociación o acuerdo con los terroristas. Ese mismo mes fueron excarcelados catorce presos de ETA, pero el ejecutivo sostuvo que era consecuencia de su propia política penitenciaria y no de cesiones. Una parte de ETA (p-m), la llamada VII Asamblea, se acabaría disolviendo en 1982 y acogiéndose a medidas de reinserción. 

Habían transcurrido más de tres meses de la liberación del diputado cuando una operación policial en Oviedo desencadenó varias detenciones en Asturias, Málaga y Valencia, proporcionando la información necesaria para esclarecer en parte el secuestro de Rupérez y el intento sufrido antes por Cisneros. 

Como consecuencia de las distintas declaraciones e investigaciones, se procedió a detener a Begoña Aurteneche, una vizcaína de 56 años, quien había suministrado uno de los vehículos al comando y había alquilado el chalet de El Hoyo de Pinares donde transcurrió parte del cautiverio. También se apresó a Françoise Marhuenda, vasco-francesa de 26 años, que como ya sabemos confesó ser una de las autoras materiales.
  
El chalet descubierto estaba en la zona de La Perdiguera, en la entonces Avenida de José Antonio (hoy Juan Carlos I) número 83 de nuestra localidad, por encima de la piscina municipal. Allí se descubrió un zulo excavado donde se ocultaban aún explosivos (80 kilos de goma 2, cuatro artefactos de carga hueca y cuatro granadas de mano) y un arsenal de armas (cuatro pistolas, una metralleta y una escopeta repetidora), además de numerosa munición, las gafas oscuras usadas en el secuestro, grilletes, pelucas, matrículas de coches falsas… En esa vivienda se halló también lo que los terroristas denominaban, en su siniestro lenguaje, la “cárcel del pueblo”, esto es, el lugar donde transcurrió la primera parte del secuestro del diputado de UCD.

Enseguida la noticia trascendió a los medios: Rupérez había estado secuestrado en un pueblo de Ávila, El Hoyo de Pinares. Periódicos, radio y televisión informaban de las detenciones y del hallazgo del chalet. Como es fácil imaginar, la información conmocionó a nuestro pueblo, donde incluso muchos habían conocido y tenido trato personal con algunos ocupantes del chalet, especialmente con su arrendataria, Begoña. 

François narró ante la policía los detalles del secuestro y declaró que ella y Otegi habían pasado a Francia tres días antes de la liberación y que sus compañeros de comando lo hicieron más tarde.
Entonces se rumorea que Rupérez va a venir a nuestro pueblo para reconocer el lugar donde estuvo secuestrado. El día indicado, esperaban ante el chalet la guardia civil y el reportero gráfico de Diario de Ávila Javier Lumbreras. Pasa el tiempo y Rupérez no aparece. A falta de testimonio de la inspección ocular por parte del diputado secuestrado, el periódico publicará al día siguiente la foto de los curiosos chavales presentes, que nos estamos asomando a la verja del chalet. En sus memorias, Javier Rupérez reconoce que se había comprometido con el comisario Manuel Ballesteros a venir, pero que Joaquín Ruiz Giménez (el político democristiano que había presidido el comité en pro de su liberación) le pidió que no lo hiciera, porque le complicaba mucho las cosas en cuanto a la regularización penitenciaria de los miembros de ETA (p-m) que se había comprometido a intentar. 

En 1981, se celebra el primer juicio contra las dos mujeres. El 22 de mayo, la sentencia judicial condena a Begoña Aurteneche a un año de prisión por colaboración con banda armada y a François Marhuenda a tres años por su participación en el secuestro. 

Casi diez años después, se juzgaría a otros miembros del comando, Luis M. Alkorta y Arnaldo Otegi –el mismo que más tarde sería dirigente de Batasuna-, a los que Rupérez no pudo reconocer. A pesar de que su compañera de “comando” había proporcionado numerosos datos, ellos negaron todo y resultaron absueltos por falta de pruebas, en sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de enero de 1989.  

Obviamente el secuestro de Javier Rupérez no es un episodio de grata memoria. Pero creo que es necesario que las nuevas generaciones lo conozcan y que nosotros no lo olvidemos. Al fin y al cabo, también es parte de nuestra historia. Y nos ayuda a saber de dónde venimos y ser conscientes de cuánto ha costado hacer el camino.

El nombre de El Hoyo de Pinares a buen seguro invocará recuerdos dramáticos en Javier Rupérez. Pero, en realidad, sólo la desgraciada elección de los terroristas convirtió un pueblo que es acogedor, afable y amante de la libertad en el lugar de un inhumano cautiverio. 
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Bibliografía:
- Secuestrado por ETA. Memorias. Javier Rupérez. Ediciones Temas de Hoy, 1991.

Documentos judiciales:
-  Extracto del acta de declaración de Françoise Marhuenda en la Brigada Central de la Comisaría Central de Información. Madrid, 24 marzo 1980.
- Sentencia 68/1981 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 22 de mayo.
- Sentencia 7/1989 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 19 de enero.

Hemeroteca:
- Javier Rupérez, secuestrado por ETA. La Vanguardia, 13 noviembre 1979.
ETA se atribuye el secuestro de Rupérez. ABC, 13 noviembre 1979.
Javier Rupérez, en libertad. ABC, 13 diciembre 1979.
La liberación de Javier Rupérez. El País, 13 diciembre 1979.
Rupérez estuvo secuestrado en un pueblo de Ávila. ABC, 25 marzo 1980.
Esclarecidas las acciones contra los diputados Cisneros y Rupérez. ABC, 26 marzo 1980.
Dos mujeres, responsables del secuestro de Javier Rupérez. Diario 16, 26 marzo 1980
Relato policial del secuestro de Javier Rupérez. La Vanguardia, 26 marzo 1980.
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(Ilustraciones | Rupérez secuestrado, foto difundida por la banda terrorista ETA. Chalet y zulo donde escondían las armas, fotografía de agencias y prensa de la época. Rupérez liberado con su familia, fotografía de Marisa Flórez, El País. Rupérez entra al juicio en la Audiencia Nacional contra sus presuntos captores en 1989, fotografía extraida del libro Secuestrado por ETA)

Entrevista en Cinco Días sobre mi actividad profesional

Publicado en Cinco Días, 22.09.14
Vida Jurídica. Pequeños despachos
UNA NOTA DISCORDANTE FRENTE A LAS ESTAFAS
Carlos Javier Galán dirige el despacho Alberche Área Jurídica

CARLOS CAPA. Madrid

Carlos Javier Galán se descubre, desde el primer momento, como hombre de claras y limpias ideas que a veces recorren agrestes y un tanto rocosos espacios, quizás en personificación de ese río Alberche con el que ha querido denominar a su despacho. De primeras, ya advierte no ser "abogado vocacional", sin que por ello oculte su pasión por el oficio de la toga. En cierta evocación humanista, cree que "la abogacía no puede tratarse sólo como un negocio. Tratamos con seres humanos, con sus derechos y sus sentimientos y eso hay que tenerlo presente".

Deudor de ese concepto, valora la independencia y por ello ha preferido el formato del despacho de marca personal antes que otras modalidades de la abogacía. "Sin que unas sean mejores que otras. Cada uno debe situarse donde se encuentre más cómodo y para todos hay un espacio". 

Sin dejar de reivindicar la generalidad del oficio, desde sus primeros pasos se ha volcado en el Derecho Laboral y a las pymes, "una de las actividades más exigentes, ya que requiere una actualización constante y mucha práctica cotidiana", explica. Autor de varias obras y profesor de la materia, recurre a "ser muy práctico tanto en el ejercicio como en la docencia", deslindando sus valoraciones personales de la aplicación de las medidas existentes. 

A pesar de ello, se muestra crítico con una reforma laboral "que ha llegado tarde para algunas medidas de flexibilidad que hubieran ahorrado despidos de aplicarse en su momento" y que "está precarizando y deslaboralizando el mercado de trabajo", con realidades como la de los "falsos autónomos". 

También, como las verdades del barquero, nos hace ver que para fomentar el emprendimiento de verdad hay que desbrozar el camino más allá de la propaganda. "Difícilmente se puede emprender un nuevo proyecto si la Seguridad Social te persigue desde el minuto uno con deudas derivadas de anteriores fracasos empresariales, legalmente concluidos, o si se ofertan subvenciones que luego carecen de presupuesto para hacerlas efectivas", explica el letrado. 

Animado a proponer soluciones, le sobra hacernos ver lo evidente como si fuera el cielo infinito de la tierra castellana. "Hay que escuchar a los protagonistas, empresarios y trabajadores, antes de tomar medidas". 

A pesar de su reconocido prestigio como laboralista, lo que ha hecho a Carlos Javier Galán un abogado mediático en los últimos años es su quijotesco combate a los estafadores que, aprovechando la falta de regulación de los préstamos no bancarios, han tejido miserablemente redes de fraude para apropiarse de los escasos bienes de los atenazados por la crisis y por la indolente falta de regulación por el Estado de leyes de "segunda oportunidad". 

El "no poder decir que no" a un amigo le hizo ponerse sobre la pista de lo que se ha revelado como una "trama organizada" de estafas. Su constancia y habilidad legal ha conseguido ya que la Audiencia Nacional, después de años de abusos, haya tomado cartas en el asunto. Los múltiples reconocimientos que la labor de este letrado viene desarrollando en esta materia son un estímulo importante que, incluso en términos de advertencia, le quieren colocar los que ven su criminal negocio peligrar. 

Desde Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán se ha propuesto seguir un camino como abogado que, a falta de exclusividad en su proyecto vital, se enriquece con sus otras vocaciones, como la escritura y la comunicación. Tremolando el pendón de sus valores: "Rigor, profesionalidad y cercanía", sin olvidar ser, como titula a su blog, una nota discordante, se muestra sobriamente orgulloso de un despacho que, como decía Unamuno del castellano, pretende salir "labrado como la tierra y airoso como las alas". 

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(Fotografía: Carmen Comos)

Intervención en reportaje Abusos y estafas de Comando Actualidad, en TVE

El pasado 10 de septiembre, el programa de TVE-1 Comando Actualidad dedicó su emisión a Abusos y estafas

Entre los asuntos abordados, se incluyeron las redes de estafas en préstamos hipotecarios. 

El espacio recogió el testimonio de dos afectadas, Teresa y Mary, ésta última miembro de la Junta Directiva de la asociación de víctimas Stop Estafadores, que realiza una labor muy meritoria. 

El reportero de Comando Actualidad Juan Carlos Cuevas recabó también mis declaraciones, en mi condición de abogado de afectados. En la conversación intenté explicar el modus operandi de estas prácticas, tan hábilmente diseñadas. 

El fragmento del vídeo del programa se cierra con las cínicas manifestaciones de Antonio Arroyo, cabecilla de una de las principales redes e imputado por presuntas estafas en numerosos juzgados, quien -una vez más- mintió con aplomo y se vanaglorió públicamente de su impunidad.