Declaraciones a Lawyerpress: ¿hace falta otra reforma laboral?

Publicado en Lawyerpress.com, 23.07.2015

¿ES NECESARIA UNA SEGUNDA REFORMA LABORAL? EXPERTOS LABORALISTAS OPINAN SOBRE ESTA CUESTIÓN

Lawyerpress / Luisja Sánchez 

¿Es necesaria una segunda reforma laboral para acabar con los flecos pendientes de la primera? En el día de ayer, esta pregunta era contestada por cuatro expertos reconocidos, cada uno perteneciente a una de las asociaciones judiciales que configuran el mapa judicial. En este reportaje, damos la oportunidad a diferentes abogados laboralistas como Fernando Vizcaino de Sas, socio director de laboral de Jiménez de Parga Abogados, Ignacio Hidalgo, socio director de Chavarri Abogados, Carlos Javier Galán, socio director de Alberche Area Jurídica y presidente sección laboral del ICAM e Hilda Arbonés, abogada laboralista y profesora asociada de la Universitat de Girona. Como el lector podrá ver, al igual que el Derecho tiene muchas y varias interpretaciones, las respuestas de nuestros interlocutores son diversas aunque su lectura revela puntos de vista bien fundamentados. Lo que sí subyace de sus declaraciones es que el poder judicial no es un obstáculo y que, guste o no guste, está haciendo su labor en esta compleja reforma laboral que ha cambiado nuestro modelo de relaciones laborales desde hace tres años. 

Fernando Vizcaíno de Sas, es el socio director de Laboral de Jiménez de Parga Abogados. Ésta es su reflexión sobre una segunda reforma laboral: “Si a Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, Rouseau o Voltaire, les hubieran preguntado si creían necesaria una segunda Revolución Francesa que mejorase la de 1789 ¿qué creen ustedes que hubieran contestado? La reforma laboral de 2012 fue una revolución. Defensores y detractores están de acuerdo en esto. Decía Alexis Tocqueville que: '…en una revolución, como en una novela, la parte más difícil de inventar es el final…'. Una cosa es que la reforma laboral tenga aún un largo recorrido para llegar a ver su final y otra que haya que darle la vuelta como a un calcetín y cambiarla de arriba a abajo.” 

Para este letrado es evidente que “la reforma concedió un poder de decisión amplio a los jueces. Pero su peor fallo fue introducir un extremo rigorismo formal para, luego, volver a la vieja nulidad por defectos formales; intentar cambiar las reglas de juego de la negociación colectiva sin concretar, de forma clara y rotunda, qué norma era aplicable concluido el periodo de ultractividad o flexibilizar la contratación sin volver a las fórmulas que funcionaron en el pasado como el contrato temporal no causal. Con cambiar estas tres teclas, probablemente, se arreglaría el problema acotando las decisiones judiciales a la justicia o no de lo que se juzga y no dando al juzgador el camino (¿fácil?) de las nulidades a esgalla”.  

A juicio de Vizcaíno de Sas “como me pongo la toga todos los días, respeto a los jueces y la independencia de la justicia. No creo que se deban limitar sus funciones jurisdiccionales en ningún caso. Esto no es una guerra entre políticos y jueces, como un juicio no es un conflicto entre abogados y jueces, sino entre partes que enfrentan sus discrepancias a un árbitro imparcial que juzga en Derecho. No hay que ir 'contra nadie sino a favor de un mejor marco de relaciones laborales que haga a España competitiva y cree empleo. Eso la reforma laboral, pese a todo, lo está logrando y se pone de ejemplo en nuestro entorno como un buen hacer en materia social. Ha costado, como toda revolución, pero un país no aguanta revoluciones cada año. El grito de 'Liberté, égalité, fraternité, ou la mort!'  para nosotros es el de 'flexiseguridad'. Está funcionando y no hay que hacer una segunda reforma, sino mejorar la que tenemos. Los jueces no son el enemigo”. 

¿UNA NUEVA REFORMA QUE PARE A LOS JUECES? NO, GRACIAS

Ignacio Hidalgo, socio del Departamento Laboral de Chávarri Abogados, destaca que “las recientes declaraciones del Vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a propósito de la conveniencia de una nueva 'reforma laboral' que limite la judicialización y, en cierta forma, dificulte las posibilidades de interpretación judicial de las normas, han levantado ampollas y críticas desde muchos sectores. Y no es de extrañar que así sea, al menos desde mi punto de vista, porque parten de dos premisas de dudosa validez: que la judicialización de los conflictos la provocan las normas y que los jueces pueden llegar a no interpretar las normas si éstas son más claras”. 

Para este avezado laboralista,“los conflictos no los provocan las normas, ni la mayor o menos oscuridad de éstas. Los conflictos los provocan las decisiones que se adoptan (en la materia a la que nos referimos, habitualmente las decisiones de los empresarios), que no son compartidas por aquellos a los que se dirigen (los trabajadores). Pensar que un despido no se va a impugnar por un trabajador porque la norma diga A o B, es permanecer al margen de la realidad. La disminución de los procesos judiciales, a mi entender, podría llegar si no se adoptaran determinadas decisiones que suelen ser discutidas, si se hiciera algo más de pedagogía sobre el porqué de las mismas, para convencer de su razón de ser, o si se alcanzaran más acuerdos allí donde nacen los conflictos cuando la norma nos exige negociar (o, simplemente y aunque no nos obligue a ello, cuando esto es posible). Pero no se evita un pleito porque el texto de una ley sea más claro o más favorable a una parte concreta”.

A su juicio “pensar que la claridad en las normas limitará, reducirá o evitará el control judicial, constitucionalmente consagrado, es estar, de nuevo, fuera de la realidad. Los jueces tienen obligación de respetar y aplicar las normas, pero interpretándolas al albur no solo de nuestra Constitución, faltaría menos, sino también poniéndolas en conexión con los tratados internacionales ratificados por España y, por supuesto, a la luz de las normas provenientes de la Unión Europea. Y esto no cambiará por mucho que cambien las normas o se pretenda restringir más el papel del juez. Ya en otras ocasiones me he manifestado expresamente en contra de que se vuelvan, una vez más, a modificar las normas y no puedo menos que ser coherente con esas opiniones previas. No hace falta una nueva reforma laboral: el empresario tiene herramientas suficientes en la ley para poder adaptar sus circunstancias a las circunstancias del mercado y no hay que tener miedo a una norma cuando ésta se aplica bien.” 

Hidalgo recuerda que “no creo que quepa duda respecto de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya va teniendo el cuerpo suficiente para considerar interpretadas y solventadas muchas de las lagunas técnicas que la norma de 2012 tenía (que las tenía). Si, conseguido esto, volvemos a cambiar las normas, volveremos a tener dos años de dudas sobre cuál será la nueva interpretación judicial (y los efectos perjudiciales de esas dudas, saltan a la vista, por ejemplo, en la estadística sobre despidos colectivos declarados nulos) Otra cosa es que la interpretación judicial, en según qué casos, sea criticable técnicamente, como criticable es, sin duda, la técnica legislativa. Pero es otra cosa de la que podríamos hablar mucho, mucho tiempo…” 

MEJOR "PLAN DE CHOQUE" SERIO QUE REFORMA LABORAL

Carlos Javier Galán, socio director de Alberche Área Jurídica y presidente de la sección laboral del ICAM, tiene otra visión de la cuestión: “Mi opinión, puramente personal, es que no hace falta otra reforma laboral en la línea que se apunta por la CEOE. Tampoco creo que hiciera falta la anterior en los términos en que se produjo. Pienso que debería haberse diseñado y aplicado un plan serio de choque, con medidas que favorecieran la contratación, no los despidos. Mi impresión es que ha ayudado a crear más puestos de trabajo la tarifa plana de Seguridad Social, por ejemplo, que la reforma del despido objetivo. Las medidas de flexibilidad interna en la empresa sí eran necesarias, pero a mi juicio llegaron tarde, cuanto casi todo el ajuste ya se había hecho por la vía de destrucción de empleo”. 

Para este experto laboralista: “Conseguir una mayor definición en la ley, de forma que disminuya la inseguridad jurídica para empresas y trabajadores, sí me parece indudablemente positivo. Pisar un terreno resbaladizo a la hora de adoptar decisiones empresariales, o de reaccionar frente a las mismas, no es el mejor escenario. Y a quienes asesoramos legalmente, la imprevisibilidad nos coloca en una situación complicada. Sin embargo, creo que no es posible anular por completo un cierto margen de interpretación judicial. La función que el artículo 117 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial asignan a los jueces conlleva, en no pocas ocasiones, una labor interpretativa de la norma. Convertir a los jueces en autómatas no me parece viable y tampoco creo que sea deseable”. 

Para reducir el papel de los jueces, Galán señala que “si se quiere reducir ese margen interpretativo, ha de hacerse aplicando buena técnica legislativa, que hace años que brilla por su ausencia, no con formulaciones voluntaristas. Yo me reía al leer en la exposición de motivos de la reforma laboral aquello de 'ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos'. Pues no, no quedaba claro sólo porque el legislador lo quisiera así o lo enunciara en la exposición de motivos. Si realmente se desea acotar el margen de control judicial, hay que legislar con ese fin en la parte dispositiva y hacerlo bien. Y aun así, el margen nunca será cero, porque el juez no se limita a aplicar una norma aislada, sino que la tiene que poner obligadamente en relación con los principios generales del Derecho, con la Constitución o con los tratados internacionales ratificados por España, por ejemplo.” 

¿OTRA REFORMA LABORAL? 

Para Hilda Irene Arbonés Lapena, abogada laboralista y profesora asociada de la Universitat de Girona, “trascurridos casi tres años y medio de la 'reforma laboral', muy recientemente algunas voces del entorno de la patronal hacían un llamamiento a realizar 'otra' reforma laboral en la que, entre otros extremos,  se ponga fin a la inseguridad que a su juicio provoca la intervención judicial, en especial, respecto a la calificación de los despidos, o que se vuelva a la jubilación forzosa”. En este contexto hace las siguientes consideraciones: “En primer lugar, ciertamente, la reforma ha servido como instrumento para fomentar la 'devaluación interna' del factor trabajo, tanto a nivel de salarios y condiciones como de costes indemnizatorios. Ha sido utilizada por el gobierno como uno de los pilares en que basar la recuperación económica, al no poder acudir al socorrido recurso de devaluación de la moneda como en otras crisis anteriores. Resulta incuestionable que la reforma de la negociación colectiva y la 'volatilidad' de las condiciones laborales no recogidas en convenio colectivo estatutario por decisión unilateral del empresario, han supuesto una merma en las condiciones laborales. También resulta indiscutible que las indemnizaciones abonadas por despido desde 2012 hasta la fecha, y la desaparición de los salarios de tramitación, han provocado unos menores costes indemnizatorios para las empresas”. 

Para esta experta laboralista,“la labor judicial en la interpretación de la reforma ha sido enorme, difícil y de una gran importancia para su supervivencia. Enorme, porque se ha producido una enorme litigiosidad. Difícil, porque la deficiente técnica legislativa ha obligado a extremar el celo y el rigor en la interpretación de normas a veces confusas o contradictorias, como cuando los artículos 40 o 41 del Estatuto de los Trabajadores aluden a causas relacionadas como la competitividad, término puramente económico pero no jurídico. Difícil también, porque los recelos del propio legislador llamaban a los jueces a no entrar en juicios de valor ya en la propia Exposición de Motivos del texto del inicial RDL. Sin embargo, la interpretación judicial ha sido imprescindible para el buen fin de la propia reforma porque, como nos aclara la reciente doctrina del TC, entiende que precisamente la interpretación del TS respecto a la necesidad de hacer una valoración sobre la adecuación racional o conexión funcional entre las causas alegadas y las medidas extintivas o modificativas efectuadas, es necesaria para preservar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por esta razón, las pretensiones de la patronal respecto a que los jueces y tribunales no entren a valorar las causas de despidos, modificaciones o traslados, resultan sencillamente imposibles en nuestro Estado de Derecho”. 

Un tercer punto que destaca Hilda Arbones tiene que ver con que “todo lo anterior, no quita para que la ley deba ser mejorada para evitar la inseguridad jurídica y la excesiva judicialización de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. También sería aconsejable reformar o aclarar algunas cuestiones respecto a la ultraactividad de los convenios colectivos porque, tras los criterios interpretativos del TS, es difícil que la solución sea satisfactoria tanto para la parte empresarial, que se ve obligada a conservar las condiciones con valor contractual de los trabajadores preexistentes, como para la parte social, que podría verse privada de tales condiciones por una modificación sustancial vía art. 41 ET, por no hablar de la situación de indefinición en la que quedarían los nuevos trabajadores incorporados.” 

Por último, apunta que “respecto de la jubilación forzosa a los 65 años, hemos de decir que va en contra de todas las tendencias en los países de nuestro entorno, de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de la propia supervivencia de nuestro Sistema de Pensiones tal y como lo concebimos hoy". La conclusión final a la que llega nuestra interlocutora es que “el Derecho del Trabajo ha pasado de ser un protector contra la desigualdad material, a un instrumento de política económica y, por ello, señores de la patronal, preguntémonos, ¿la actual situación económica, política y social aconseja 'otra vuelta de tuerca' a los derechos sociales? ¿Es que no hemos salido ya del 'túnel de la crisis' como dice el Gobierno?”.

También me citan en la edición internacional de El País

Publicado en El País in english, 21.07.2015

HOW QUICK LOANS ARE COSTING SPANIARDS THEIR HOMES

Notary publics are failing to warn borrowers about the risks of loan sharks’ contracts

Inmaculada de la Vega. Madrid.

What started out as a stroke of good luck has ended up becoming a catalogue of misfortune for Ernesto Soriano. In 2007, the Madrid regional government’s housing office offered him the chance to buy an apartment at a 40-percent discount. But the 22-year-old, who was living with his 72-year-old grandmother, was turned down by his bank for the €19,000 he needed as a down payment.

His grandmother then saw an advertisement for a company called Punto Financiero that offered small loans that could be paid back in modest installments. All that was required as collateral were the deeds to the property she owned.

Soriano and his grandmother were given an envelope containing €19,000 when they signed for the loan before a notary public. Also present at the signing was César Ibáñez, an intermediary for Punto Financiero. What the grandson and grandmother did not realize was that they had actually agreed to a loan of €37,000, with a 30-percent annual penalty for any delay in repayments.

Hit by the crisis, and overcome by mounting debts, thousands of people in Spain have fallen for the same trap. Prompted by advertisements promising easy money, and sometimes even the advice of their own bank managers, more and more Spaniards have been looking to “private capital” companies to get out of tight financial spots.

The approach taken by these firms is to offer “help” through a loan, which will supposedly allow people to clear their debts until they can apply for a larger loan from a bank and start repaying what they owe in one reasonable monthly sum. The problem is that this is not what most borrowers actually sign up for. Signing in the presence of a notary gave Soriano the feeling that what had been promised verbally would be respected in the loan agreement, which was full of legal terms, and was not checked by an independent lawyer. As Soriano did, most people sign documents agreeing to repay much larger amounts than they are actually given. The remainder is commission that goes to the loan company or intermediaries.

In Soriano’s case, the loan he and his grandmother took soon became a millstone round their necks. By the time they realized the trouble they were in, it was too late, and they could not meet their repayments. “One day, somebody from Punto Financiero arrived at our house with an employee from Bancaja telling me I had to sign a loan for €85,000 or risk losing the property. I agreed to repay €450 a month until 2038. In 2011 I lost my job and couldn’t repay. They were going to take my grandmother’s home from her and so I had to refinance it with Bankia [which had absorbed Bancaja]. I have to pay €261 a month until 2060, which is when I will have repaid more than €40,000. In total, I was given €19,000, but I am paying a loan for €85,000 that I have never seen. Paying that back means, among other things, that I can’t have children because I couldn’t afford to bring them up,” says Soriano.

Soriano’s case is far from unique, and such loan companies continue to operate with impunity. The scam is simple: they require a property as collateral, and then they provide a loan at such exorbitant interest rates, with such excessive penalty clauses for delay in repayment, that it is almost guaranteed that the people taking out the loan will never be able to pay. The result is they end up losing the roof over their heads.

The offices of Spain’s notary publics are filled with victims like Soriano who most of the time need to borrow only a small amount. For the moment, he has managed to keep the property, but many others have found themselves homeless, sometimes as a result of borrowing as little as €10,000.

In a bid to tackle this growing problem, as well as to raise awareness of the dangers loan sharks present, law firm Alberche, headed by Carlos J. Galán, is working with the association Stop Estafadores (Stop Swindlers), set up by Juan Puche.

Puche uses a blog to write about one well-known loan company that has seized around 4,000 homes from vulnerable people who took out small loans under onerous conditions of which they were unaware.

“These are conspiracies, so why is it not possible to do anything about them through the courts?” asks Antonio Garrido, whose mother risks losing her home.

“It is very difficult to prove the facts when it is the word of a victim against that of a notary,” says Galán.

Rafael Arnaíz, a property registrar, explains that usury can be punished under the civil code: the loan shark can be made to return the money and interest payments. “But it is difficult to show that the amount on the contract was not handed over and that a public document has been falsified. People rarely bring the matter before the police,” he says.

THE USURERS’ LEGAL LOOPHOLE

In 2009 a law was passed aimed at protecting consumers from loans provided by entities other than banks. But some loan sharks have found a way round the legislation.

The law states that anybody lending money on a professional basis, with similar requirements to a bank, must be duly registered as such, as well as providing full disclosure. Notaries and property registrars are responsible for making sure these guarantees have been met. The loophole used by the loan sharks is to pretend they are lending money on a personal basis, as a friend or business partner might. In such cases, there are no legal requirements.

Property registrar Rafael Arnáiz wants the law changed so as to require greater transparency, as well as toughening the punishments for swindling and usury.

Charla-coloquio sobre detectives y relaciones laborales

El 17 de julio presenté en el Colegio de Abogados de Madrid, en mi calidad de presidente de la Sección de Derecho Laboral, una de las actividades de ésta, en esta ocasión una charla-coloquio sobre la utilización de los servicios de detectives privados en el ámbito de las relaciones laborales

Participaron Eva Grueso Domínguez, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, y Francisco Javier Iglesias Soriano, delegado de la misma asociación en la Comunidad de Madrid.

Ante una nutrida asistencia, los ponentes hicieron un interesante repaso práctico de los casos en los que puede recurrirse a detectives en el ámbito laboral, las garantías y limitaciones que han de respetarse y el consideración de esta prueba en el marco del proceso judicial.

A las ponencias le siguió un coloquio donde se suscitaron interesantes cuestiones. 

Con este acto se ponía fin al primer curso de actividad de la Sección cuya presidencia se me encomendó y que en septiembre reanudará sus convocatorias.

Declaraciones a El País: fraudes en préstamos

Publicado en El País, 13.07.15

PERDER LA VIVIENDA POR UN PRÉSTAMO RÁPIDO DE 19.000 EUROS

Los préstamos entre "particulares" se convierten en el paraíso de la usura

Inmaculada de la Vega. Madrid.

La buena suerte de Ernesto Soriano se acabó convirtiendo en un cúmulo de infortunios. En 2007, el Instituto de la Vivienda de Madrid le adjudicó un piso un 40% más barato de lo que costaba en el mercado. Soriano, de 22 años, vivía con su abuela, de 72. Ambos acudieron al Banco Santander para pedir una hipoteca con la que poder pagar los 19.000 euros de entrada, pero la entidad se lo denegó a los dos. 

Su abuela vio entonces un anuncio de Punto Financiero, una empresa de préstamos que se ofrecía a darles el dinero que podrían devolver en pequeñas cuotas. Para abonarles el préstamo les pidieron las escrituras del piso que poseía la mujer. 

En la notaría, abuela y nieto recibieron un sobre con los 19.000 euros. También estaba presente el prestamista César Ibáñez. Pero la cantidad que firmaron haber recibido era mucho mayor: 37.000 euros y, además, con un recargo del 30% de intereses anuales por retraso en el pago. 

Con los reveses de la crisis y abrumados por deudas que no podían pagar, miles de familias picaron en el anzuelo. En televisión, en Internet, los anuncios de dinero fácil y rápido les llevaron directamente a determinados prestamistas. A veces eran incluso los mismos bancos que les cerraban el grifo los que les hablaban de las empresas de “capital privado” que podrían prestarles para salir del apuro. 

Al principio los prestamistas les tranquilizaban y ofrecían una cantidad hasta que consiguieran “una hipoteca en un banco de primer orden”, con la que poder saldar todas las deudas y quedarse con una cuota mensual asumible. Pero una cosa es lo que les decían verbalmente y otra lo que firmaban en la notaría. 

La firma ante notario de la escritura y letras de cambio hacía que no sospecharan nada y que creyeran que lo prometido verbalmente era lo que figuraba en los numerosos folios, de difícil comprensión, que firmaban también sin consultar con nadie, y siempre presionados para que lo hicieran rápido con diferentes excusas. Lo habitual es que firmaran, sin darse cuenta, que habían recibido una cantidad mucho mayor que la que realmente les daban. Esa era la comisión que se llevaban el prestamista o los intermediarios. 

El préstamo que recibieron Ernesto Soriano y su abuela acabó convirtiéndose en una losa. Cuando quisieron darse cuenta, la situación pasó a ser angustiosa porque no podían afrontar el pago de las cuotas. “Un día llegó la empleada de Punto Financiero con un empleado de Bancaja para que firmase un crédito de 85.000 euros a riesgo de perder la vivienda. Me comprometí a pagar 450 euros al mes hasta 2038. En 2011 me quedé sin trabajo y no podía pagar. Le iban a quitar la casa a mi abuela y tuve que refinanciarlo con Bankia (que había absorbido a Bancaja). Hasta 2060 tengo que pagar 261 euros al mes cuando ya llevo devueltos más de 40.000 euros. En resumen, recibí 19.000 euros pero estoy pagando un crédito de 85.000 euros que no he visto en mi vida. Pagar esa cuota supone, entre otras cosas, que no puedo tener hijos porque no podría mantenerlos”. 

Todo eso sigue ocurriendo. Los prestamistas hacen dos cosas. Por un lado pedirles como garantía algún inmueble, habitualmente su vivienda o la de sus padres, y, después, darles un préstamo a un tipo de interés tan desorbitado, sobre todo en caso de que se retrasen en la fecha de pago, y por un periodo de tiempo tan corto, que se aseguran de que nunca lo podrán pagar. 

En el despacho de los mismos notarios van, una tras otra, víctimas que en ocasiones solo necesitan una pequeña cantidad, como en el caso de Ernesto Soriano. Él, de momento, no ha perdido la vivienda pero otros muchos sí, y en algún caso por un préstamo de solo 10.000 euros. 

En España, el de determinados prestamistas es un enriquecimiento rápido, a la vista de todos y con toda impunidad. Se puede ver en los medios de comunicación y lo vive a diario el abogado del bufete Alberche, Carlos J. Galán, que colabora, entre otras, con la Asociación Stop Estafadores que preside Juan Puche. 

Tenazmente, desde su blog en Internet, Puche denuncia a un prestamista muy conocido que acumula inmueble tras inmueble —detecta unos 4.000 registrados en su entorno— a cambio de prestar pequeñas cantidades. 

“¿Por qué si son tramas organizadas no prosperan las denuncias en la vía penal?”, se pregunta otro afectado, Antonio Garrido, que vive con la angustia de que su madre pierda la casa. “Es muy difícil probar los hechos cuando se enfrenta la denuncia de una víctima cualquiera con la palabra del notario”, aclara Galán. 

El registrador Rafael Arnáiz explica que si se presta con usura, se puede declarar nula esa cláusula en la vía civil: el prestamista devuelve lo prestado más intereses, si le pillan y no hay más sanción. “Lo difícil es demostrar que no entregó la cantidad que consta en la escritura y que ha habido falsedad de documento público. Apenas se interponen querellas criminales”, dice. 

EL AGUJERO POR EL QUE SE CUELA LA USURA

La ley 2/2009 se hizo para tratar de proteger a los consumidores en los préstamos concedidos por personas o entidades que no fueran bancos. Pero algunos prestamistas han sabido encontrar un agujero en esa norma. 

La ley establece, para quien preste dinero con carácter profesional, requisitos similares a los de la banca, como los de inscribirse en un registro de consumo, fianza, información previa y oferta vinculante. Notarios y registradores son los encargados de comprobar que todas esas garantías se han cumplido. El agujero por el que se cuelan algunos es el de hacerse pasar por un particular que presta a otro como si fueran socios o amigos. En ese caso, no tienen que cumplir ningún requisito. 

El registrador Rafael Arnáiz propone modificar la ley de 2009 para exigir más transparencia previa, y que se endurezcan las consecuencias civiles y penales cuando haya usura o estafa.

Nace la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas

El pasado 30 de junio se constituyó en Madrid la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas (AIAL), que próximamente se presentará en Barcelona, París, Londres, Berlín y Milán, antes de pasar al continente americano. 

La Junta gestora de la entidad está presidida por su principal impulsor, José Luis Roales-Nieto, al que acompañan Paloma García (Vicepresidenta 1ª), Evelyn García (Vicepresidenta 2ª), Antonio Cebrián (Vicepresidente 3º), Santiago Sánchez-Mariscal (Vicepresidente 4º), Joaquín Pereira (Secretario General), Carmen Galán, Antonio J. Hernández y Antonio de la Fuente (Vocales). 

Tuve el honor de presentar este acto, en mi condición de presidente de la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid.

La jornada se abrió con dos ponencias sobre expatriados, una sobre régimen laboral a cargo del propio José Luis Roales-Nieto, y otra sobre el sistema fiscal, impartida por Luis Pérez, de Benow Partners.

Luego se procedió al propio acto fundacional de esta entidad que busca "fomentar la internacionalización del tejido productivo" así como "establecer una red internacional" de profesionales.

Su trabajo se desarrollará en comisiones, que estatutariamente serán: Investigación, Recursos Humanos, Seguridad Social, Derecho Laboral y Fiscalidad.

La iniciativa ha tenido una excelente acogida y estoy seguro de que cosechará muchos éxitos. En lo que me resulte posible, aportaré mi modesta contribución a que así sea. 

Javier Krahe

“La muerte no me llena de tristeza: 
las flores que saldrán de mi cabeza 
algo de harán de aroma” 
-Javier Krahe, El cromosoma

En mi pueblo, de adolescentes, escuchábamos a La Mandrágora en grabaciones piratas de cassette que llevaba Luisillo, a las pequeñas fiestas con parrillada y vino que hacíamos en una antigua granja. Cuando vine a Madrid a estudiar Derecho, en la primera ocasión que tuve me fui a escuchar a Krahe al Colegio Mayor San Juan Evangelista (el Johnny), con César y Pilar. Ya nunca dejé de disfrutar de su humor, de su ironía, de su talento. De vez en cuando acudía a sus conciertos, a menudo con amigos de siempre, otras veces esperando introducir a alguien nuevo en la fe. Sus discos eran un regalo muy socorrido en reyes o en mi cumpleaños: se acertaba seguro. Mi hermana le pidió una vez un autógrafo para mí. “Anda ya. Que le den a tu hermano. ¿Cómo te llamas tú?”, respondió con buen criterio. Así que tengo un autógrafo de Krahe compartido, que pone “para Tere”. 

La marcha de un genio nunca mata su obra, ni los recuerdos. Pero siempre nos arrebata algo: lo que quedaba por venir, lo que restaba por crear. Nos mata un poco a nosotros, que nos hicimos como somos a golpe de pensamiento, de libros, de música, de conversaciones y de risas. Estamos envejeciendo, porque ya decimos las mismas cosas que nuestros padres, cuando defendemos con nostalgia a nuestros mitos frente a “lo de ahora”…. Pero, coño, búsquenme ustedes hoy un Krahe. 

El anuncio que hizo Pablo Carbonell nos dejó con nuestros tuits como unos gilipollas. Esperando en vano a que fuera de mentira, a que le diera por resucitar. Y ahora, como consuelo, escuchamos una vez más la historia de la bella y traidora Marieta, la gran erección del pueblo de Villatripas, la preferencia por La hoguera, la ironía de Dónde se habrá metido esta mujer, la respuesta a Un burdo rumor, aquella Tormenta tras la que no vino la calma, su peculiar versión de Eros y la Civilización, esa oda a Piero della Francesca que llenó un vacío..., la advertencia de No todo va a ser follar, la declaración de intenciones de Vaya por delante o el acertado clamor de Olé tus tetas. Adiós a un juglar ingenioso e irreverente, insustituible, que hizo nuestra vida un poco más inteligente, un poco más divertida.

La prestación económica por cuidado de menor con enfermedad grave

Artículo publicado en el blog de la Asociación Española de Síndrome de Rett, 15.06.15

El pasado 30 de mayo, en el Encuentro de Familias de la Asociación Española Síndrome de Rett, tuvimos ocasión de analizar esta prestación, regulada por el Real Decreto 1148/2011, e intercambiar impresiones sobre las principales dudas que plantea. 

Ofrecemos a continuación un resumen de la misma y nos ponemos a disposición de las familias para aclarar cualquier consulta que puedan tener, que pueden remitir a través de trabajosocial@rett.es

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A LA PRESTACIÓN? 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena, propia o asimiladas, que reduzcan su jornada laboral al menos un 50 % para cuidar a un menor (hijo o acogido) con enfermedad grave. 

Si los dos progenitores o acogedores reducen jornada, sólo se puede reconocer a uno de ellos, designado mediante acuerdo de ambos. 

En caso de separación o divorcio, igualmente se decidirá por acuerdo. Si no lo hay, se reconocerá a quien haya indicado la sentencia judicial. A falta de acuerdo o de previsión judicial, a quien tenga la custodia. Y, si es compartida, a quien lo solicite en primer lugar. 

Ambas personas tienen que estar afiliadas y dadas de alta en un régimen público de Seguridad Social (o en Mutualidad de Previsión Social sustitutiva, en su caso) o bien tener suscrito Convenio especial. 

Si el beneficiario es menor de 21 años, no se le exige un período mínimo de cotización. Si tiene 21 años cumplidos y menos de 26, deberá acreditar 90 días cotizados en los últimos 7 años, o 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Si tiene cumplidos los 26 años, 180 días cotizados en los últimos 7 años, o 360 en toda su vida laboral. 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN PROTEGIDA?

El menor debe padecer una enfermedad grave de las recogidas en el anexo del propio Decreto. 

El síndrome de Rett no está expresamente citado en el anexo pero, por sus características, ha venido siendo reconocido como tal a efectos de la prestación. Podría entenderse comprendido en el supuesto 41.c) (otras enfermedades neuromusculares bien definidas), en el 16 (enfermedad congénita grave que afecta al mecanismo prótico), en el 32 (si se asocia a trastornos de conducta), en el 39 (si se asocia a epilepsia), etc. Tenemos constancia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, de fecha 5 de junio de 2014, precisamente obtenida por una de las asociadas de la AESR, y que confirma la inclusión en el 41.c). 

La norma exige un ingreso hospitalario de larga duración que requiera un cuidado directo, continuo y permanente, durante la hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad”. Pero es importante resaltar que también dispone: “Se considerará asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave”. En general, una vez que se produce un ingreso hospitalario inicial por diagnóstico, o uno cualquiera por una crisis, el cuidado posterior en domicilio se está considerando incluido. En las posteriores recaídas, ya no se exige que exista nuevo ingreso hospitalario. 

La reducción de jornada laboral debe ser de, al menos, un 50 % y sin que exista máximo legal en este supuesto. Siempre hay que mantener un porcentaje de jornada laboral, por mínimo que sea, porque la excedencia no está protegida por la prestación, sólo la reducción de jornada. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA? 

Consiste en una prestación del 100 % de la base reguladora, en proporción a la reducción de jornada. 

Es decir, lo que viene a hacer es cubrir precisamente los ingresos que se dejan de percibir por esa reducción. 

La medida no tiene, por tanto, coste alguno para la empresa, y es asumida íntegramente por el sistema público de Seguridad Social. 

La gestión y pago de la prestación corresponde a la Mutua colaboradora con la que la empresa tenga concertada su cobertura o, en su defecto, al INSS. 

La prestación se inicia desde el día en que tuvo efectos la reducción de jornada, siempre que se solicite en un plazo máximo de tres meses desde esa fecha. Si se solicita fuera de ese plazo, se retrotraerán sus efectos un máximo de tres meses. 

La duración inicial de la prestación será de un mes, prorrogable por períodos de dos meses siempre que subsista la situación. 

Se extingue la prestación si el trabajador se reincorpora a jornada completa, si el enfermo cumple 18 años, si desaparece la necesidad de cuidado directo, si fallece el menor o si fallece el beneficiario. 

¿CÓMO SE SOLICITA? 

Se solicita ante la Mutua colaboradora de la Seguridad Social con la que la empresa del trabajador que reduce jornada tenga concertada su cobertura. 

Hay que presentar un impreso de solicitud debidamente cumplimentado. 

Al mismo se acompañará la siguiente documentación: 

- Certificado de la empresa sobre la reducción de jornada o, si se trata de un autónomo, declaración del trabajador sobre reducción de jornada.
- Certificado de empresa sobre bases de cotización o, en caso de autónomo, copia de los boletines de cotización. 
- Declaración médica suscrita por facultativo del Servicio Público de Salud de la Comunidad autónoma y, si la atención se ha llevado a cabo en centro privado, también por el médico del mismo. 
- Copia del Libro de Familia.
- El acuerdo de los progenitores sobre beneficiario, si ambos pudieran serlo. 
- Modelo 145 de comunicación de datos a efectos de practicar la reducción por IRPF que en su caso corresponda. 

El plazo para resolver es de treinta días y, una vez transcurrido, se entenderá denegada. 

En caso de denegación, puede interponerse reclamación previa y, posteriormente, demanda ante los Juzgados de lo Social.

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(Ilustración de Thinks Stock, publicada en la revista Seguridad Social Activa)

La ultraactividad de los convenios colectivos

Artículo publicado en las ediciones digital e impresa de la revista CyCH, Conocimiento y Capital Humano2º trimestre 2015.

Se ha hablado mucho en los tres últimos años de la ultraactividad de los convenios colectivos y de las consecuencias de la reforma laboral sobre esta materia. No siempre las empresas saben con certeza en qué consiste este concepto, o a qué han de atenerse cuando un convenio pierde vigencia. Vamos a resumirlo para responsables empresariales no conocedores del Derecho, de una forma que pretendemos sea didáctica y comprensible. 

Entre las fuentes que regulan la relación laboral en nuestro país no sólo se incluyen las leyes y los reglamentos, sino también los convenios colectivos, así como los contratos de trabajo o los pactos entre las partes. De hecho, nuestras leyes se remiten con frecuencia a la regulación que establezcan los convenios colectivos en numerosas materias, tales como el sistema de clasificación profesional, la distribución irregular de jornada, la estructura del salario, el régimen disciplinario y muchas otras. 

En los convenios colectivos, los firmantes pactan su duración. Salvo acuerdo en contrario, los convenios colectivos se prorrogan de año en año, si no media denuncia de alguna de las partes. 

Anteriormente, el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores preveía que, una vez producida denuncia y hasta que no se lograra acuerdo para un nuevo convenio, perdían vigencia las llamadas “cláusulas obligacionales” del convenio pero se mantenía en vigor el “contenido normativo” del mismo. 

Pero la redacción vigente, fruto de la reforma laboral de 2012, prevé que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”. 

La reforma perseguía que, cuando no existiese entendimiento entre los representantes de los trabajadores y del empresariado, no se perpetuaran automáticamente las condiciones pactadas anteriormente. La ley apostaba por “una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios económicos y organizativos”, así como por “incentivar que la renegociación del convenio se adelante al fin de su vigencia” y, “cuando ello no resulte posible, se pretende evitar una ‘petrificación’ de las condiciones de trabajo”. 

Se produjeron, a partir de esa modificación, algunas situaciones fácilmente solucionable junto a otras que plantearon una intensa polémica. 

Cuando en el convenio existía una previsión de prórroga diferente de esta contemplada en la ley, se entendió que esa previsión era el “pacto en contrario” al que hace referencia la norma como salvedad. Y en ese caso se aplica el sistema de vigencia y de prórrogas que viniese establecido en el propio convenio. Así lo establece, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2015

Cuando no existía ningún pacto diferente en el propio convenio, transcurrido un año el mismo decaía y, en caso de existir un convenio colectivo de ámbito superior, se aplicaba éste. Pero ¿cómo actuar en los casos en que no hay un convenio colectivo de ámbito superior? ¿Cómo colmar la laguna normativa ante la que nos encontramos en esas situaciones? ¿Qué normas tiene que aplicar la empresa si finaliza la vigencia del convenio sin ser sustituido por ningún otro? 

Ahí se pusieron de manifiesto diversas tesis, encuadradas en dos grandes bloques: 

- La tesis “rupturista”. Considera que, si ha finalizado la vigencia del convenio por haber transcurrido un año desde su denuncia, no se ha alcanzado un nuevo acuerdo, no procede prorrogarlo más tiempo en virtud de ningún pacto, y no existe un convenio colectivo de ámbito superior, en ese caso la empresa tiene que aplicar las previsiones de la ley. 

- La tesis “conservacionista”, que, con distintas fundamentaciones, cree que deben prevalecer las condiciones laborales que venían rigiendo. 

Por poner un ejemplo muy gráfico, si pierde su vigencia el convenio colectivo, en caso de acogerse la tesis rupturista el empresario podría a partir del día siguiente abonar a sus trabajadores el salario mínimo interprofesional y no el que vinieran percibiendo en aplicación del extinguido convenio. Según la tesis conservacionista, tendría que respetar las antiguas condiciones retributivas hasta que se negocie un nuevo convenio. 

Esta controversia ha quedado resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014, que se inclina por la doctrina conservacionista de las condiciones laborales. 

Parte esta sentencia de la premisa de que las condiciones laborales de un trabajador están reguladas en su contrato de trabajo. 

La excepción serían, obviamente, aquellas cláusulas del contrato que no respetasen los límites de Derecho necesario establecidos por las leyes y convenios y que, por tanto, serían nulas. Las normas superiores al contrato adquieren así un carácter integrador, esto es, se aplican en aquellos aspectos que el contrato no regule o que regule de una forma no permitida. 

Las condiciones contractuales, además, se van adaptando a la evolución de esas normas legales y convencionales, durante la vigencia de la relación laboral. 

De hecho, es muy frecuente que los contratos de trabajo efectúen remisiones y contengan expresiones como “según convenio” y similares. 

Considera el Tribunal Supremo, por tanto, que las normas que estuvieran contenidas en los convenios colectivos formaban parte del contrato, estaban contractualizadas desde un primer momento. 

Por tanto, aunque el convenio pierda su vigencia, la empresa no puede, sin más, aplicar los mínimos del Estatuto de los Trabajadores y demás leyes, sino que ha de respetar esas condiciones laborales que estaban contenidas en el antiguo convenio porque formaron parte –verbalmente o por escrito- del contrato de trabajo que ha venido regulando la relación laboral. 

Entonces, se pregunta el Tribunal Supremo, ¿la previsión del legislador, al establecer la pérdida de vigencia de los convenios, queda sin ningún efecto práctico? 

No. Hay al menos dos consecuencias que señala la sentencia del TS y que sí suponen cambios, al decaer la vigencia del convenio: 

- La empresa podría modificar sustancialmente esas condiciones de trabajo, a partir de ese momento, por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa no puede modificar un convenio colectivo por ese cauce, pero sí puede hacerlo con las condiciones individuales de trabajo cuando se dan las causas legales para ello –técnicas, económicas, organizativas o de producción- y se sigue el procedimiento previsto.  
- Y, por otro lado, a los trabajadores de nuevo ingreso ya no les resulta aplicable el convenio cuya vigencia ha concluido, ni tampoco tienen contractualizadas las condiciones de éste, por lo que con ellos sí puede convenirse en su contrato condiciones nuevas –siempre que respeten los mínimos de la ley- hasta que se negocie y entre en vigor un nuevo convenio colectivo.

Convenio de colaboración y Jornada Abogacía-Empresas de Economía Social

Publicado en la web del Colegio de Abogados de Madrid, 19.06.15

FIRMA DE UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO A LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL


El Colegio ha firmado un convenio de colaboración con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) para divulgar las oportunidades que implica –para la abogacía madrileña- el asesoramiento jurídico especializado en fórmulas de Economía Social, especialmente cooperativas y sociedades laborales. 

Y es que la figura del abogado en este tipo de empresas cada vez se hace más necesaria en España, donde existen 44.000 empresas y entidades de economía social, que suponen el 10% del PIB y que generan 2,2 millones de empleos directos e indirectos, según datos de CEPES. 

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, destacó “que el colectivo de abogados es un aliado óptimo del sector, no sólo como prestadores de servicios de asesoramiento y orientación, sino porque son referentes indiscutibles en la solución de controversias jurídicas o en la generación de trámites administrativos y jurídicos, tanto de ámbito laboral, jurídico, mercantil o tributario”. 

Por su parte, Sonia Gumpert constató la necesidad de que la institución colegial dé respuesta a la demanda de asesoramiento especializado de las empresas de Economía Social y contribuya al desarrollo de un sector socioeconómico pujante y dinámico, lo que supondrá, además, profundizar y ampliar el campo de actuación profesional para los colegiados y colegiadas madrileñas. 

La decana subrayó la obligación de la abogacía de defender los intereses legítimos de sus mandantes y, en este sentido, estar en posición de asesorarles sobre todas las alternativas jurídicas para la consecución de los fines empresariales perseguidos. 

El Colegio se honra, afirmó asimismo, en el acercamiento con CEPES, como institución de la sociedad civil que aporta alternativas de mercado eficientes en un momento de crisis en el que es necesario explorar vías de reactivación de la economía. 

JORNADA SOBRE ABOGACÍA Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

En la apertura de la sesión, la decana se refirió al convenio firmado hacía apenas unos minutos y recordó que “los abogados tenemos la obligación de conocer y asesorar a nuestros clientes en su propio interés”. 

Cedió la palabra a Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, quien agradeció la “actitud proactiva” del Colegio, reconociendo que la sesión marcaba “el inicio de una serie de actuaciones que dará lugar a un desarrollo de la economía social y servirá para mejorar el conocimiento de las especificidades jurídicas de estas empresas con el colectivo de la abogacía”. 

Seguidamente, se celebró una mesa redonda presentada y moderada por el presidente de la Sección de Derecho Laboral, Carlos Javier Galán, que invitó a los asistentes a estar atentos a “las futuras iniciativas después de la firma de este acuerdo”. Y dio paso a los ponentes, “dos de los mayores expertos en nuestro país”, señaló. 

Javier Sanz Santaolalla, director de la Sociedad de Promoción Cooperativa Elkar-Lan, fue el encargado de explicar la sociedad cooperativa, en la que “se toman decisiones a través de sus socios de forma democrática” y “la relación de los socios trabajadores y de trabajo no es una relación laboral sino societaria”. 

Por su parte, José Luis Viñas, asesor jurídico de la Asociación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), se ocupó de este tipo de sociedad, caracterizada por que “la mayoría del capital social está en manos de los socios trabajadores”, pero los derechos de los socios “son iguales que en las sociedades mercantiles capitalistas”. 

En este contexto, Galán adelantó el proyecto del Colegio y su Centro de Estudios de “poner a disposición de los colegiados formación específica sobre este materia”.

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La noticia en otros medios: 

- Web de CEPES, 19.06.15
- Agencia Servimedia, 19.06.15
- El Economista, 19.06.15 
- La Información, 19.06.15
- Confilegal, 19.06.15
- Noticias Jurídicas, 19.06.15
- Te Interesa, 19.06.15
- Web Cooperativas Agroalimentarias, 19.06.15
- Discapnet, 19.06.15
- Lawyerpress, 22.06.15

Reunión de víctimas de estafas de prestamistas en el Congreso

Una vez más he tenido la oportunidad de asesorar jurídicamente al colectivo de víctimas de estafas en préstamos no bancarios. En esta ocasión, acompañé a los representantes de la asociación Stop Estafadores en su visita al Congreso de los Diputados el pasado 9 de junio. Allí mantuvimos una fructífera reunión con miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que ha registrado recientemente una Proposición no de ley sobre medidas de protección al ciudadano frente a la usura

Por parte de Stop Estafadores acudieron a la entrevista Mary Yáñez, tesorera en la Junta directiva nacional, y Javier Gimeno, delegado en Madrid, acompañados por mí. Fuimos recibidos por los diputados del PSOE Pilar Grande, portavoz en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales (que incluye la materia de Consumo), y Antonio Hurtado, portavoz adjunto en la Comisión de Economía y Competitividad. 

Pudimos así conocer de primera mano la iniciativa que acaba de presentar el PSOE, mientras que los parlamentarios pudieron escuchar el testimonio de las prácticas fraudulentas más frecuentes en el sector. 

Los diputados y la asociación a la que asesoro legalmente mostraron su voluntad de mantener un contacto fluido, con el objetivo de ir materializando nuevas iniciativas que den visibilidad a este problema, ofrezcan soluciones preventivas para impedir o dificultar estos engaños, y procuren justicia para las personas que ya han sido víctimas.