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¿A qué vienes ahora, juventud,
encanto descarado de la vida? (…)
Estábamos tranquilos los mayores
y tú vienes a herirnos, reviviendo
los más temibles sueños imposibles,
tú vienes para hurgarnos las imaginaciones. (…)
Nos anuncias el reino de la vida,
el sueño de otra vida, más intensa y más libre.
-Jaime Gil de Biedma-
encanto descarado de la vida? (…)
Estábamos tranquilos los mayores
y tú vienes a herirnos, reviviendo
los más temibles sueños imposibles,
tú vienes para hurgarnos las imaginaciones. (…)
Nos anuncias el reino de la vida,
el sueño de otra vida, más intensa y más libre.
-Jaime Gil de Biedma-
15 de mayo de 2011: una iniciativa entonces
recién nacida en las redes sociales, Democracia Real Ya, había
promovido manifestaciones ciudadanas para denunciar, desde la sociedad civil,
con una perspectiva transversal y apartidista, “el panorama político,
económico y social que vemos a nuestro alrededor”, la corrupción de
algunos políticos, grandes empresarios y banqueros, y “la indefensión del
ciudadano de a pie”. Su manifiesto proclamaba unos principios sencillos
pero esenciales: que hay derechos básicos que tienen que estar cubiertos en
cualquier sociedad, que la verdadera democracia no es el monopolio de los
partidos sino que exige cauces de participación efectiva, que es necesaria una
revolución ética que ponga al ser humano por encima del dinero… En medio de la
crisis económica, miles de personas salieron ese día a las calles, respondiendo
a esta convocatoria. Tras la concentración de Madrid, algunas decenas de participantes
decidieron quedarse acampados en la Puerta del Sol, como símbolo de denuncia
permanente de la situación.
No mucho después, el Ministerio del Interior y el
Ayuntamiento de Madrid (entonces de distinto signo político, PSOE el primero y
PP el segundo) estuvieron de acuerdo en desalojarles por la fuerza y con
nocturnidad, pensando que así terminaría una simple protesta más.
Pero sucedió lo que nadie había previsto. Al día
siguiente, eran millares los que llenaban la misma plaza y, al irse enterando
(a través de los medios de comunicación y, especialmente, de Twitter y otras
redes sociales), cada vez iban sumándose más y más personas. Las víctimas de la
crisis provocada por los poderes políticos y económicos tal vez tuvieron la
sensación de que se les estaba negando ya incluso el derecho a protestar. Y
aquel estado de ánimo latente estalló en el gesto de echarse masivamente a la
calle. Ni los intentos de descalificación y tergiversación sobre el origen de
la iniciativa, ni el cerco policial, ni la expresa prohibición de la Junta
Electoral, ni las amenazas gubernamentales, pudieron con una creciente marea
humana que dio origen a uno de los más importantes movimientos sociales de
España en los últimos años.
La acampada permanente de la Puerta del Sol y sus
réplicas en decenas de ciudades españolas, las masivas concentraciones diarias,
las asambleas populares…, fueron durante meses un referente incluso para otros
países europeos, que comenzaron a secundar movilizaciones similares. El
protagonismo no lo tuvieron viejas siglas, sino una joven generación frustrada
por las carencias democráticas del sistema, por el bipartidismo desalentador,
por la prevalencia del poder económico sobre el poder político, por la
dificultad de acceso a la vivienda, por más de un 50 % de paro juvenil… y por
mil y una razones más.
Tras levantar la acampada de Sol, el movimiento
se descentralizó en asambleas de barrio y, en varias ocasiones, volvió a
convocar manifestaciones que registraron un seguimiento multitudinario.
Su carácter horizontal, asambleario, apartidista,
sin líderes visibles, fue la garantía inicial de su absoluta independencia y
pluralidad. Pero también fue, de alguna forma, el germen de su progresivo
desgaste. Esa falta de vertebración, de portavoces, de estructura, las
interminables asambleas, la falta de objetivos definidos a corto plazo,
hicieron que, casi un par de años después, empezara a diluirse lentamente. Mi
opinión es que lo que supuso aquella iniciativa ciudadana está en hibernación,
pero que errarían quieren se apresurasen a extender su acta de defunción.
Pero, con todo, pase lo que pase en el futuro, al
15-M español, el movimiento de los indignados, como se le llamó
recordando el libro del recientemente fallecido Stèphane Hessel, se deben
decisivas aportaciones que no pueden minusvalorarse.
Por un lado, introdujo determinados temas en la
agenda política. Los políticos no habían hablado jamás de dación en pago o de
desahucios, por ejemplo… Se trataba de una preocupación ciudadana pero que, en
aquel momento, no estaba en el discurso de los macropartidos ni tampoco en el
de los medios de comunicación o en el de los creadores de opinión. Gracias al
15-M, el debate parlamentario, las tertulias políticas de radio y televisión y
las columnas de opinión no pudieron ignorar por más tiempo ciertas cuestiones
que se pusieron sobre la mesa, como reforma electoral, transparencia,
remuneraciones y privilegios de cargos públicos, etc. Es cierto que la
trascendencia práctica ha sido escasa (las conquistas sociales no se ceden nunca
de buen grado por el establishment) y las medidas tomadas desde
entonces (Proyecto de Ley de Transparencia, Código de Buenas Prácticas
Bancarias, Decreto de Paralización de algunos desahucios…) han sido claramente
insuficientes, un apaño, un mero guiño hacia ese clamor ciudadano. Pero no es
cuestión menor que los partidos no hayan podido seguir haciendo, como antes,
simplemente oídos sordos a lo que a ellos no les interesaba, y que estos
conceptos hayan entrado de lleno en el debate político y mediático.
El 15-M creó nuevas formas de movilización
ciudadana, combinando el poder de internet y las redes sociales (la
comunicación directa entre ciudadanos comprometidos, sin intermediarios) con la
presencia física que se desarrolló en espacios simbólicos. Espacios de
protesta, pero también de convivencia, de participación, de diálogo. Espacios
pacíficos, autogestionados, abiertos y con trasparencia.
El 15-M tejió algunos lazos de solidaridad que en
algunos casos han permanecido, reforzando Plataformas ya existentes como la de
Afectados por la Hipoteca y su campaña Stop Desahucios, o generando modestas
iniciativas barriales de ayuda mutua (redes de trueque, mercadillos, talleres
de formación, trabajo cooperativo…). En un país donde el individualismo se
había impuesto hasta extremos atroces, esa pequeña semilla fructificó en un
cierto acompañamiento social a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Las personas a las que se echaba de su casa por no poder pagarla constituyen un
claro ejemplo: antes eran desalojados en soledad por las comisiones judiciales,
ante la mirada pasiva y meramente curiosa de algunos transeúntes. Hoy, cada
desahucio que reclama apoyo, requiere de una fuerte presencia policial y
provoca movimientos de resistencia que, en no pocas ocasiones, han conseguido
suspender el lanzamiento o incluso forzar a los bancos a negociar con las
familias afectadas. Incluso, recientemente, una iniciativa legislativa popular
sobre esta materia, apoyada por casi un millón y medio de firmas (el triple de
lo exigido), ha llegado al Congreso y, aunque el PP inicialmente iba a rechazar
incluso su admisión a trámite, la intensa presión ciudadana le forzó a cambiar
de postura.
España llevaba muchos años siendo un país
desmovilizado. El descontento ciudadano sólo se expresaba de forma pasiva:
aproximadamente un 30 % del censo no votó en las últimas elecciones (la cifra
llegó incluso a casi un 60 % de abstención con ocasión del referéndum de la
fallida Constitución europea) y más de medio millón de personas votó en blanco.
Del resto, suele haber una masa de voto fidelizada hacia los dos grandes
partidos y un voto variable que favorece sin entusiasmo la alternancia política
cuando no queda más remedio. No hay que desdeñar ahora el apoyo (y la creciente
intención de voto que señalan las encuestas) a los otros partidos distintos de
los dos grandes. Pero, realmente, sin movimientos sociales fuertes, con unos
grandes sindicatos domesticados y unos medios de comunicación que apenas se
distancian de los poderes políticos, no había habido nunca una resistencia
social frente a los crecientes abusos de la clase política. Y el movimiento
15-M demostró que era posible cambiar esa situación de resignación absoluta.
En estos meses que han transcurrido desde la
publicación de la primera entrega de esta serie, las noticias que se han
producido han sido, invariablemente, todas en un mismo sentido: empeoramiento
de la situación y medidas políticas cuyo peso soporta una mayoría ciudadana muy
castigada y nunca los más pudientes. Desde el anterior número de EL
DESCAMISADO, hay más españoles desempleados y el gobierno de Rajoy
continua incumpliendo sistemáticamente sus compromisos electorales. A la anterior
subida de la tributación directa (Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas) y de la indirecta sobre el consumo (Impuesto sobre el Valor Añadido)
se ha añadido la supresión de la mayor parte de bonificaciones en cuotas de
Seguridad Social a la contratación, se implantó en algunas comunidades una tasa
por cada receta para suministrar medicamentos, se han recortado todos los
presupuestos públicos de Sanidad, Educación y Dependencia, se ha implantado el
pago de cuantiosas tasas para acceder a algo tan elemental como la Justicia y
se ha acordado no revalorizar para 2013 el poder adquisitivo de las pensiones
(de jubilación, incapacidad permanente, orfandad…), sólo por citar algunos de
los ataques gubernamentales a los ciudadanos. Entretanto, el rescate de los
bancos (y no de las personas ni de las pequeñas y medianas empresas) sigue
siendo la prioridad en la agenda del gobierno. Y, por supuesto, continuamos sin
ver ni una sola medida ejemplarizante que recaiga sobre los privilegios y
derroches de la casta política, ni un solo gesto que implique mayor austeridad
en lo superfluo antes de recortar derechos sociales.
No sólo eso: la repercusión social de las tramas
de corrupción que siguen conociéndose se ha intensificado últimamente, por el
doloroso contraste que supone que se exijan sacrificios a los ciudadanos
mientras algunos políticos y sus cómplices saquean las arcas públicas. Se
calcula que entre setecientos y novecientos cargos públicos están encausados en
este momento por delitos relacionados con la corrupción, pero sus compañeros de
filas no reaccionan, escudándose en que no es algo generalizado. El caso del
tesorero nacional del PP ha desvelado el presunto pago al partido de comisiones
por parte de empresas adjudicatarias de obras públicas. La imputación incluso
del yerno del Rey, por utilizar su influencia para captar multimillonarias
cifras a favor una institución supuestamente sin ánimo de lucro, que luego
desviaba a una sociedad patrimonial que mantenía con su esposa la infanta, es
paradigmático del nivel en el que nos movemos. Recortar servicios públicos
mientras vamos conociendo saldos de cuentas en Suiza, no se recibe con
indiferencia. Ajustes y corrupción política constituye una mezcla explosiva.
En estos meses, los trabajadores de la enseñanza
pública, los sanitarios (médicos, enfermeros, personal de administración y
servicios…) y los profesionales de la Justicia (jueces, fiscales, secretarios
judiciales, procuradores, abogados) se han movilizado, pero no por sus propios
intereses, sino precisamente por los de los usuarios, denunciando el deterioro
(que podría llegar a ser irreversible) de los servicios públicos a causa de los
recortes, de las privatizaciones o de los filtros económicos para el acceso. Y,
sin embargo, no se ha producido ya esa reacción contundente y masiva que es
necesaria más que nunca. Se nota el hueco dejado por el 15-M como instrumento
catalizador.
Algunos intentos que ha habido de apropiarse de
su espíritu han tenido seguimiento importante pero no acaban de cuajar, porque
no son lo mismo. El 15-M en Sol no permitía, por ejemplo, símbolos de partidos,
subrayando su carácter independiente, apartidista e integrador. Ahora, en las
manifestaciones convocadas por siglas que intentan apropiárselo e
instrumentalizarlo, se ven muchos símbolos de este tipo, como banderas de
grupúsculos que no representan, ni de lejos, la transversalidad, la pluralidad
y las propuestas de un movimiento popular y de masas como fue aquél.
Personalmente estoy convencido de que todo lo que
supuso aquel movimiento ciudadano está de alguna forma latente. El desprestigio
de los sindicatos y del principal partido de la oposición hace que el enorme
descontento popular que existe no haya encontrado una oportunidad clara y un
cauce adecuado para manifestarse. Muchas personas están atrapadas por sus
preocupaciones personales, por las severas dificultades económicas, por una
lucha del día a día por la supervivencia familiar, y no están en situación de
poder unirse a huelgas que les merman sus ingresos o que ponen en riesgo su
empleo, como no pueden acudir cada día a repetidas manifestaciones. Pero no
tengo ni la menor duda de que la indignación está ahí. Y de que, en cualquier
momento, puede prender la chispa. La activista y pensadora Susan George
aseguraba hace poco que “los griegos y los españoles son como ratas de
laboratorio para ver qué nivel de castigo y sufrimiento puede ser aceptado por
esta sociedad sin que la gente se rebele.”. Ya sabemos que la desvergüenza
de nuestra clase política y de nuestros poderes económicos no tiene límite.
Pero yo no apostaría a que la paciencia ciudadana vaya a ser ilimitada.
