En El Confidencial, desahucio suspendido y mis declaraciones sobre usura

Publicado en El Confidencial, 23.10.2016 


La Ley que la regula es de 1908 

DESAMPARADOS ANTE LA USURA: “ME QUITAN MI CASA POR UNA DEUDA DE 18.000 EUROS” 

Préstamos rápidos, créditos al consumo, tarjetas de financiación… La oferta de productos financieros crece mientras el marco legal data del Gobierno de Antonio Maura 

Autor: Alfredo Pascual 
Video: Ernesto Torrico 

Miguel Ángel tiene miedo a salir de casa. A sus cincuenta y tantos y a pesar de ir siempre flanqueado por un perrazo, cruce de mastín y pastor alemán, cada vez que escucha un motor en la calle se encierra tras una puerta de metal y llama a su abogado. Lleva meses soñando, entre pesadillas, con este momento, el momento en el que vengan a su casa para desahuciarlo. 

Sobre el asfalto de la calle Fuente Romana, en El Álamo, seis agentes de la Guardia Civil y dos funcionarios del juzgado esperan a que den las 11:30. Los vecinos miran por las ventanas. Una señora lamenta, a lo lejos, que "no se hagan estos despliegues con los auténticos delincuentes", pero los agentes no desvían la mirada de la casa de Miguel Ángel. Dan y media. En ese momento, el agente más cercano al chalé da un paso adelante y llama al timbre. 

— Caballero, tiene que abrirnos la puerta, tenemos una orden de desahucio. 
— Estoy llamando a mi abogado, ha ido a ver a la jueza. Lo último que me dijo es que no abriese. 
— Si no abre tenemos a un cerrajero que lo hará por usted. Vaya atando al perro. 

En este momento Miguel Ángel da un paso atrás y trata de respirar hondo. No puede. Su pareja y su hijo siguen dentro, detrás de las ventanas. Se agarra el pecho tratando de conseguir oxígeno y echa una mirada desesperada a los periodistas que estamos dentro de la casa, como si con nuestras cámaras pudiésemos espantar a las autoridades y pagar su deuda. Y nosotros bajamos la cabeza. Ha llegado el momento. Miguel Ángel y su familia tienen que abandonar el edificio que ha sido su casa los últimos catorce años. 

“Denme solo diez minutos, se lo pido por favor”, suplica Miguel Ángel, aferrándose a un milagro en forma de llamada de móvil. Su abogado, Carlos Galán, se ha presentado en los juzgados para conseguir una moratoria in extremis, pero lo último que sabemos es que la jueza no ha querido recibirle. Los minutos caen como plomo, en silencio, mientras Miguel Ángel y los periodistas nos miramos con los agentes a través del portón de la casa. 

Y, de repente, lo imposible. Un agente se retira a hablar por teléfono y se acerca a la puerta: “Caballero, me comunican que han detenido el desahucio”, le dice a Miguel Ángel que, esta vez sí, parece desfallecer. Tras unos minutos, y todavía con los ojos empañados, recibe a su abogado y juntos se funden en un abrazo. “Esta vez ha estado cerca”, lamenta Miguel Ángel con la voz trémula. Todo ha acabado por hoy, pero dentro de un mes su acreedor volverá a intentar quedarse con la casa. 

“¿Tú te crees que me van a quitar la casa por un crédito de 18.000 euros?”, dice Miguel Ángel. Hace cinco años avaló un crédito hipotecario de su cuñado con su casa y el familiar no solo dejó de pagar, sino que se fugó a Perú. Miguel Ángel, charcutero en una gran superficie, se vio obligado a pedir otro crédito para evitar que el banco se quedase con su domicilio, una casa unifamiliar en El Álamo que, en el cénit del ladrillazo, llegó a tasarse por 600.000 euros. Ahora vale en torno a 400.000. Intentó pedir otro crédito para pagar el anterior, pero Bankia le había inscrito en la lista de morosos y todos los banqueros se negaron a hacerlo. Así que recurrieron a los préstamos privados. Su mujer hizo una búsqueda en internet y fue a topar con el primer resultado, que no es otro que el célebre Antonio Arroyo, también conocido como ‘El gran usurero’

Arroyo, primer prestamista inscrito en España, es un personaje polémico que ha ejecutado a más de 90 familias, mientras que las asociaciones de afectados hablan de otras 3.000 personas en problemas con este prestamista. La mayoría denuncia que Arroyo les obligó a avalar el crédito con su casa y que, una vez concedido, nunca les dio la posibilidad de devolverlo. “Les llamé un montón de veces y nunca me cogían el teléfono. Incluso quedé con ellos, cuatro o cinco veces, y nunca acudieron a la cita. Lo que querían, como es obvio, no era que yo devolviese el dinero, sino quedarse con mi casa por poquísimo dinero”, dice el propietario. Arroyo, que tiene derechos sobre más de 500 fincas por toda España, ha sido detenido tres veces, pero sigue libre y operando. 

Miguel Ángel no se preocupó ni siquiera de preguntar por la tasa de demora del préstamo. Se reunió con el equipo de Arroyo en una notaría de la calle Buen Suceso, en Madrid, y firmó los papeles sin hacer muchas preguntas. Necesitaba el dinero. No sabía que se estaba comprometiendo a pagar unos intereses de demora del 29%, un porcentaje que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ubica por encima del umbral de la usura. “No me atendieron durante los primeros meses y, un día de repente, me llamó la secretaria de Arroyo para decirme que les debía 40.000 euros”, dice Miguel Ángel, cuya casa ha salido a concurso público sin avisarle. 

Una ley con 108 años 

En realidad, en España la usura no es una figura penal. La ley que la regula data de 1908 y no establece márgenes claros para identificar cada caso. El texto legal, impulsado por el diputado y filósofo Gumersindo de Azcárate durante el primer Gobierno de Antonio Maura, reza así: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Imponía, además, unas multas de entre 500 y 5.000 pesetas para los usureros, que fueron derogadas en 1995 por el socialista Juan Alberto Belloch

El texto identifica, según juristas consultados, tres tipos de usura. La que surge de la imposición de unos intereses desproporcionados, siempre interpretables, la que se da por la existencia de cláusulas leoninas en el contrato —normalmente en los plazos de devolución— y, por último, la que emana de la entrega de un capital inferior al escriturado. "Es muy habitual que los prestamistas privados te entreguen mucho menos dinero del que pone en el contrato. Es una de las formas de estafa más habituales en estos casos", dice el abogado. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el marco legal es débil en la defensa del consumidor. "Los españoles están completamente desamparados ante la usura. Es que el mismo concepto es problemático, porque no se fijan unos márgenes aceptables en ninguna ley. No hay control de la Administración sobre estos establecimientos financieros, ni tampoco de las comunidades autónomas", lamenta Rubén Sánchez, portavoz de la agencia de consumidores Facua. "El sector está muy mal regulado. La banca pase, porque tiene al Banco de España, pero con los establecimientos financieros, y no quiero ya ni mencionar a los prestamistas privados, eso es la jungla. La ley de 1908 es escueta y poco específica", considera el letrado especilista en préstamos Carlos Galán

En España, un prestatario que se sienta estafado no tiene vías extrajudiciales a las que acudir. Los institutos de consumo autonómicos, el Banco de España o la CNMC no tienen potestad para emitir veredictos vinculantes y mucho menos declarar un contrato de préstamo nulo. La única solución es acudir al juzgado. Para Adicae, (Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas), "urge establecer unos criterios comunes ante la dispersión legislativa del sector, todo un ‘coladero’ para una gran variedad de empresas y productos sin control que abusan del consumidor. Los créditos al consumo ofertados por bancos y establecimientos financieros de crédito (EFC) –supervisados por el Banco de España– conviven con productos como los microcréditos, que cualquier sociedad mercantil puede comercializar, siendo libre de imponer cláusulas abusivas y precios fraudulentos sin supervisión alguna".

¿Significa esto que la usura no pasa factura en España? No exactamente. De hecho, en los últimos meses, diversos juzgados han recuperado la ley Azcárate para anular créditos y líneas de financiación diversas. La sentencia más importante, en tanto que crea jurisprudencia, es la emitida por el Supremo a finales del año pasado, cuando el Pleno de la Sala Civil del alto tribunal concluyó que “los créditos que dupliquen el interés medio del mercado deben ser considerados usurarios y, por tanto, nulos”. Se trataba de un crédito al consumo con un interés del 24,6% TAE por el que un cliente que obtuvo 25.634 euros de préstamo fue penalizado con unos intereses de 18.568 euros. 

Los límites de la usura 

La sentencia del Supremo es una luz al final del túnel para los consumidores en tanto que sugiere límites en los intereses: concretamente establece un máximo del doble del interés medio del mercado para la remuneración del crédito y en el interés más dos puntos para el de demora, en caso de retrasarse el pago. El alto tribunal es especialmente duro con las financieras al considerar que el alto riesgo de impago, derivado de los escasos requisitos que se exigen a los clientes, no puede ser defendido por la ley: "Con la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico". El Banco de España considera que los intereses de los créditos al consumo deben oscilar entre el 6% y el 8%

Así, muchos juzgados de primera instancia y provinciales han comenzado a agarrarse a esta doctrina para tumbar créditos que en el pasado se consideraban legales. Este mismo mes, la jueza Marta Iturrioz, titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuenlabrada, sentenció que la financiera de El Corte Inglés incurre en prácticas "abusivas y usureras". Iturrioz anuló la deuda de un cliente, denunciado por El Corte Inglés, por establecer unos intereses de demora del 18% cuando en el momento del crédito, en 2011, el interés medio se situaba en el 4%. Días antes, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid tumbó un préstamo del gigante francés Cofidis. El sumario asegura que un crédito de 1.200 euros se convirtió, a los cuatro años, en una deuda de 7.888 euros merced a unos intereses del 21% TAE y a unas cláusulas por demora abusivas. 

Las cifras del Banco de España muestran que el crédito concedido a los ciudadanos subió en 2015 después de cuatro años de caídas. Basta escuchar la radio o poner la televisión a primera hora del día para comprobar que las empresas de microcréditos y préstamos rápidos han regresado a nuestras vidas. Pero, en el actual momento jurídico, algunos de los intereses que cobrabran en el pasado pueden ahora considerarse usura.


Podríamos clasificar los créditos rápidos en cuatro categorías principales: los préstamos personales, las tarjetas de crédito, los créditos rápidos y los minicréditos. Los préstamos personales, a menudo controlados por la gran banca, se consideran el producto más seguro para el consumidor, ya que permite obtener las mayores cantidades a un interés medio del 12,5-13,5%. Las tarjetas de crédito son una opción intermedia: la financiación es automática (hasta un límite), pero tiene unos intereses medios cercanos al 27%, más del doble del interés medio del mercado. No obstante, los productos con más papeletas para obtener reveses judiciales en los próximos tiempos son los créditos rápidos y los minicréditos. Suelen ser ofertados por las mismas compañías, pero los minicréditos tienen una peculiaridad: no pueden superar los 200 euros. Es el límite, señala Adicae, para que no se les aplique la Ley de Crédito al Consumo.


Algunos de estos préstamos, denuncian Adicae y Facua, alcanzan entre el 3.500% y el 4.500% de intereses anuales. Este tipo de entidades, conocidas como establecimientos financieros, no se someten a la regulación del Banco de España, sino que solo tienen que registrarse en Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad. "En teoría las comunidades autónomas también deberían disponer de un registro de prestamistas, lo dice la ley 2/2009, pero, si alguna lo tiene, no está disponible telemáticamente para ser consultado, que era su utilidad final", dice Carlos Galán.

Distintos expertos consultados señalan dos tipologías de consumidor de estos productos con una misma urgencia: la desesperación. "Son normalmente padres de familia que no llegan a fin de mes y se agarran a un clavo ardiendo, sin mirar las consecuencias de lo que firman. Por otra parte también tenemos a muchas personas afectadas por ludopatía que necesitan dinero para jugar a toda costa". Una vez firmado el crédito, sobre todo ante notario, no queda más que pagar las cuotas o acudir a los tribunales. "Los microcréditos se valen de que lo que se paga por intereses es poco, porque los préstamos son pequeños, y no merece la pena denunciar", dicen desde Facua. 

¿Penal o civil? 

Si finalmente decide denunciar, tendrá que armarse de paciencia, porque tampoco hay acuerdo a la hora de escoger una vía judicial. El abogado Ignacio Monreal, que colabora con la plataforma de afectados Stop Estafadores, presume de haber ganado los 12 casos que ha llevado sobre préstamos usureros. ¿Su secreto? Acudir a la vía civil. "Yo no conozco a ningún prestamista al que se le haya condenado por estafa, sobre todo si por el medio hay una firma ante notario. Como mucho la vía penal consigue frenar un desahucio, pero no está sirviendo para condenar al prestamista y, sin eso, no se consigue la nulidad del contrato de préstamo. Es muy difícil probar el engaño", explica Monreal. 

En su opinión, "la ley Azcárate sirve perfectamente para obtener nulidades de contrato por la vía civil. Basta con que se hayan cobrado los intereses al principio, por ejemplo, que es una práctica habitual entre los prestamistas, o demostrar que las tasas de demora son desproporcionadas para obtener la nulidad. Es una vía poco explotada y que es muy efectiva", sentencia Monreal, no sin antes recordar, orgulloso, que el año pasado consiguió recuperar la vivienda de uno de sus clientes que había incluso entregado las llaves a su acreedor. 

Por su parte Galán, también colaborador de la plataforma, aporta matices al discurso de su colega. "Las dos vías son complementarias, se pueden aplicar a la vez. Yo prefiero la vía penal porque tiene una ventaja: que desde que empieza el proceso, se para la ejecución hipotecaria, que suele ser el objetivo principal de cualquier cliente. Por otra parte, es cierto que con la vía civil se puede obtener una nulidad del contrato, pero eso exige que se devuelva el préstamo sin intereses, y no todas las personas pueden permitírselo", zanja.


Declaraciones en Telemadrid sobre desahucio suspendido

El pasado 19 de octubre viví uno de los episodios más duros de mi carrera profesional. Para ese día el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Navalcarnero había fijado el lanzamiento de la familia de Miguel Ángel, víctima de la conocida trama del prestamista Antonio Arroyo Arroyo.

El asunto nos llegó ya muy avanzado y con muchas oportunidades perdidas. Aun así interpusimos un incidente extraordinario de oposición a la ejecución, que fue inadmitido por diligencia por la letrada de la Administración de la Justicia (lo que antes se llamaba secretaria judicial). Presentamos recurso porque esta funcionaria es manifiestamente incompetente para resolver esa cuestión, que corresponde a la juez. Además, en su resolución invocaba un plazo que ha sido expresamente declarado nulo por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Paralelamente, pedíamos que, mientras se sustanciaba nuestro recurso, se suspendiera cautelarmente el desalojo. Aunque estos recursos no tienen efectos suspensivos, el juzgador tiene facultades para decidir y no parece razonable echar primero a una familia a la calle y después examinar la legalidad de la medida. 

Mis gestiones fueron infructuosas, ante el muro que supuso la citada letrada de la Administración frente a una juez recién llegada al destino. Finalmente, el desahucio se suspendió, porque no pudieron materialmente acceder, pero la secretaria -nuevamente sin tener competencia para ello- ya nos adelantó que quiere que estén en la calle en un mes. Obviamente, haremos todo lo que esté en nuestra mano por impedir que se consume esta injusticia.

Como datos significativos, hay que decir que en este caso la Audiencia Provincial, en la vía penal, consideró que no se probaba la existencia de estafa porque faltaba el elemento del engaño (cree que posiblemente el afectado sabía que firmaba mayor capital del recibido) pero considera expresamente probado que no se entregó todo el capital por el que se despachó en su día esta ejecución. Además, se ha aplicado un interés de demora del 29 %, un tipo considerado nulo por abusivo en el criterio establecido en el Tribunal Supremo. Y la vivienda se adjudicó por unos 30.000 € aproximados cuando en la propia escritura el prestamista la valoraba en diez veces más, 300.000 €. Se comprende, por tanto, nuestro empeño en que el juzgado cumpla su deber de revisar de oficio la abusividad de las condiciones de esta operación usuraria.

Las cámaras del programa Aquí en Madrid, que presentan Goyo González y María Gracia en Telemadrid, estuvieron por la mañana y recogieron la tensión vivida. El reportaje incluye el testimonio de la víctima y mis declaraciones como abogado. 

En Enfoque, la Comisión de Investigación al Ministro del Interior



El pasado 6 de octubre intervine de nuevo en la tertulia de actualidad Enfoque, que se emite en Hispan TV, dedicado en esta ocasión a la Comisión de Investigación que el Congreso ha aprobado a raíz de conocerse unas conversaciones del Ministro del Interior en las que se ponía de manifiesto el uso de medios públicos para investigar a adversarios políticos. Presentado por Jesús Villegas, el espacio contó en esta ocasión con la presencia de Tasio Oliver (del comité federal de Izquierda Unida), Fernando González (analista político) y Sergio Brabezo (concejal de Ciudadanos en Madrid), que compartieron mesa conmigo.

En mis intervenciones expliqué que, aunque estemos viendo que la mayor pluralidad de grupos existente hoy en el panorama político pueda dificultar la gobernabilidad, también tiene consecuencias positivas. Y ésta es una de ellas: que se hayan acabado los rodillos y se pueda aprobar una comisión de investigación parlamentaria sobre estas irregularidades. 

Aunque desde el gobierno se quiera poner el foco en la propia grabación ilícita de la conversación, no podemos obviar su contenido: era una conversación reservada pero no privada, se mantiene en sede ministerial y revela un asunto de interés público.

Aun así, claro que es preocupante para cualquier ciudadano que se pueda grabar al ministro del Interior en su despacho. Alguna vez el ministro estará hablando en ese despacho de asuntos de seguridad pública en lugar de buscar trapos sucios de rivales políticos y que no exista esa elemental seguridad es alarmante. De ello esta también responsable el propio ministro. A mi juicio, ha ordenado con la boca pequeña una investigación que presumiblemente quedará en el olvido, pero los ciudadanos deberíamos saber cómo se ha podido producir esa grabación ilegal.

No obstante, el centro de atención de la Comisión de Investigación debería ser lo que revela la grabación y no la grabación en sí. Lo que pone de manifiesto sí tiene una relevancia política indudable. En la tertulia defiendo que es mejor que se investigue por una comisión a que se trate en pleno, como defendía el representante de Ciudadanos.

Aunque Fernando González considera que el ministro no está obligado a comparecer, en mi opinión las obligaciones políticas, éticas, legales no decaen por el hecho de que el Gobierno esté en funciones.

Polemizamos también, de paso, sobre la independencia de la Justicia (para mí más garantizada cuando depende de jueces de a pie y más en riesgo cuanto más subimos en el escalafón) y de la dependencia orgánica de la Fiscalía respecto al ejecutivo. 

En contra de la opinión de algún contertulio, aseguré que si se están enjuiciando casos del PP no es por este partido sino a pesar del mismo, porque ha torpedeado sistemáticamente la acción de la Justicia contra los corruptos de sus filas. El último episodio es que se ha alineado con Bárcenas para pedir la nulidad de actuaciones y la absolución de todos los encausados de Gürtel. 

Hice hincapié en que una de las consecuencias más graves de este episodio es que la irresponsabilidad del ministro ha dado argumentos a unos partidos secesionistas que viven precisamente de explotar el victimismo. 

El ministro debería dimtir pero mi pronóstico es que no lo hará. Está amortizado y saldrá con el relevo de gobierno.

Arriba, el video completo del programa.

Debate en el Colegio de Abogados sobre sentencias europeas de contratación temporal

Publicado en la web de Alberche Abogados, 13.10.2016

El aforo completo en la Jornada que organizó el pasado 4 de octubre la Sección de Derecho Laboral del ICAM y la lista de espera de más de un centenar de personas que no pudieron obtener plaza, da una idea del enorme interés que han despertado en el colectivo de abogados las recientes sentencias europeas, que pueden suponer un vuelco al panorama de la contratación temporal en nuestro país. 

Lo recordaba el presidente de esta Sección, nuestro compañero Carlos Javier Galán, al inicio de la sesión: hace más de un año, en el I Congreso de la Abogacía Madrileña, aseguró que los laboralistas tendrían que invocar cada vez más ante los juzgados normas supranacionales, una impresión que ahora se ve claramente confirmada tras estas relevantes resoluciones. “Será muy difícil –aseguró- que en los próximos meses un laboralista español no tenga alguna ocasión de invocar estas sentencias o el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada y la Directiva 999/70/CE que lo incorpora“. 

La Sección de Derecho Laboral del Colegio optó por recurrir a las opiniones de primera mano de quienes han obtenido estas resoluciones y consiguió reunir en esta mesa redonda a los abogados que han llevado los casos objeto de pronunciamiento por parte del TJUE. 

Luis García Botella, del despacho GBA Label, es abogado bregado en el entorno de la movilización social y profesional que supuso la Marea Blanca en Madrid. Él ha llevado el caso de Elena Pérez López, la enfermera del Servicio Madrileño de Salud que prestó servicios durante cuatro años ininterrumpidos, mediante sucesivos nombramientos como personal estatutario, hasta su cese. Al hilo de la cuestión prejudicial planteada en este caso, el TJUE ha considerado que la utilización que se hace de la norma interna española contraviene el Derecho de la Unión, al permitir encadenar nombramientos temporales para cubrir necesidades que son realmente permanentes y estables, sin que se contemple ninguna obligación de crear puestos estructurales que pongan fin a ese abuso. García Botella cree que la resolución, aunque se refiera al Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, va a ser extrapolable a otros sectores de la Administración con idénticas prácticas. 

Alberto Gómez Barahona, abogado administrativista, socio de GBC Abogados y rector de la Universidad Isabel I, defiende a Juan Carlos Castrejana, arquitecto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante dieciséis años hasta su cese. Su caso ha permitido que el TJUE siente criterios sobre cuál ha de ser la solución a estos casos. En el ámbito de los trabajadores laborales de la Administración la jurisprudencia española ya había creado una figura específica, la de los indefinidos no fijos: indefinidos porque no se les puede cesar si su plaza no se cubre definitivamente o se amortiza por los procedimiento legales, pero no fijos porque nadie puede acceder a la condición de funcionario sin haber superado un proceso que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad. El TJUE dice ahora que una figura similar puede ser aplicada también a los funcionarios interinos o al personal estatutario sometido a encadenamiento irregular de contratos, mientras no haya en nuestro ordenamiento otra medida que sea eficaz para prevenir este tipo de prácticas. 

Cerró la mesa redonda José Antonio Rello Ochayta, letrado de Ana de Diego Porras, una empleada laboral del Ministerio de Defensa con contrato de interinidad durante nueve años y despedida sin indemnización, una vez que se reincorporó la titular de la plaza que estaba cubriendo. El TJUE considera que la indemnización por fin de contrato tiene el carácter de condición de trabajo. Y que el acuerdo marco europeo no permite condiciones de trabajo diferentes para temporales y fijos. A partir de ahí, acaba equiparando la expiración del término convenido en los contratos de duración determinada con las causas objetivas de nuestra legislación, apuntando así a una indemnización de veinte días por año. Esta cuantía es justamente lo que ha acabado reconociendo a la demandante –al día siguiente de celebrada esta jornada- el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia sobre este asunto. 

La controversia está servida porque, en opinión de algunos juristas, el pronunciamiento del TJUE no sólo afecta a los contratos de interinidad sino a todos los temporales, y no sólo al sector público, sino también a la empresa privado. 

A las intervenciones de los tres ponentes, seguidas con palpable interés, siguió un coloquio de una hora, donde los presentes pudieron plantear cuestiones prácticas sobre los efectos de estas tres sentencias europeas y debatir sobre las mismas.

Éste es el video completo de la mesa redonda:

Presentación del Premio del ICAM en Memoria de los Abogados de Atocha

Publicado en Confilegal, 02.10.2016

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID PRESENTA LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO ABOGADOS DE ATOCHA

Luis Javier Sánchez

A punto de cumplirse cuarenta años del trágico atentado que segó la vida de cuatro abogados laboralistas y un estudiante de Derecho y dejó malheridos a cuatro letrados en un bufete situado en Atocha 55, la abogacía ha decidido recordar la memoria de estos letrados.
 
Aquel fatídico 24 de enero de 1977 quedó marcado por la llamada “Matanza de Atocha”, un momento clave para la transición española.
 
A la película "Siete días de Enero" de Juan Antonio Bardem y al libro publicado a primeros de año "La matanza de Atocha. 24 de enero de 1977" (La Esfera de los libros), obra de Jorge e Isabel Martínez Reverte se ha sumado la iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid.
 
Por ello la Decana, Sonia Gumpert, acompañada del vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, Raúl Cordero, y del presidente de la Sección de Derecho Laboral del Colegio, Carlos Javier Galán, ha presentado la primera edición de los Premios En Memoria de los Abogados de Atocha convocados por la propia entidad colegial.
 
“Éste era, es y será para siempre –dijo Gumpert– el Colegio de nuestros compañeros asesinados y, por tanto, somos depositarios de un legado moral de formidables dimensiones, que nos impone obligaciones irrenunciables no sólo para conservarlo, sino para hacerlo crecer”.
 
Para la Decana, los abogados de Atocha son “una inspiración para la los empeños de hoy en la regeneración del Estado democrático y en la causa, siempre inacabable, de los más débiles”. Por ello, este premio hace para “honrar a los compañeros asesinados en la calle Atocha y en reconocimiento de los valores de la abogacía en la defensa de los Derechos Humanos”.
 
Por su parte, Raúl Cordero agradeció la iniciativa del ICAM: “Hace cuarenta años, cuando el gobierno quería hacer un entierro semiclandestino, el Decano Antonio Pedrol dio la cara para que los abogados de Atocha fueran velados en su Colegio y honrados como se merecían. Cuarenta años después, con Sonia Gumpert, los abogados de Atocha vuelven por la puerta grande a su Colegio”. La Fundación apoya por ello la iniciativa y un representante de la misma formará parte del jurado.
 
En su intervención, el Presidente de la Sección de Derecho Laboral y uno de los impulsores de la idea, Carlos J. Galán, recordó que los abogados de Atocha “concibieron el Derecho como una herramienta más de lucha y supieron exprimir las leyes de la dictadura para defender los derechos de los trabajadores”.
 
Aseguró que “en el mundo actual, se lucha por la libertad de expresión, s contra las condiciones de esclavitud laboral, se defiende el acceso de la mujer a la educación en países donde se le quiere privar de ese derecho básico, se combate las redes de trata de personas, se denuncia la explotación infantil, o se defiende a los refugiados en una Europa que parece olvidar por momentos sus valores.”
 
En todas situaciones Galán recordó que "también hay abogados haciendo lo mismo: usando el Derecho como herramienta para defender derechos sociales”. Por ello, afirmó “queremos reconocer a esos juristas comprometidos y hacerlo con un nombre tan querido para nosotros como es el de los abogados de Atocha”.
 
El premio, que ha sido creado en colaboración con la Fundación Abogados de Atocha de CCOO, se divide en dos categorías. Por un lado se encuentra la categoría ‘Sénior’, que premiará a los abogados de todo el mundo por su labor en el campo de los derechos humanos desde el ámbito social.
 
Por otro lado, la categoría ‘Junior’ entregará el premio ‘Serafín Holgado’, en memoria del estudiante de derecho fallecido. Esta categoría premiará a los estudiantes de derecho, los cuales tendrán que presentar un ensayo jurídico breve sobre un tema social relacionado con los derechos humanos.
 
HISTORIA DE MUCHOS AGRADECIMIENTOS PÓSTUMOS
 
Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 31 de diciembre de este año, por al menos 25 firmas de abogados o por asociaciones de letrados legalmente constituidas, entre otros, y los galardones se fallarán en enero de 2017.
 
La Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid trabaja desde el 2004 para que los abogados de Atocha continúen vivos en la memoria de la sociedad. Es un homenaje continuo a los abogados asesinados el 24 de enero de 1977 en Atocha 55: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y a sus compañeros malheridos, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia.
 
A lo largo de los años han sido numerosos los homenajes en recuerdo de las víctimas de Atocha. Además de la puesta en marcha de dicha entidad, dieron su nombre al Centro de Empleo y Formación de CCOO de Madrid, situado en la calle Sebastián Herrera, 14.
 
En 2007, en recuerdo a los ausentes se adoptó como lema las palabras de Paul Éluard: "Si el eco de su voz se debilita, pereceremos”.
 
Al mismo tiempo, el Estado español les ha concedido la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción que se da en la Judicatura; la Comunidad de Madrid les otorgó la Primera Distinción a la Tolerancia que se concedía.
 
Además, en estos momentos, 25 municipios madrileños y muchos más en toda España tienen alguna calle, parque, plaza o edificio público que lleva el nombre de los Abogados de Atocha o de alguno de sus integrantes. También el Ayuntamiento de Madrid creo hace tres años un grupo escultórico en la Glorieta de Antón Martín, a escasos 30 metros del número 55 de la calle de Atocha, que representa El abrazo del artista valenciano Juan Genovés.