Presentación en Sevilla de libro-homenaje a Mercedes Fórmica

El próximo jueves 11 de diciembre tendré el honor de intervenir en el Colegio de Abogados de Sevilla en un acto de presentación del libro Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica (Editorial Barbarroja).

La obra incluye el prólogo de Javier Compás, un poema de Mercedes Colubi, y textos de la empresaria Mercedes Valdivia, el historiador  José M. García de Tuñón, el abogado José Manuel Sánchez del Águila y los periodistas Laura Martín y Gustavo Morales, que ofrecen, desde distintas perspectivas, un sugestivo retrato de esta abogada y escritora. 

Mercedes Fórmica, a la que ya dediqué este post en el blog, tuvo la habilidad y la valentía de generar en los años cincuenta un debate público que acabaría desembocando en un cambio nada desdeñable de la situación legal de la mujer española. 

El acto está organizado por la Asociación Cultural Ademán y dará comienzo a las 20'30 horas, en el salón de actos del Colegio (calle Chapineros nº 6, de Sevilla).

El 29 de octubre, presentamos la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid

Como ya conté aquí, fui designado para poner en marcha la nueva Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid. Ahora, esta iniciativa se presenta en público el próximo miércoles 29 de octubre a las 19'30 h.

La apertura de este acto correrá a cargo de nuestra Decana, Sonia Gumpert, y de la diputada responsable de la sección, Carmen Pérez Andújar

Seguidamente, me corresponderá presentar ante los compañeros la Sección de Derecho Laboral, explicando brevemente cuáles son sus propósitos y proyectos. 

El acto contará con una ponencia central, que en este caso servirá para hacer balance de los tres primeros años de la ley que regula el proceso laboral, analizando la experiencia, las dudas y la casuística que ha planteado. Correrá a cargo del magistrado Jorge Juan Guillén, que es el titular del Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid. 

Tras la exposición, se abrirá turno de preguntas entre los asistentes. Y, para finalizar, se servirá un vino español. 

Están ustedes invitados. Aunque la Sección está destinada a abogados, para asistir a su presentación no es necesario estar colegiado. Sólo hay que realizar la incripción -gratuita- enviando los datos del asistente a seccionlaboral@icam.es. La cita es en el salón de actos del Colegio, en la calle Serrano 9, primera planta, en Madrid.

Los desalojos de viviendas en España

Artículo publicado en la edición impresa de la revista argentina El Descamisado,
 nº 21, tercer trimestre 2014.
“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las partes se comprometen a adoptar medidas destinadas: a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente; a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes”. 
(Artículo 31 de la Carta Social Europea, ratificada por España)

“Alquilar es tirar el dinero”, nos dijeron durante muchos años nuestras propias familias, las administraciones públicas, los economistas, los medios de comunicación, la banca... ¿Para qué alquilar, si casi por la misma cuota mensual podías acceder a una vivienda en propiedad y además gozar de una deducción tributaria? 

El problema es que este mensaje, que nuestras familias vinculaban a una cultura del ahorro y de la inversión, los poderes económicos lo vincularon a la especulación y a sus propias ganancias. 

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en su informe Emergencia habitacional en el Estado Español comparten el diagnóstico que hizo el economista José Manuel Naredo en su trabajo El modelo inmobiliario español y sus consecuencias: la política en nuestro país se ha caracterizado por concebir la construcción de viviendas como fuente de especulación, en vez de como bienes vinculados a las necesidades de las personas. La reclasificación de terrenos -y el automático incremento del precio de los mismos- no se basó en una planificación urbanística racional y sostenible medioambientalmente. La construcción de viviendas tampoco tenía en cuenta la renta disponible o el crecimiento real de la población. Y este disparate de convertir en un fin lo que es un medio ha sido posible “gracias al compromiso con la expansión del modelo de dos grupos empresariales estrechamente vinculados a las administraciones públicas: el sector inmobiliario-constructivo y el bancario”. 

España vivió así el boom inmobiliario, una década en la que se construyeron más viviendas que en Alemania, Francia e Italia juntas. El sector de la construcción acaparó el 70 % del crédito. Las campañas agresivas de la banca en la captación de compradores/prestatarios, los bajos tipos de interés en toda la zona euro y el aumento de plazos de devolución en los préstamos (hasta cuarenta años, para que, al tiempo que las viviendas crecían continuamente de precio, las cuotas mensuales no se disparasen) alimentaron un endeudamiento excesivo de las familias y les condujeron a una situación de vulnerabilidad. 

Tras la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, los efectos llegan a Europa en forma de recesión económica. En contra del mensaje que muchos economistas y los poderes públicos lanzaban insistentemente en los años -e incluso en los meses- previos, la burbuja inmobiliaria sí pinchó. El sector de la construcción, que había sido la fuente de creación de empleo los años precedentes, sin alternativas en la industria y los servicios, se colapsó.

Nos encontramos así con un brutal crecimiento del desempleo: casi cuatro millones de parados más en cinco años, hasta llegar la cifra de desempleados al 26 % de la población activa, con un estremecedor 55 % si nos situamos en la franja de edad de los jóvenes. Un drama que, además, afectaba a una población, como decíamos, previamente sobreendeudada. 

Ahí entra en funcionamiento el procedimiento de ejecución hipotecaria español. Un proceso judicial que no admitía discusión de fondo, porque la obligación que se reclama está documentada en una escritura pública firmada ante notario. Hasta hace poco, sólo cabía oposición si se acreditaba el pago o la extinción de la deuda, o si se cuestionaba un error en la cantidad exigible. El juzgado procedía a subastar al mejor postor la vivienda del deudor y en aquel momento era posible adjudicarse la misma incluso por la mitad de su valor de tasación, que ya de por sí era muy inferior al que se había utilizado para fijar su precio de adquisición y otorgar el préstamo. Esto suponía que, una vez perdida la propiedad de la vivienda familiar, en muchos casos aún subsistía otra parte de la deuda y se continuaba con la ejecución contra el patrimonio restante: los salarios, el vehículo, las cuentas bancarias… Las personas no sólo eran desalojadas de sus casas, sino que, además, se les impedía cualquier proceso de reconstrucción de la economía familiar para subsistir. 

Desde 2007 hasta hoy, más de medio millón de ejecuciones hipotecarias en España han supuesto una tragedia que ha producido el demencial resultado de personas sin casa y casas sin personas. Millares de familias se quedaban en la calle, mientras se generaba un voluminoso parque de viviendas desocupadas en poder de los bancos, de fondos especulativos e incluso de organismos oficiales que dedican fondos públicos a intereses privados. 

¿Qué hicieron los gobiernos de PSOE y PP ante esta situación? Inicialmente nada. No adoptaron absolutamente ninguna medida ante lo que era a todas luces una emergencia social. Estuvieron muy ocupados en inyectar dinero público para el rescate de los bancos, sin que los continuos desalojos de familias distrajeran lo más mínimo su atención.

Tuvo que ser la voz de la calle la que, ante esa increíble insensibilidad de la clase política, pusiera sobre la mesa del debate público este problema. En 2011, las movilizaciones del 15-M sí incluyeron los desahucios entre las preocupaciones de los ciudadanos que hasta ese momento no constituían preocupaciones para los políticos. Y contribuyeron a amplificar la voz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, ya desde 2009, venía realizando una labor encomiable en esta materia, en medio de la indiferencia de los responsables públicos. Sus campañas Stop Desahucios han conseguido acompañar y ayudar a las familias objeto de desalojos, evitando además más de un millar de lanzamientos. Y su Obra Social ha permitido el realojo de familias en edificios vacíos que eran recuperados para su finalidad. Ante la pasividad de los grandes partidos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recogió un millón y medio de adhesiones (el triple de las necesarias) para presentar en el parlamento una Iniciativa Legislativa Popular que pedía, sustancialmente, tres medidas de mínimos: dación en pago retrospectiva (poder cancelar la deuda con la entrega de la casa, que el desalojado no continúe además debiendo dinero al banco), moratoria en los desahucios durante la crisis y creación de un parque de viviendas de alquiler social. En el Congreso la iniciativa no mereció el apoyo mayoritario de los políticos, pero el PP no pudo por más tiempo desoír este clamor y maquilló la situación adoptando por fin algunas medidas, aunque a todas luces muy limitadas e insuficientes. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea también vino a declarar, en una sentencia histórica dictada gracias a la persistencia de un abogado de turno de oficio, como no ajustado al Derecho Comunitario el proceso hipotecario español, obligando a una reforma legislativa que incluyó entre los motivos de oposición el carácter abusivo de las cláusulas, algo altamente frecuente. 

Aun así, estos cambios han sido claramente insuficientes. Las ejecuciones hipotecarias han continuado creciendo en 2014 y la cifra de desalojos se mantiene. Por ello la PAH y no pocos movimientos sociales siguen sosteniendo la necesidad de adoptar medidas que atiendan a la realidad social. No podemos seguir anteponiendo los intereses de la banca a los derechos humanos.

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Otros artículos publicados por el autor en El Descamisado:

- Desde España (I): La crisis
- Desde España (y II): La indignación

Apoyando la abogacía solidaria

El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña, iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid, ha elaborado un vídeo promocional para difundir y promover el trabajo pro bono de los abogados.

En el spot intervienen dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, nuestra decana Sonia Gumpert y el diputado Alejandro Alonso. Junto a ellos, aparecen profesores de Derecho, algunos autores de guías didácticas, representantes de ONG beneficiarias y abogados voluntarios que colaboramos en la abogacía pro bono, entre los cuales he tenido la satisfacción de participar.

Aquí pueden ver el vídeo y mi granito de arena explicando en qué consiste el pro bono, cuáles son sus ventajas y por qué lo recomendaría.

35 años después: el secuestro de Javier Rupérez

Publicado en el Programa de Fiestas San Miguel 2014 de El Hoyo de Pinares.

Septiembre de 1979: dos terroristas de ETA, Aulestia Urrutia y Françoise Marhuenda, se reúnen en Francia. Él le suministra a ella los datos para hacer un seguimiento a un diputado de Unión de Centro Democrático, Javier Rupérez. Se trata de elaborar un informe para un posterior secuestro, en el marco de una campaña terrorista que reclamará la amnistía de sus presos cuando se apruebe el estatuto de autonomía vasco. Marhuenda alquila para ello un piso en la calle de la Encomienda nº 20 de Madrid, con una identidad falsa y, durante dos semanas, vigila las costumbres del diputado.

Terminada su tarea, se tiene que entrevistar con el “comando” que llevará a cabo la acción, el mismo que había intentado secuestrar a otro diputado centrista, Gabriel Cisneros. Este político había conseguido milagrosamente zafarse de los terroristas en el momento en que iban a capturarlo, aunque resultó herido de bala.

Se citan en el bar del teleférico de la casa de Campo, en la calle Pintor Rosales. Allí aparecen (según el relato que Françoise hará a la policía tiempo después) Luis María Alkorta (alías Bigotes) y Arnaldo Otegi (El Gordo). Le proponen irse a vivir con ellos a un chalet que utilizan como “casa franca” en nuestro pueblo, El Hoyo de Pinares. Allí les espera el otro integrante del grupo, José María Ostolaza, alias El Barbas

Françoise asegura que, durante varios días, efectúa viajes desde nuestro pueblo a Madrid con integrantes de ese “comando” para contrastar la información de seguimiento que ha recogido y estudiar in situ como debía llevarse a cabo la operación.

Los terroristas ya tienen estudiadas las costumbres del diputado. Para su acción, usarán los mismos turismos, dos Seat 127, uno rojo y otro beige, que utilizaron en el fallido secuestro de Cisneros. Acuerdan que, si se presenta algún inconveniente durante la captura, le matarán. 

La víspera del secuestro, pasan todos la noche en el piso alquilado de la calle de la Encomienda en Madrid. A las siete de la mañana del 10 de noviembre de 1979, van a la Casa de Campo y dejan allí aparcado el 127 beige. Siempre según el relato de Françoise (luego no confirmado íntegramente por las sentencias judiciales), los cuatro terroristas, cada uno con un arma, se dirigen en el coche rojo al domicilio de Rupérez, en la madrileña plazuela de la Morería, donde llegan sobre las ocho y media de la mañana. La mujer se sienta en un banco en la acera de enfrente y el Seat 127 lo aparcan detrás del vehículo de Rupérez, a unos 50 metros de distancia. 

A las nueve y diez, sale de su domicilio Javier Rupérez y se encamina a su coche, un Seat 127 azul marino, de dos puertas, matrícula M-4032-AL, aparcado en la calle de la Morería con la plaza del Alamillo. Como Secretario de Relaciones Internacionales de UCD, tiene previsto acudir a las 10 h. a la I Mesa Iberoamericana de Partidos Democráticos que se celebra en el Hotel Monte Real de Madrid. Nunca llegará a su destino. 

Rupérez entra en su coche y, cuando se dispone a arrancar, dos individuos armados con pistolas abren la puerta y le encañonan. Le conminan a pasar a los asientos de atrás. Uno de los pistoleros se sienta a su izquierda apuntándole. Otro se coloca en el asiento del conductor y abre la puerta para que ocupe el puesto del copiloto la muchacha con chándal y bolsa de deportes a la que poco antes Rupérez había visto sentada en un banco. 

Cuando el vehículo se dirige hacia la zona de la Estación de Príncipe Pío, el individuo que tiene a su lado, sin dejar en encañonarle con su pistola,  le ordena agachar la cabeza, ponerse unas gafas opacas y entregarle su reloj. Ya en una zona poco concurrida de la Casa de Campo, le manda bajarse. Le quitan el abrigo, le dan unas pastillas, le atan las muñecas y le vendan los ojos con gasa y cinta aislante. Tras introducirle en el maletero del otro vehículo, emprenden viaje por carretera. Rupérez lógicamente lo ignora, pero en ese momento se están dirigiendo a El Hoyo de Pinares.

Llegados a su primer lugar de cautiverio, entran con el vehículo al interior de un garaje y allí le cambian del maletero al asiento delantero, pero aún atado y con los ojos vendados. Esperan un tiempo y, una vez que se han asegurado de que no hay nadie en las inmediaciones, le trasladan caminando a una habitación, le sientan en un colchón a ras de suelo y por fin le quitan la venda. Entonces ve que está en una especie de tienda de campaña azulada, en la que no puede ponerse de pie. Un encapuchado situado a su lado le indica que sus necesidades las tendrá que hacer en un cubo de plástico verde. Seguirá durante días con la misma ropa y le facilitarán un par de mantas, una palangana con agua y jabón y un cepillo de dientes. 

En el Hotel Monte Real, empieza a inquietar el inusual retraso de Rupérez. Lógicamente al principio se le quiere restar importancia, piensan simplemente que se puede haber dormido. Luego quieren suponer que se trata de una avería del vehículo... Tras las comprobaciones del equipo de seguridad de UCD en su casa, la preocupación ya no puede ocultarse. A la una y media de ese día se cursará la denuncia policial por la desaparición. Antes de ello, tras agotar las indagaciones, se ha avisado telefónicamente a su familia, que está en La Puebla de Almenara (Cuenca). La madre de Javier llora al enterarse. Su esposa, Gerry, y su hermana, Paloma, recogen todo para regresar a Madrid, con la hija del político secuestrado, Marta, de sólo dos años de edad. Hasta primeras horas de la tarde no se instalan los primeros controles policiales en las salidas y accesos de la capital. Es demasiado tarde. 

Todas las hipótesis de autoría –desde la extrema derecha a cualquier de las ramas de ETA- estaban abiertas a la especulación periodística y la investigación policial. No es hasta dos días después del secuestro cuando la denominada ETA (político-militar) lo reivindica, mediante un comunicado que anuncia que próximamente concretarán sus exigencias. Ese mismo día, la policía localizará el coche del diputado, abandonado en la Casa de Campo. 

Algún tiempo después, parece que abandonan El Hoyo de Pinares, con un destino desconocido. Al secuestrado le dan otra vez pastillas y le vendan los ojos. Le suben a la parte de carga de un camión y le esconden entre cajas. Una vez llegados, le indican que camine por una especie de rampa de cemento y, ante lo que se supone que será una entrada, le ordenan que pase arrastrándose. Cuando le descubran los ojos, verá el lugar donde pasará el resto de su cautiverio: un pequeño habitáculo con una litera metálica, una mesa y una silla.

A esas alturas ya ha tenido algunas conversaciones con sus terroristas. Sabe que son de ETA, presumiblemente de la rama político-militar y le han reconocido que su secuestro está teniendo gran trascendencia pública. 

El presidente Adolfo Suárez ha decidido no negociar con los terroristas y gestionar una cadena de adhesiones internacionales que pidan la liberación sin condiciones. La familia hace públicos mensajes de cariño, cuyo contenido Javier Rupérez no llegará a conocer durante su cautiverio. 

El 13 de noviembre ETA político militar había dado a conocer sus “exigencias” para liberar al secuestrado: la inmediata excarcelación de cinco reclusos concretos aquejados de alguna dolencia, y la creación por el Consejo General Vasco (el organismo preautonómico) de una comisión para estudiar la supuesta “violencia institucionalizada” contra el País Vasco.

El 14 de noviembre el Congreso condena la privación de libertad de su diputado, que califica de “agresión a las instituciones democráticas” e insta al Gobierno para que actúe “sin sometimiento a coacciones de índole delictiva”. Personalidades públicas de muy distinta condición constituyen un Comité pro Liberación de Javier Rupérez. 

A Rupérez su captores le proporcionarán un mono de obrero y le harán varias fotografías, que que ETA hará públicas para acreditar que sigue con vida: bajo el cartel de Pertur (dirigente etarra de cuya desaparición culpan al Estado pero que en realidad ha sido asesinado por otra facción de la propia banda), con el diario El País del 17 de noviembre en las manos, con un libro o escribiendo una carta para su familia.

Un día, entran en su habitación, encienden la luz y le sacan de la cama dando voces: “¡Esto se acabó! Le vamos a ejecutar, todo el mundo le ha abandonado, el Gobierno no quiere negociar, estamos hasta los cojones!”. Le lanzan recortes de prensa a los que han quitado las fechas, todos en la misma línea de negativa a negociación por parte del gobierno ucedista. Rupérez piensa que ha llegado su final. Pero, tras la conmoción causada, le obligan a que escriba una  carta a Suárez pidiendo que haga algo por su vida y le permiten regresar a la cama. 

Todas las largas y tensas semanas del cautiverio de Rupérez se debaten entre una intensa preocupación y permanentes noticias contradictorias. No hay que olvidar que todavía está reciente la conmoción que nos produjo a todos ver en el maletero de un coche el cadáver de Aldo Moro, el dirigente de la democracia cristiana italiana, secuestrado y asesinado el año anterior por el grupo terrorista Brigadas Rojas. El gobierno sí tiene previsto dar ciertos pasos en materia penitenciaria, pero no quiere dar la impresión ante la opinión pública de que los terroristas le marcan el paso. 

Aunque Rupérez no lo sabe con certeza, se ha cumplido ya un mes desde su captura el día en que sus secuestradores entran al habitáculo y le dicen simplemente: “Nos vamos”. Le proporcionan ropa nueva y, tras suministrarle otra vez pastillas y vendarle los ojos, le meten en el maletero de un coche. Llegados a su destino, le dejan sentado en una piedra, con los ojos tapados, y le dicen que no se mueva, que su familia le recogerá. Nadie viene y, transcurrido algún tiempo de espera, Rupérez decide quitarse la venda. Es de noche y camina hacia el lugar donde intuye que hay una carretera. Llora entonces emocionado, porque es consciente de que ha sido liberado y de que volverá a ver a los suyos. No intenta hacer autostop a los coches que pasan: piensa que de noche y viéndole así -arropado con una manta, pelo largo y barba de varios días- nadie parará. Se dirige hacia una gasolinera, que encuentra cerrada, pero un cartel le informa de cuál es la más cercana abierta, a un kilómetro. Cuando llega, se dirige al empleado que le escucha tras los barrotes: “Soy Javier Rupérez, el secuestrado, me acaban de liberar, ¿puedo hacer una llamada?”. “Sí, lo he conocido. Puede llamar, pero  a estas horas siempre pasa un coche de la guardia civil”.  Le informan de que está en el término municipal de La Varga, a 8 kilómetros de Burgos, y que son las seis de la mañana del 12 de diciembre de 1979. Cuando aún están buscando el número de teléfono de la guardia civil, llega efectivamente un coche patrulla. El liberado sale a su encuentro y un agente exclama: “¡Coño, si es Rupérez!”. La pesadilla ha terminado.  

El diputado es llevado a la Comandancia de Burgos. Desde allí, hablará primero con su esposa y luego con el presidente Suárez. Después, le trasladan en coche al Palacio de la Moncloa, donde podrá por fin abrazar a su familia. Y tras el reencuentro, tendrá que ir al Hospital Puerta de Hierro para una revisión médica. 

Los siguientes meses hubo numerosas especulaciones sobre el precio de esta liberación. La oposición socialista pidió a Suárez en sede parlamentaria que informara a la opinión pública de cuáles habían sido las concesiones. El gobierno siempre negó cualquier negociación o acuerdo con los terroristas. Ese mismo mes fueron excarcelados catorce presos de ETA, pero el ejecutivo sostuvo que era consecuencia de su propia política penitenciaria y no de cesiones. Una parte de ETA (p-m), la llamada VII Asamblea, se acabaría disolviendo en 1982 y acogiéndose a medidas de reinserción. 

Habían transcurrido más de tres meses de la liberación del diputado cuando una operación policial en Oviedo desencadenó varias detenciones en Asturias, Málaga y Valencia, proporcionando la información necesaria para esclarecer en parte el secuestro de Rupérez y el intento sufrido antes por Cisneros. 

Como consecuencia de las distintas declaraciones e investigaciones, se procedió a detener a Begoña Aurteneche, una vizcaína de 56 años, quien había suministrado uno de los vehículos al comando y había alquilado el chalet de El Hoyo de Pinares donde transcurrió parte del cautiverio. También se apresó a Françoise Marhuenda, vasco-francesa de 26 años, que como ya sabemos confesó ser una de las autoras materiales.
  
El chalet descubierto estaba en la zona de La Perdiguera, en la entonces Avenida de José Antonio (hoy Juan Carlos I) número 83 de nuestra localidad, por encima de la piscina municipal. Allí se descubrió un zulo excavado donde se ocultaban aún explosivos (80 kilos de goma 2, cuatro artefactos de carga hueca y cuatro granadas de mano) y un arsenal de armas (cuatro pistolas, una metralleta y una escopeta repetidora), además de numerosa munición, las gafas oscuras usadas en el secuestro, grilletes, pelucas, matrículas de coches falsas… En esa vivienda se halló también lo que los terroristas denominaban, en su siniestro lenguaje, la “cárcel del pueblo”, esto es, el lugar donde transcurrió la primera parte del secuestro del diputado de UCD.

Enseguida la noticia trascendió a los medios: Rupérez había estado secuestrado en un pueblo de Ávila, El Hoyo de Pinares. Periódicos, radio y televisión informaban de las detenciones y del hallazgo del chalet. Como es fácil imaginar, la información conmocionó a nuestro pueblo, donde incluso muchos habían conocido y tenido trato personal con algunos ocupantes del chalet, especialmente con su arrendataria, Begoña. 

François narró ante la policía los detalles del secuestro y declaró que ella y Otegi habían pasado a Francia tres días antes de la liberación y que sus compañeros de comando lo hicieron más tarde.
Entonces se rumorea que Rupérez va a venir a nuestro pueblo para reconocer el lugar donde estuvo secuestrado. El día indicado, esperaban ante el chalet la guardia civil y el reportero gráfico de Diario de Ávila Javier Lumbreras. Pasa el tiempo y Rupérez no aparece. A falta de testimonio de la inspección ocular por parte del diputado secuestrado, el periódico publicará al día siguiente la foto de los curiosos chavales presentes, que nos estamos asomando a la verja del chalet. En sus memorias, Javier Rupérez reconoce que se había comprometido con el comisario Manuel Ballesteros a venir, pero que Joaquín Ruiz Giménez (el político democristiano que había presidido el comité en pro de su liberación) le pidió que no lo hiciera, porque le complicaba mucho las cosas en cuanto a la regularización penitenciaria de los miembros de ETA (p-m) que se había comprometido a intentar. 

En 1981, se celebra el primer juicio contra las dos mujeres. El 22 de mayo, la sentencia judicial condena a Begoña Aurteneche a un año de prisión por colaboración con banda armada y a François Marhuenda a tres años por su participación en el secuestro. 

Casi diez años después, se juzgaría a otros miembros del comando, Luis M. Alkorta y Arnaldo Otegi –el mismo que más tarde sería dirigente de Batasuna-, a los que Rupérez no pudo reconocer. A pesar de que su compañera de “comando” había proporcionado numerosos datos, ellos negaron todo y resultaron absueltos por falta de pruebas, en sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de enero de 1989.  

Obviamente el secuestro de Javier Rupérez no es un episodio de grata memoria. Pero creo que es necesario que las nuevas generaciones lo conozcan y que nosotros no lo olvidemos. Al fin y al cabo, también es parte de nuestra historia. Y nos ayuda a saber de dónde venimos y ser conscientes de cuánto ha costado hacer el camino.

El nombre de El Hoyo de Pinares a buen seguro invocará recuerdos dramáticos en Javier Rupérez. Pero, en realidad, sólo la desgraciada elección de los terroristas convirtió un pueblo que es acogedor, afable y amante de la libertad en el lugar de un inhumano cautiverio. 
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Bibliografía:
- Secuestrado por ETA. Memorias. Javier Rupérez. Ediciones Temas de Hoy, 1991.

Documentos judiciales:
-  Extracto del acta de declaración de Françoise Marhuenda en la Brigada Central de la Comisaría Central de Información. Madrid, 24 marzo 1980.
- Sentencia 68/1981 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 22 de mayo.
- Sentencia 7/1989 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 19 de enero.

Hemeroteca:
- Javier Rupérez, secuestrado por ETA. La Vanguardia, 13 noviembre 1979.
ETA se atribuye el secuestro de Rupérez. ABC, 13 noviembre 1979.
Javier Rupérez, en libertad. ABC, 13 diciembre 1979.
La liberación de Javier Rupérez. El País, 13 diciembre 1979.
Rupérez estuvo secuestrado en un pueblo de Ávila. ABC, 25 marzo 1980.
Esclarecidas las acciones contra los diputados Cisneros y Rupérez. ABC, 26 marzo 1980.
Dos mujeres, responsables del secuestro de Javier Rupérez. Diario 16, 26 marzo 1980
Relato policial del secuestro de Javier Rupérez. La Vanguardia, 26 marzo 1980.
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(Ilustraciones | Rupérez secuestrado, foto difundida por la banda terrorista ETA. Chalet y zulo donde escondían las armas, fotografía de agencias y prensa de la época. Rupérez liberado con su familia, fotografía de Marisa Flórez, El País. Rupérez entra al juicio en la Audiencia Nacional contra sus presuntos captores en 1989, fotografía extraida del libro Secuestrado por ETA)

Entrevista en Cinco Días sobre mi actividad profesional

Publicado en Cinco Días, 22.09.14
Vida Jurídica. Pequeños despachos
UNA NOTA DISCORDANTE FRENTE A LAS ESTAFAS
Carlos Javier Galán dirige el despacho Alberche Área Jurídica

CARLOS CAPA. Madrid

Carlos Javier Galán se descubre, desde el primer momento, como hombre de claras y limpias ideas que a veces recorren agrestes y un tanto rocosos espacios, quizás en personificación de ese río Alberche con el que ha querido denominar a su despacho. De primeras, ya advierte no ser "abogado vocacional", sin que por ello oculte su pasión por el oficio de la toga. En cierta evocación humanista, cree que "la abogacía no puede tratarse sólo como un negocio. Tratamos con seres humanos, con sus derechos y sus sentimientos y eso hay que tenerlo presente".

Deudor de ese concepto, valora la independencia y por ello ha preferido el formato del despacho de marca personal antes que otras modalidades de la abogacía. "Sin que unas sean mejores que otras. Cada uno debe situarse donde se encuentre más cómodo y para todos hay un espacio". 

Sin dejar de reivindicar la generalidad del oficio, desde sus primeros pasos se ha volcado en el Derecho Laboral y a las pymes, "una de las actividades más exigentes, ya que requiere una actualización constante y mucha práctica cotidiana", explica. Autor de varias obras y profesor de la materia, recurre a "ser muy práctico tanto en el ejercicio como en la docencia", deslindando sus valoraciones personales de la aplicación de las medidas existentes. 

A pesar de ello, se muestra crítico con una reforma laboral "que ha llegado tarde para algunas medidas de flexibilidad que hubieran ahorrado despidos de aplicarse en su momento" y que "está precarizando y deslaboralizando el mercado de trabajo", con realidades como la de los "falsos autónomos". 

También, como las verdades del barquero, nos hace ver que para fomentar el emprendimiento de verdad hay que desbrozar el camino más allá de la propaganda. "Difícilmente se puede emprender un nuevo proyecto si la Seguridad Social te persigue desde el minuto uno con deudas derivadas de anteriores fracasos empresariales, legalmente concluidos, o si se ofertan subvenciones que luego carecen de presupuesto para hacerlas efectivas", explica el letrado. 

Animado a proponer soluciones, le sobra hacernos ver lo evidente como si fuera el cielo infinito de la tierra castellana. "Hay que escuchar a los protagonistas, empresarios y trabajadores, antes de tomar medidas". 

A pesar de su reconocido prestigio como laboralista, lo que ha hecho a Carlos Javier Galán un abogado mediático en los últimos años es su quijotesco combate a los estafadores que, aprovechando la falta de regulación de los préstamos no bancarios, han tejido miserablemente redes de fraude para apropiarse de los escasos bienes de los atenazados por la crisis y por la indolente falta de regulación por el Estado de leyes de "segunda oportunidad". 

El "no poder decir que no" a un amigo le hizo ponerse sobre la pista de lo que se ha revelado como una "trama organizada" de estafas. Su constancia y habilidad legal ha conseguido ya que la Audiencia Nacional, después de años de abusos, haya tomado cartas en el asunto. Los múltiples reconocimientos que la labor de este letrado viene desarrollando en esta materia son un estímulo importante que, incluso en términos de advertencia, le quieren colocar los que ven su criminal negocio peligrar. 

Desde Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán se ha propuesto seguir un camino como abogado que, a falta de exclusividad en su proyecto vital, se enriquece con sus otras vocaciones, como la escritura y la comunicación. Tremolando el pendón de sus valores: "Rigor, profesionalidad y cercanía", sin olvidar ser, como titula a su blog, una nota discordante, se muestra sobriamente orgulloso de un despacho que, como decía Unamuno del castellano, pretende salir "labrado como la tierra y airoso como las alas". 

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(Fotografía: Carmen Comos)

Intervención en reportaje Abusos y estafas de Comando Actualidad, en TVE

El pasado 10 de septiembre, el programa de TVE-1 Comando Actualidad dedicó su emisión a Abusos y estafas

Entre los asuntos abordados, se incluyeron las redes de estafas en préstamos hipotecarios. 

El espacio recogió el testimonio de dos afectadas, Teresa y Mary, ésta última miembro de la Junta Directiva de la asociación de víctimas Stop Estafadores, que realiza una labor muy meritoria. 

El reportero de Comando Actualidad Juan Carlos Cuevas recabó también mis declaraciones, en mi condición de abogado de afectados. En la conversación intenté explicar el modus operandi de estas prácticas, tan hábilmente diseñadas. 

El fragmento del vídeo del programa se cierra con las cínicas manifestaciones de Antonio Arroyo, cabecilla de una de las principales redes e imputado por presuntas estafas en numerosos juzgados, quien -una vez más- mintió con aplomo y se vanaglorió públicamente de su impunidad.


Presentación de Vanitas Vanitatum, de Laura Mollá

El jueves 25 de septiembre a partir de las 19'30 h. participo en un acto en el Colegio de Abogados de Madrid, que tendrá como eje la novela Vanitas Vanitatumde la abogada y escritora Laura Mollá.

En primer lugar, tendrá lugar la presentación del libro propiamente dicha, con la intervención de José Manuel Pradas, Diputado Bibliotecario de la Junta de Gobierno del ICAM, Luisja Sánchez, periodista jurídico (Lawyerpress.com) y de la propia autora. 

Como la trama de esta novela de Laura gira en torno a fraudes laborales con ocasión de expedientes colectivos, seguidamente se ha programado una mesa redonda sobre esta materia jurídica, en la que participaremos los abogados laboralistas Ignacio Hidalgo (Chavarri y Muñoz Abogados), Alberto Novoa (Ceca Magán Abogados) y yo (Alberche Área Jurídica). 

Entrevista en Xornal Galicia sobre tramas de estafas en préstamos

Entrevista publicada en Xornal Galicia, 02.09.2014

Carlos Javier Galán, abogado de afectados por estafas de prestamistas: 

“SI LA AUDIENCIA NACIONAL ACEPTA LA COMPETENCIA, ESTOS CASOS DARÁN UN VUELCO JUDICIAL”

Carlos Javier Galán es abogado, titular del despacho Alberche Área Jurídica en Madrid, generalista pero dedicado con preferencia al Derecho del Trabajo. Es autor de cinco libros divulgativos sobre cuestiones laborales, formador empresarial y docente de la asignatura de Proceso Laboral en un Máster universitario. Y, sin embargo, desde hace dos años se ha destacado por la denuncia de un fenómeno tan ajeno a su especialidad como son las redes delictivas de estafas en préstamos de capital privado. Defiende a no pocas víctimas ante los tribunales y es asesor jurídico de la asociación de afectados STOP ESTAFADORES. En XORNAL GALICIA hablamos con él sobre esta realidad, a menudo dramática y, sin embargo, tan poco conocida.

- ¿Qué hace un abogado laboralista como usted perdido por el reino de los estafadores?

Jajaja, bueno, tal vez no tan perdido… No me ha resultado fácil pero, a base de ser laborioso, al estilo hormiga, he acabado manejándome con relativa soltura entre estas redes delictivas.

Esta materia llegó a mí por azar, a través de un amigo al que no podía decir que no. Cuando me explicó su caso, vi muy claro que me encontraba ante una estafa. Y tan minuciosamente diseñada que no podía ser la primera vez que se ponía en práctica. Tiré del hilo y me acabé encontrando con una realidad ignorada y con un volumen de afectados y un montante económico que es impresionante.

- Hay quienes nos aseguran que, como abogado, es el mayor experto en España en las redes de estafas de prestamistas de capital privado…

Nunca me lo he planteado en términos de ranking. Hay compañeros de otros despachos que hacen una excelente labor y conocen muy bien este terreno. Y si acaso soy experto, desde luego le aseguro que es muy a mi pesar… Me gustaría que esta realidad no existiera y que nunca hubiéramos tenido que investigarla ni combatirla.

- Sr. Galán, ¿hay controles adecuados sobre el sector de los préstamos de capital privado?

En el país de Gescartera, Forum, Afinsa, los pagarés de Nueva Rumasa, los swaps, las preferentes o las acciones de empresas como Gowex, no parece sensato sostener, en general, que los controles funcionen adecuadamente. Así que resultaría sorprendente que los préstamos no bancarios fueran una excepción.

El Defensor del Pueblo venía advirtiendo en sus informes desde 2006 sobre la falta absoluta de control en el sector, sin que se le hiciera el menor caso. Cuando por fin el gobierno se decide a promulgar una ley, ya en 2009, no sitúa estos préstamos bajo la supervisión del Banco de España o de la CNMV, sino bajo la competencia genérica de los organismos de consumo, que ni tienen medios para esto, ni están especializados, ni nos consta que realicen inspecciones de oficio a empresas de préstamos.

Cuando se descubra que hay millares de familias estafadas por redes delictivas de supuestos prestamistas privados, ¿también fingirán sorpresa y nos dirán a los ciudadanos que no se explican cómo han podido fallar los controles? Pues ya se lo anticipo yo: porque en la práctica no existen.

- Pero esa ley de 2009 creó registros autonómicos y un registro estatal, ¿no?

La realidad es que, cinco años después de promulgarse la ley, los registros autonómicos no existen. El Registro estatal en teoría sí, pero sigue sin estar plenamente operativo para su consulta y no se le está dando ninguna utilidad práctica… Hasta me atrevería a decir que ha sido contraproducente, porque se ha acabado convirtiendo en una especie de “sello  de calidad” para los estafadores. Se inscriben en el mismo sin que ello les suponga ninguna vigilancia y a continuación lo hacen constar en su publicidad: “inscrito en el registro estatal…” para procurarse apariencia de seriedad y engañar mejor a sus víctimas. Baste decir que el inscrito con el número 1 en ese registro es, significativamente, el que está imputado judicialmente en un mayor número de estafas.

- De forma que cualquiera lo pueda entender, ¿en qué consiste el engaño que ustedes denuncian?

Hay varias estafas diferentes, pero la más común es conseguir que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo (a veces les dicen que es un “préstamo puente”, pero nunca llegará el definitivo), con unos intereses de demora abusivos y valorando su vivienda para subasta en una cifra irrisoria. Porque de eso se trata, no de que paguen, sino de apoderarse de un inmueble por una cantidad ridícula. Dicho así, puede parecer burdo, pero yo siempre suelo recordar que es una operativa que está elaborada con detalle en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Y depurada con la práctica de años de estafar con impunidad.

- Pero todo eso se firma ante notario, ¿no se advierte a los prestatarios? ¿no se les insiste si son conscientes de que lo que realmente están firmando, unas condiciones que llaman la atención?

Le hago una observación: se firma ante algunos notarios, “casualmente” siempre los mismos. Y ya se imaginará que no los elige el prestatario, sino el prestamista.

Al titular de una notaría concreta, que parece ser la favorita de todas las tramas de estafas que se mueven por este país, le pregunté hace poco en un Juzgado de Instrucción, donde compareció para ser interrogado como imputado, si no le pareció oportuno advertir a una prestataria que su vivienda, un piso de 75 m2, se la podrían adjudicar por el precio de un coche, 20.000 euros, con lo cual se quedaría sin casa y seguiría debiendo dinero. Y me contestó que esto de las tasaciones “es muy variable” y, literalmente, que a él “no le compete” advertir. Dijo que el valor ya figura en la escritura y que se la había leído.

- ¿Y ese engaño de que el capital que figura en escritura no es el realmente recibido se puede probar ante un Juzgado? Porque habiéndolo firmado ante notario parece muy difícil…

Es muy difícil, no cabe duda. La dificultad probatoria es tremenda. Pero creo que no es del todo imposible.

Aunque durante años siempre se hacía constar que el capital se había entregado en metálico –que ya es de por sí llamativo: decenas de miles de euros en cada operación siempre en efectivo-, los flujos de dinero de alguna forma dejan huella y para eso están las periciales... Y si se investigase toda la operativa de la trama y no cada operación por separado, estoy seguro de que las conclusiones serían diferentes.

Por otro lado, en varios juzgados hay grabaciones hechas a los intermediarios, donde reconocen estos aspectos de forma inequívoca.

E incluso hubo una detención policial dentro de una notaría, en la que se pudieron constatar objetivamente varios extremos que confirman el modus operandi denunciado.

Y luego no hay que olvidar la coincidencia de testimonios, que es abrumadora. Que una persona diga que ha recibido una cantidad pero que firmó otra superior, puede parecer poco demostrable. Pero si hay centenares de personas, de distintos puntos de  España, que actúan bajo distintas direcciones letradas, que es materialmente imposible que se hayan puesto de acuerdo y que, sin embargo, en denuncias presentadas en distintas fechas en el tiempo, relatan un mismo modus operandi y señalan a las mismas personas…, me parece que merecen cuando menos atención judicial. ¿Cuál es la explicación si no? ¿Que es una maniobra orquestada, a lo largo de los años y por personas que ni se conocían entre sí? ¿Que es mera coincidencia?

- Cuando comenzó con esta lucha, ¿confiaba en que se podría abrir una causa global contra esa trama a la que acaba de hacer referencia?

Mire, en España, todavía no se ha abierto ni siquiera una causa global para investigar las tramas organizadas de robo de bebés y adopciones ilegales, y las familias y asociaciones tienen que seguir luchando juzgado a juzgado y caso por caso, lo cual es inexplicable e indignante… ¿Cómo cabía esperar entonces que se investigaran en profundidad y globalmente casos como los de los estafados por préstamos hipotecarios? Comprenderá que con tales antecedentes yo no fuera demasiado optimista.

Pero eso no implica que estuviera dispuesto a rendirme antes de empezar. No hay causa perdida a priori. Tenía claro que había que diseñar una estrategia y no dar palos de ciego, que había que dar una serie de pasos planificados, porque estamos ante redes criminales organizadas.

Y, sobre todo, sigo teniendo clarísimo que voy a apurar hasta la última posibilidad, nacional o supranacional, de que esto no quede impune. Creo que, partiendo de donde partíamos, hemos conseguido avances relevantes. Y en ello seguimos, por supuesto mientras que los propios afectados así lo quieran.

- Entonces, hoy sí está más cerca esa posible investigación judicial global…

Son ya cuatro los Juzgados de Instrucción de Madrid que han apreciado que estamos ante una presunta estafa masiva y continuada, con gran número de afectados en toda España, y han considerado que es competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción. Ahora la pelota está en el tejado de la Audiencia Nacional. Si acepta la inhibición que han hecho a su favor, mi pronóstico es que se produciría un vuelco enorme en estas causas.

- ¿Usted cree que verá algún día condenados a los responsables de estas estafas?

Yo soy muy seguidor de la filosofía del Cholo Simeone: partido a partido... Lo que ahora toca es conseguir que la Audiencia Nacional asuma la competencia. Y estamos moviéndonos para ello.

- ¿Es importante que se asocien los afectados?

Importantísimo. La unión de las víctimas a mí me parece fundamental. Si se hace bien, es un instrumento muy valioso.

Recientemente se ha creado una asociación, Stop Estafadores, que hasta el momento está haciendo una labor encomiable de investigación, de difusión, de apoyo a los afectados… Ojalá siga ese camino. Antes de que existiera la asociación, su actual presidente, Juan Puche puso en marcha un blog personal, Alerta Trama Estafadores, que ha servido para ofrecer información a profesionales, a víctimas, a medios de comunicación… Sirvió para aglutinar a los afectados y a quienes les defendemos. Sin aquella iniciativa personal de Juan seguramente no estaríamos donde estamos. Y la asociación es una forma de dar a todo eso continuidad y vertebración.

A mí me merece un enorme respeto que personas que viven situaciones dramáticas sean capaces de sacar fuerzas de flaqueza, ponerse en pie, organizarse y pelear por sus derechos. No digamos nada de aquellos estafados que, además, renuncian a su legítimo anonimato y dan la cara públicamente en los medios por los demás, eso ya me resulta admirable. Los afectados de estas prácticas delictivas nos dan una lección cotidiana de dignidad.  

- Pero, antes de Stop Estafadores, usted colaboró con otra asociación…

Sí, e hicimos cosas muy interesantes, como la voluminosa denuncia que redacté gratuitamente para que se presentara ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, o la I Jornada sobre Estafas Hipotecarias en el Colegio de Abogados de Madrid que tan buena acogida cosechó entre las víctimas y los profesionales, o nuestra comparecencia en las Cortes de Aragón que resultó muy fructífera y abrió puertas…

- Pero, perdóneme que insista, entonces, ¿por qué se desvinculó de aquella asociación?

Mire, yo quiero que las entidades de este tipo sean transparentes en su funcionamiento, que sean democráticas internamente, que estén controladas y gestionadas por los propios afectados, que mi trabajo se respete, y que dediquen su esfuerzo a luchar contra los estafadores y no a provocar enfrentamientos entre afectados. No nos podemos permitir el lujo de perder tiempo ni fuerzas.

- En esta lucha, ¿cuál ha sido el peor y el mejor momento que ha vivido?

Recuerdo muchos momentos duros, porque detrás de cada caso hay un drama familiar y he escuchado en mi despacho auténticas tragedias. Pero no tengo duda de que el peor momento, sin duda, fue el suicidio de Javier, una noticia que nos golpeó a todos. No era cliente mío, pero le había conocido en una reunión de afectados en la Comunidad Valenciana, compartimos la jornada, conversamos, me acercó en su furgoneta para que yo tomara el tren de vuelta... Y no lo volví a ver con vida. Consigamos lo que consigamos en el futuro, eso ya es irreversible: un hijo crecerá sin padre y una mujer valiente, Monchi, tendrá que salir adelante sin el apoyo de su pareja.

Y buenos momentos también ha habido muchos, por suerte. Si tengo que citar sólo uno muy intenso, me viene enseguida a la mente cuando se suspendió, cautelarmente e in extremis, el desalojo de Miguel Ángel de su vivienda. Aquello estaba siendo una pesadilla para esa familia, que se podía quedar en la calle porque su casa ya había sido adjudicada a uno de los ejecutores de una trama. Parecía imposible la reapertura de la causa penal, que estaba archivada. Apenas unos días antes de la fecha prevista para el lanzamiento lo logramos y se abrió una esperanza que ojalá se convierta en definitiva.

También fue un gran momento el día que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid acordó enviar ocho causas a la Audiencia Nacional. Luego se le han unido otros tres juzgados en la misma decisión. Y eso es justamente lo que veníamos pidiendo desde el primer día: que hubiera una investigación conjunta. Pero la decisión del 3 abrió ese camino que podría cambiar la suerte de centenares de personas.

- ¿Usted ha sufrido amenazas?

Del cabecilla de la principal trama, la verdad es que no. A diferencia de otras personas, porque hay que recordar que sí fue condenado por sentencia firme por amenazar de muerte a una compañera, una abogada de Sevilla. Alguno de sus intermediarios sí me ha lanzado mensajes a través de mis clientes, como “dile al listo de tu abogado que se ande con cuidado” y cosas así. Pero no me amedrentan lo más mínimo. 

Lo que sí han intentado es silenciarme por vía legal: que siga llevando los asuntos pero que me esté calladito, que no denuncie públicamente estas tramas en los medios, porque eso les hace daño a la hora de seguir operando. Presentaron una queja contra mí ante Deontología del Colegio de Abogados de Madrid, que la archivó motivadamente. Luego una demanda para que quitase de mi blog un artículo donde comentaba el suicidio de Javier, pero tampoco lo consiguieron. Aseguraron que presentarían una querella criminal contra mí, y estoy a la espera.

- ¿Hay afectados en Galicia?

Sí, claro, los hay por toda España. Precisamente una de las personas del núcleo inicial que puso en marcha la asociación Stop Estafadores, Xela, es de Lugo. Aunque el mayor número de víctimas en esa comunidad se concentra, según los datos que manejo, en las provincias de A Coruña y Pontevedra. 

Declaraciones a El País: Autónomos sin subvenciones

El pasado 10 de agosto se publicó en el diario El País un reportaje sobre los emprendedores madrileños que, creyendo los anuncios de la administración, solicitaron subvenciones para la puesta en marcha de negocios y han visto frustradas las expectativas que se les crearon.

Mientras otras comunidades han dialogado con las asociaciones y buscado soluciones, la Comunidad de Madrid se cierra en banda ante estas reclamaciones de los afectados, que han decidido crear una asociación y realizar actuaciones políticas y jurídicas. 

Denuncian que, cuando supuestamente ya no había presupuesto para las ayudas pedidas en 2010, durante 2012 se siguió pidiendo documentación complementaria a los solicitantes para, en 2014, decirles por fin que se les denegaba por "inexistencia de crédito adecuado y suficiente".

Lo curioso es que, mientras se alegaba desde 2010 esa falta de presupuesto para conceder ayudas, sorprendentemente seguía habiendo presupuesto para la publicidad institucional que, hasta 2013, siguió anunciando a bombo y platillo esas ayudas que no se estaban dando.

El País solicitó mi parecer sobre esta polémica y la publicó en estos términos:

"Carlos Javier Galán, abogado laboralista y presidente de la sección de Laboral del Colegio de Abogados de Madrid opina, a título personal, que la asociación tiene 'posibilidades en vía administrativa'. 'Lo que es un contrasentido y un disparate es que digan que no hay consignación presupuestaria para dar las subvenciones pero si la haya para hacer campañas publicitando las ayudas', sentencia".