No, mi general

En sólo dos días, a ratos, me devoré No, mi general, la estremecedora crónica del doble acoso, primero sexual y luego laboral, al que fue sometida la entonces capitán Zaida Cantera, y de la denuncia y la lucha tenaz de ésta. 

Cuando cerré su última página, dije una frase que mis amigos me han oído a veces tras leer un relato de ficción, pero nunca tras leer una historia real, dramáticamente real: “este libro tiene una película dentro”. Creo sinceramente que la merecería. Porque la única consecuencia positiva que puede tener un caso así es precisamente alcanzar tal relevancia que no se repita nunca más. Que las Zaida del futuro no tengan motivos para temer. Que los Lezcano y los Villanueva del futuro se lo piensen dos veces. 

No, mi general es el reflejo de dos mujeres cumpliendo su deber y dejando en evidencia a otras muchas personas que no lo cumplieron. 

Es –principalmente, porque el protagonismo de esta obra es suyo- la historia de Zaida, profesional brillante, comprometida, valiente y humana. Estoy convencido de que hubiera estado llamada a ser una de las primeras mujeres generales del Ejército español. Y, sin embargo, unos cuantos personajes indignos de la institución militar, consiguieron -unos por acción y otros por omisión- convertir su vida cotidiana en un infierno y acabar frustrando su vocación. Su resistencia y su tesón son un ejemplo profesional y humano. Como español de a pie, confío en que la defensa de mi país esté, cada vez más, en manos de profesionales como Zaida y no de miserables como los que la sometieron a una despiadada persecución. 

Pero, indirectamente, es también reflejo de la buena labor de Irene Lozano, una diputada trabajadora y luchadora que, tantas veces y en tantos temas, ha sido en estos últimos años la voz de la dignidad en el Congreso. Que escuchó a una ciudadana cuyos derechos estaban siendo atropellados. Que entendió que era de elemental justicia llevar este caso al parlamento y darle visibilidad para intentar cambiar las cosas. Que no hizo ningún cálculo de rentabilidades políticas y se puso desde el principio del lado correcto, de aquel en el que ha estado siempre en su labor parlamentaria: el de la ciudadanía, frente a los abusos. Y que, finalmente, ha acabado sacando a la Irene periodista y escritora, para dejar testimonio de unos episodios que jamás deberíamos olvidar. 

No sé si a estas alturas alguien dudará de la veracidad de esta historia. Parte de ella está declarada probada por sentencia judicial firme. Pero, al margen de la enorme verosimilitud de todo lo que se cuenta y de cómo se cuenta, la reacción del ministro Morenés no pudo ser más elocuente: no dedicó un solo argumento ni un solo dato a desmentir o a poner en cuestión lo que Irene Lozano denunciaba ante el parlamento. Se limitó a descalificarla de forma miserable por atreverse a preguntar. 

Morenés tampoco empleó ni un segundo en pedir perdón desde la institución a Zaida, en prometer reparación, en asegurar que se exigirán responsabilidades, en anunciar que se investigará todo hasta el final... Ni siquiera en lamentar lo sucedido y en comprometerse a que no se volverá a repetir nada semejante. Si antes decía que sus silencios no pudieron ser más elocuentes, lo cierto es que tampoco pudieron ser más repugnantes. 

No, mi General es un libro valiente, que publica los nombres y apellidos de la infamia. Si no hay ya varias querellas contra Irene y Zaida es precisamente porque lo que cuentan es verdad. Y porque los culpables prefieren que no se profundice en su actuación y confían en que el tiempo traiga olvido y consagre la impunidad de la mayoría de ellos. 

Zaida Cantera quizá haya librado –muy a su pesar- una de las más importantes batallas de las Fuerzas Armadas españolas a lo largo de su historia. Quiero creer que, tal vez gracias a ella, algunas cosas empiecen por fin a cambiar. Ella se perderá algunos ascensos y algunas condecoraciones, pero espero que gane el reconocimiento social que merece. Al menos yo, como ciudadano, le estoy inmensamente agradecido. 

Hace unos meses, cuando aún no conocía este caso con el detalle de ahora y tan sólo tenía algunas referencias de prensa sobre el mismo, me enteré de que Zaida era por fin comandante, por mérito propio y contra todos los obstáculos imaginables. Y la felicité por Twitter. Entonces intuía lo que significaba aquel ascenso. Ahora lo sé. Por eso vuelvo a decir, pero con más conocimiento de causa, lo mismo que aquel día: felicidades y gracias, mi comandante.

¿Podría un trabajador ocultar su baja laboral en España?

Artículo publicado en Lawyerpress.com, 01.04.15

El pasado martes 24 de marzo nos llegaba la trágica noticia de que un Airbús 320 de la compañía Germanwings se había estrellado en Los Alpes, provocando la muerte de sus 150 ocupantes. Después sabríamos que el copiloto, Andreas Lubitz, al quedarse solo a los mandos de la aeronave, había bloqueado la puerta de acceso a la cabina e iniciado voluntariamente el descenso. 

En el marco de la investigación, la Fiscalía de Düsseldorf (ciudad alemana que era el destino del vuelo y lugar de residencia de Lubitz) hizo público que estaba recibiendo medicación aunque, lógicamente, sin revelar la concreta enfermedad que padecía. En el registro de su domicilio, apareció roto en pedazos el documento de su baja laboral, que tenía efectos para el mismo día del siniestro. El Hospital Universitario de Düsseldorf confirmó también en un comunicado que el copiloto estuvo en sus dependencias, semanas atrás, para unas pruebas diagnósticas “amparadas por el secreto médico” y puestas a disposición de la investigación judicial, si bien desmintió las informaciones que apuntaban a que estuviera tratándose en ese centro médico de una depresión. 

Todo parece indicar, pues, que Lubitz pilotó la aeronave a pesar de estar de baja médica y que ocultó esta circunstancia a la compañía. Todo lo demás son ya puras especulaciones, porque no sabemos qué dolencia padecía, qué tratamiento se le prescribió, si estaba tomando de forma efectiva la medicación y –lo que es más importante- si alguna de estas circunstancias –la propia enfermedad o su tratamiento farmacológico- influyó en su estado o fue determinante de su conducta. De hecho, es bastante probable que su dolencia no fuera la causa de su comportamiento o al menos no lo explique por sí sola. 

Pero, barajando esa hipótesis, en los debates suscitados por algunos medios de comunicación, se ha planteado la pregunta de si sería posible que un trabajador ocultase en España a su empresa una situación de baja laboral. 

En nuestro país, se contempla la incapacidad temporal como causa de suspensión del contrato de trabajo (artículo 45.1.c del Estatuto de los Trabajadores) en aquellas situaciones en que, por enfermedad o accidente, un trabajador esté impedido para la actividad. Si se cumplen determinados requisitos, de ordinario dará lugar a la percepción de una prestación económica (artículo 128 a 133 de la Ley General de Seguridad Social). 

La situación de I.T. comienza con un parte de baja (artículo 7 del R.D. 625/2014) cuya expedición es competencia del médico del sistema público de salud, aunque también puede serlo de los médicos de las Mutuas en casos de accidente. 

El parte se emite por cuadruplicado ejemplar: 

- Uno, lo procesa el propio facultativo con destino a la Inspección de Servicios Sanitarios u órgano equivalente del Servicio Público de Salud de la Comunidad autónoma. 
- Otro está destinado a la entidad gestora de la prestación (INSS o Mutua colaboradora). Si el trabajador ha facilitado la información de cuál es esa entidad en el caso de su empresa, el propio Servicio Público de Salud la remitirá telemáticamente a la entidad gestora. Si, por el contrario, el médico no tiene ese dato, entregará este ejemplar en sobre cerrado al trabajador para que lo envíe él o lo entregue en la empresa. 
- Una tercera copia se entrega en el acto al trabajador para él, como acreditación de su situación de I.T. 
- Y una cuarta también se entrega al trabajador, pero para que, en el plazo máximo de tres días, la entregue en su empresa. Recibido su ejemplar del parte de baja, la empresa cumplimenta una serie de información con destino a la entidad gestora (INSS o Mutua) y la transmite telemáticamente en un plazo de cinco días desde su recepción. 

Las dos primeras copias –la del sistema público de salud y la de la entidad gestora- contienen el diagnóstico, la descripción de la limitación en la capacidad funcional del trabajador y la duración previsible de la baja. Las otras dos –los justificantes destinados a acreditación para trabajador y comunicación a su empresa- no contienen estos datos, por confidencialidad, únicamente expresarán datos genéricos de la baja (tipo de contingencia, fecha de efectos, etc.). 

Es decir, el sistema público de salud y la entidad gestora tendrán pronta noticia de la situación de I.T. del trabajador, pero por el momento no sabrán si el mismo ha informado o no a su empleador y si ha ido a trabajar o no. Es responsabilidad del trabajador comunicar a la empresa el motivo de su ausencia y, en el plazo de tres días como queda dicho, entregarle físicamente el parte de baja. 

Por tanto, sí sería perfectamente posible en nuestro país que un trabajador hiciera lo mismo que Lubitz: hacer añicos el parte de baja, no entregarlo en la empresa y acudir a su puesto de trabajo como si tal cosa. 

Lo más probable es que al cabo de un tiempo se acabase detectando que el enfermo o accidentado está acudiendo a su puesto de trabajo, puesto que, a lo largo del proceso de I.T., existen controles por parte del propio facultativo (por la vía de los llamados partes de confirmación) y por parte de la entidad gestora (revisiones que practique la Mutua), además de la posibilidad siempre existente de visita de Inspección de Trabajo. Pero, al menos inicialmente, sí podría la empresa permanecer ajena a esta situación si el trabajador incumple su deber. 

Nuestro sistema parte de la premisa de que el trabajador es el primer interesado en su propia curación y, por lo tanto, en suspender su actividad y acreditar ante la empresa la situación. De hecho, así es en la inmensa mayoría de los casos y con un procedimiento como el descrito –el trabajador es quien comunica su baja a la empresa- se ha funcionado durante décadas sin que ello haya sido ocasionado graves problemas o haya sido cuestionado por esta causa. 

Sin embargo, el caso Lubitz pone de manifiesto que, aunque sean excepción, podrían darse situaciones en las que el trabajador tuviera algún interés en ocultar su situación de incapacidad temporal. Cuando esa conducta sea sólo un perjuicio para el trabajador, malo. Pero si esa conducta supone, además, un riesgo para terceros, muchísimo peor. 

El médico y el sistema público de salud están conectados informáticamente y éste lo está con las entidades gestoras. La empresa y la Seguridad Social intercambian telemáticamente información, a su vez, a través del sistema RED. En el siglo XXI, no parece descabellado definir un sistema que permita un razonable flujo telemático de información, sin depender de que sea el trabajador quien entregue físicamente a su empresa un documento impreso en papel. 

Finalmente, no olvidemos que el empleado que padece una dolencia podría no acudir al médico, precisamente para evitar la baja laboral. Existe otro ámbito, diferente de la gestión del proceso de I.T., que se revela como adecuado para impedir que alguien esté desarrollando su actividad en un estado que pueda suponer un riesgo para sí o para terceros. Se trata del sistema empresarial de vigilancia de la salud. El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de la empresa de vigilar la salud de los trabajadores a su servicio “en función de los riesgos inherentes a su trabajo”. La vigilancia sólo puede llevarse a cabo si el trabajador presta su consentimiento, pero se contempla precisamente la excepción de aquellos casos en que sea imprescindible “para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. Para que esto sea así tendríamos que conseguir –y muy especialmente en ciertos sectores y ciertos puestos de trabajo- que esa vigilancia de la salud fuera algo efectivo, más allá del mero trámite formal de un reconocimiento médico al año.

Mesa redonda sobre igualdad de la mujer en las relaciones laborales

(Versión extendida de la crónica publicada en Lawyerpress.com el 16.03.15)

LAS RELACIONES LABORALES REVELAN AÚN LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN SU ENTORNO DE TRABAJO

Por Mónica Armada. Profesional de Recursos Humanos. Experta en Relaciones Laborales y Asuntos Europeos  

Jornada que organiza la Sección Laboral del ICAM para profundizar en la situación de la mujer en el mercado laboral 

Mujer, Relaciones Laborales e Igualdad: con esta mesa redonda, celebrada en la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, dieron por concluidas las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Carlos Javier Galán, presidente de la Sección Laboral, moderó el debate y sometió a consideración de los ponentes importantes cuestiones relacionadas con la discriminación por razón de sexo en las relaciones laborales. Participaron en la jornada Paloma Onrubia, Secretaria de Mujer en Administración Local de CC.OO. de Madrid; Luis Méndez, Director del Departamento de Relaciones Laborales de la patronal madrileña CEIM; y Ana Sánchez, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Movimientos Sociales de UGT Madrid. 

Cuáles son las causas de la brecha salarial y cómo combatirlas, por qué son mayoritariamente las mujeres quienes solicitan las medidas de conciliación, cómo se puede lograr una mayor corresponsabilidad, cuáles son las trabas que se encuentra la mujer en el desarrollo de su carrera profesional o cuál ha sido el cumplimiento y la efectividad de los Planes de Igualdad tras su regulación en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Cuestiones todas importantes y datos objeto de reflexión: ¿Por qué sólo el 26% de directivos en empresas españolas medianas y grandes son mujeres? ¿Por qué el 95,90% de excedencias por cuidado de hijos las solicitan mujeres? ¿Por qué en cinco años, la brecha salarial ha crecido tres puntos en España? Todo se planteó y debatió en esta interesante jornada. 

Paloma Onrubia, comenzó su intervención indicando que, tras casi ocho años de vigencia de la Ley de Igualdad, se ha avanzado relativamente poco. Refiriéndose a la Comunidad de Madrid (CAM) señaló que a partir de 2012 la mujer pierde empleo, el que consigue es precario y tiene mayor participación en la economía sumergida. Dio datos, en concreto, del pasado mes de febrero donde en la CAM el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.411 personas (según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del total de parados en la Comunidad de Madrid, un total de 240.417 eran hombres y 268.031, mujeres). La representante de CC.OO. añade también que el empleo al que tiene acceso la mujer es estacional, de servicios, el 80% de las contrataciones son temporales y más del 73% son contratos a tiempo parcial. Esta temporalidad y parcialidad en la contratación implica que, si cobran posteriormente prestación por desempleo, llegue a suponer un 13% menos y la necesidad de cotizar nueve años más a la Seguridad Social para su jubilación a fin de poder asimilarse a otra persona con jornada completa y sin temporalidad. Con respecto a la brecha salarial, la Secretaria de Mujer en Administración Local de CC.OO. de Madrid, indica que una mujer debería trabajar setenta y ocho días más al año para cobrar igual que un hombre. Destacó también que en los tres últimos años hay un 46% menos de presupuesto para la promoción de la igualdad. 

Luis Méndez, Director del Departamento de Relaciones Laborales de la patronal madrileña CEIM, indicó que continúan existiendo puestos de trabajo estereotipados. Un ejemplo tipo de empleo masculinizado lo tenemos en el sector de la construcción donde, tras haberse perdido muchos puestos, ahora empieza tímidamente la recuperación. En cambio no sucede lo mismo con el empleo que tradicionalmente ha sido ocupado por mujeres, donde no se están produciendo nuevas contrataciones. 

Otro de los temas importantes a los que se refirió el ponente, fue al 0,25% de actuaciones que tenía previstas la Inspección de Trabajo en el tema de brecha salarial. Actuaciones que, según el representante de CEIM no se están realizando. 

Para Luis Méndez es relevante que reflexionemos sobre todas estas cuestiones que afectan de forma especial a las mujeres: a menos tiempo de trabajo, menos salario, menos promoción profesional y menos pensión de jubilación. Deben buscarse, señala, soluciones más políticas para que, por ejemplo, el cuidado de los hijos, la excedencia, no se penalice. En realidad es un problema social que se debería abordar entre todos. 

Por su parte, Ana Sánchez, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Movimientos Sociales de UGT Madrid, incidió, entre otros temas, en las diferencias notables que se dan en la Administración, en concreto, en la menor cuantía económica en algunos complementos específicos de sectores feminizados, como por ejemplo en Sanidad y Educación frente a otros más masculinizados como Industria o Economía. Destacó que no sólo sucede en inferiores categorías profesionales sino, incluso, en puestos directivos, con diferencias entre complementos que pueden llegar hasta el 50%. 

Carlos Javier Galán, presidente de la Sección Laboral del ICAM, dio paso al coloquio invitando a los ponentes a dar su punto de vista sobre los Planes de Igualdad. En general coincidieron en lo positivo de su instauración por la LO de 2007. No obstante señalan, se produce un mal ejemplo si las Administraciones Públicas, que están obligadas por dicha Ley a tenerlos, no los tienen como, dicen, está sucediendo. Si las instituciones transmiten que no creen en los planes, difícilmente calará la conveniencia y necesidad de implantarlos en las empresas. 

Paloma Onrubia, de CC.OO., indicó que no se están registrando apenas Planes de Igualdad y que sólo se están negociando en las grandes empresas. También señaló que son necesarios más recursos y que se realice el seguimiento y evaluación posterior que legalmente se exige a aquellos que sí son aprobados. 

Ana Sánchez, de UGT, recordó que sólo hay obligatoriedad para empresas de más de 250 empleados y que el 90 % del tejido empresarial en España son pymes. 

Luis Méndez, representante de CEIM, constató la realidad de que en la negociación colectiva muchas veces se establecen prioridades sobre temas económicos, tanto por una parte como por otra, y se pasa por alto materias más sociales, como las que nos ocupan. Refiriéndose al permiso de paternidad indicó que no debería recaer económicamente sobre la Seguridad Social sino que se tendría que pagar con impuestos, sufragándolo la sociedad en general ya que esta, destacó, es una cuestión social. Dicho permiso debería durar un mes como estaba previsto. 

En cuanto a medidas de conciliación, Carlos Javier Galán, señaló el dato de que el 95 % fueron solicitadas por mujeres. Cree también que, más que un problema laboral es un problema social, de corresponsabilidad en la propia vida familiar. Invitó a los ponentes a su reflexión en estas dos cuestiones: La primera, si tendría sentido establecer medidas que sean las mismas para mujeres y para hombres y además obligatorias, no renunciables. Y la segunda, si sería acertado que este tipo de medidas fueran a cargo de la administración y no de las empresas (como pasa, por ejemplo, con el permiso de lactancia). Cuestiones ambas, que según Galán, irían encaminadas a que la empresa no perciba que la contratación de un mujer lleva aparejada una carga adicional. 

En respuesta a la primera cuestión todos estuvieron de acuerdo y creen que se debe caminar en esa dirección. Por su parte, la representante de UGT, recordó que está aprobada una ampliación del permiso de paternidad en quince días, aunque ha sido aplazado en varias ocasiones. En esta idea le acompañó el representante de CEIM, que es partidario que las medidas de conciliación no recaigan sobre las cotizaciones de la Seguridad Social, sino sobre impuestos. 

Para concluir, a titulo personal, quisiera mencionar el reciente estudio de Women as Leader: Inspirando, elaborado por PwC e Isotes donde se refleja que, España está situada en la parte baja de los países de la OCDE en materia de integración de la mujer en el mundo laboral. Concretamente, España ocupa la vigésima tercera posición de veintisiete en un ranking liderado por los países nórdicos (Noruega, Dinamarca y Suecia) y solamente supera a Japón, Italia, Grecia y Corea, según el índice PwC Women in Work. 

El estudio de PWC, valora cinco indicadores: la igualdad con los hombres en su nivel de ingresos, la proporción de mujeres en el mercado laboral, tanto en términos absolutos como en relación con el porcentaje de los hombres, la tasa de desempleo de las mujeres, la proporción de mujeres empleadas a tiempo completo y la proporción de mujeres en puestos directivos. 

En España, la mujer representa el 60% de los universitarios y el 45% del mercado laboral. Sin embargo, un escaso 5% de los consejeros delegados de empresas son mujeres. 

A partir de todo lo expuesto, queda un largo camino aún por andar en materia de igualdad. No deberíamos quedarnos en la anécdota de celebrar el Día Internacional de la Mujer una vez al año, sino que sería deseable aunar esfuerzos para corregir, lo antes posible, estas situaciones de discriminación por razón de sexo que aún existen en las relaciones laborales.

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(Fotografía: Mónica Armada)

Un cambio legal para evitar abusos y estafas en préstamos privados

En poco más de un mes, la iniciativa de la asociación Stop Estafadores en la plataforma Change.org ha recabado ya más de 135.000 firmas de apoyo. El objetivo es alcanzar las 150.000 y poder presentarlas ante el gobierno.

La propuesta que encabeza Monchi Navarrete, una de las víctimas de las prácticas fraudulentas de los prestamistas, pretende que se modifique la ley que regula los préstamos no bancarios, para evitar los contínuos abusos en este ámbito, que conducen a muchas familias a situaciones dramáticas. 

Les animo por ello a que presten su apoyo y colaboren en la difusión. Un sencillo cambio legal puede dificultar la actuación abusiva, cuando no delictiva, de las tramas que operan en el sector. 

El nuevo sistema de liquidación directa de cuotas a la Seguridad Social

Artículo publicado en la revista CyCH, Conocimiento y Capital Humano, primer trimestre 2015.

Desde hace algunos años, la Tesorería General de la Seguridad Social ha venido trabajando en el proyecto CRETA, que finalmente ha dado como resultado el nuevo sistema de liquidación directa de cuotas. 

El procedimiento de liquidación directa ha sido introducido por la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, texto que ha modificado parcialmente la Ley General de la Seguridad Social.

Estamos ante un importante cambio conceptual y de gestión para la TGSS y para las empresas: se pasa de un sistema de autoliquidación -donde los cotizantes calculaban las cuotas que tenían que ingresar- a un sistema de facturación –donde los cotizantes facilitan datos a la Tesorería y ésta les envía la liquidación que han de ingresar-.

La TGSS calculará la cotización individualizada que corresponde por cada trabajador, utilizando para ello datos que ya obran en su poder y otros que las empresas tendrán la obligación de facilitar mensualmente. 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA

Tras el lógico esfuerzo de adaptación que supondrá para los sujetos obligados, parece que el nuevo procedimiento reportará algunas ventajas.

Por un lado, desaparece la duplicidad en la aportación de datos. Las empresas hasta ahora venían obligadas a facilitar determinada información en el momento del alta y contratación de cada trabajador y a volver luego a facilitarla en la cotización mensual. Con el nuevo sistema, los datos ya facilitados serán utilizados por la TGSS, sin necesidad de reiterar la comunicación de los mismos. Sólo habrá que proporcionar mensualmente aquellos de los que no dispone la Tesorería.

Por otra parte, parece que tiene más sentido dedicar los recursos humanos, materiales y técnicos de la TGSS, así como toda la información que ésta posee, a emitir directamente las liquidaciones, que a revisar las presentadas por las empresas, sobre las que recaía la carga de calcular su propia contribución -y la de sus trabajadores- al sistema público de Seguridad Social.

Aparentemente, y a expensas de cómo vaya resultando la aplicación práctica del sistema, la empresa gana también en seguridad jurídica, porque ya no tiene que realizar el cálculo de sus propias cotizaciones, bonificaciones, deducciones, compensaciones por pagos delegados, etc. -con la posibilidad, por tanto, de error sancionable-, sino que facilitará a la TGSS los datos necesarios y ésta emitirá la liquidación. Obviamente, se mantiene la obligación de suministrar datos veraces y la consiguiente responsabilidad por su incumplimiento.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

La implantación se producirá “de forma progresiva, en función de las posibilidades de gestión y de los medios técnicos disponibles en cada momento por la Tesorería General de la Seguridad Social, que dictará a tal efecto las resoluciones por las que se acuerde la incorporación a dicho sistema de los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar”. 

Esta implantación gradual es similar a las que se produjo en su día con el sistema RED de la propia TGSS, donde la obligación se estableció para unos sujetos inicialmente y luego se fue ampliando. Y similar también a la forma en que la Agencia Tributaria ha extendiendo la obligación de uso de sistemas de comunicación telemática.

Por tanto, inicialmente el sistema de liquidación directa va a coexistir con el de autoliquidación. Las empresas irán recibiendo resoluciones por la que se les incorpora al nuevo modelo y quedarán obligados a aplicarlo a partir del tercer mes natural, aunque podrán hacerlo antes.

También cabe la posibilidad de que el empresario se acoja por decisión propia al nuevo sistema. La decisión es voluntaria, pero irreversible.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA

En el sistema de autoliquidación, el sujeto responsable del ingreso venía obligado a remitir telemáticamente los documentos de cotización y a efectuar el ingreso hasta el último día del mes natural posterior al de devengo. Por ejemplo, las cotizaciones correspondientes al mes de febrero se calculaban, remitían y pagaban hasta el 31 de marzo inclusive.

Con el sistema de liquidación directa, la empresa tendrá hasta el penúltimo día del plazo reglamentario de ingreso para transmitir los datos que permitan realizar el cálculo. Y la liquidación podrá ingresarla hasta el último día, como hasta ahora. En el ejemplo anterior, respecto a la cotización de febrero la empresa podrá comunicar los datos a la TGSS hasta el 30 de marzo, e ingresar luego la cuota que le sea notificada hasta el 31 de marzo.

La TGSS usará para calcular las liquidaciones los datos que ya posee en el fichero general de afiliación (altas y bajas de trabajadores, modalidad de contrato, grupo de cotización, etc.) Y la empresa tendrá que facilitarle aquellos que no tiene: qué salario ha abonado al trabajador en el mes, cuántas horas extraordinarias o complementarias ha realizado, si se ha hecho algún curso bonificable, etc.

Por tanto, la información que el usuario va a tener que comunicar con carácter general es sustancialmente la siguiente: 

- Bases de cotización
- Número de horas realizadas en los contratos a tiempo parcial
- Horas extraordinarias y horas complementarias del mes
- Importe de las prestaciones abonadas por pago delegado a los trabajadores 
- Bonificación por formación continua 

A ella se añade alguna otra información adicional para casos específicos, como las regulaciones de empleo parciales o ciertos datos que son necesarios en determinados colectivos. 

En la web de la Tesorería, la administración ofrece manuales e instrucciones técnicas sobre el funcionamiento práctico del sistema y de los procedimientos de comunicación de datos, solicitud de liquidaciones, así como confirmación o rectificación de las mismas.

Intervención en La Sexta Noticias: abusos en préstamos no bancarios

El sábado 14 de marzo se emitió en las dos ediciones de La Sexta Noticias un breve reportaje sobre las insuficiencias de la actual normativa que regula los préstamos no bancarios en nuestro país y que da pie a prácticas abusivas o a menudo incluso fraudulentas. 

Se recogió el testimonio de dos afectadas, Monchi Navarrete y Mary Yáñez (directiva de la asociación Stop Estafadores), y también unas declaraciones mías sobre esos abusos que se producen como consecuencia de la falta de controles administrativos y de la deficiente regulación del sector en nuestro país.  

 

Por qué quieren que desaparezca UPyD. Y por qué promocionan a Ciudadanos

“Si quieres hacer enemigos, intenta cambiar algo”
W. Wilson 

Esta semana que termina, la psicóloga y escritora Beatriz Becerra, eurodiputada por UPyD, ha solicitado a la Comisión Europea que adopte medidas efectivas contra la esclavitud laboral, después de que se desarticulara policialmente una organización que captaba víctimas en Lituania para explotarlas laboralmente en nuestro país. 

También el miércoles, en un seminario celebrado en la Eurocámara, pidió que la Unión Europea ponga fecha a la ratificación del Convenio de Estambul, el primer instrumento internacional legalmente vinculante para sancionar la violencia contra la mujer. 

Otra eurodiputada de su mismo partido, Maite Pagazaurtundua -uno de los ejemplos más notables de coraje cívico que tenemos en nuestro país-, denunciaba en rueda de prensa el infame planteamiento de la visita al parlamento europeo, a invitación de Bildu, de una asociación de familiares de terroristas que cumplen condenas: “Decir que los etarras son presos políticos viene a decir que nuestros muertos bien matados están”. “Que Etxerat afirme que en España hay ‘presos políticos’ significa deslegitimar la democracia y sostener que el asesinato de los que no pensaban como ellos fue un instrumento político válido”. 

El día 6, Maite presentaba una solicitud de algo práctico y concreto, beneficioso para la economía doméstica de los ciudadanos y la economía de las empresas: que se acabe con las tarifas telefónicas de roaming en desplazamientos dentro de la propia Unión Europea. 

Mientras, en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario de UPyD pidió la comparecencia del Ministro de Justicia. Quieren que explique qué están haciendo en la trama de bebés robados, cuya falta de investigación constituye uno de las mayores vergüenzas de nuestro Estado de Derecho. Reclaman al Gobierno asesoramiento, ayuda y soporte psicológico para las víctimas, la creación de una Fiscalía específica y la puesta en marcha de una base única de ADN. 

En el programa Salvados hemos conocido el caso de la hoy Comandante Zaida Cantera, víctima de acoso sexual y laboral. La afectada había informado a todos los grupos parlamentarios. Sólo UPyD investigó la denuncia. Y el apoyo continuado de la diputada Irene Lozano ha sido fundamental para darle visibilidad a esta lucha, en medio de tanto silencio cobarde, cuando no cómplice. 

En Vitoria, Gorka Maneiro se quedaba solo defendiendo una investigación sobre Kutxabank para depurar responsabilidades políticas y acabar con las “puertas giratorias”, moción que ni a PNV, ni a PP, ni a PSE ni a Bildu les pareció merecedora de apoyo. 

En Madrid, el diputado autonómico Ramón Marcos denunciaba ante la Audiencia Nacional las numerosas ilegalidades en la contratación, por parte de la Comunidad, de ayudante para el juez Ruz que pudo tener acceso a la investigación secreta que el magistrado de la Audiencia Nacional llevaba a cabo sobre la financiación ilegal del PP. 

Lamentablemente, ninguna de estas actuaciones de esta pasada semana alcanzará, ni de lejos, el eco que tuvo, en los medios y en las redes sociales, la foto de Albert Rivera con Naranjito. Así es la política de este país. Y así es la información en este país. 

Confieso que hace algunos meses fui uno de los que, ingenuamente, contempló con tristeza que no se alcanzara un acuerdo electoral entre UPyD y C’s que permitiera articular una alternativa fuerte. Pero todo lo que he visto a continuación me hace sospechar que estamos asistiendo a una estrategia. El ninguneo, e incluso los intentos de descrédito, hacia UPyD ¿son casuales? El descarado despliegue promocional hacia Ciudadanos, ¿no es intencionado? Yo, a estas alturas, apenas creo en las casualidades. E intento buscar explicaciones a coincidencias tan evidentes y llamativas. 

Que UPyD ha sido incómodo para el bipartidismo y sus apéndices desde que llegó al Congreso de los Diputados, resulta obvio. Con la formación magenta, muchos temas que estaban fuera del parlamento -reforma electoral, aforados, corrupción…- entraron por vez primera -convendría no olvidarlo- en el debate parlamentario. Y entraron para quedarse. Todavía sonroja ver el vídeo en el que PP y PSOE se aplauden mutuamente y descalifican de forma agria a Rosa Díez cuando ésta pedía medidas contra la corrupción y ellos aún la minimizaban. Y da vergüenza ajena ver cómo todos los grupos coincidían en abroncar a Irene Lozano cuando se atrevió a hablar en sede parlamentaria del “saqueo de las Cajas”, mucho antes de que los ciudadanos conociéramos que la expresión no era figurada sino meramente descriptiva. 

Pero, en mi opinión, el punto de inflexión en el que el poder político y los poderes económicos, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación que controlan, decidieron hacer lo posible para acabar con UPyD, lo marcó la querella contra Bankia y todo lo que supuso. 

Cuando se conocen los primeros indicios sobre asuntos turbios en la entidad, el grupo parlamentario de UPyD buscó algún aliado en el Congreso de los Diputados para solicitar una comisión de investigación. Lo previsible era que alguien coincidiera en la petición, aunque el PP la rechazara luego con su mayoría absoluta. Pues bien, ningún partido quiso respaldar esa solicitud. Ninguno. Entonces pareció sorprendente. Hoy ya sabemos por qué. 

Legítimamente, UPyD hubiera podido entender que ahí terminaba su papel. Había denunciado la situación y había cumplido con el deber de intentar que se investigara en sede parlamentaria. Ante los ciudadanos quedaba bien y a otra cosa mariposa. Pero no. La formación magenta dio un paso novedoso y audaz: con su abogado, Andrés Herzog, interpuso una querella criminal. 

Era, sin duda, una decisión arriesgada. Suponía sostener que no sólo estábamos ante una mala gestión empresarial, sino ante una conducta delictiva planificada. E implicaba la responsabilidad de aportar indicios que sostuvieran ese planteamiento y sirvieran para que se iniciase una investigación judicial.

El tiempo nos ha permitido ver cuán justificada fue la medida. Gracias a esa querella -y a las que vinieron a continuación- hemos conocido las cloacas del sistema financiero español. Ésas en las que se compran favores con "barra libre" de tarjetas opacas, en la que los tres grandes partidos nacionales -y los nacionalistas en su respectivos ámbitos de influencia- se repartían literalmente el botín. 

Por vez primera, un grupo político pasaba de las palabras a los hechos ante la corrupción. No se resignaba a que PP, PSOE e IU escenificaran debates mientras se tapaban recíprocamente las vergüenzas. No se resignaba a que la Fiscalía no cumpliera con su deber y los ciudadanos no pudiéramos defendernos. Y empeñaba su patrimonio y su prestigio en instar una acción penal, a la que luego seguirían otras de corte similar. Sin aquella decisión tan arriesgada, hoy no sabríamos prácticamente nada de lo que pasó en Bankia y en otras entidades donde el comportamiento fue parecido. Y los saqueadores se hubieran ido de rositas. Como era habitual antes. Como sería habitual si UPyD no estuviera en el parlamento. 

La imputación de Rato, Blesa, Acebes, Rodríguez Ponga, Romero de Tejada, Moral Santín, Arturo Fernández… ha sido un trago que los partidos tradicionales y los poderes económicos no perdonan a UPyD. Con las cosas de comer no se juega. Bien está lanzarse verbalmente unos a otros acusaciones políticas en la tribuna del Congreso. Pero llevar al banquillo a los responsables de los múltiples desaguisados de la vida pública de este país supuso traspasar una línea roja que nadie se había atrevido a cruzar hasta entonces. Y que algunos -incluido Ciudadanos- siguen defendiendo que no habría que haber cruzado. 

El establishment no estaba dispuesto a consentir que ese riesgo siguiera existiendo. Imaginen ustedes qué pasaría, por ejemplo, si un día UPyD encuentra un hilo del que tirar en las eléctricas de este país. Ésas que se ponen de acuerdo en anular la competencia real en perjuicio de los consumidores. Ésas que tienen sentados en sus consejos de administración, con sueldos estratosféricos, a ex políticos sin ningún conocimiento empresarial ni del sector… UPyD representa un peligro, real y tangible, para eso que Podemos llama la casta. 

Desde entonces, el habitual desprecio con que se trataba siempre a esta formación se convirtió en lo que a mí me parece toda una estrategia política y mediática, encaminada a sustituir a UPyD por un sucedáneo inofensivo, una formación que ocupe el mismo espacio electoral pero cuyo comportamiento resulte inocuo en la práctica. 

Ahí surge la campaña para presentar a UPyD (cuyos niveles de democracia interna son, hoy por hoy, los mayores de todos los partidos con representación parlamentaria) como una organización intransigente con la discrepancia interna. Así se dedicaron (y se siguen dedicando) páginas enteras y horas de emisión a la sustitución (justificada y explicada por el partido) de Francisco Sosa Wagner como portavoz de UPyD en el parlamento europeo, mientras apenas se dedicaban unas líneas y escasos minutos a la sustitución (no justificada ni explicada por el partido) de Elena Valenciano en el mismo cometido dentro del PSOE. Así se dio protagonismo -¡elogioso!- al comportamiento desleal de un Maura o un Calvet, artífices de un ejercicio de submarinismo como no recordaba desde aquello de López Garrido y Almeida en la Izquierda Unida de Julio Anguita, que fue premiado con posteriores cargos en el PSOE. 

Ahí surge también la campaña para presentar a Rosa Díez como esa señora antipatiquísima que, por puro capricho personal, no quiere unirse con alguien tan majo y agradable como Albert Rivera. Da igual que los órganos del partido magenta lo decidieran por amplia mayoría. O que UPyD explicara pública y detalladamente sus razones en un amplio documento. Da igual que Rivera no quisiera avanzar en unas conversaciones que le obligaban a un ejercicio incómodo de transparencia y que planteara sin disimulo una OPA hostil para atraer a la militancia y el electorado de UPyD. El guión se ha mantenido y amplificado con cierto éxito de crítica y público. 

Y ahí surge la campaña para promocionar de forma descarada a Ciudadanos como partido emergente que puede convertirse en la tercera vía, en la alternativa sensata al bipartidisimo. 

Les conviene, porque Ciudadanos no presenta querellas, alegando que no es el papel de los partidos. La afirmación es rigurosamente cierta. Pero, si hay dejación por parte de quienes sí tienen que cumplir esa función, y si nuestros representantes públicos también se escabullen porque no va con ellos, ¿quién nos defiende entonces, de verdad, con algo más que frases afortunadas? Claro está que sería una magnífica noticia que el Ministerio Fiscal ejerciera las atribuciones que tiene encomendadas y es un objetivo por el que hay que trabajar políticamente. Pero, si no lo hace, la consecuencia es la opacidad y la impunidad, salvo que alguien decida no aquietarse con ello. 

No es tampoco casualidad que Ciudadanos haya elegido como ideólogos de su programa económico a dos neoliberales, muy bien vistos por los poderes economicos, que no creen que haya faltado sensibilidad social durante la crisis, que no creen que sea prioritario salvaguardar el estado del bienestar, sino que se marcan como prioridad favorecer el mercado. Conthe no sólo no apoyará nunca una querella contra personajes poderosos, sino que va más allá, al considerar que la situación de los preferentistas es fruto de “un elemento de mala suerte" que los afectados "se tienen que tragar". O que “los que compraron pagarés de Nueva Rumasa se tienen bien merecido lo que les ha pasado”. Entre quienes creen que estas cosas son mala suerte y quienes creen que es una estafa, la distancia es abismal.

Ciudadanos puede recoger el voto descontento de gente que tiene decidido no apoyar al PP. Así ese voto no se pierde en la abstención, no va a formaciones más radicales, e incluso, en un momento dado, puedo servir de muleta para mantener gobiernos del propio PP, aunque sea condicionalmente, mediante los oportunos pactos. 

El Ibex 35 y los principales medios van a seguir mimando a Ciudadanos en los próximos meses. Con un despliegue informativo cuantitativa y cualitativamente inédito para partidos extraparlamentarios. Con un tratamiento amable de sus noticias. Presentando como novedades absolutas algunas propuestas (contrato único indefinido, fusión de Ayuntamientos, supresión de diputaciones, supresión de aforados...) que, cuando las ha sostenido durante años UPyD, no merecieron su atención. Y difundiendo numerosas encuestas (no sé si cocinadas o no) que ayuden a crear un clima de opinión en las personas que buscan utilidad a su voto. 

Mi deseo es que los ciudadanos no caigamos en esta hábil trampa. Me parece preocupante que se apueste sólo por la –supuesta- novedad sin fijarse en algo más. Me gustaría creer que tendremos un sector de electorado responsable y bien informado que valore el trabajo serio que se ha hecho. Creo que no podemos permitirnos el lujo de prescindir de quienes durante los últimos años han sido los aliados de la ciudadanía en el parlamento, con hechos y con resultados tangibles. 

Tengo coincidencias sustanciales y algunas discrepancias importantes con UPyD. Pero me parece de elemental justicia reconocer que, sin ellos en las instituciones, las cosas hubieran sido radicalmente distintas. Sabríamos mucho menos de lo que estaba pasando realmente en nuestro país. Muchos políticos y empresarios corruptos no estarían a punto de sentarse en el banquillo e incluso seguirían teniendo un prestigio incólume. Y el PP y el PSOE estarían mucho más tranquilos. Sustituir las nueces por el ruido no sería un buen negocio para los españoles de a pie. 

La primera cita es en Andalucía, donde evidentemente yo no voto. Pero, como mero observador, veo que algunos de los que, según las encuestas, podrían ocupar escaño, vienen de cogobernar con el bipartidismo y no tienen ningún trabajo previo que demuestre un interés por el conjunto de Andalucía y un proyecto definido y sostenido en el tiempo. Sin embargo, el equipo de Martín de la Herrán ya ha impulsado desde fuera del parlamento iniciativas y se le ha visto un nivel de implicación claro en mejorar la vida de los andaluces. Teniendo en cuenta lo que han hecho desde fuera del parlamento en estos años, intuyo lo que podría hacer desde dentro. 

Ojalá que no se salgan con la suya los poderosos en su intento de silenciar esta voz incómoda que han representado, y espero que sigan representando, las mujeres y hombres de UPyD. Me parece que será higiénico y esperanzador para la democracia seguir contando con su presencia. Y presencia sabemos que, en su caso, ha sido sinónimo de actividad. Las encuestas siempre se equivocaron -a la baja- con UPyD: espero que ahora también. Prescindir de representantes con ese nivel de compromiso ético y político es un desperdicio que no podemos permitirnos. Los preferentistas del futuro, las Zaida Cantera del futuro..., tienen que seguir encontrando alguien que les escuche y que trabaje por ellos cuando nadie más quiera hacerlo. Alguien que quiera cambiar las cosas sin importarle ganar enemigos.

De mar a mar

Calculo que Mario tendría 16 y yo 17 años. Nos habíamos propuesto irnos a Asturias con nuestras mochilas a la espalda, una tienda de campaña, un walkman y algunas cintas de cassette, un pequeño hornillo para cocinar y unas cuantas latas de comida, ganas de aventura y muchas dosis de ilusión. Lo que apenas llevábamos era dinero, pero esto nos parecía entonces un detalle insignificante. 

Cuando llegamos a Oviedo, en la misma estación Mario preguntó: “¿Cuál es el primer tren que sale para un sitio con mar?”. Aparecimos en la playa de San Juan de Nieva, un hermoso lugar cerca de Avilés. 

Al llegar al destino, comenzamos a caminar, suponíamos que en dirección al Cantábrico, pero no estábamos seguros y llevábamos demasiada carga como para dar paseos inútiles. Mario soltó entonces la mochila, se adelantó corriendo, subió a un montículo y mientras volvía me gritaba desde lejos todo emocionado: “¡Tío, el mar!”. 

Más de treinta años después, de mil y una vivencias compartidas, mientras echábamos al mar las cenizas de Mario, recordaba yo aquella escena. Los inicios de una amistad que ya es para siempre. Y esa atracción que él sentía por el mar. Le hubiera gustado el sitio que sus compañeros de buceo eligieron para que le despidiéramos. 

Se me ha ido con él tanta historia, tanta vida, que cinco meses después no encuentro aún palabras que puedan reflejar, siquiera pálidamente, esta herida. 

Me encanta la gente que mira hacia adelante, la que mantiene firmemente que lo mejor está por venir. Y quisiera creerlo, pero me resulta hoy imposible. Muy generoso tendría que ser el futuro conmigo para no pensar que lo mejor de mi vida se quedó aquel atardecer entre las olas del Mediterráneo.


(Fotografías: Galicia, 1985; Marrakech, 2006; y Jávea) 

Reuniones con partidos para cambiar la ley sobre préstamos no bancarios

En las últimas semanas he tenido ocasión de participar en reuniones con varios grupos políticos, acompañando, como asesor legal, a la Directiva de la asociación Stop Estafadores, que está pidiendo a los representantes públicos que impulsen una modificación legal en la normativa que regula los préstamos no bancarios en nuestro país.


Por ahora, Stop Estafadores se ha reunido con el PSOE, con UPyD y con Ciudadanos. Está a la espera de respuesta de IU y de Podemos y tiene previsto reunirse igualmente con el PP. 

En la ronda de contactos, Stop Estafadores propone medidas para investigar las tramas de prácticas fraudulentas en nuestro país, así como la modificación de la Ley 2/2009, a fin de evitar los constantes abusos que se producen en este sector. 


En estos momentos, la asociación mantiene también abierta una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para recabar apoyos ciudadanos a esta iniciativa.

Préstamos no bancarios en España: ¿podemos acabar con la ley de la jungla?

Artículo publicado en el blog ¿Hay Derecho?, 24.02.2015

Meses atrás, la noticia y los testimonios gráficos del desalojo de Carmen, una mujer de 85 años que se vio obligada a abandonar su vivienda en el barrio madrileño de Vallecas, conmovieron a buena parte de la sociedad. Detrás del drama humano, un dato llamó enseguida la atención: el lanzamiento no lo instaba esta vez una entidad bancaria, sino un prestamista con nombre y apellidos. El ejecutor se había beneficiado de un chollo inmobiliario (adjudicarse piso y plaza de garaje en Madrid capital por un importe entre un tercio y la mitad de su valor real) despojando a una persona mayor del único patrimonio que tenía tras toda una vida de esfuerzos.

Hace unas semanas, otro lanzamiento, el de Umberto, en el barrio de Tetúan de la capital de España, atraía de nuevo la atención informativa y reabría el debate. En esta ocasión, el ejecutor era un controvertido prestamista, denunciados por decenas de familias de toda España en los últimos años por presuntas estafas, con al menos tres detenciones policiales a sus espaldas e imputado en varios juzgados madrileños.

Los dramas de Carmen y de Umberto adquirieron una justificada visibilidad mediática, pero sus casos, lamentablemente, no son infrecuentes: en estos últimos tres años he tenido oportunidad de conocer a muchas familias en situación similar o en evidente riesgo de llegar a ella.

EL CRÉDITO NO BANCARIO

Aunque agrupa entidades y actividades muy heterogéneas, el conocido como shadow banking, el sistema parabancario, es una realidad que alcanza a nivel mundial un volumen considerable, situándose en los últimos años entre el 25 y el 30 % del sistema financiero total. En España, algunos expertos lo cifraron en 2013 en un 17 % aproximadamente. Bien regulado, puede constituir una interesante alternativa cuando se producen dificultades de acceso al crédito tradicional. Contribuye a diversificar riesgos e incluso, en ocasiones, encauza los recursos hacia necesidades específicas de financiación de forma más especializada y eficiente. Pero no está exento de importantes riesgos, al eludir en buena medida las normas y los controles del sistema bancario tradicional.

La Comisión Europea, en su Libro Verde de 2012 y en su Dictamen del Comité Económico y Social 201/C 170/09, apuntó a la necesidad de aumentar la transparencia, limitar los riesgos, reforzar la regulación y mejorar la supervisión del sistema de crédito no bancario. Casi siempre, los temores de las autoridades y de los organismos internacionales atienden a la posibilidad de contagio sistémico. Pero, mucho más allá de la macroeconomía o de la estabilidad del sistema financiero, no deberían perderse de vista los costes sociales y humanos que implica el descontrol del crédito no bancario, claramente apreciables en cuanto descendemos a los casos concretos.

En nuestro país, desde 2006, el entonces Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, había clamado en el desierto, pidiendo en varios de sus informes anuales a los poderes públicos que regulasen el sector. El auge del mismo, por aquel entonces entregado a la llamada reunificación de deudas (fundamentalmente convertir en deuda hipotecaria a largo plazo todo el crédito y las deudas familiares), había desbordado las costuras de la insuficiente regulación genérica del Código Civil y era un campo abonando a los abusos.

Cuando por fin se aprobó la Ley 2/2009, de 31 de marzo, únicamente centrada en los préstamos hipotecarios otorgados por entidades y profesionales no bancarios a consumidores,  algunos reputados expertos, como el compañero Fernando Zunzunegui, advirtieron ya sobre las insuficiencias (en el control, por ejemplo) y las deficiencias (mezclar la concesión y la intermediación, sin ir más lejos) de la recién nacida normativa.

Años después, la realidad, por desgracia, ha puesto de manifiesto que la Ley no ha cubierto, ni de lejos, sus pretendidos objetivos. Sobre el papel ya se apreciaban sus limitaciones, pero, además, lo poco bueno que aportaba ha sido objeto de un incumplimiento sistemático. Y no sólo por los destinatarios de la norma, sino, lo que es mucho más grave, por aquellos que estaban llamados precisamente a hacerla cumplir.

UNA LEY INSUFICIENTE Y, ADEMÁS, INCUMPLIDA

La Ley no situó esta actividad del préstamo hipotecario privado bajo el control del Banco de España o de un supervisor específico, sino que asignó la competencia a los departamentos de consumo de las Comunidades autónomas, sin dotarles ni de medios ni de especialización. Aquí no hablamos del comprador de un par de zapatos al que no le devuelven el dinero a pesar de que el calzado tiene taras, o un usuario al que calculan mal su factura de consumo eléctrico, o el propietario de un vehículo al que el taller mecánico no ha entregado un presupuesto suficientemente detallado… Son familias, con frecuencia en angustiosa necesidad económica, que ponen en juego nada menos que su propia casa, como garantía de operaciones inconcebibles que en la práctica nadie está controlando.

El resultado, seis años después, es que la vigilancia y las inspecciones de oficio no existen. Basta con echar un vistazo a internet. Las numerosas páginas que operan con el reclamo de dinero rápido, dinero urgente, dinero fácil… rarísima vez cumplen las obligaciones de identificar sin género de dudas a la entidad que presta los servicios, de informar de la disponibilidad del folleto obligatorio de tarifas, de introducir referencias a mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos o de publicitar el derecho a solicitar oferta vinculante (artículo 6.2 de la Ley).

La Ley instituyó la obligatoriedad de creación de registros de profesionales de estas actividades (artículo 3). Tales registros habían de tener ámbito autonómico, en coherencia con esa atribución de competencia sobre el sector a los organismos de consumo de las comunidades. A su vez, los registros autonómicos debían suministrar sus datos a un registro estatal. Han pasado seis años y no se ha creado ni uno solo de los registros autonómicos previstos. Dos años después de la ley, el Real Decreto 106/2011, de 28 de enero instituyó formalmente el registro estatal, que debía ser accesible a través de la web y, además de identificar a las empresas, había de ofrecer a los usuarios la posibilidad de consulta de los folletos obligatorios. Pero hoy –recuerden: seis años después de la ley y cuatro desde su creación-, el Registro no puede consultarse aún en la web. El aplicativo que debería permitirlo no está en funcionamiento “por motivos presupuestarios y técnicos”, según asegura la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, responsable del Registro. Sí, sí, no se sorprendan: en nuestro país, los préstamos no bancarios están bajo la competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pero, además, la creación de registros no es un fin en sí misma, sino que se planteó como un instrumento para fomentar la transparencia y la vigilancia en el sector. Nada de esto ha sido así y el registro, en la práctica, no tiene ninguna utilidad protectora del consumidor, más bien al contrario. Yo suelo asegurar que se ha convertido en un contraproducente sello de calidad para los aprovechados, que pueden hacer constar en su publicidad “inscrito en el registro estatal…” dando una apariencia de seriedad y de sometimiento a la ley que con frecuencia es totalmente irreal. Baste recordar que el inscrito con el número 1 en dicho registro es, paradójicamente, la persona a la que antes nos referíamos: la que más imputaciones judiciales acumula por presuntas estafas.

Hoy el sector ya no se centra en aquella reunificación de deudas propiciada por un mercado hipotecario donde reinaban las “alegrías” que caracterizaron nuestra burbuja inmobiliaria. En estos últimos años, los de la crisis, el recurso al llamado préstamo de capital privado ha suplido, para no pocas familias, el cierre generalizado del grifo del crédito por parte de las entidades bancarias. Ya no se ha acudido a él mayoritariamente por conveniencia, para abaratar cuotas mensuales. Se ha acudido por pura y simple necesidad. Con el grave peligro de que, tras el fallido intento regulador, podemos afirmar, sin exageración, que en este ámbito sigue rigiendo la ley de la jungla.

La televisión e internet están repletos de anuncios de créditos casi instantáneos, de pequeñas cuantías pero elevadísimo coste, como ha denunciado recientemente un estudio de ADICAE. Cuando nos encontramos con que una TAE puede ser ¡del 7.896 %!, algo no funciona. Sólo los controles previos y la vigilancia pueden impedir determinadas prácticas porque, precisamente por las pequeñas cuantías, no es previsible que el consumidor acuda a los tribunales en estos casos. Para empezar, pagar una tasa de 150 euros para poder denunciar el carácter abusivo de un préstamo de 400, por ejemplo, supone un primer factor disuasorio, al que se suman la propia situación económica del afectado, la lentitud de nuestro sistema judicial y la escasa eficacia práctica de la resolución que al final se pueda obtener... Mientras esto sea así, las empresas de microcréditos exprés podrán seguir haciendo su agosto, puesto que sus leoninas condiciones les permiten incluso absorber unas altas tasas de morosidad sin dejar de obtener elevados beneficios. Una conocida firma de este sector de los préstamos rápidos a la que la Financial Conduct Authority de Reino Unido obligó a devolver 2,6 millones de euros por cobros indebidos a usuarios, decidió expandirse a cinco países del mundo donde entendió que la legislación y la práctica eran favorables para sus intereses. Adivinen cuál fue uno de ellos.

En las calles y en las webs encontramos cada vez más anuncios de préstamos con la garantía de su vehículo, sin que haya normas aplicables claras y efectivas sobre intereses y comisiones, o sobre solvencia y responsabilidad de las entidades que ejercen la actividad, ni referencias para la tasación del bien usado como garantía. Ni, por descontado, controles que eviten la extendida irregularidad de acabar dejando firmada sin ser conscientes, en medio de la documentación del préstamo, una transferencia del vehículo con los datos en blanco.

LAS ESTAFAS HIPOTECARIAS

Pero, con diferencia, la práctica más grave, porque trasciende el ámbito civil para entrar de lleno en lo penal, es la de las redes delictivas dedicadas a apoderarse de inmuebles con desembolsos reales irrisorios. A la llamada de este espacio de impunidad acudieron algunos subasteros reconvertidos en aparentes prestamistas hipotecarios. ¿Para qué esperar a que llegara a ejecución una ganga de inmueble si tú mismo podías diseñar de antemano la operación que te llevara a quedarte con el mismo en condiciones más que ventajosas?

Así nace un modus operandi encaminado a conseguir que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo (a veces les aseguran que es un préstamo puente, pero nunca llegará el definitivo), con unos intereses de demora abusivos y valorando su vivienda para subasta en una cifra irrisoria. Porque de eso se trata, no de que paguen, sino de apoderarse de un inmueble por una cantidad ridícula.

Dicho así, puede parecer burdo, pero ya nos advirtió la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez Salegui en un interesante artículo publicado en este mismo blog, de que estamos ante una operativa elaborada con detalle en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Y depurada con la práctica de años de estafar con impunidad.

Una madeja de mentiras, de medias verdades, de promesas incumplidas, de documentos bancarios falsificados, de firma de documentos privados con las condiciones realmente habladas pero que luego no se entregan a los interesados, más la presencia final de un notario… acaba envolviendo a unas víctimas que, no conviene olvidarlo, están en situación de apremiante necesidad. El resultado es que firmarán una escritura –casi treinta páginas con un contenido legal y técnico poco comprensible para un ciudadano común- que después descubrirán que nada tiene que ver con lo que creían estar contratando. 

Dos de los elementos de la estafa -los intereses abusivos que engordaban la deuda y las tasaciones irrisorias que facilitaban la adjudicación del inmueble- ya han encontrado respuesta en el ámbito civil, mediante la práctica judicial y las recientes reformas legales. Pero la tercera pata del fraude, el capital declarado superior al realmente recibido, constituye un elemento que entra en el ámbito de lo penal, y que adolece de una gran dificultad probatoria, dada la intervención notarial. Siempre de unas mismas notarías, aclaremos.

La respuesta judicial y de la fiscalía está siendo, a mi entender, muy corta de vista, con algunas excepciones. Ante esta nueva forma de delincuencia, encontramos una actitud de incomprensión, similar a la que ya conocimos con otros fenómenos que también tenían un factor psicológico acusado –la violencia de género, el mobbing, el acoso escolar…- en los que, durante largo tiempo, se ponía el acento en los árboles aislados y no se veía el bosque. Pasaron años hasta que por fin se consiguió que se entendieran en su complejidad y su verdadero alcance, como tal vez acabe sucediendo también ante estas prácticas, cuando ya nos hayamos dejado en el camino unos cuantos suicidios, unas cuantas familias destrozadas y mucho desalojos de viviendas, al tiempo que enriquecemos a unos aprovechados sin escrúpulos.

El considerar –como hacen algunos jueces- la fe notarial como algo penalmente inatacable, en un especie de freno iuris et de iure a cualquier investigación judicial y produce una cruel paradoja: convierte en estos casos al notario, llamado a ser garante de la legalidad, en elelemento sacralizador de la estafa”, como lo calificaba gráficamente el Inspector Jefe de Policía Julio Martínez. Eso hace que unos pocos fedatarios muy concretos actúen como cómplices y enturbien la imagen generalizada de una profesión que goza merecidamente de un nivel de confianza altísimo en la ciudadanía

APUNTES PARA UNA REFORMA LEGAL

Una modesta pero laboriosa asociación, la plataforma Stop Estafadores, que agrupa a familias víctimas de estafas cometidas por prestamistas no bancarios, ha iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos y con instituciones para pedir justicia para las víctimas de estas prácticas, pero también para evitar nuevos afectados, implementando mejoras en la regulación.

Además, ha impulsado recientemente, a través de la plataforma Change.org, una iniciativa de recogida de firmas para recabar apoyo ciudadano a una reforma de la Ley.

La asociación se ha centrado en un punto concreto de la normativa, para así simplificar la comprensión de su demanda. Pero son muchos los aspectos que pueden y deben mejorarse. A título de meros apuntes, me atrevo a sugerir algunas líneas de posible modificación:

- Se impone regular, con referencias claras y con seguridad jurídica, los intereses remuneratorios y de demora.

- Sería conveniente limitar las comisiones. Y garantizar que éstas respondan a servicios realmente prestados.

- Debe preverse vigilancia efectiva, de oficio, preventiva (y no sólo a instancia de parte y sobre hechos ya producidos). Y si estas operaciones siguen en el ámbito de Consumo, dotar a estos organismos de especialización y de medios para controlar el sector.

- Deben establecerse modelos de información sencillos, comprensibles y eficaces. La actual regulación de la oferta vinculante es insatisfactoria. Y el derecho a examinar el proyecto de escritura con tres días hábiles de antelación sencillamente no se ejercita en la práctica, se ha convertido en una cláusula de estilo más en el cuerpo de las escrituras notariales.

- Creo que hay que reforzar las facultades de control de legalidad de notarios y/o registradores, dándoles instrumentos para ello.

La entrega de capital tendría que ser siempre fehaciente: si no se realiza por ingreso bancario u otros métodos seguros, se debería dar fe notarial de su entrega efectiva, no de la supuesta manifestación de parte de haberlo recibido “con anterioridad a este acto”. 

- Para evitar las artimañas que buscan evitar la aplicación de la normativa de consumo, debería perseguirse y sancionarse con severidad a los profesionales que manifiestan falsamente actuar como particulares y que en todas y cada una de sus operaciones aseguran que es ocasional. E impedir también la extendida práctica de que actúe como prestamista formal un particular (realmente un testaferro) y que de inmediato ceda el crédito al profesional (el verdadero prestamista) o a quien éste señala (el “inversor” con el que se ha pactado que se acabe quedando con el inmueble previa ejecución) mediante un endoso de título cambiario u otras fórmulas similares.

Hay muchas posibilidades, algunas relativamente sencillas, de mejorar la regulación y de introducir cordura y equilibrio en la actual selva de los préstamos no bancarios. Inevitablemente, la picaresca siempre intentará ir un paso por delante de la ley. Pero me temo que, en este caso, la ley se ha quedado unas cuantas zancadas por detrás de quienes planean y perpetran los múltiples abusos.