¿Deben cotizar los robots a la Seguridad Social?

Publicado en El País, suplemento Retina, 15.04.2019.

¿Se imaginan una resolución oficial de un parlamento que incluyese referencias al monstruo de Frankenstein, a Pigmalión o al Golem de Praga? Pues existe. El 16 de febrero de 2017, la mayoría de eurodiputados adoptó un acuerdo que recordaba estos mitos de nuestra cultura antes de entrar en harina y solicitar al Consejo y a la Comisión europea que presenten una propuesta de Directiva para desarrollar normas civiles en materia de robótica. 

Los robots han llegado a la sociedad del siglo XXI para quedarse y convertirse en algo cotidiano. Ya no estamos sólo ante experimentos más o menos vistosos para exhibir en alguna feria tecnológica. Se calcula que más de 35.000 robots están operativos en la actualidad en la industria española, mientras que la Federación Internacional de Robótica (IFR) estima que este mismo año se llegará en el mundo a 2’6 millones de robots industriales instalados. 

¿Hasta qué punto sustituirán los robots a las personas en la realización de tareas profesionales y laborales? Podemos encontrar proyecciones para todos los gustos. Hay quienes piensan que, como ya sucedió con la revolución industrial o tras la popularización de la informática, sólo será cuestión de adaptación: desaparecerán puestos de trabajo, sí, pero serán sustituidos por nuevos cometidos profesionales. La UE recuerda que la informática sirvió para liberar a las personas de tareas monótonas pero que al final no destruyó empleo, todo lo contrario. El Foro Económico Mundial (WEF) cree que en 2025 se habrán perdido 75 millones de empleos que hoy existen, pero que a su vez estas mismas tecnologías generarán 133 millones de empleos, con lo que el saldo neto sería de 58 millones de puestos de trabajo nuevos. 

Sin embargo, en general, parece mayoritaria y muy extendida la opinión de que la expansión de los ingenios electrónicos tendrá impacto negativo -cuando menos en una primera fase de adaptación- en materia de empleo. La consultora McKinsey Global cree que el 20 % de los trabajadores del mundo serán reemplazados por robots en sólo 12 años. Un estudio de la Universidad de Oxford sostiene que, en un intervalo de 10 a 20 años, el 47 % de los trabajos serán realizados por máquinas. 

Una cosa es segura: por más que las previsiones sean diversas y discutibles, la implosión de la robótica no será inocua ni intrascendente. Y más nos vale habernos preparado para distintos escenarios posibles antes de que la realidad nos arrolle. 

En febrero se sometió a la consideración del Pacto de Toledo un texto que reunía alto grado de consenso, aunque finalmente no salió adelante, posiblemente por la inminencia del horizonte electoral. La propuesta de resolución incluía una afirmación que, sin embargo, no consta que resultase controvertida: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social”. 

¿Estaban queriendo abrir los expertos y los partidos políticos la puerta a que los robots coticen a la Seguridad Social? 

El líder de UGT, Pepe Álvarez, defendía esa idea, asegurando que “el proceso de irrupción de los robots en la Economía va a tener consecuencias directas sobre los trabajadores, sus puestos de trabajo, sus salarios, sus condiciones laborales, sobre las cotizaciones sociales y sus pensiones, los sistemas fiscales y los de protección social. Cuando nos pronunciamos a favor de que los robots coticen a la Seguridad Social lo que hacemos es una simplificación metafórica para poner sobre la mesa este problema y la necesidad de buscar soluciones para afrontarlo (…). Estos robots sustituirán a muchos trabajadores que dejarán de ganar un salario, no podrán cotizar a la Seguridad Social y no pagarán impuestos, y eso tendrá una consecuencia directa sobre nuestro sistema de pensiones”. 

No coincidía con él su homólogo de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien considera que “gravar fiscalmente lo que no deja de ser una inversión en tecnología, productiva, no parece ser el mejor camino para que la productividad de las empresas mejore”, pero apuesta por mejorar la configuración del Impuesto de Sociedades para que esa mejora de rendimiento empresarial se traduzca en una contribución efectiva a las arcas públicas.

¿TIENEN QUE PAGAR LOS ROBOTS… O SUS DUEÑOS? 

Dos son las grandes líneas que se apuntan a la hora de configurar obligaciones vinculadas a estas tecnologías. Una de ellas pasaría por dotar a los robots de cierto reconocimiento jurídico, una especie de personalidad digital. Así, el parlamento europeo apunta expresamente a una personalidad electrónica como forma de personalidad jurídica específica, cuando menos para los robots autónomos más complejos. 

Personalmente, no soy partidario de esta vía, porque me parece que genera más complicaciones que ventajas. Si ni siquiera hemos reconocido a otros seres vivos, como los animales, ser titulares limitados de derechos y obligaciones, dar ahora el paso de reconocer alguna especie de pseudopersonalidad a máquinas, a creaciones del ser humano, resulta innecesario. Todos los retos jurídicos que plantea la robótica -desde la responsabilidad civil a la tributación, pasando por principios éticos, propiedad intelectual, seguridad, etc.- me parece que se pueden resolver legislativamente con un sistema de registro y estableciendo una persona física o jurídica responsable de los mismos. 

Realmente, y por simplificar, no tienen que pagar los robots, sino sus dueños por todo lo que se derive del uso de los mismos y sus fabricantes o programadores por los defectos que les sean atribuibles. Como sucede hoy con los vehículos o con cualquier otra maquinaria. 

Por tanto, huelga decir que no creo que los robots como tales deban tener obligación de cotizar, como tampoco han de generar ninguno de los derechos propios de los cotizantes ni ser acreedores de prestaciones de Seguridad Social. Pienso, sin embargo que hay que articular mecanismos para que quienes emplean esos robots sí contribuyan a la financiación de nuestro sistema de Seguridad Social. 

La opinión de Unai Sordo plantea, a mi juicio, al menos dos inconvenientes. En principio, no me parece incuestionable esa ecuación de a mayor número de robots, mayor productividad y, como consecuencia, mayor beneficio empresarial. Puede haber casos en los que simplemente se sustituyan personas por máquinas sin que ello sea más barato para la empresa, que puede hacerlo motivada por otros beneficios indirectos: ganar en precisión en las tareas o evitar factores tan propiamente humanos como el error o el conflicto. Estaríamos ante supuestos en los que se destruiría empleo sin aumentar el beneficio empresarial ni, por tanto, la tributación sobre el mismo. 

Por otro lado, una mayor recaudación en el Impuesto de Sociedades hoy por hoy no tiene impacto en el sistema de pensiones. Nuestro sistema contributivo financia prestaciones con cotizaciones y no con tributos. Los Impuestos, por definición legal (artículo 2.2.c de la Ley General Tributaria), no son finalistas: van a la caja común de las Administraciones, su recaudación no se asigna a un destino concreto. Los pagos finalistas, como las tasas o los precios públicos, sí responden a un servicio prestado y se destinan a financiar el mismo. Pero aquí tampoco estamos un servicio concreto que vayan a proporcionar los poderes públicos a los titulares de ingenios tecnológicos. La pretensión es que las empresas usuarias de robots contribuyan al sostenimiento del sistema público de Seguridad Social pero sin una contraprestación particular. 

¿ESTÁ CLARO QUÉ ES UN ROBOT? 

Otra de las dificultades que se pueden plantear es precisamente el alcance de una medida de este tipo y cómo evitar las más que previsibles maniobras de elusión. 

Porque, en definitiva, ¿qué es un robot y qué no lo es? Si ponemos el énfasis en la capacidad de realizar tareas de forma autónoma una vez programadas, muchas máquinas de cualquier cadena de montaje actual podrían ser incluidas en el concepto. Si, por el contrario, ponemos el acento en la inteligencia artificial, cualquier ordenador podría ser considerado como tal. El término acuñado por el escritor checo Karel Čapek no posee una acepción unívoca y universalmente aceptada… y mucho menos lo será cuando de la misma se derive una obligación contributiva. 

Una vez establecida en la norma una definición de qué se considera robot a efectos de aportación pública, no tengo ninguna duda de que, en muchos casos y en la medida de lo posible, se modificarán características técnicas para quedar fuera del alcance de cualquier gravamen, aun cuando el ingenio electrónico en cuestión sí esté sustituyendo al trabajo humano y no tenga un papel meramente auxiliar de éste. 

Coincido con los redactores del documento del Pacto de Toledo antes citado en que tenemos un importante desafío: encontrar mecanismos de financiación innovadores, si queremos que la robótica no tenga un impacto negativo sobre la sostenibilidad del sistema de prestaciones. Por usar terminología tributaria, no creo que los robots tengan que ser considerados sujetos pasivos, pero sí hecho imponible: sus dueños tendrán que asumir obligaciones. Habrá que determinar qué entendemos por robot a estos efectos. Y se hace necesario ir desarrollando algún nuevo concepto de cotización empresarial vinculada a la sustitución tecnológica de la actual mano de obra y que, de alguna forma, se destine a la financiación de prestaciones de Seguridad Social y no a las arcas de las Administraciones en general. Los robots, a la postre, deberán estar al servicio del bienestar de las personas.

La trampa del consumidor

Publicado en SevillaInfo, 02.11.2018.

No, no nos lo preguntaron así. No nos dijeron: ¿le parece a usted bien que una tripulación de avión con base en España esté obligada a fingir ser residente en Irlanda para que su empresa pueda aplicarles peores condiciones laborales? No recabaron nuestra opinión sobre imponer a los trabajadores del comercio discrecionalmente turnos partidos, flexibles y rotatorios que impiden cualquier organización de su vida personal y familiar. Nadie nos pidió parecer sobre la posibilidad de desmantelar los talleres de confección textil en España para fabricar en Asia en condiciones infrahumanas. O sobre acabar con el pequeño comercio en su conjunto, para luego revivirlo a duras penas con inmigrantes chinos que trabajan jornadas interminables de lunes a domingo. Ni sobre poblar todos los sectores de falsos autónomos, privados de derechos laborales y pagándose su propia cotización a la Seguridad Social… 

Lo que nos preguntaron tácitamente fue: ¿quieren tener billetes de avión más baratos? ¿quieren poder comprar todos los días de la semana, cuando les venga bien, durante doce horas? ¿quieren adquirir ropa o calzado a precios más económicos?... Y nosotros apoyamos activa o pasivamente todas esas medidas, sin tener claras -o sin querer ver- sus consecuencias últimas. 

El truco está en que nos hacen mirar sólo con las gafas de consumidores. Y provocan que perdamos la otra perspectiva, la de productores. Porque todos adquirimos productos o servicios, pero también todos, de alguna forma, elaboramos, vendemos u ofertamos. Y de las condiciones en que se adquiera nuestro producto o se preste nuestro servicio dependen indirectamente nuestras propias condiciones de trabajo. Eso haría imprescindible buscar un equilibrio, si no queremos engañarnos a nosotros mismos y ser una sociedad cada vez más empobrecida. 

Me comentaba un primo mío que, cuando comenzó a trabajar, recién titulado, su primer sueldo fue de 170.000 ptas. Los ingenieros como él estaban entonces valorados y bien retribuidos. Hoy un joven ingeniero de nuevo ingreso en su empresa cobra aproximadamente lo mismo, 1.000 euros, pero más de un cuarto de siglo después. ¿De qué nos sirve pagar precios más reducidos si nuestros salarios bajan a la par? Lo importante no son los precios en términos absolutos, sino cuál sea nuestro poder adquisitivo. 

Yo fruncí el ceño cuando en alguna ciudad europea a las cinco de la tarde me encontraba todo cerrado. Pero enseguida me di cuenta de que me sobrepondría a esa incomodidad si, a cambio, yo también pudiera disponer de mi vida personal a partir de esa hora, en lugar de salir del despacho cada día después de las ocho de la tarde. 

Equilibrio. Esa es la clave. Qué sacrificio estamos dispuestos a asumir como trabajadores entendiendo que eso nos beneficia como consumidores. Y viceversa: de qué ventaja podemos prescindir como consumidores, sabiendo que mejorará nuestras condiciones de trabajo. 

Como sociedad, no nos importó aquello que afectase a los controladores aéreos porque eran unos privilegiados. Ni a los estibadores, esa especie de casta arcaica y antieuropea. Ni a los taxistas, unos señores muy antipáticos… Ahora, piensen por un momento en el tópico que acompaña en la opinión pública a su sector, sea cual sea: periodistas, farmacéuticos, abogados, fontaneros, mecánicos de vehículos, empleados de banca, agentes de seguros, comerciales, funcionarios… Tal vez cuando la precarización nos alcance, como en el poema de Martin Niemöller ya no quede nadie para apoyarnos.

La víctima de acoso laboral en el juicio: ver, oír y callar

Publicado en Jupsin.com, 01.11.2018

Un día cualquiera en los Juzgados de lo Social de Madrid. Estamos esperando para entrar en un juicio de extinción de contrato por acoso moral en el trabajo. En los pasillos, la empresa ha formulado una oferta económica para cerrar el asunto sin reconocimiento de responsabilidad. La trabajadora afectada la rechaza: “Carlos, no quiero que me tapen la boca sólo con dinero, quiero que el juez escuche todo lo que he vivido”. Le explico: “Sólo te escuchará si la otra parte quiere que hables”. Se sorprende, pero al final me responde convencida: “No importa, porque entonces tú vas a ser mi voz”

Yo haré todo lo que esté en mi mano para que así sea: voy a ratificarme en los hechos narrados con detalle en la demanda, voy a respaldar con argumentos jurídicos su pretensión, voy a valorar la prueba que se practique… Agradezco la confianza que supone esa afirmación de mi cliente, pero ello no me impide tener la certeza de que ningún abogado puede sustituir al testimonio en primera persona de una víctima de acoso laboral.

En vía penal, existen diversos delitos donde -sobre todo, en ausencia de testigos- se valora judicialmente la propia declaración de la víctima, su coherencia, su firmeza, su persistencia en el tiempo, su compatibilidad con otros elementos objetivos obrantes en la causa… Sería absolutamente inconcebible que cualquier víctima de delitos sexuales, de violencia de género, etc. no fuera siquiera oída en el juzgado. 

En la Jurisdicción de lo Social, aun tratándose de figuras como el acoso moral o el acoso sexual en el trabajo, donde creo que el propio testimonio de la víctima debería ser objeto de valoración judicial, no se contempla, sin embargo, nada parecido. Ello es debido a que en el proceso laboral no se siguen -ni siquiera en estos casos tan específicos- pautas importadas del Derecho Penal, sino normas inspiradas en el proceso civil. Esto, que funciona adecuadamente en la mayor parte de asuntos propios de esta jurisdicción, chirría enormemente cuando lo que se enjuicia es un caso de presunto acoso laboral. 

En nuestro procedimiento civil y, en consecuencia, en el social, el interrogatorio de una parte sólo será posible si otra lo solicita expresamente. El artículo 301.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que “cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás (…)”, y el artículo 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en nada varía esta previsión. 

Así llegamos a este absurdo de que una víctima de acoso sólo prestará declaración ante el juez si el propio acosador así lo desea, o si la empresa que por acción u omisión permitió tal acoso, lo pide expresamente. Y, como es fácil suponer, esto rara vez sucederá. 

La consecuencia práctica es que las víctimas de acoso en el trabajo asisten con frecuencia mudas a sus propios juicios, confiando en que sus abogados acierten a poner voz a sus pretensiones. Pero insisto: ni la mejor intervención del mejor abogado puede nunca suplir el testimonio de la persona afectada, que posibilita además una valoración del mismo desde la inmediación judicial. 

Si de verdad queremos contar con mecanismos adecuados para prevenir el acoso y para actuar adecuadamente cuando se produce, una posible reforma legal sería establecer una modalidad procesal específica para estos supuestos que, entre otras cuestiones, contemple el escuchar a la presunta víctima sin depender en exclusiva de la voluntad de la parte contraria, con frecuencia muy interesada precisamente en silenciarla. 

Mientras llega -o no- esa deseable modificación, no estaría de más generalizar, como buena praxis en materia de acoso laboral, algo que yo siempre pido en juicio, con desigual fortuna: que sea el juzgador quien acuerde -de oficio, esto es, lo solicite o no la contraparte- la declaración de la víctima, amparándose en la previsión del artículo 87.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (“el órgano judicial podrá hacer (…) a las partes (…) las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos”) o en la del 88.1 (“terminado el juicio (…) el juez (…) podrá acordar la práctica de cuantas pruebas estime necesarias(…)”). 

Escuchar a quien afirma haber sido víctima de acoso es una exigencia elemental para poder hacer justicia.

Sevilla: impresiones de un recién llegado


Publicado en SevillaInfo, 24.09.2018

Tras más de treinta años en la capital de España, tengo ahora un pie –cuando menos- en Sevilla. Por razones que no son difíciles de imaginar, mi vida personal -y progresivamente la profesional- se va mudando aquí.

Sevilla –sé que no les descubro nada- es una ciudad muy diferente a Madrid. Ese rompeolas de las Españas -que decía Antonio Machado-, en la etapa desarrollista de los sesenta y setenta fue diluyendo el madrileñismo hasta convertirlo en algo residualmente castizo. Como es sabido y repetido, pocos de los tres millones de madrileños actuales podrían asegurar serlo de varias generaciones. Por ejemplo, la población de origen abulense en la Comunidad de Madrid -según me aseguraba un ex concejal de la capital- equivale cuantitativamente a la que queda en toda la propia provincia de Ávila, mi tierra natal. El estudiante universitario que fui, el que llegó de su pueblo a Madrid, estará eternamente agradecido a esa ciudad mestiza y acogedora que le proporcionó una impagable sensación de libertad y de hospitalidad que hoy continua.

Creo que fue Julio Camba quien afirmó que para ser madrileño bastaba con bajarse de un tren en la estación de Atocha y comerse un bocadillo de calamares. Con apearte en Santa Justa, irte al centro y pedir unas papas aliñás no apruebas ni el primer cuatrimestre de una asignatura optativa de primer curso de sevillanismo básico. Ni aunque leas a Chaves Nogales mientras saboreas la tapa. Sevilla no sólo no ha diluido su fuerte personalidad histórica, sino que es casi un microcosmos de rasgos singulares que no se parece a ningún otro lugar.

Por fortuna, en Sevilla a nadie se le ha pasado por la cabeza idear un término despectivo –equivalente a charnegos o maketos- para referirse a quienes llegamos desde otras comunidades a vivir y trabajar aquí. Dejando a un lado que no haya sido, históricamente, tierra de inmigración masiva, no existe ningún ánimo de exclusión ni de señalar socialmente ciudadanías de segunda clase por carencia de pedigrí. Siento que quien llega es bienvenido, pero –eso sí- será él quien tenga que ir cogiendo el aire a una ciudad que jamás renunciará a ser ella misma.

En otros lugares, determinadas tradiciones sólo son la repetición de gestos con ánimo folclórico y simbólico. Como dijo Víctor Pradera en otro contexto, aquí tradición no es lo pasado, sino el pasado que sobrevive y tiene virtud de convertirse en futuro. Hace unos meses tuve la experiencia de mi primera Semana Santa sevillana de la mano de una anfitriona inmejorable. Era la primera vez que no estaba ante un ritual que una parte de la población escenifica y el resto presencia, sino ante algo que prácticamente toda la ciudad vive con intensidad.

Voy paladeando -ahora ya a sorbos, tras una primera impresión rayana con el síndrome de Stendhal- el lujo para los cinco sentidos que es esta ciudad. Su arte, su cultura, su patrimonio arquitectónico y pictórico, la historia saliéndote al encuentro a cada paso, su gastronomía, su habla, la particular idiosincrasia de sus gentes… Y no tendría ni por asomo la osadía de intentar definir o describir nada, porque aún tengo que aprenderlo casi todo. Creo que a Sevilla hay que acercarse sencillamente intentando ver y escuchar, ir captando y comprendiendo, con los ojos y el alma abiertos. Y con algo más: respeto. Esa virtud casi olvidada, sustituida -como dice Fernando Sánchez Dragó- por el equívoco sucedáneo de la tolerancia.

En este tiempo ya he aprendido que cuando alguien me dice que no le echo cuentas no tengo que pensar en números. Que los chalecos pueden tener mangas. O que si me recomiendan comprarme unos botines en pleno verano no hay motivos para que me entren sudores fríos… También he asumido resignadamente la condición de malaje que me atribuyen, que le vamos a hacer. Que me añada Eusebio León a sus listados.

En mi profesión de abogado, poco nuevo bajo este sol del Sur. Quizá la única diferencia sean las demoras más prolongadas –aún- que las que sufrimos en Madrid. Pero sigo encontrándome más o menos lo mismo: una judicatura que va desde profesionales magníficos en su conocimiento del Derecho y en su ecuanimidad hasta otros –por fortuna, la excepción- cuyo erróneo sentido de la autoridad pasa por maltratar a mis compañeros; desde abogados ante los que me quitaría el sombrero, por sus conocimientos, por su profesionalidad, por su compañerismo, hasta santones inexplicablemente bien considerados cuyo ánimo de lucro supera con creces a su ética; desde funcionarios diligentes y atentos hasta algunos –también por fortuna minoría- cuya desidia es más que palpable… e, invariablemente –esto no cambia en toda la geografía española-, la falta de medios y el abandono a las que es sometida nuestra maltratada Justicia por todas las Administraciones públicas.

Entre una belleza sin par, me topo también, inevitablemente, con lo feo. En Madrid me cabreaba. En Sevilla me da coraje.

Test de políticas de izquierda: dime lo que haces y te diré lo que no te atreverás a hacer

Publicado en La Tribuna de España, 24.09.2018

Hace ya tiempo que –con Felipe González a la cabeza- el PSOE renunció al más clásico objetivo definitorio de la izquierda: la pretensión de una verdadera transformación socioeconómica. El partido de diseño que se crea para afrontar la transición (financiado por una parte de la socialdemocracia europea y bendecido por la diplomacia norteamericana para desplazar al PCE y evitar el modelo italiano) utilizó como marca las siglas históricas, descabalgando previamente en Suresnes a quienes las sostuvieron en el exilio. En poco tiempo no sólo renunció al marxismo –un paso que parecía lógico- sino a cualquier pretensión que pudiera inquietar remotamente a las élites económicas y a los poderes geopolíticos internacionales.

Cada vez que el PSOE llega al poder en nuestro país y algunos se preocupan –casi siempre innecesariamente- con la posibilidad de que lleve a cabo una política socioeconómica de izquierdas, yo aplico un test que, como la experiencia me ha confirmado, permite descartar tan inverosímil escenario. Si, como es habitual, el PSOE no va a afrontar ninguna transformación real del marco económico ni va a hacer frente a ninguna injusticia social, necesita compensarlo con algo que sea absolutamente inocuo para esos poderes, a veces también irrelevante para la vida de los ciudadanos de a pie, pero que aparente ser muy de izquierdas. En algo se tiene que diferenciar del PP o de Ciudadanos. Y casi siempre esas maniobras de distracción o compensación giran en torno a tres ejes:

-Uno que podríamos llamar, en sentido muy amplio y con todos los “peros” que quieran ponerle, de moral o ética pública. El eje que no podría ser –desde luego- tildado de anecdótico, pero del que se hace una instrumentalización interesada en vez de un abordaje riguroso. Por ejemplo, con González se concretó en la primera ley del aborto. Con Zapatero, en la reforma de la misma y en la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Con Sánchez ya nos han apuntado que podría ser la regulación de la eutanasia.

- Otro relacionado con la guerra civil y el franquismo. Con Rodríguez Zapatero, la Ley de Memoria Histórica. Con Sánchez Castejón, el anuncio de la exhumación de los restos del dictador.

- Y un tercero que suele guardar alguna relación con la Iglesia Católica. Yo esperaba un amago de denuncia o renegociación de los acuerdos con la Santa Sede y hasta me estaba sorprendiendo ya que Sánchez, tras cumplir raudo las dos primeras condiciones, no hiciera pleno en el test. Pero no falla: ahí tenemos ya, asomando por el horizonte, la polémica artificial sobre la inmatriculación de los edificios de culto católico a nombre de la Iglesia. Algo en lo que habría que diferenciar el fondo del procedimiento, aunque me temo que, en estos combates dialécticos viscerales, cualquier matiz resulta silenciado por el griterío sectario.

No digo que tales debates no sean pertinentes, no se equivoquen. Podrían serlo, sobre todo si alguna vez abordásemos alguno de ellos con rigor y sin dos bandos simplistas. Lo que sostengo es que, cuando tales materias se convierten en el centro de la acción política, cuando se sitúan en el frontispicio del programa de gobierno, es señal inequívoca de que nada o muy poco va a cambiar en la vida cotidiana del pueblo español.

Se podrá desenterrar al dictador y pleitear durante años por la propiedad de algún templo, pero ¿incidirá esto en el día a día de las familias de a pie? Es obvio que no. Seguiremos sin establecer controles decididos y eficaces contra la corrupción política. Sin afrontar la situación de un sistema judicial, manipulado en las alturas y abandonado en todos los niveles, que debería garantizar nuestros derechos. O de un modelo de enseñanza que encadena fracasos y que hace más manipulables a los ciudadanos del futuro. Seguiremos sin tomar medidas ante la precarización creciente del mercado laboral. Sin avanzar en conciliación laboral y en corresponsabilidad de mujeres y hombres. Sin dotar de dignidad, razonabilidad y viabilidad a nuestro sistema de pensiones. Sin poner ningún límite a gigantes tecnológicos que ejercen un control cada vez más orwelliano sobre nuestros datos e intimidad. Continuaremos de perfil ante la creciente burbuja del alquiler. O sin estudiar el cambio de un modelo productivo que se derrumbó durante la brutal crisis económica… Esto, entre otras muchas y variadas cuestiones.

El PSOE tenderá intencionadamente la muleta de Franco o de un rancio anticlericalismo, para recogijo de su clientela. La derecha, evidentemente, no podrá eludir entrar a ese trapo, para no perder a la suya. El debate mediático y ciudadano (en cuanto termine con el actual episodio de los pseudomásteres y las pseudotesis que adornan el curriculum de los políticos) se entretendrá en materias que permitirán al PSOE lucir una fachada de izquierda, mientras nada importante cambia realmente a nuestro alrededor.

Y es que, sin duda, es mucho más fácil y vistoso luchar -con fingido denuedo- contra tiranos muertos que acometer las grandes injusticias vivas de la sociedad del siglo XXI.