A la venta la edición 2015 de mi manual de Nóminas

Un año más, FC Editorial publica la edición actualizada de mi libro Nóminas, Seguridad Social y Contratación laboral.

Más de 16.500 ejemplares vendidos en años anteriores parece que suponen un avala a la utilidad de esta obra.

En la misma, abordo, en primer lugar, el contenido básico de la relación laboral y las características de las modalidades de contrato vigentes; en un segundo bloque, todo el contenido y estructura de las retribuciones del trabajador y cómo confeccionar los recibos salariales; y, finalmente, la afiliación y cotización al sistema de Seguridad Social. 

El manual está disponible tanto en formato impreso como electrónico y, además de en librerías, puede adquirirse en la web de la editorial. 

El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, presente en el I Congreso de la Abogacía Madrileña

Artículo publicado en Lawyerpress.com, 24.03.15

La abogacía madrileña ha tenido, por fin, la oportunidad de celebrar un Congreso a su altura. El éxito de organización, de contenidos y de participación ha acompañado a una cita de la que absolutamente nadie duda que se ha convertido ya, desde esta primera edición, en una referencia ineludible y con futuro. 

A lo largo de tres días, hemos tenido oportunidad de ponernos al día y ampliar conocimientos, cumpliendo esa responsabilidad que compete al abogado para su continua mejora profesional. Y ello ha sido posible a través de un amplio y variado abanico de mesas redondas conformadas por ponentes de altura. 

Hemos podido, además, tener espacio para el encuentro profesional entre compañeros fuera del marco procesal, algo que durante años se echaba de menos en un Colegio de las dimensiones del de Madrid y que ahora se ha facilitado con la puesta en marcha de una veintena de secciones temáticas y con este Congreso. 

Finalmente, no ha faltado la reivindicación de nuestra profesión y de su dignidad, junto a la expresión del compromiso de la abogacía con la Justicia –que pretendemos dotada de medios y sin barreras de acceso-, con el Estado de Derecho y con la ciudadanía. El discurso de apertura de la decana Sonia Gumpert, pronunciado ante el Ministro de Justicia Rafael Catalá y ante más de un millar de asistentes, es una pieza que, en mi opinión, ningún letrado madrileño debería dejar de conocer. 

Dentro del bloque de ponencias de práctica profesional, el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social contó con tres mesas redondas que despertaron gran interés. 

La primera de ellas se centró en el Derecho Social Internacional y Comunitario. Podría erróneamente pensarse que el mismo contiene proclamas genéricas que ya están incorporadas a nuestro Derecho interno. Y tal vez durante años era así en cierta medida: las normas españolas suponían mejoras respecto a los derechos reconocidos en normas internacionales. Pero, como nos recordaba la profesora Salcedo, sucesivos recortes sociales han producido que, en algunos casos, nos hayamos quedado por debajo de estándares supranacionales. En esa situación, conviene no olvidar que los tratados internacionales debidamente ratificados por España forman parte de nuestro ordenamiento y que, incluso, prevalecen jerárquicamente en caso de conflicto de normas. Esto abre un abanico de posibilidades prácticas para el laboralista de a pie, que está obligado, más que nunca, a conocer y manejar este Derecho y explorar su utilización, ya sea para reclamar derechos de trabajadores o para contraargumentar cuando su cometido es defender intereses empresariales. Fue un privilegio contar con tres de los mayores expertos en la materia, en los que se aunaba la solvencia en el conocimiento con la calidad humana, y que nos obsequiaron con intervenciones ilustrativas, útiles, didácticas y amenas. De la mano de Julia López, catedrática de la Universitat Pompeu Fabra, repasamos aquellos convenios de la OIT que más pueden servir como referencia para la práctica cotidiana del laboralista. Conocimos también los acuerdos mundiales suscritos entre empresas multinacionales -muchas de ellas con presencia en España- y organizaciones sindicales internacionales, instrumentos que están dotados de valor contractual. La profesora titular de la Universitat de València Carmen Salcedo nos ofreció otra magnífica ponencia, en la que exploró las posibilidades de invocación de la Carta Social Europea ante los tribunales españoles en procedimientos sobre cuestiones muy frecuentes. Entre otros aspectos, repasamos los no pocos pronunciamientos judiciales que ya han considerando nulo el singular “período de prueba” de un año del contrato de apoyo a emprendedores. José María Miranda, de la Universidad de Santiago de Compostela, dedicó su intervención a las directivas y reglamentos del Derecho comunitario, exponiéndonos casos concretos en los que ha servido para alcanzar resultados que no hubieran sido posibles sólo desde las normas emanadas del legislativo y ejecutivo españoles, en aspectos tan de “andar por casa” como vacaciones coincidentes con maternidad, retribución por antigüedad en empleados públicos o permiso de lactancia para varones... La palpable atención con la que se siguieron todas las intervenciones, junto a las numerosas peticiones que después nos han llegado para que remitamos las presentaciones que ilustraron las mismas, nos da una idea del nivel alcanzado y de la acogida dispensada. 

Cartel de lujo en la segunda mesa que celebramos, dedicada al análisis jurisprudencial de las principales medidas contenidas en las últimas reformas laborales: acudieron generosamente a la llamada del Colegio Mª Luisa Segovia, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo, Ricardo Bodas, Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y Juan Miguel Torres, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con presentación y moderación a cargo de un ilustre compañero laboralista y colegiado de honor del ICAM, Esteban Ceca. Una oportunidad para conocer la jurisprudencia de manos de una representación cualificada de quienes la construyen. El despido colectivo, la modificación sustancial de condiciones y las medidas relacionadas con el sector público, destacaron entre los asuntos abordados por los ponentes en sus intervenciones, a las que siguió un interesante coloquio con los presentes. 

La tercera y última actividad que preparamos desde la Sección de Derecho Laboral para el Congreso estuvo dedicada al área de Seguridad Social. Otro prestigioso laboralista, Fernando Vizcaíno, tuvo la amabilidad de hacerse cargo de la dirección de esa mesa redonda, en la que dos expertos, Natalia Pastor, letrada del INSS de Madrid, y José Luis Velázquez, letrado de la asesoría jurídica de prestaciones de de la Mutua FREMAP, repasaron las novedades en la regulación del proceso de incapacidad temporal y el resto de la actualidad normativa en esta materia. 

Terminamos el Congreso con legítima satisfacción. Y con gratitud hacia todos los que le han hecho posible, desde la Junta de Gobierno hasta los empleados de la corporación, desde los ponentes hasta los patrocinadores. Y, por supuesto, a los asistentes: a todos los compañeros y compañeras que crearon el grato ambiente de trabajo y de relación que ha reinado en estas jornadas. 

El ejercicio profesional en una materia compleja y cambiante, como es el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, precisa de foros de estudio, de actualización, de intercambio de experiencias, de debate... A ello nos seguiremos dedicando desde la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid.

Presento y modero una charla-coloquio sobre TRADE en el Colegio de Abogados de Madrid

Publicado en Lawyerpress.com, 20.04.15
CHARLA COLOQUIO EN EL ICAM: AUTONÓMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES 

Por Mónica Armada. Consultora. Experta en Derecho Laboral y Asuntos Europeos 

El pasado día 16 de abril la Sección de Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid organizó una charla¬-coloquio donde los asistentes tuvimos la oportunidad de profundizar en la problemática jurídica más frecuente en las reclamaciones de los trabajadores autónomos dependientes económicamente (TRADEs). El acto presentado por Carlos Javier Galán, presidente de la Sección de Laboral, dio paso a la intervención de Emilio Domínguez del Valle, abogado y asesor jurídico de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). 

Con una exhaustiva explicación y siguiendo la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), y el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente, se dieron respuestas, entre otras, a las siguientes cuestiones: cuándo se tiene la condición de TRADE, requisitos que debe tener, duración y contenido del contrato, la comunicación de TRADE al cliente así como aspectos sustantivos y procesales relacionados con las reclamaciones por cese, cantidad y otras acciones a disposición del TRADE. 

Emilio Domínguez comenzó indicando que la creación del TRADE responde a una realidad social, que comúnmente se vino en llamar “autónomo puro” o “parasubordinado”. El Trabajador Autónomo Dependiente es una figura específica entre los trabajadores autónomos, que cuenta con un régimen jurídico propio y diferenciado, y que se sitúa en una frontera, no siempre precisa, entre la figura del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena. 

No obstante la Ley realiza una definición exhaustiva y recalca que se trata, en todo caso, de un trabajador autónomo al que por tanto no le resulta de aplicación la legislación laboral, sin perjuicio de que se declare la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de las cuestiones litigiosas relativas a tales trabajadores. 

Para ser considerado TRADE se debe realizar una actividad económica o profesional a título lucrativo de forma personal, habitual y directa para un cliente del que se perciba al menos el 75% de los ingresos. 

Además de cumplir los siguientes requisitos: 
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. 
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. 
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. 
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. 
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla. 
(Art. 11 LETA). 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

Para la celebración del contrato el cliente podrá requerir al trabajador autónomo económicamente dependiente la acreditación del cumplimiento de las condiciones anteriores, en la fecha de la celebración del contrato o en cualquier otro momento de la relación contractual siempre que desde la última acreditación hayan transcurrido al menos seis meses. Una relación de prueba para la acreditación, en caso de oponerse la empresa, consistiría al menos en: Una Declaración de IRPF y certificado de rendimientos de la AEAT, certificado TGSS sobre ausencia de condición de empleador, certificado AEAT sobre no inscripción como subcontratista, no declaración de local abierto al público, y ausencia de inscripción censal como socio de sociedades mercantiles y/o certificación expedida por Registro Mercantil. 

En cuanto a la forma del contrato, podrá celebrarse por escrito o de palabra pudiendo cada una de las partes exigir de la otra, en cualquier momento, su formalización por escrito. Respecto a si la forma escrita es “ad solemnitatem” o forma “ad probationem” Emilio Dominguez nos remitió a la primera sentencia del Tribunal Supremo que estudió el régimen de los TRADE y a cuya doctrina posteriormente todas se refieren, que es la STS SOCIAL 11.07.11, y de donde se concluye que no se aprecia, en el caso al que se refiere la sentencia, un carácter solemne de forma. 

El objeto del contrato es ejecutar una actividad económica o profesional a cambio de remuneración y se puede celebrar para ejecutar una obra o serie de ellas o uno o más servicios. 

Para la celebración del contrato de TRADE, el trabajador que se considere trabajador autónomo económicamente dependiente, debe comunicar al cliente dicha condición. Esta comunicación es un requisito para la celebración del contrato “no pudiendo acogerse al régimen jurídico de TRADE en el caso de no producirse tal comunicación. (Art. 2.2. RD 197/2009). La comunicación se equipara a conocimiento (STS IV 11.7.11). Ante su ausencia formal surgirá el principal problema de su prueba en juicio. 

El contrato podrá tener la duración que las partes acuerden, pudiendo fijarse una fecha de término o remitirse a la finalización del servicio determinado. De no fijarse duración o servicio determinado se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato surte efectos desde la fecha de su formalización y que se ha pactado por tiempo indefinido. 

Los TRADE´S, pese a que tienen las mismas obligaciones que el resto de los autónomos, tienen algunas ventajas por esta situación de dependencia económica respecto de un cliente tales como:

-Contrato mercantil que regula la relación con el cliente. 
-Derecho a 18 días de vacaciones al año. Aunque por AIP (Acuerdo de Interés Profesional) o por contrato se pueden aumentar. 
-Derecho a una indemnización (Daño emergente + Lucro Cesante) en el caso de que el cliente rompa injustificadamente el contrato. Una indemnización que vendrá fijada en el contrato o en el acuerdo de interés profesional. Si no viniese especificada, se tendrá en cuenta el tiempo que restase de contrato, los perjuicios ocasionados, los gastos en que se hubiesen incurrido o inversiones ya realizadas, los incumplimientos del cliente o el plazo de preaviso En sentido contrario el TRADE tendrá deber de indemnizar al cliente si es él quien rompe injustificadamente el contrato. 
- Posibilidad de firmar Acuerdos de Interés Profesional. 

Para el tema de la solución de conflictos, el art. 4.3. j) de la LETA les reconoce una doble posibilidad: 

-La Solución jurisdiccional (conforme los arts. 17 LETA y 2, d) de la Ley procesal, la jurisdicción social es la competente para conocer las pretensiones derivadas del contrato TRADE-CLIENTE). También remite al orden social el Art. 102.3 LRJS (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). 
-La Solución extrajudicial (Conciliación, Mediación o Arbitraje), bien sea espontánea o pactada en los contratos o en los AIP 

Para finalizar Emilio Domínguez nos señaló las principales acciones a disposición de los TRADE´S: 

1) Los derechos fundamentales, en el ejercicio de su actividad profesional: tutela que podrá deducirse, en modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales (art. 177 LRJS), independientemente al procedimiento ordinario. 

2) El derecho a la percepción puntual de la contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de su actividad (art. 4.3.f/ de la Ley 20/2007). En caso de falta de abono, determinará derecho a la acción de reclamación de abono de cantidad, a deducir por el procedimiento ordinario. 

3) El derecho a la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, así como el de suspender su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, etc, cuyo cauce procesal debe ser la modalidad procesal regulada en el art. 139 de la LRJS. 

4) El derecho a una interrupción de su actividad anual de, al menos, 18 días hábiles. Si se niega, proceso ordinario. Si hay controversia en su fijación el de vacaciones de los artículos 125 y 126 LRJS. 

Tras la magnífica conferencia de Emilio Domínguez comenzó un interesante debate entre los asistentes al acto que concluyó con la clausura del presidente de la Sección de Laboral, Carlos Javier Galán.

No, mi general

En sólo dos días, a ratos, me devoré No, mi general, la estremecedora crónica del doble acoso, primero sexual y luego laboral, al que fue sometida la entonces capitán Zaida Cantera, y de la denuncia y la lucha tenaz de ésta. 

Cuando cerré su última página, dije una frase que mis amigos me han oído a veces tras leer un relato de ficción, pero nunca tras leer una historia real, dramáticamente real: “este libro tiene una película dentro”. Creo sinceramente que la merecería. Porque la única consecuencia positiva que puede tener un caso así es precisamente alcanzar tal relevancia que no se repita nunca más. Que las Zaida del futuro no tengan motivos para temer. Que los Lezcano y los Villanueva del futuro se lo piensen dos veces. 

No, mi general es el reflejo de dos mujeres cumpliendo su deber y dejando en evidencia a otras muchas personas que no lo cumplieron. 

Es –principalmente, porque el protagonismo de esta obra es suyo- la historia de Zaida, profesional brillante, comprometida, valiente y humana. Estoy convencido de que hubiera estado llamada a ser una de las primeras mujeres generales del Ejército español. Y, sin embargo, unos cuantos personajes indignos de la institución militar, consiguieron -unos por acción y otros por omisión- convertir su vida cotidiana en un infierno y acabar frustrando su vocación. Su resistencia y su tesón son un ejemplo profesional y humano. Como español de a pie, confío en que la defensa de mi país esté, cada vez más, en manos de profesionales como Zaida y no de miserables como los que la sometieron a una despiadada persecución. 

Pero, indirectamente, es también reflejo de la buena labor de Irene Lozano, una diputada trabajadora y luchadora que, tantas veces y en tantos temas, ha sido en estos últimos años la voz de la dignidad en el Congreso. Que escuchó a una ciudadana cuyos derechos estaban siendo atropellados. Que entendió que era de elemental justicia llevar este caso al parlamento y darle visibilidad para intentar cambiar las cosas. Que no hizo ningún cálculo de rentabilidades políticas y se puso desde el principio del lado correcto, de aquel en el que ha estado siempre en su labor parlamentaria: el de la ciudadanía, frente a los abusos. Y que, finalmente, ha acabado sacando a la Irene periodista y escritora, para dejar testimonio de unos episodios que jamás deberíamos olvidar. 

No sé si a estas alturas alguien dudará de la veracidad de esta historia. Parte de ella está declarada probada por sentencia judicial firme. Pero, al margen de la enorme verosimilitud de todo lo que se cuenta y de cómo se cuenta, la reacción del ministro Morenés no pudo ser más elocuente: no dedicó un solo argumento ni un solo dato a desmentir o a poner en cuestión lo que Irene Lozano denunciaba ante el parlamento. Se limitó a descalificarla de forma miserable por atreverse a preguntar. 

Morenés tampoco empleó ni un segundo en pedir perdón desde la institución a Zaida, en prometer reparación, en asegurar que se exigirán responsabilidades, en anunciar que se investigará todo hasta el final... Ni siquiera en lamentar lo sucedido y en comprometerse a que no se volverá a repetir nada semejante. Si antes decía que sus silencios no pudieron ser más elocuentes, lo cierto es que tampoco pudieron ser más repugnantes. 

No, mi General es un libro valiente, que publica los nombres y apellidos de la infamia. Si no hay ya varias querellas contra Irene y Zaida es precisamente porque lo que cuentan es verdad. Y porque los culpables prefieren que no se profundice en su actuación y confían en que el tiempo traiga olvido y consagre la impunidad de la mayoría de ellos. 

Zaida Cantera quizá haya librado –muy a su pesar- una de las más importantes batallas de las Fuerzas Armadas españolas a lo largo de su historia. Quiero creer que, tal vez gracias a ella, algunas cosas empiecen por fin a cambiar. Ella se perderá algunos ascensos y algunas condecoraciones, pero espero que gane el reconocimiento social que merece. Al menos yo, como ciudadano, le estoy inmensamente agradecido. 

Hace unos meses, cuando aún no conocía este caso con el detalle de ahora y tan sólo tenía algunas referencias de prensa sobre el mismo, me enteré de que Zaida era por fin comandante, por mérito propio y contra todos los obstáculos imaginables. Y la felicité por Twitter. Entonces intuía lo que significaba aquel ascenso. Ahora lo sé. Por eso vuelvo a decir, pero con más conocimiento de causa, lo mismo que aquel día: felicidades y gracias, mi comandante.

¿Podría un trabajador ocultar su baja laboral en España?

Artículo publicado en Lawyerpress.com, 01.04.15

El pasado martes 24 de marzo nos llegaba la trágica noticia de que un Airbús 320 de la compañía Germanwings se había estrellado en Los Alpes, provocando la muerte de sus 150 ocupantes. Después sabríamos que el copiloto, Andreas Lubitz, al quedarse solo a los mandos de la aeronave, había bloqueado la puerta de acceso a la cabina e iniciado voluntariamente el descenso. 

En el marco de la investigación, la Fiscalía de Düsseldorf (ciudad alemana que era el destino del vuelo y lugar de residencia de Lubitz) hizo público que estaba recibiendo medicación aunque, lógicamente, sin revelar la concreta enfermedad que padecía. En el registro de su domicilio, apareció roto en pedazos el documento de su baja laboral, que tenía efectos para el mismo día del siniestro. El Hospital Universitario de Düsseldorf confirmó también en un comunicado que el copiloto estuvo en sus dependencias, semanas atrás, para unas pruebas diagnósticas “amparadas por el secreto médico” y puestas a disposición de la investigación judicial, si bien desmintió las informaciones que apuntaban a que estuviera tratándose en ese centro médico de una depresión. 

Todo parece indicar, pues, que Lubitz pilotó la aeronave a pesar de estar de baja médica y que ocultó esta circunstancia a la compañía. Todo lo demás son ya puras especulaciones, porque no sabemos qué dolencia padecía, qué tratamiento se le prescribió, si estaba tomando de forma efectiva la medicación y –lo que es más importante- si alguna de estas circunstancias –la propia enfermedad o su tratamiento farmacológico- influyó en su estado o fue determinante de su conducta. De hecho, es bastante probable que su dolencia no fuera la causa de su comportamiento o al menos no lo explique por sí sola. 

Pero, barajando esa hipótesis, en los debates suscitados por algunos medios de comunicación, se ha planteado la pregunta de si sería posible que un trabajador ocultase en España a su empresa una situación de baja laboral. 

En nuestro país, se contempla la incapacidad temporal como causa de suspensión del contrato de trabajo (artículo 45.1.c del Estatuto de los Trabajadores) en aquellas situaciones en que, por enfermedad o accidente, un trabajador esté impedido para la actividad. Si se cumplen determinados requisitos, de ordinario dará lugar a la percepción de una prestación económica (artículo 128 a 133 de la Ley General de Seguridad Social). 

La situación de I.T. comienza con un parte de baja (artículo 7 del R.D. 625/2014) cuya expedición es competencia del médico del sistema público de salud, aunque también puede serlo de los médicos de las Mutuas en casos de accidente. 

El parte se emite por cuadruplicado ejemplar: 

- Uno, lo procesa el propio facultativo con destino a la Inspección de Servicios Sanitarios u órgano equivalente del Servicio Público de Salud de la Comunidad autónoma. 
- Otro está destinado a la entidad gestora de la prestación (INSS o Mutua colaboradora). Si el trabajador ha facilitado la información de cuál es esa entidad en el caso de su empresa, el propio Servicio Público de Salud la remitirá telemáticamente a la entidad gestora. Si, por el contrario, el médico no tiene ese dato, entregará este ejemplar en sobre cerrado al trabajador para que lo envíe él o lo entregue en la empresa. 
- Una tercera copia se entrega en el acto al trabajador para él, como acreditación de su situación de I.T. 
- Y una cuarta también se entrega al trabajador, pero para que, en el plazo máximo de tres días, la entregue en su empresa. Recibido su ejemplar del parte de baja, la empresa cumplimenta una serie de información con destino a la entidad gestora (INSS o Mutua) y la transmite telemáticamente en un plazo de cinco días desde su recepción. 

Las dos primeras copias –la del sistema público de salud y la de la entidad gestora- contienen el diagnóstico, la descripción de la limitación en la capacidad funcional del trabajador y la duración previsible de la baja. Las otras dos –los justificantes destinados a acreditación para trabajador y comunicación a su empresa- no contienen estos datos, por confidencialidad, únicamente expresarán datos genéricos de la baja (tipo de contingencia, fecha de efectos, etc.). 

Es decir, el sistema público de salud y la entidad gestora tendrán pronta noticia de la situación de I.T. del trabajador, pero por el momento no sabrán si el mismo ha informado o no a su empleador y si ha ido a trabajar o no. Es responsabilidad del trabajador comunicar a la empresa el motivo de su ausencia y, en el plazo de tres días como queda dicho, entregarle físicamente el parte de baja. 

Por tanto, sí sería perfectamente posible en nuestro país que un trabajador hiciera lo mismo que Lubitz: hacer añicos el parte de baja, no entregarlo en la empresa y acudir a su puesto de trabajo como si tal cosa. 

Lo más probable es que al cabo de un tiempo se acabase detectando que el enfermo o accidentado está acudiendo a su puesto de trabajo, puesto que, a lo largo del proceso de I.T., existen controles por parte del propio facultativo (por la vía de los llamados partes de confirmación) y por parte de la entidad gestora (revisiones que practique la Mutua), además de la posibilidad siempre existente de visita de Inspección de Trabajo. Pero, al menos inicialmente, sí podría la empresa permanecer ajena a esta situación si el trabajador incumple su deber. 

Nuestro sistema parte de la premisa de que el trabajador es el primer interesado en su propia curación y, por lo tanto, en suspender su actividad y acreditar ante la empresa la situación. De hecho, así es en la inmensa mayoría de los casos y con un procedimiento como el descrito –el trabajador es quien comunica su baja a la empresa- se ha funcionado durante décadas sin que ello haya sido ocasionado graves problemas o haya sido cuestionado por esta causa. 

Sin embargo, el caso Lubitz pone de manifiesto que, aunque sean excepción, podrían darse situaciones en las que el trabajador tuviera algún interés en ocultar su situación de incapacidad temporal. Cuando esa conducta sea sólo un perjuicio para el trabajador, malo. Pero si esa conducta supone, además, un riesgo para terceros, muchísimo peor. 

El médico y el sistema público de salud están conectados informáticamente y éste lo está con las entidades gestoras. La empresa y la Seguridad Social intercambian telemáticamente información, a su vez, a través del sistema RED. En el siglo XXI, no parece descabellado definir un sistema que permita un razonable flujo telemático de información, sin depender de que sea el trabajador quien entregue físicamente a su empresa un documento impreso en papel. 

Finalmente, no olvidemos que el empleado que padece una dolencia podría no acudir al médico, precisamente para evitar la baja laboral. Existe otro ámbito, diferente de la gestión del proceso de I.T., que se revela como adecuado para impedir que alguien esté desarrollando su actividad en un estado que pueda suponer un riesgo para sí o para terceros. Se trata del sistema empresarial de vigilancia de la salud. El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de la empresa de vigilar la salud de los trabajadores a su servicio “en función de los riesgos inherentes a su trabajo”. La vigilancia sólo puede llevarse a cabo si el trabajador presta su consentimiento, pero se contempla precisamente la excepción de aquellos casos en que sea imprescindible “para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. Para que esto sea así tendríamos que conseguir –y muy especialmente en ciertos sectores y ciertos puestos de trabajo- que esa vigilancia de la salud fuera algo efectivo, más allá del mero trámite formal de un reconocimiento médico al año.

Mesa redonda sobre igualdad de la mujer en las relaciones laborales

(Versión extendida de la crónica publicada en Lawyerpress.com el 16.03.15)

LAS RELACIONES LABORALES REVELAN AÚN LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN SU ENTORNO DE TRABAJO

Por Mónica Armada. Profesional de Recursos Humanos. Experta en Relaciones Laborales y Asuntos Europeos  

Jornada que organiza la Sección Laboral del ICAM para profundizar en la situación de la mujer en el mercado laboral 

Mujer, Relaciones Laborales e Igualdad: con esta mesa redonda, celebrada en la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, dieron por concluidas las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Carlos Javier Galán, presidente de la Sección Laboral, moderó el debate y sometió a consideración de los ponentes importantes cuestiones relacionadas con la discriminación por razón de sexo en las relaciones laborales. Participaron en la jornada Paloma Onrubia, Secretaria de Mujer en Administración Local de CC.OO. de Madrid; Luis Méndez, Director del Departamento de Relaciones Laborales de la patronal madrileña CEIM; y Ana Sánchez, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Movimientos Sociales de UGT Madrid. 

Cuáles son las causas de la brecha salarial y cómo combatirlas, por qué son mayoritariamente las mujeres quienes solicitan las medidas de conciliación, cómo se puede lograr una mayor corresponsabilidad, cuáles son las trabas que se encuentra la mujer en el desarrollo de su carrera profesional o cuál ha sido el cumplimiento y la efectividad de los Planes de Igualdad tras su regulación en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Cuestiones todas importantes y datos objeto de reflexión: ¿Por qué sólo el 26% de directivos en empresas españolas medianas y grandes son mujeres? ¿Por qué el 95,90% de excedencias por cuidado de hijos las solicitan mujeres? ¿Por qué en cinco años, la brecha salarial ha crecido tres puntos en España? Todo se planteó y debatió en esta interesante jornada. 

Paloma Onrubia, comenzó su intervención indicando que, tras casi ocho años de vigencia de la Ley de Igualdad, se ha avanzado relativamente poco. Refiriéndose a la Comunidad de Madrid (CAM) señaló que a partir de 2012 la mujer pierde empleo, el que consigue es precario y tiene mayor participación en la economía sumergida. Dio datos, en concreto, del pasado mes de febrero donde en la CAM el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.411 personas (según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del total de parados en la Comunidad de Madrid, un total de 240.417 eran hombres y 268.031, mujeres). La representante de CC.OO. añade también que el empleo al que tiene acceso la mujer es estacional, de servicios, el 80% de las contrataciones son temporales y más del 73% son contratos a tiempo parcial. Esta temporalidad y parcialidad en la contratación implica que, si cobran posteriormente prestación por desempleo, llegue a suponer un 13% menos y la necesidad de cotizar nueve años más a la Seguridad Social para su jubilación a fin de poder asimilarse a otra persona con jornada completa y sin temporalidad. Con respecto a la brecha salarial, la Secretaria de Mujer en Administración Local de CC.OO. de Madrid, indica que una mujer debería trabajar setenta y ocho días más al año para cobrar igual que un hombre. Destacó también que en los tres últimos años hay un 46% menos de presupuesto para la promoción de la igualdad. 

Luis Méndez, Director del Departamento de Relaciones Laborales de la patronal madrileña CEIM, indicó que continúan existiendo puestos de trabajo estereotipados. Un ejemplo tipo de empleo masculinizado lo tenemos en el sector de la construcción donde, tras haberse perdido muchos puestos, ahora empieza tímidamente la recuperación. En cambio no sucede lo mismo con el empleo que tradicionalmente ha sido ocupado por mujeres, donde no se están produciendo nuevas contrataciones. 

Otro de los temas importantes a los que se refirió el ponente, fue al 0,25% de actuaciones que tenía previstas la Inspección de Trabajo en el tema de brecha salarial. Actuaciones que, según el representante de CEIM no se están realizando. 

Para Luis Méndez es relevante que reflexionemos sobre todas estas cuestiones que afectan de forma especial a las mujeres: a menos tiempo de trabajo, menos salario, menos promoción profesional y menos pensión de jubilación. Deben buscarse, señala, soluciones más políticas para que, por ejemplo, el cuidado de los hijos, la excedencia, no se penalice. En realidad es un problema social que se debería abordar entre todos. 

Por su parte, Ana Sánchez, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Movimientos Sociales de UGT Madrid, incidió, entre otros temas, en las diferencias notables que se dan en la Administración, en concreto, en la menor cuantía económica en algunos complementos específicos de sectores feminizados, como por ejemplo en Sanidad y Educación frente a otros más masculinizados como Industria o Economía. Destacó que no sólo sucede en inferiores categorías profesionales sino, incluso, en puestos directivos, con diferencias entre complementos que pueden llegar hasta el 50%. 

Carlos Javier Galán, presidente de la Sección Laboral del ICAM, dio paso al coloquio invitando a los ponentes a dar su punto de vista sobre los Planes de Igualdad. En general coincidieron en lo positivo de su instauración por la LO de 2007. No obstante señalan, se produce un mal ejemplo si las Administraciones Públicas, que están obligadas por dicha Ley a tenerlos, no los tienen como, dicen, está sucediendo. Si las instituciones transmiten que no creen en los planes, difícilmente calará la conveniencia y necesidad de implantarlos en las empresas. 

Paloma Onrubia, de CC.OO., indicó que no se están registrando apenas Planes de Igualdad y que sólo se están negociando en las grandes empresas. También señaló que son necesarios más recursos y que se realice el seguimiento y evaluación posterior que legalmente se exige a aquellos que sí son aprobados. 

Ana Sánchez, de UGT, recordó que sólo hay obligatoriedad para empresas de más de 250 empleados y que el 90 % del tejido empresarial en España son pymes. 

Luis Méndez, representante de CEIM, constató la realidad de que en la negociación colectiva muchas veces se establecen prioridades sobre temas económicos, tanto por una parte como por otra, y se pasa por alto materias más sociales, como las que nos ocupan. Refiriéndose al permiso de paternidad indicó que no debería recaer económicamente sobre la Seguridad Social sino que se tendría que pagar con impuestos, sufragándolo la sociedad en general ya que esta, destacó, es una cuestión social. Dicho permiso debería durar un mes como estaba previsto. 

En cuanto a medidas de conciliación, Carlos Javier Galán, señaló el dato de que el 95 % fueron solicitadas por mujeres. Cree también que, más que un problema laboral es un problema social, de corresponsabilidad en la propia vida familiar. Invitó a los ponentes a su reflexión en estas dos cuestiones: La primera, si tendría sentido establecer medidas que sean las mismas para mujeres y para hombres y además obligatorias, no renunciables. Y la segunda, si sería acertado que este tipo de medidas fueran a cargo de la administración y no de las empresas (como pasa, por ejemplo, con el permiso de lactancia). Cuestiones ambas, que según Galán, irían encaminadas a que la empresa no perciba que la contratación de un mujer lleva aparejada una carga adicional. 

En respuesta a la primera cuestión todos estuvieron de acuerdo y creen que se debe caminar en esa dirección. Por su parte, la representante de UGT, recordó que está aprobada una ampliación del permiso de paternidad en quince días, aunque ha sido aplazado en varias ocasiones. En esta idea le acompañó el representante de CEIM, que es partidario que las medidas de conciliación no recaigan sobre las cotizaciones de la Seguridad Social, sino sobre impuestos. 

Para concluir, a titulo personal, quisiera mencionar el reciente estudio de Women as Leader: Inspirando, elaborado por PwC e Isotes donde se refleja que, España está situada en la parte baja de los países de la OCDE en materia de integración de la mujer en el mundo laboral. Concretamente, España ocupa la vigésima tercera posición de veintisiete en un ranking liderado por los países nórdicos (Noruega, Dinamarca y Suecia) y solamente supera a Japón, Italia, Grecia y Corea, según el índice PwC Women in Work. 

El estudio de PWC, valora cinco indicadores: la igualdad con los hombres en su nivel de ingresos, la proporción de mujeres en el mercado laboral, tanto en términos absolutos como en relación con el porcentaje de los hombres, la tasa de desempleo de las mujeres, la proporción de mujeres empleadas a tiempo completo y la proporción de mujeres en puestos directivos. 

En España, la mujer representa el 60% de los universitarios y el 45% del mercado laboral. Sin embargo, un escaso 5% de los consejeros delegados de empresas son mujeres. 

A partir de todo lo expuesto, queda un largo camino aún por andar en materia de igualdad. No deberíamos quedarnos en la anécdota de celebrar el Día Internacional de la Mujer una vez al año, sino que sería deseable aunar esfuerzos para corregir, lo antes posible, estas situaciones de discriminación por razón de sexo que aún existen en las relaciones laborales.

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(Fotografía: Mónica Armada)

Un cambio legal para evitar abusos y estafas en préstamos privados

En poco más de un mes, la iniciativa de la asociación Stop Estafadores en la plataforma Change.org ha recabado ya más de 135.000 firmas de apoyo. El objetivo es alcanzar las 150.000 y poder presentarlas ante el gobierno.

La propuesta que encabeza Monchi Navarrete, una de las víctimas de las prácticas fraudulentas de los prestamistas, pretende que se modifique la ley que regula los préstamos no bancarios, para evitar los contínuos abusos en este ámbito, que conducen a muchas familias a situaciones dramáticas. 

Les animo por ello a que presten su apoyo y colaboren en la difusión. Un sencillo cambio legal puede dificultar la actuación abusiva, cuando no delictiva, de las tramas que operan en el sector. 

El nuevo sistema de liquidación directa de cuotas a la Seguridad Social

Artículo publicado en la revista CyCH, Conocimiento y Capital Humano, primer trimestre 2015.

Desde hace algunos años, la Tesorería General de la Seguridad Social ha venido trabajando en el proyecto CRETA, que finalmente ha dado como resultado el nuevo sistema de liquidación directa de cuotas. 

El procedimiento de liquidación directa ha sido introducido por la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, texto que ha modificado parcialmente la Ley General de la Seguridad Social.

Estamos ante un importante cambio conceptual y de gestión para la TGSS y para las empresas: se pasa de un sistema de autoliquidación -donde los cotizantes calculaban las cuotas que tenían que ingresar- a un sistema de facturación –donde los cotizantes facilitan datos a la Tesorería y ésta les envía la liquidación que han de ingresar-.

La TGSS calculará la cotización individualizada que corresponde por cada trabajador, utilizando para ello datos que ya obran en su poder y otros que las empresas tendrán la obligación de facilitar mensualmente. 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA

Tras el lógico esfuerzo de adaptación que supondrá para los sujetos obligados, parece que el nuevo procedimiento reportará algunas ventajas.

Por un lado, desaparece la duplicidad en la aportación de datos. Las empresas hasta ahora venían obligadas a facilitar determinada información en el momento del alta y contratación de cada trabajador y a volver luego a facilitarla en la cotización mensual. Con el nuevo sistema, los datos ya facilitados serán utilizados por la TGSS, sin necesidad de reiterar la comunicación de los mismos. Sólo habrá que proporcionar mensualmente aquellos de los que no dispone la Tesorería.

Por otra parte, parece que tiene más sentido dedicar los recursos humanos, materiales y técnicos de la TGSS, así como toda la información que ésta posee, a emitir directamente las liquidaciones, que a revisar las presentadas por las empresas, sobre las que recaía la carga de calcular su propia contribución -y la de sus trabajadores- al sistema público de Seguridad Social.

Aparentemente, y a expensas de cómo vaya resultando la aplicación práctica del sistema, la empresa gana también en seguridad jurídica, porque ya no tiene que realizar el cálculo de sus propias cotizaciones, bonificaciones, deducciones, compensaciones por pagos delegados, etc. -con la posibilidad, por tanto, de error sancionable-, sino que facilitará a la TGSS los datos necesarios y ésta emitirá la liquidación. Obviamente, se mantiene la obligación de suministrar datos veraces y la consiguiente responsabilidad por su incumplimiento.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

La implantación se producirá “de forma progresiva, en función de las posibilidades de gestión y de los medios técnicos disponibles en cada momento por la Tesorería General de la Seguridad Social, que dictará a tal efecto las resoluciones por las que se acuerde la incorporación a dicho sistema de los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar”. 

Esta implantación gradual es similar a las que se produjo en su día con el sistema RED de la propia TGSS, donde la obligación se estableció para unos sujetos inicialmente y luego se fue ampliando. Y similar también a la forma en que la Agencia Tributaria ha extendiendo la obligación de uso de sistemas de comunicación telemática.

Por tanto, inicialmente el sistema de liquidación directa va a coexistir con el de autoliquidación. Las empresas irán recibiendo resoluciones por la que se les incorpora al nuevo modelo y quedarán obligados a aplicarlo a partir del tercer mes natural, aunque podrán hacerlo antes.

También cabe la posibilidad de que el empresario se acoja por decisión propia al nuevo sistema. La decisión es voluntaria, pero irreversible.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA

En el sistema de autoliquidación, el sujeto responsable del ingreso venía obligado a remitir telemáticamente los documentos de cotización y a efectuar el ingreso hasta el último día del mes natural posterior al de devengo. Por ejemplo, las cotizaciones correspondientes al mes de febrero se calculaban, remitían y pagaban hasta el 31 de marzo inclusive.

Con el sistema de liquidación directa, la empresa tendrá hasta el penúltimo día del plazo reglamentario de ingreso para transmitir los datos que permitan realizar el cálculo. Y la liquidación podrá ingresarla hasta el último día, como hasta ahora. En el ejemplo anterior, respecto a la cotización de febrero la empresa podrá comunicar los datos a la TGSS hasta el 30 de marzo, e ingresar luego la cuota que le sea notificada hasta el 31 de marzo.

La TGSS usará para calcular las liquidaciones los datos que ya posee en el fichero general de afiliación (altas y bajas de trabajadores, modalidad de contrato, grupo de cotización, etc.) Y la empresa tendrá que facilitarle aquellos que no tiene: qué salario ha abonado al trabajador en el mes, cuántas horas extraordinarias o complementarias ha realizado, si se ha hecho algún curso bonificable, etc.

Por tanto, la información que el usuario va a tener que comunicar con carácter general es sustancialmente la siguiente: 

- Bases de cotización
- Número de horas realizadas en los contratos a tiempo parcial
- Horas extraordinarias y horas complementarias del mes
- Importe de las prestaciones abonadas por pago delegado a los trabajadores 
- Bonificación por formación continua 

A ella se añade alguna otra información adicional para casos específicos, como las regulaciones de empleo parciales o ciertos datos que son necesarios en determinados colectivos. 

En la web de la Tesorería, la administración ofrece manuales e instrucciones técnicas sobre el funcionamiento práctico del sistema y de los procedimientos de comunicación de datos, solicitud de liquidaciones, así como confirmación o rectificación de las mismas.

Intervención en La Sexta Noticias: abusos en préstamos no bancarios

El sábado 14 de marzo se emitió en las dos ediciones de La Sexta Noticias un breve reportaje sobre las insuficiencias de la actual normativa que regula los préstamos no bancarios en nuestro país y que da pie a prácticas abusivas o a menudo incluso fraudulentas. 

Se recogió el testimonio de dos afectadas, Monchi Navarrete y Mary Yáñez (directiva de la asociación Stop Estafadores), y también unas declaraciones mías sobre esos abusos que se producen como consecuencia de la falta de controles administrativos y de la deficiente regulación del sector en nuestro país.  

 

Por qué quieren que desaparezca UPyD. Y por qué promocionan a Ciudadanos

“Si quieres hacer enemigos, intenta cambiar algo”
W. Wilson 

Esta semana que termina, la psicóloga y escritora Beatriz Becerra, eurodiputada por UPyD, ha solicitado a la Comisión Europea que adopte medidas efectivas contra la esclavitud laboral, después de que se desarticulara policialmente una organización que captaba víctimas en Lituania para explotarlas laboralmente en nuestro país. 

También el miércoles, en un seminario celebrado en la Eurocámara, pidió que la Unión Europea ponga fecha a la ratificación del Convenio de Estambul, el primer instrumento internacional legalmente vinculante para sancionar la violencia contra la mujer. 

Otra eurodiputada de su mismo partido, Maite Pagazaurtundua -uno de los ejemplos más notables de coraje cívico que tenemos en nuestro país-, denunciaba en rueda de prensa el infame planteamiento de la visita al parlamento europeo, a invitación de Bildu, de una asociación de familiares de terroristas que cumplen condenas: “Decir que los etarras son presos políticos viene a decir que nuestros muertos bien matados están”. “Que Etxerat afirme que en España hay ‘presos políticos’ significa deslegitimar la democracia y sostener que el asesinato de los que no pensaban como ellos fue un instrumento político válido”. 

El día 6, Maite presentaba una solicitud de algo práctico y concreto, beneficioso para la economía doméstica de los ciudadanos y la economía de las empresas: que se acabe con las tarifas telefónicas de roaming en desplazamientos dentro de la propia Unión Europea. 

Mientras, en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario de UPyD pidió la comparecencia del Ministro de Justicia. Quieren que explique qué están haciendo en la trama de bebés robados, cuya falta de investigación constituye uno de las mayores vergüenzas de nuestro Estado de Derecho. Reclaman al Gobierno asesoramiento, ayuda y soporte psicológico para las víctimas, la creación de una Fiscalía específica y la puesta en marcha de una base única de ADN. 

En el programa Salvados hemos conocido el caso de la hoy Comandante Zaida Cantera, víctima de acoso sexual y laboral. La afectada había informado a todos los grupos parlamentarios. Sólo UPyD investigó la denuncia. Y el apoyo continuado de la diputada Irene Lozano ha sido fundamental para darle visibilidad a esta lucha, en medio de tanto silencio cobarde, cuando no cómplice. 

En Vitoria, Gorka Maneiro se quedaba solo defendiendo una investigación sobre Kutxabank para depurar responsabilidades políticas y acabar con las “puertas giratorias”, moción que ni a PNV, ni a PP, ni a PSE ni a Bildu les pareció merecedora de apoyo. 

En Madrid, el diputado autonómico Ramón Marcos denunciaba ante la Audiencia Nacional las numerosas ilegalidades en la contratación, por parte de la Comunidad, de ayudante para el juez Ruz que pudo tener acceso a la investigación secreta que el magistrado de la Audiencia Nacional llevaba a cabo sobre la financiación ilegal del PP. 

Lamentablemente, ninguna de estas actuaciones de esta pasada semana alcanzará, ni de lejos, el eco que tuvo, en los medios y en las redes sociales, la foto de Albert Rivera con Naranjito. Así es la política de este país. Y así es la información en este país. 

Confieso que hace algunos meses fui uno de los que, ingenuamente, contempló con tristeza que no se alcanzara un acuerdo electoral entre UPyD y C’s que permitiera articular una alternativa fuerte. Pero todo lo que he visto a continuación me hace sospechar que estamos asistiendo a una estrategia. El ninguneo, e incluso los intentos de descrédito, hacia UPyD ¿son casuales? El descarado despliegue promocional hacia Ciudadanos, ¿no es intencionado? Yo, a estas alturas, apenas creo en las casualidades. E intento buscar explicaciones a coincidencias tan evidentes y llamativas. 

Que UPyD ha sido incómodo para el bipartidismo y sus apéndices desde que llegó al Congreso de los Diputados, resulta obvio. Con la formación magenta, muchos temas que estaban fuera del parlamento -reforma electoral, aforados, corrupción…- entraron por vez primera -convendría no olvidarlo- en el debate parlamentario. Y entraron para quedarse. Todavía sonroja ver el vídeo en el que PP y PSOE se aplauden mutuamente y descalifican de forma agria a Rosa Díez cuando ésta pedía medidas contra la corrupción y ellos aún la minimizaban. Y da vergüenza ajena ver cómo todos los grupos coincidían en abroncar a Irene Lozano cuando se atrevió a hablar en sede parlamentaria del “saqueo de las Cajas”, mucho antes de que los ciudadanos conociéramos que la expresión no era figurada sino meramente descriptiva. 

Pero, en mi opinión, el punto de inflexión en el que el poder político y los poderes económicos, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación que controlan, decidieron hacer lo posible para acabar con UPyD, lo marcó la querella contra Bankia y todo lo que supuso. 

Cuando se conocen los primeros indicios sobre asuntos turbios en la entidad, el grupo parlamentario de UPyD buscó algún aliado en el Congreso de los Diputados para solicitar una comisión de investigación. Lo previsible era que alguien coincidiera en la petición, aunque el PP la rechazara luego con su mayoría absoluta. Pues bien, ningún partido quiso respaldar esa solicitud. Ninguno. Entonces pareció sorprendente. Hoy ya sabemos por qué. 

Legítimamente, UPyD hubiera podido entender que ahí terminaba su papel. Había denunciado la situación y había cumplido con el deber de intentar que se investigara en sede parlamentaria. Ante los ciudadanos quedaba bien y a otra cosa mariposa. Pero no. La formación magenta dio un paso novedoso y audaz: con su abogado, Andrés Herzog, interpuso una querella criminal. 

Era, sin duda, una decisión arriesgada. Suponía sostener que no sólo estábamos ante una mala gestión empresarial, sino ante una conducta delictiva planificada. E implicaba la responsabilidad de aportar indicios que sostuvieran ese planteamiento y sirvieran para que se iniciase una investigación judicial.

El tiempo nos ha permitido ver cuán justificada fue la medida. Gracias a esa querella -y a las que vinieron a continuación- hemos conocido las cloacas del sistema financiero español. Ésas en las que se compran favores con "barra libre" de tarjetas opacas, en la que los tres grandes partidos nacionales -y los nacionalistas en su respectivos ámbitos de influencia- se repartían literalmente el botín. 

Por vez primera, un grupo político pasaba de las palabras a los hechos ante la corrupción. No se resignaba a que PP, PSOE e IU escenificaran debates mientras se tapaban recíprocamente las vergüenzas. No se resignaba a que la Fiscalía no cumpliera con su deber y los ciudadanos no pudiéramos defendernos. Y empeñaba su patrimonio y su prestigio en instar una acción penal, a la que luego seguirían otras de corte similar. Sin aquella decisión tan arriesgada, hoy no sabríamos prácticamente nada de lo que pasó en Bankia y en otras entidades donde el comportamiento fue parecido. Y los saqueadores se hubieran ido de rositas. Como era habitual antes. Como sería habitual si UPyD no estuviera en el parlamento. 

La imputación de Rato, Blesa, Acebes, Rodríguez Ponga, Romero de Tejada, Moral Santín, Arturo Fernández… ha sido un trago que los partidos tradicionales y los poderes económicos no perdonan a UPyD. Con las cosas de comer no se juega. Bien está lanzarse verbalmente unos a otros acusaciones políticas en la tribuna del Congreso. Pero llevar al banquillo a los responsables de los múltiples desaguisados de la vida pública de este país supuso traspasar una línea roja que nadie se había atrevido a cruzar hasta entonces. Y que algunos -incluido Ciudadanos- siguen defendiendo que no habría que haber cruzado. 

El establishment no estaba dispuesto a consentir que ese riesgo siguiera existiendo. Imaginen ustedes qué pasaría, por ejemplo, si un día UPyD encuentra un hilo del que tirar en las eléctricas de este país. Ésas que se ponen de acuerdo en anular la competencia real en perjuicio de los consumidores. Ésas que tienen sentados en sus consejos de administración, con sueldos estratosféricos, a ex políticos sin ningún conocimiento empresarial ni del sector… UPyD representa un peligro, real y tangible, para eso que Podemos llama la casta. 

Desde entonces, el habitual desprecio con que se trataba siempre a esta formación se convirtió en lo que a mí me parece toda una estrategia política y mediática, encaminada a sustituir a UPyD por un sucedáneo inofensivo, una formación que ocupe el mismo espacio electoral pero cuyo comportamiento resulte inocuo en la práctica. 

Ahí surge la campaña para presentar a UPyD (cuyos niveles de democracia interna son, hoy por hoy, los mayores de todos los partidos con representación parlamentaria) como una organización intransigente con la discrepancia interna. Así se dedicaron (y se siguen dedicando) páginas enteras y horas de emisión a la sustitución (justificada y explicada por el partido) de Francisco Sosa Wagner como portavoz de UPyD en el parlamento europeo, mientras apenas se dedicaban unas líneas y escasos minutos a la sustitución (no justificada ni explicada por el partido) de Elena Valenciano en el mismo cometido dentro del PSOE. Así se dio protagonismo -¡elogioso!- al comportamiento desleal de un Maura o un Calvet, artífices de un ejercicio de submarinismo como no recordaba desde aquello de López Garrido y Almeida en la Izquierda Unida de Julio Anguita, que fue premiado con posteriores cargos en el PSOE. 

Ahí surge también la campaña para presentar a Rosa Díez como esa señora antipatiquísima que, por puro capricho personal, no quiere unirse con alguien tan majo y agradable como Albert Rivera. Da igual que los órganos del partido magenta lo decidieran por amplia mayoría. O que UPyD explicara pública y detalladamente sus razones en un amplio documento. Da igual que Rivera no quisiera avanzar en unas conversaciones que le obligaban a un ejercicio incómodo de transparencia y que planteara sin disimulo una OPA hostil para atraer a la militancia y el electorado de UPyD. El guión se ha mantenido y amplificado con cierto éxito de crítica y público. 

Y ahí surge la campaña para promocionar de forma descarada a Ciudadanos como partido emergente que puede convertirse en la tercera vía, en la alternativa sensata al bipartidisimo. 

Les conviene, porque Ciudadanos no presenta querellas, alegando que no es el papel de los partidos. La afirmación es rigurosamente cierta. Pero, si hay dejación por parte de quienes sí tienen que cumplir esa función, y si nuestros representantes públicos también se escabullen porque no va con ellos, ¿quién nos defiende entonces, de verdad, con algo más que frases afortunadas? Claro está que sería una magnífica noticia que el Ministerio Fiscal ejerciera las atribuciones que tiene encomendadas y es un objetivo por el que hay que trabajar políticamente. Pero, si no lo hace, la consecuencia es la opacidad y la impunidad, salvo que alguien decida no aquietarse con ello. 

No es tampoco casualidad que Ciudadanos haya elegido como ideólogos de su programa económico a dos neoliberales, muy bien vistos por los poderes economicos, que no creen que haya faltado sensibilidad social durante la crisis, que no creen que sea prioritario salvaguardar el estado del bienestar, sino que se marcan como prioridad favorecer el mercado. Conthe no sólo no apoyará nunca una querella contra personajes poderosos, sino que va más allá, al considerar que la situación de los preferentistas es fruto de “un elemento de mala suerte" que los afectados "se tienen que tragar". O que “los que compraron pagarés de Nueva Rumasa se tienen bien merecido lo que les ha pasado”. Entre quienes creen que estas cosas son mala suerte y quienes creen que es una estafa, la distancia es abismal.

Ciudadanos puede recoger el voto descontento de gente que tiene decidido no apoyar al PP. Así ese voto no se pierde en la abstención, no va a formaciones más radicales, e incluso, en un momento dado, puedo servir de muleta para mantener gobiernos del propio PP, aunque sea condicionalmente, mediante los oportunos pactos. 

El Ibex 35 y los principales medios van a seguir mimando a Ciudadanos en los próximos meses. Con un despliegue informativo cuantitativa y cualitativamente inédito para partidos extraparlamentarios. Con un tratamiento amable de sus noticias. Presentando como novedades absolutas algunas propuestas (contrato único indefinido, fusión de Ayuntamientos, supresión de diputaciones, supresión de aforados...) que, cuando las ha sostenido durante años UPyD, no merecieron su atención. Y difundiendo numerosas encuestas (no sé si cocinadas o no) que ayuden a crear un clima de opinión en las personas que buscan utilidad a su voto. 

Mi deseo es que los ciudadanos no caigamos en esta hábil trampa. Me parece preocupante que se apueste sólo por la –supuesta- novedad sin fijarse en algo más. Me gustaría creer que tendremos un sector de electorado responsable y bien informado que valore el trabajo serio que se ha hecho. Creo que no podemos permitirnos el lujo de prescindir de quienes durante los últimos años han sido los aliados de la ciudadanía en el parlamento, con hechos y con resultados tangibles. 

Tengo coincidencias sustanciales y algunas discrepancias importantes con UPyD. Pero me parece de elemental justicia reconocer que, sin ellos en las instituciones, las cosas hubieran sido radicalmente distintas. Sabríamos mucho menos de lo que estaba pasando realmente en nuestro país. Muchos políticos y empresarios corruptos no estarían a punto de sentarse en el banquillo e incluso seguirían teniendo un prestigio incólume. Y el PP y el PSOE estarían mucho más tranquilos. Sustituir las nueces por el ruido no sería un buen negocio para los españoles de a pie. 

La primera cita es en Andalucía, donde evidentemente yo no voto. Pero, como mero observador, veo que algunos de los que, según las encuestas, podrían ocupar escaño, vienen de cogobernar con el bipartidismo y no tienen ningún trabajo previo que demuestre un interés por el conjunto de Andalucía y un proyecto definido y sostenido en el tiempo. Sin embargo, el equipo de Martín de la Herrán ya ha impulsado desde fuera del parlamento iniciativas y se le ha visto un nivel de implicación claro en mejorar la vida de los andaluces. Teniendo en cuenta lo que han hecho desde fuera del parlamento en estos años, intuyo lo que podría hacer desde dentro. 

Ojalá que no se salgan con la suya los poderosos en su intento de silenciar esta voz incómoda que han representado, y espero que sigan representando, las mujeres y hombres de UPyD. Me parece que será higiénico y esperanzador para la democracia seguir contando con su presencia. Y presencia sabemos que, en su caso, ha sido sinónimo de actividad. Las encuestas siempre se equivocaron -a la baja- con UPyD: espero que ahora también. Prescindir de representantes con ese nivel de compromiso ético y político es un desperdicio que no podemos permitirnos. Los preferentistas del futuro, las Zaida Cantera del futuro..., tienen que seguir encontrando alguien que les escuche y que trabaje por ellos cuando nadie más quiera hacerlo. Alguien que quiera cambiar las cosas sin importarle ganar enemigos.