La prestación económica por cuidado de menor con enfermedad grave

Artículo publicado en el blog de la Asociación Española de Síndrome de Rett, 15.06.15

El pasado 30 de mayo, en el Encuentro de Familias de la Asociación Española Síndrome de Rett, tuvimos ocasión de analizar esta prestación, regulada por el Real Decreto 1148/2011, e intercambiar impresiones sobre las principales dudas que plantea. 

Ofrecemos a continuación un resumen de la misma y nos ponemos a disposición de las familias para aclarar cualquier consulta que puedan tener, que pueden remitir a través de trabajosocial@rett.es

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A LA PRESTACIÓN? 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena, propia o asimiladas, que reduzcan su jornada laboral al menos un 50 % para cuidar a un menor (hijo o acogido) con enfermedad grave. 

Si los dos progenitores o acogedores reducen jornada, sólo se puede reconocer a uno de ellos, designado mediante acuerdo de ambos. 

En caso de separación o divorcio, igualmente se decidirá por acuerdo. Si no lo hay, se reconocerá a quien haya indicado la sentencia judicial. A falta de acuerdo o de previsión judicial, a quien tenga la custodia. Y, si es compartida, a quien lo solicite en primer lugar. 

Ambas personas tienen que estar afiliadas y dadas de alta en un régimen público de Seguridad Social (o en Mutualidad de Previsión Social sustitutiva, en su caso) o bien tener suscrito Convenio especial. 

Si el beneficiario es menor de 21 años, no se le exige un período mínimo de cotización. Si tiene 21 años cumplidos y menos de 26, deberá acreditar 90 días cotizados en los últimos 7 años, o 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Si tiene cumplidos los 26 años, 180 días cotizados en los últimos 7 años, o 360 en toda su vida laboral. 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN PROTEGIDA?

El menor debe padecer una enfermedad grave de las recogidas en el anexo del propio Decreto. 

El síndrome de Rett no está expresamente citado en el anexo pero, por sus características, ha venido siendo reconocido como tal a efectos de la prestación. Podría entenderse comprendido en el supuesto 41.c) (otras enfermedades neuromusculares bien definidas), en el 16 (enfermedad congénita grave que afecta al mecanismo prótico), en el 32 (si se asocia a trastornos de conducta), en el 39 (si se asocia a epilepsia), etc. Tenemos constancia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, de fecha 5 de junio de 2014, precisamente obtenida por una de las asociadas de la AESR, y que confirma la inclusión en el 41.c). 

La norma exige un ingreso hospitalario de larga duración que requiera un cuidado directo, continuo y permanente, durante la hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad”. Pero es importante resaltar que también dispone: “Se considerará asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave”. En general, una vez que se produce un ingreso hospitalario inicial por diagnóstico, o uno cualquiera por una crisis, el cuidado posterior en domicilio se está considerando incluido. En las posteriores recaídas, ya no se exige que exista nuevo ingreso hospitalario. 

La reducción de jornada laboral debe ser de, al menos, un 50 % y sin que exista máximo legal en este supuesto. Siempre hay que mantener un porcentaje de jornada laboral, por mínimo que sea, porque la excedencia no está protegida por la prestación, sólo la reducción de jornada. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA? 

Consiste en una prestación del 100 % de la base reguladora, en proporción a la reducción de jornada. 

Es decir, lo que viene a hacer es cubrir precisamente los ingresos que se dejan de percibir por esa reducción. 

La medida no tiene, por tanto, coste alguno para la empresa, y es asumida íntegramente por el sistema público de Seguridad Social. 

La gestión y pago de la prestación corresponde a la Mutua colaboradora con la que la empresa tenga concertada su cobertura o, en su defecto, al INSS. 

La prestación se inicia desde el día en que tuvo efectos la reducción de jornada, siempre que se solicite en un plazo máximo de tres meses desde esa fecha. Si se solicita fuera de ese plazo, se retrotraerán sus efectos un máximo de tres meses. 

La duración inicial de la prestación será de un mes, prorrogable por períodos de dos meses siempre que subsista la situación. 

Se extingue la prestación si el trabajador se reincorpora a jornada completa, si el enfermo cumple 18 años, si desaparece la necesidad de cuidado directo, si fallece el menor o si fallece el beneficiario. 

¿CÓMO SE SOLICITA? 

Se solicita ante la Mutua colaboradora de la Seguridad Social con la que la empresa del trabajador que reduce jornada tenga concertada su cobertura. 

Hay que presentar un impreso de solicitud debidamente cumplimentado. 

Al mismo se acompañará la siguiente documentación: 

- Certificado de la empresa sobre la reducción de jornada o, si se trata de un autónomo, declaración del trabajador sobre reducción de jornada.
- Certificado de empresa sobre bases de cotización o, en caso de autónomo, copia de los boletines de cotización. 
- Declaración médica suscrita por facultativo del Servicio Público de Salud de la Comunidad autónoma y, si la atención se ha llevado a cabo en centro privado, también por el médico del mismo. 
- Copia del Libro de Familia.
- El acuerdo de los progenitores sobre beneficiario, si ambos pudieran serlo. 
- Modelo 145 de comunicación de datos a efectos de practicar la reducción por IRPF que en su caso corresponda. 

El plazo para resolver es de treinta días y, una vez transcurrido, se entenderá denegada. 

En caso de denegación, puede interponerse reclamación previa y, posteriormente, demanda ante los Juzgados de lo Social.

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(Ilustración de Thinks Stock, publicada en la revista Seguridad Social Activa)

La ultraactividad de los convenios colectivos

Artículo publicado en las ediciones digital e impresa de la revista CyCH, Conocimiento y Capital Humano2º trimestre 2015.

Se ha hablado mucho en los tres últimos años de la ultraactividad de los convenios colectivos y de las consecuencias de la reforma laboral sobre esta materia. No siempre las empresas saben con certeza en qué consiste este concepto, o a qué han de atenerse cuando un convenio pierde vigencia. Vamos a resumirlo para responsables empresariales no conocedores del Derecho, de una forma que pretendemos sea didáctica y comprensible. 

Entre las fuentes que regulan la relación laboral en nuestro país no sólo se incluyen las leyes y los reglamentos, sino también los convenios colectivos, así como los contratos de trabajo o los pactos entre las partes. De hecho, nuestras leyes se remiten con frecuencia a la regulación que establezcan los convenios colectivos en numerosas materias, tales como el sistema de clasificación profesional, la distribución irregular de jornada, la estructura del salario, el régimen disciplinario y muchas otras. 

En los convenios colectivos, los firmantes pactan su duración. Salvo acuerdo en contrario, los convenios colectivos se prorrogan de año en año, si no media denuncia de alguna de las partes. 

Anteriormente, el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores preveía que, una vez producida denuncia y hasta que no se lograra acuerdo para un nuevo convenio, perdían vigencia las llamadas “cláusulas obligacionales” del convenio pero se mantenía en vigor el “contenido normativo” del mismo. 

Pero la redacción vigente, fruto de la reforma laboral de 2012, prevé que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”. 

La reforma perseguía que, cuando no existiese entendimiento entre los representantes de los trabajadores y del empresariado, no se perpetuaran automáticamente las condiciones pactadas anteriormente. La ley apostaba por “una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios económicos y organizativos”, así como por “incentivar que la renegociación del convenio se adelante al fin de su vigencia” y, “cuando ello no resulte posible, se pretende evitar una ‘petrificación’ de las condiciones de trabajo”. 

Se produjeron, a partir de esa modificación, algunas situaciones fácilmente solucionable junto a otras que plantearon una intensa polémica. 

Cuando en el convenio existía una previsión de prórroga diferente de esta contemplada en la ley, se entendió que esa previsión era el “pacto en contrario” al que hace referencia la norma como salvedad. Y en ese caso se aplica el sistema de vigencia y de prórrogas que viniese establecido en el propio convenio. Así lo establece, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2015

Cuando no existía ningún pacto diferente en el propio convenio, transcurrido un año el mismo decaía y, en caso de existir un convenio colectivo de ámbito superior, se aplicaba éste. Pero ¿cómo actuar en los casos en que no hay un convenio colectivo de ámbito superior? ¿Cómo colmar la laguna normativa ante la que nos encontramos en esas situaciones? ¿Qué normas tiene que aplicar la empresa si finaliza la vigencia del convenio sin ser sustituido por ningún otro? 

Ahí se pusieron de manifiesto diversas tesis, encuadradas en dos grandes bloques: 

- La tesis “rupturista”. Considera que, si ha finalizado la vigencia del convenio por haber transcurrido un año desde su denuncia, no se ha alcanzado un nuevo acuerdo, no procede prorrogarlo más tiempo en virtud de ningún pacto, y no existe un convenio colectivo de ámbito superior, en ese caso la empresa tiene que aplicar las previsiones de la ley. 

- La tesis “conservacionista”, que, con distintas fundamentaciones, cree que deben prevalecer las condiciones laborales que venían rigiendo. 

Por poner un ejemplo muy gráfico, si pierde su vigencia el convenio colectivo, en caso de acogerse la tesis rupturista el empresario podría a partir del día siguiente abonar a sus trabajadores el salario mínimo interprofesional y no el que vinieran percibiendo en aplicación del extinguido convenio. Según la tesis conservacionista, tendría que respetar las antiguas condiciones retributivas hasta que se negocie un nuevo convenio. 

Esta controversia ha quedado resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014, que se inclina por la doctrina conservacionista de las condiciones laborales. 

Parte esta sentencia de la premisa de que las condiciones laborales de un trabajador están reguladas en su contrato de trabajo. 

La excepción serían, obviamente, aquellas cláusulas del contrato que no respetasen los límites de Derecho necesario establecidos por las leyes y convenios y que, por tanto, serían nulas. Las normas superiores al contrato adquieren así un carácter integrador, esto es, se aplican en aquellos aspectos que el contrato no regule o que regule de una forma no permitida. 

Las condiciones contractuales, además, se van adaptando a la evolución de esas normas legales y convencionales, durante la vigencia de la relación laboral. 

De hecho, es muy frecuente que los contratos de trabajo efectúen remisiones y contengan expresiones como “según convenio” y similares. 

Considera el Tribunal Supremo, por tanto, que las normas que estuvieran contenidas en los convenios colectivos formaban parte del contrato, estaban contractualizadas desde un primer momento. 

Por tanto, aunque el convenio pierda su vigencia, la empresa no puede, sin más, aplicar los mínimos del Estatuto de los Trabajadores y demás leyes, sino que ha de respetar esas condiciones laborales que estaban contenidas en el antiguo convenio porque formaron parte –verbalmente o por escrito- del contrato de trabajo que ha venido regulando la relación laboral. 

Entonces, se pregunta el Tribunal Supremo, ¿la previsión del legislador, al establecer la pérdida de vigencia de los convenios, queda sin ningún efecto práctico? 

No. Hay al menos dos consecuencias que señala la sentencia del TS y que sí suponen cambios, al decaer la vigencia del convenio: 

- La empresa podría modificar sustancialmente esas condiciones de trabajo, a partir de ese momento, por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa no puede modificar un convenio colectivo por ese cauce, pero sí puede hacerlo con las condiciones individuales de trabajo cuando se dan las causas legales para ello –técnicas, económicas, organizativas o de producción- y se sigue el procedimiento previsto.  
- Y, por otro lado, a los trabajadores de nuevo ingreso ya no les resulta aplicable el convenio cuya vigencia ha concluido, ni tampoco tienen contractualizadas las condiciones de éste, por lo que con ellos sí puede convenirse en su contrato condiciones nuevas –siempre que respeten los mínimos de la ley- hasta que se negocie y entre en vigor un nuevo convenio colectivo.

Convenio de colaboración y Jornada Abogacía-Empresas de Economía Social

Publicado en la web del Colegio de Abogados de Madrid, 19.06.15

FIRMA DE UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO A LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL


El Colegio ha firmado un convenio de colaboración con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) para divulgar las oportunidades que implica –para la abogacía madrileña- el asesoramiento jurídico especializado en fórmulas de Economía Social, especialmente cooperativas y sociedades laborales. 

Y es que la figura del abogado en este tipo de empresas cada vez se hace más necesaria en España, donde existen 44.000 empresas y entidades de economía social, que suponen el 10% del PIB y que generan 2,2 millones de empleos directos e indirectos, según datos de CEPES. 

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, destacó “que el colectivo de abogados es un aliado óptimo del sector, no sólo como prestadores de servicios de asesoramiento y orientación, sino porque son referentes indiscutibles en la solución de controversias jurídicas o en la generación de trámites administrativos y jurídicos, tanto de ámbito laboral, jurídico, mercantil o tributario”. 

Por su parte, Sonia Gumpert constató la necesidad de que la institución colegial dé respuesta a la demanda de asesoramiento especializado de las empresas de Economía Social y contribuya al desarrollo de un sector socioeconómico pujante y dinámico, lo que supondrá, además, profundizar y ampliar el campo de actuación profesional para los colegiados y colegiadas madrileñas. 

La decana subrayó la obligación de la abogacía de defender los intereses legítimos de sus mandantes y, en este sentido, estar en posición de asesorarles sobre todas las alternativas jurídicas para la consecución de los fines empresariales perseguidos. 

El Colegio se honra, afirmó asimismo, en el acercamiento con CEPES, como institución de la sociedad civil que aporta alternativas de mercado eficientes en un momento de crisis en el que es necesario explorar vías de reactivación de la economía. 

JORNADA SOBRE ABOGACÍA Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

En la apertura de la sesión, la decana se refirió al convenio firmado hacía apenas unos minutos y recordó que “los abogados tenemos la obligación de conocer y asesorar a nuestros clientes en su propio interés”. 

Cedió la palabra a Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, quien agradeció la “actitud proactiva” del Colegio, reconociendo que la sesión marcaba “el inicio de una serie de actuaciones que dará lugar a un desarrollo de la economía social y servirá para mejorar el conocimiento de las especificidades jurídicas de estas empresas con el colectivo de la abogacía”. 

Seguidamente, se celebró una mesa redonda presentada y moderada por el presidente de la Sección de Derecho Laboral, Carlos Javier Galán, que invitó a los asistentes a estar atentos a “las futuras iniciativas después de la firma de este acuerdo”. Y dio paso a los ponentes, “dos de los mayores expertos en nuestro país”, señaló. 

Javier Sanz Santaolalla, director de la Sociedad de Promoción Cooperativa Elkar-Lan, fue el encargado de explicar la sociedad cooperativa, en la que “se toman decisiones a través de sus socios de forma democrática” y “la relación de los socios trabajadores y de trabajo no es una relación laboral sino societaria”. 

Por su parte, José Luis Viñas, asesor jurídico de la Asociación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), se ocupó de este tipo de sociedad, caracterizada por que “la mayoría del capital social está en manos de los socios trabajadores”, pero los derechos de los socios “son iguales que en las sociedades mercantiles capitalistas”. 

En este contexto, Galán adelantó el proyecto del Colegio y su Centro de Estudios de “poner a disposición de los colegiados formación específica sobre este materia”.

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La noticia en otros medios: 

- Web de CEPES, 19.06.15
- Agencia Servimedia, 19.06.15
- El Economista, 19.06.15 
- La Información, 19.06.15
- Confilegal, 19.06.15
- Noticias Jurídicas, 19.06.15
- Te Interesa, 19.06.15
- Web Cooperativas Agroalimentarias, 19.06.15
- Discapnet, 19.06.15
- Lawyerpress, 22.06.15

Reunión de víctimas de estafas de prestamistas en el Congreso

Una vez más he tenido la oportunidad de asesorar jurídicamente al colectivo de víctimas de estafas en préstamos no bancarios. En esta ocasión, acompañé a los representantes de la asociación Stop Estafadores en su visita al Congreso de los Diputados el pasado 9 de junio. Allí mantuvimos una fructífera reunión con miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que ha registrado recientemente una Proposición no de ley sobre medidas de protección al ciudadano frente a la usura

Por parte de Stop Estafadores acudieron a la entrevista Mary Yáñez, tesorera en la Junta directiva nacional, y Javier Gimeno, delegado en Madrid, acompañados por mí. Fuimos recibidos por los diputados del PSOE Pilar Grande, portavoz en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales (que incluye la materia de Consumo), y Antonio Hurtado, portavoz adjunto en la Comisión de Economía y Competitividad. 

Pudimos así conocer de primera mano la iniciativa que acaba de presentar el PSOE, mientras que los parlamentarios pudieron escuchar el testimonio de las prácticas fraudulentas más frecuentes en el sector. 

Los diputados y la asociación a la que asesoro legalmente mostraron su voluntad de mantener un contacto fluido, con el objetivo de ir materializando nuevas iniciativas que den visibilidad a este problema, ofrezcan soluciones preventivas para impedir o dificultar estos engaños, y procuren justicia para las personas que ya han sido víctimas.

Entrevista en Ser Consumidor

El domingo 7 de junio, intervine en el programa Ser Consumidor, que dirige y presenta Jesús Soria. Este veterano y prestigioso espacio dedicó su sección Tus Derechos a las prácticas fraudulentas de algunos prestamistas.

Además de entrevistar a Juan Puche, Presidente de la asociación de afectados Stop Estafadores y a Juan Pérez Hereza, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Notarial de Madrid, me brindó la ocasión de explicar cómo se producen los engaños más comunes, hablar sobre el papel de los notarios, denunciar la falta de controles administrativos o sugerir posibles reformas legales.

Éste es el audio completo, y el bloque que incluye la entrevista comienza a partir del minuto 18:40:

Charla-coloquio con familias de la Asociación Síndrome de Rett

El sábado 30 de mayo, tuve oportunidad de colaborar con los amigos de la Asociación Española de Síndrome de Rett, participando en su Encuentro anual de familias, celebrado en Madrid. Me ocupé de una charla-coloquio sobre la prestación económica por cuidado de menores afectados por enfermedades graves, regulada en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio

Expuse las principales características de esta prestación -requisitos, beneficiarios, cuantía, etc.- y dialogué con los presentes sobre las dudas que se plantean con mayor frecuencia: cómo encuadrar el síndrome de Rett en el anexo de enfermedades graves, qué ha de entenderse por hospitalización, cuáles son los porcentajes de reducción de jornada laboral admisibles, qué hacer ante una posible denegación de la ayuda, etc.

Además de la ponencia legal que impartí, en el Encuentro participaron los prestigiosos investigadores Manel Esteller y Sonia Guil, que explicaron los últimos avances científicos, Elena Martín -la excomponenhte del duo humorístico Virtudes-  que impartió un taller de relajación con el método Yuzo, y la firma BJ Adaptaciones que trató de Comunicación sustitutiva.

Paralelalente, los más pequeños disfrutaron de diversas actividades de musicoterapia y del Circo de Piruleto.

Entrevista en Sintonía Televisión Rioja

Mi querida amiga Nuria Aragón Castro dirige y presenta en  Sintonía Televisión Rioja el programa Amor y Vida TVNuria es conferenciante, activista de sus opciones vitales (ecología, alimentación vegetariana, bioconstrucción, espiritualidad, etc.) y autora de varios interesantes libros. Desde hace algún tiempo, dirige y presenta este espacio quincenal en STV. 

Ella ha querido dedicar su emisión del pasado miércoles 27 de mayo a las estafas cometidas en préstamos no bancarios, una de las causas con las que yo estoy profesionalmente y socialmente comprometido. Y, para ello, me entrevistó a mí en Madrid junto con representantes de la asociación que agrupa a los afectados por estas tramas, Stop Estafadores, en concreto su presidente Juan Puche, su tesorera Mary Yáñez y s Delegada en la Zona Sur Gracia Monje.

La introducción del programa se preguntaba: "¿Has pedido un préstamo alguna vez? ¿O tal vez tienes pensado pedir uno? ¿Sabías que una gran parte de ellos son estafas que acaban, principalmente, en desahucios? ¿Y que aún puedes denunciar un préstamo estafa que te hayan hecho?", para animar a conocer "gracias a Stop Estafadores, qué hacer si quieres pedir un crédito o cómo actuar si ya lo has hecho". Una invitación a los afectados a encontrar en esta asociación "el apoyo emocional, legal y moral que necesitas, o el lugar para poder ofrecérselo a aquellos que lo necesiten". 


Declaraciones a El Periódico sobre préstamos no bancarios

Publicado en El Periódico, 24.05.15





PRACTICAS ECONÓMICAS FRADULENTAS

LA FALTA DE CONTROL CAUSA UN ALUVIÓN DE ABUSOS EN LOS CRÉDITOS "FÁCILES"

- Modernos usureros cobran intereses de hasta el 4.000 % TAE o estafan con el importe del capital
- Una petición de cambio legislativo que acabe con las trampas ha recogido ya 140.000 firmas

Manuel Vilaseró. Madrid.

Cuando Carmen, una anciana de 85 años desahuciada en el barrio madrileño de Vallecas, saltó el pasado noviembre a los medios de comunicación, muchos se sorprendieron. No era un banco el que estaba detrás del desahucio, sino un prestamista. La solidaridad del Rayo resolvió esta situación, pero el paso de los meses ha demostrado que no se trataba de un caso aislado. Un aluvión de estafados están perdiendo las casas por créditos de importes ridículos a manos de modernos usureros que se aprovechan de los vacíos legales, el descontrol y la ingenuidad de los más desesperados.

"Cuando al principio de la crisis los bancos empezaron a dejar de dar crédito, tomaron el relevo una miriada de chiringuitos financieros que practican todo tipo de abusos", relata Fernando Herrero, el portavoz de Adicae, una asociación de consumidores especializada en el sector financiero y de servicios, que ha llevado a cabo un riguroso estudio sobre lo que ellos llaman "minipréstamos y préstamos rápidos", la gran mayoría anunciados profusamente en televisión e internet. ¿Su conclusión? "El 99 % son, por lo pronto, usura. Luego podríamos hablar de publicidad engañosa, de información insuficiente o llegar al capítulo de las estafas", señala Herrero. El TAE puede llegar a alcanzar el 4.000 % en los créditos más pequeños. Dicho de otro modo, si a usted le prestan 100 euros, al cabo de un mes tiene que devolver 138. "Si esto se lo hace un amigo, usted le llama ladrón, ¿no? Pues eso", apunta el portavoz.

Luego vienen los intereses de demora, las comisiones o los productos asociados, como el seguro de impago, que ha dado pie a diversos tipos de timos. Los abusos más pequeños ni siquiera suelen llegar a los tribunales porque el importe no compensa el gasto en abogado y procurador. 

LA CASA EN JUEGO. Lo que si está llegando a los tribunales cada vez más son los casos en los que está en juego la casa del deudor. Varios prestamistas están acusados de estafa en juzgados de instrucción de toda España sin que hasta ahora la gran mayoría de los perjudicados haya obtenido una respuesta satisfactoria. Los afectados se han agrupado en asociaciones como Stop Estafadores o la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) defiende también a un grupo de 30 perjudicados en la zona franca de Barcelona. Se han dado ya dos suicidios entre los afectados y varias intentonas frustradas. 

En el punto de mira de gran número de afectados está la red del considerado el mayor usurero de España, Antonio Arroyo Arroyo, un ex interventor del Banco de España que a través de empresas interpuestas o testaferros ha logrado hacerse con más de 500 viviendas. Detenido tres veces, nunca ha pasado de la categoría de presunto a la de culpable. 

Carlos Galán, abogado de Stop Estafadores, define así su modus operandi: "Con una madeja de mentiras y promesas incumplidas consiguen que la víctima firme ante notario una hipoteca con un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo, que cuando expira acaba en la subasta de la casa a un precio irrisorio". Así logran su único objetivo: hacerse con la casa del infortunado. 

¿Cuál es el truco para que el mundo del crédito fácil se haya convertido en una auténtica jungla? Así como en los desahucios hipotecarios los bancos se han visto frenados por una sentencia europea y por la movilización social, los prestamistas campan a sus anchas desde que la ley de 2009 que regula el crédito no bancario quitó la competencia de supervisión al Banco de España y la adjudicó a las autoridades de Consumo de las autonomías sin dotarlas de medios ni de especialización. 

"Aquí no hablamos del comprador de un par de zapatos al que no le devuelven el dinero, son familias en angustiosa necesidad económica que ponen en juego su propia casa en operaciones inconcebibles que nadie controla", explica Galán. 

"No hay inspecciones de oficio, la mayoría de registros autonómicos donde deben inscribirse estas empresas no se han creado y, si llega a imponerse alguna multa, ésta es ridícula frente al volumen de  negocio que generan", remacha Herrero. 

LAS VÍCTIMAS

MONCHI NAVARRETE, VIUDA CORAJE
"PERDÍ A MI MARIDO Y AHORA ME QUIEREN QUITAR LA CASA"

"Mi esposo y yo pedimos 19.000 euros a un prestamista para poder pagar la retroexcavadora que nos permitía trabajar. Tras firmar la escritura y poner como garantía nuestra vivienda, recibimos solamente 3.000. La segunda parte del dinero, que debía abonar un banco, jamás nos llegó". Así encabeza Moinchi Navarrete su petición en change.org de cambios legislativos para acabar con la usura. 

Monchi era una valenciana de Manises felizmente casada con Javier, un autónomo de la construcción al que la crisis puso entre la espada y la pared. Ante la necesidad de obtener dinero y la negativa de los bancos a dárselo, acudió a uno de los muchos chiringuitos de dinero fácil. No pudo escoger peor. Cayó en manos de la red del mayor usurero de España, Antonio Arroyo Arroyo. Con la connivencia de un notario y un supuesto director de sucursal, lograron que Javier firmara que había recibido 19.000 euros que, con unos intereses de demora del 29 %, se convirtieron en 36.000. La suerte estaba echada. Debía devolver ese dinero o perdería la casa. "Intentamos hablar, pero no respondían. Un día mi esposo se fue a Madrid a verlos. A la vuelta ya no era el mismo y acabó quitándose de enmedio", relata. 

HIJO DISCAPACITADO. "Desde entonces, nuestro hijo de 13 años, que padece una discapacidad psíquica, me pregunta cada día por su padre", cuenta entre lágrimas. La ejecución del desahucio está paralizada por la denuncia que Monchi ha interpuesto por estafa. Ella ha prometido que dedicará el resto de su vida a que "este señor" no se quede su casa "ni la de nadie más".

GRACIA MONJE, CANTANTE ANDALUZA
"SE HACEN AMIGOS TUYOS PARA ESTAFARTE"

La cantante andaluza Gracia Monje se ha visto envuelta en una estafa delirante que a punto ha estado de costarle su casa familiar de Chipiona (Cádiz). Tan delirante que parece increíble que alguien que está en el mundo haya picado. Su pesadilla empezó por una deuda de 6.000 euros de IBI y con comunidad de propietarios. Se la quiso quitar de encima de golpe, pero el banco titular de la hipoteca de su casa no le dio el crédito porque, sin ella saberlo, figuraba en un registro de morosos. Tenía dos facturas de móvil impagadas. 

Buscó en internet y una empresa le prometió darle el dinero, a devolver en siete años. Cogió su AVE y se fue a Madrid. "No me preguntes cómo, pero acabaron dándome un cheque que yo firmé detrás por 14.750 euros. Me acompañaron a la sucursal y ellos se quedaron con los 8.750 restantes". Creía haber firmado por 6.000 euros, pero pasaron los meses y no le cobraban las cuotas, hasta que un día le exigieron que les devolviera los 14.750 de golpe. Pero éste no era su objetivo. Aprovecharon que no podía devolverlos para ofrecerle más dinero para liberarse de la hipoteca bancaria. Así, ellos pasaban a ser los titulares de la garantía hipotecaria. A punto estuvo de caer y perder la casa. Y eso que ya había visto en un programa de televisión las cosas que se decían de su prestamista, Antonio Arroyo. 

"Pueden pensar que son imbécil, pues soy imbécil. Se hacen amigos tuyos y te dicen que sólo quieren ayudarte...". Ahora ha denunciado a Arroyo por estafa. Lo cuenta con presencia de ánimo, pero reconoce que lo ha pasado "muy mal". Su marido tiene una minusvalía del 80 % por un accidente laboral. Ella ha estado a punto varias veces de seguir el camino del esposo de Monchi Navarrete. 

JUAN PUCHE, PRESIDENTE DE STOP ESTAFADORES
"HAN AMENAZADO HASTA A MI FAMILIA, PERO NO PARARÉ"

Juan Puche preside la asociación Stop Estafadores, que lucha para que nadie más caiga en las trampas del crédito fácil, pero hace cinco años nunca había oído hablar del hombre que ha marcado su vida, el usurero mayor, Antonio Arroyo Arroyo. Él era el propietario de una productora audivisual en Cádiz. Para resolver los problemas económicos que llegaron con la crisis pidió 22.000 euros pero, con las mismas añagazas que en otros casos, la trama de Arroyo consiguió que firmara una escritura por 45.000 garantizada con su casa. 

"Me prometieron que a los 15 días me darían la otra mitad, pero ya ni respondieron a las llamadas". Con unos intereses de demora del 29 %, la deuda acabó ascendiendo a 85.000 euros que ni podía ni quería devolver. Su casa, tasada en 300.000 euros, está en fase de ejecución de un desahucio, paralizado sólo por la denuncia penal de estafa. 

El problema es que el engaño es muy difícil de demostrar. "Incluso la familia y el entorno te consideran un pardillo. Hay gente que opina que es culpa tuya y muchos de nosotros acabamos culpándonos, pero la justicia debería ver que no puede ser que haya tantos afectados que digan lo mismo". Por eso, su asociación ha pedido, de momento sin éxito, que las causas se acumulen en la Audiencia Nacional. 

AMENAZAS. Hay ido a ver a partidos políticos, a la Fiscalía General y piensa seguir hasta el final, pese a las amenazas recibidas. "Me han llegado a decir que mi familia lo va a pasar muy mal. Pero esto es una guerra y vamos a por todas. Si no logramos ganar en los tribunales, al menos alertar a las futuras víctimas", se consuela.

Intervención en El Corruptómetro, de Radio Intereconomía

El pasado viernes 22 de mayo, el espacio El Corruptómetro, que presenta en Radio Intereconomía el periodista Albert Castillón, dedicó su emisión a las prácticas fradulentas en préstamos no bancarios. La emisión recogió el testimonio de varios afectados, como Javier o Miguel Ángel, además de las declaraciones del Presidente de Stop Estafadores, Juan Puche. Y estuve en el estudio, como abogado de este colectivo de afectados, explicando una vez más el modus operandi de estas peligrosas tramas y la situación jurídica de la materia.

En la Fiscalía General del Estado, con las víctimas de estafas de prestamistas

Una vez más, he asistido jurídicamente a víctimas de las tramas de estafas en préstamos hipotecarios que operan impunemente en nuestro país.

En esta ocasión, acompañé al presidente de la asociación Stop Estafadores, Juan Puche, a la entrevista que habíamos gestionado en la Fiscalía General del Estado y que tuvo lugar el pasado 13 de mayo.

Fuimos recibidos por el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica Alejandro Luzón, uno de los mayores experto en delitos económicos en nuestro país y que durante años ha ejercido como Fiscal Anticorrupción.

Previamente habíamos hecho llegar a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, un dossier con la operativa de estas redes y profundizamos en ello en una reunión de trabajo que resultó muy productiva.
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Reseña de esta reunión en otros medios: 
Lawyerpress.com, 14.05.15.
- Web de la asociación Stop Estafadores, 13.05.15