1979: la democracia llega al Ayuntamiento

Publicado en el Programa de Fiestas de San Miguel, El Hoyo de Pinares, septiembre 2019.

 

En este año 2019 se han cumplido cuarenta años desde las primeras elecciones municipales de la democracia, por lo que vamos a recordar algunas pinceladas de cómo se vivió ese hito histórico en El Hoyo de Pinares. 

En 1976, los españoles habían aprobado en referéndum la Ley de Reforma Política impulsada por el presidente Adolfo Suárez y que sentaba las bases para la transición de la dictadura a la democracia. Al amparo de esa norma, se habían legalizado los partidos políticos y se habían celebrado las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977. Seguidamente, las Cortes salidas de aquellos comicios elaboraron la Constitución, ratificada por los españoles en un nuevo referéndum popular celebrado el 6 de diciembre de 1978. 

En ese contexto, era ya una reivindicación generalizada que se convocasen también elecciones en los Ayuntamientos, a cuyo frente continuaban aún los últimos alcaldes designados por los Gobernadores Civiles aplicando la legalidad franquista. No sólo los partidos y los colectivos sociales reclamaban como ineludible la democratización del poder municipal, sino que incluso algunas de las propias Corporaciones reclamaban su relevo, porque ya no tenían margen para afrontar proyectos de medio o largo plazo y se sentían carentes de legitimidad democrática. 

En nuestro pueblo, recuerdo que el alcalde Julián Carvajal Luque, con el que conversé para un trabajo escolar, afrontaba sus últimas obras públicas (el pavimentado de la Plaza de España, hasta entonces de arena, y la remodelación de la fachada del Ayuntamiento, que sacó a la luz la piedra que estaba oculta por enfoscado blanco) y manifestaba también su deseo de poder dar por finalizado su mandato, que había comenzado en 1973. 

Sin embargo, el presidente del gobierno optó primero por disolver las Cortes constituyentes, elegidas veinte meses antes y celebrar, ya al amparo de la nueva Constitución española, nuevas elecciones legislativas en marzo de 1979. Las urnas consolidaron la victoria de su formación, la Unión de Centro Democrático, con 168 escaños, seguida del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González con 121, el Partido Comunista de España de Santiago Carrillo con 23 escaños y Coalición Democrática encabezada por Manuel Fraga con 9. Entre las minorías, Convergencia i Unió de Jordi Pujol obtuvo 8 diputados y la coalición Unión Nacional liderada por Blas Piñar 1 escaño. 

En nuestro pueblo, UCD obtuvo en aquellas elecciones generales de 1979 752 votos (nada menos que el 51,9 %); el PSOE, 448 (33,68 %); el PCE, 103 (7,11 %); Coalición Democrática, 36 (2,48 %); y Unión Nacional, 30 (2,07 %). 

El gobierno fijó la fecha de las elecciones municipales para el 3 de abril de ese mismo año. A partir de ahí, los partidos políticos esbozaron sus primeras agrupaciones locales en El Hoyo de Pinares para formar las candidaturas. 

Unión de Centro Democrático presentó como candidato a la alcaldía a Juan Galán Estévez, a quien los vecinos conocen como “Juanín” y profesionalmente dedicado entonces a la construcción (después ampliaría su actividad a la hostelería al abrir el pub J-5). El PSOE optó por Leoncio Fernández Gil, de profesión carpintero, un hombre apreciado que también ofrecía el servicio de cumplimentar sencillos contratos privados de compraventa, alquiler, etc. a quienes no tenían la formación para poder hacerlo. Por el Partido Comunista, se presentó Mariano Martín. No hubo candidatura de Coalición Democrática: el centro-derecha local pareció agruparse mayoritariamente en UCD, situación que cambiaría en los siguientes comicios. Sin embargo, se presentó una candidatura independiente encabezada por Miguel Lobato Martín, que en las elecciones generales de 1977 había sido candidato al Congreso por Fuerza Nueva. 

La primera -y única- candidatura municipal presentada por UCD en nuestro pueblo tuvo la siguiente composición: 

1. Juan Galán Estévez 

2. Félix Fernández Tejedor 

3. Pascual Herranz Herranz 

4. Juan Luque Pérez 

5. Pedro Santamaría Cubero 

6. Luis Beltrán Santamaría 

7. Tomás Martín Pérez 

8. Santiago Fernández Fernández 

9. Santos Herranz Galán 

10. Honorio Pérez Herranz 

11. Jesús Tabasco Alonso 

Por su parte, el PSOE de El Hoyo de Pinares, reorganizado tras cuatro décadas de proscripción política durante la dictadura, concurría con la siguiente lista: 

1. Leoncio Fernández Gil 

2. Antonio Méndez Jorge 

3. Eladio González Miguel 

4. Florentino Pascual Santamaría 

5. Eloy Miguel García 

6. Domingo Cubos Martín 

7. Julián Martín Sánchez 

8. Guillermo Gallego González 

9. Domingo Sánchez Díaz 

10. Julián Herranz Alía 

11. Cecilio Gómez Santamaría 

Suplentes: 

1. José Luis Pérez Sánchez 

2. Jesús Sánchez Organista 

3. Luis Madrigal Gallego 

La candidatura Independientes de Navaserrada estaba integrada por los siguientes aspirantes: 

1. Miguel Lobato Martín 

2. Tomás Fernández Luque 

3. Jesús González Fernández 

4. Antonio Fernández Antorán 

5. Sebastián Gallego Martín 

6. Felipe Navas Jiménez 

7. Ángel Tabasco Navas 

8. Isidoro Beltrán Santamaría 

9. Pedro Martín García 

10. Teodoro Ayuso Pascual 

11. Segundo Navas Colorado 

El Partido Comunista de España presentó por su parte esta otra candidatura, que no alcanzaría representación municipal: 

1. Mariano Martín Gallego 

2. Longinos Jiménez Fernández 

3. Rosendo Martín Gallego 

4. Teodoro Díaz García 

5. José Luis González Navas 

6. Félix Muñoz de Propios 

7. José González Cubos 

8. Julio Beltrán Alonso 

9. Vicente Galán González 

10. Rosendo Martín González 

11. Agustín Estévez Jiménez 

Como dato curioso, cabe señalar que se presentó otra lista independiente, la Unión de Trabajadores e Industriales, que no llegó a ser proclamada por la Junta Electoral de Zona por no reunir los requisitos exigidos. Presumiblemente, aunque no consta, la exigencia de ser un partido político legalizado o bien una agrupación de electores avalada con las firmas de un 2 % del censo electoral. Sus integrantes, que por tanto no llegaron a ser candidatos, fueron, según el Boletín Oficial de la Provincia: 

1. Apolinar Santamaría Estévez 

2. Galo Santamaría Estévez 

3. José Otilio Carvajal Gallego 

4. Pedro Pérez Gallego 

5. Mónico Fernández Pérez 

6. José de la Fuente Propios 

7. Tomás Hernández Blanco 

8. Solino Organista Fernández 

9. Mariano Martín Hernández 

10. Elías Díaz de la Fuente 

11. Pilar Santamaría Yusta 

En cuanto a la campaña electoral, fue muy personal y directa, de hablar con los vecinos e intentar captar su apoyo. El marketing electoral no estaba tan desarrollado como ahora y tampoco los medios materiales eran abundantes. Juan Galán me comenta que UCD no llegó a celebrar un mitin público. El número 2 de la candidatura del PSOE, Antonio Méndez, recuerda un acto público de su formación con las intervenciones del entonces presidente provincial del partido, Máximo Iglesias, y el recién elegido senador por Ávila José Federico de Carvajal (quien años más tarde sería presidente del Senado). Miguel Lobato sí intervino personalmente y atendió las preguntas del público en el mitin convocado por los Independientes de Navaserrada. 

Las elecciones se vivían en el país aún con algo de miedo (Antonio evoca la dificultad para que la gente diera el paso de participar y presentarse como candidato en partidos que poco antes estaban prohibidos) pero con una indudable ilusión y esperanza de cambio. 

Era la primera vez en la historia que todos los vecinos mayores de edad de El Hoyo de Pinares, hombres y mujeres, iban a elegir democráticamente a su Ayuntamiento por sufragio universal. Incluso en la II República la mujer había estado excluida del voto en las elecciones municipales que tuvieron lugar en 1933. 

Unión de Centro Democrático fue la vencedora de aquellas elecciones locales, al obtener 652 votos, que le dieron 5 concejales. El PSOE fue la segunda fuerza política local, con 455 votos y 4 escaños en el pleno. Y entró en el Ayuntamiento Independientes de Navaserrada, con 245 votos y 2 ediles. 

El 19 de abril de 1979, a las 11 de la mañana, quedó constituida la primera Corporación Municipal de la actual democracia, formada por los cinco concejales electos de UCD (Juan Galán Estévez, Félix Fernández Tejedor, Pascual Herranz Herranz, Juan Luque Pérez y Pedro Santamaría Cubero), los cuatro del PSOE (Leoncio Fernández Gil, Antonio Méndez Jorge, Eladio González Miguel y Florentino Pascual Santamaría) y los dos de Independientes de Navaserrada (Miguel Lobato Martín y Tomás Fernández Luque). 

El pleno comenzó presidido por el edil de mayor edad (Eladio González) y el de menor edad (Félix Fernández), asistidos por el secretario del Ayuntamiento, entonces Pedro González. 

En la votación para alcalde, el candidato de UCD obtuvo sus cinco votos, el del PSOE los cuatro de su partido y el de Independientes de Navaserrada un solo voto, puesto que su número 2 se abstuvo. Los votos del PSOE más los independientes sumaban la mayoría absoluta necesaria para haber elegido un alcalde alternativo y, ante los distintos rumores que habían circulado en los días previos, el concejal Tomás Fernández optó por abstenerse para impedir cualquier maniobra en ese sentido. 

Resultó por tanto elegido nuevo alcalde el cabeza de lista de la Unión de Centro Democrático. Juan Galán Estévez se convertía así en el primer alcalde de la democracia en nuestro pueblo. 

El nuevo gobernante local formó Comisión de Gobierno con tres tenientes de alcalde, dos de su propia coalición (Juan Luque y Pedro Santamaría) y uno del PSOE (Antonio Méndez). 

Durante aquel mandato, se llevó a cabo un plan de pavimentación de calles y de ampliación del sistema de recolección de aguas, se elevó una planta en las alas laterales de las Escuelas de arriba para ampliar el número de aulas y se iniciaron las obras del edificio destinado a Hogar del Pensionista y del que se pretendía que fuera un Mercado de Abastos. También se construyó la primera pista polideportiva y el frontón junto al Campo de Fútbol. En el terreno de la anécdota -aunque pudo ser trágica- muchos vecinos recordarán la escapada de los cuatro toros que iban a ser lidiados en fiestas. 

El mandato de Juan Galán terminó el 23 de mayo de 1983, ya con una UCD en declive, cuando tomó el relevo Félix Alonso Fernández, segundo alcalde de la democracia, que había encabezado la lista de Alianza Popular. 

Tanto Juan Galán como Antonio Méndez me aseguran que, en general, hubo un ambiente de colaboración y de entendimiento en aquella primera Corporación democrática. Tras haber terminado las elecciones de la II República literalmente a tiros, tras una cruel guerra civil, tras cuarenta años de prohibición del pluralismo político, los hoyancos -como todos los demás españoles- apostaron decididamente por la reconciliación, por las libertades públicas y por el futuro. Las personas y las distintas ideas aprendieron a convivir democráticamente en un Ayuntamiento que, por fin, era de todos. 

¿Deben cotizar los robots a la Seguridad Social?

Publicado en El País, suplemento Retina, 15.04.2019.

¿Se imaginan una resolución oficial de un parlamento que incluyese referencias al monstruo de Frankenstein, a Pigmalión o al Golem de Praga? Pues existe. El 16 de febrero de 2017, la mayoría de eurodiputados adoptó un acuerdo que recordaba estos mitos de nuestra cultura antes de entrar en harina y solicitar al Consejo y a la Comisión europea que presenten una propuesta de Directiva para desarrollar normas civiles en materia de robótica. 

Los robots han llegado a la sociedad del siglo XXI para quedarse y convertirse en algo cotidiano. Ya no estamos sólo ante experimentos más o menos vistosos para exhibir en alguna feria tecnológica. Se calcula que más de 35.000 robots están operativos en la actualidad en la industria española, mientras que la Federación Internacional de Robótica (IFR) estima que este mismo año se llegará en el mundo a 2’6 millones de robots industriales instalados. 

¿Hasta qué punto sustituirán los robots a las personas en la realización de tareas profesionales y laborales? Podemos encontrar proyecciones para todos los gustos. Hay quienes piensan que, como ya sucedió con la revolución industrial o tras la popularización de la informática, sólo será cuestión de adaptación: desaparecerán puestos de trabajo, sí, pero serán sustituidos por nuevos cometidos profesionales. La UE recuerda que la informática sirvió para liberar a las personas de tareas monótonas pero que al final no destruyó empleo, todo lo contrario. El Foro Económico Mundial (WEF) cree que en 2025 se habrán perdido 75 millones de empleos que hoy existen, pero que a su vez estas mismas tecnologías generarán 133 millones de empleos, con lo que el saldo neto sería de 58 millones de puestos de trabajo nuevos. 

Sin embargo, en general, parece mayoritaria y muy extendida la opinión de que la expansión de los ingenios electrónicos tendrá impacto negativo -cuando menos en una primera fase de adaptación- en materia de empleo. La consultora McKinsey Global cree que el 20 % de los trabajadores del mundo serán reemplazados por robots en sólo 12 años. Un estudio de la Universidad de Oxford sostiene que, en un intervalo de 10 a 20 años, el 47 % de los trabajos serán realizados por máquinas. 

Una cosa es segura: por más que las previsiones sean diversas y discutibles, la implosión de la robótica no será inocua ni intrascendente. Y más nos vale habernos preparado para distintos escenarios posibles antes de que la realidad nos arrolle. 

En febrero se sometió a la consideración del Pacto de Toledo un texto que reunía alto grado de consenso, aunque finalmente no salió adelante, posiblemente por la inminencia del horizonte electoral. La propuesta de resolución incluía una afirmación que, sin embargo, no consta que resultase controvertida: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social”. 

¿Estaban queriendo abrir los expertos y los partidos políticos la puerta a que los robots coticen a la Seguridad Social? 

El líder de UGT, Pepe Álvarez, defendía esa idea, asegurando que “el proceso de irrupción de los robots en la Economía va a tener consecuencias directas sobre los trabajadores, sus puestos de trabajo, sus salarios, sus condiciones laborales, sobre las cotizaciones sociales y sus pensiones, los sistemas fiscales y los de protección social. Cuando nos pronunciamos a favor de que los robots coticen a la Seguridad Social lo que hacemos es una simplificación metafórica para poner sobre la mesa este problema y la necesidad de buscar soluciones para afrontarlo (…). Estos robots sustituirán a muchos trabajadores que dejarán de ganar un salario, no podrán cotizar a la Seguridad Social y no pagarán impuestos, y eso tendrá una consecuencia directa sobre nuestro sistema de pensiones”. 

No coincidía con él su homólogo de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien considera que “gravar fiscalmente lo que no deja de ser una inversión en tecnología, productiva, no parece ser el mejor camino para que la productividad de las empresas mejore”, pero apuesta por mejorar la configuración del Impuesto de Sociedades para que esa mejora de rendimiento empresarial se traduzca en una contribución efectiva a las arcas públicas.

¿TIENEN QUE PAGAR LOS ROBOTS… O SUS DUEÑOS? 

Dos son las grandes líneas que se apuntan a la hora de configurar obligaciones vinculadas a estas tecnologías. Una de ellas pasaría por dotar a los robots de cierto reconocimiento jurídico, una especie de personalidad digital. Así, el parlamento europeo apunta expresamente a una personalidad electrónica como forma de personalidad jurídica específica, cuando menos para los robots autónomos más complejos. 

Personalmente, no soy partidario de esta vía, porque me parece que genera más complicaciones que ventajas. Si ni siquiera hemos reconocido a otros seres vivos, como los animales, ser titulares limitados de derechos y obligaciones, dar ahora el paso de reconocer alguna especie de pseudopersonalidad a máquinas, a creaciones del ser humano, resulta innecesario. Todos los retos jurídicos que plantea la robótica -desde la responsabilidad civil a la tributación, pasando por principios éticos, propiedad intelectual, seguridad, etc.- me parece que se pueden resolver legislativamente con un sistema de registro y estableciendo una persona física o jurídica responsable de los mismos. 

Realmente, y por simplificar, no tienen que pagar los robots, sino sus dueños por todo lo que se derive del uso de los mismos y sus fabricantes o programadores por los defectos que les sean atribuibles. Como sucede hoy con los vehículos o con cualquier otra maquinaria. 

Por tanto, huelga decir que no creo que los robots como tales deban tener obligación de cotizar, como tampoco han de generar ninguno de los derechos propios de los cotizantes ni ser acreedores de prestaciones de Seguridad Social. Pienso, sin embargo que hay que articular mecanismos para que quienes emplean esos robots sí contribuyan a la financiación de nuestro sistema de Seguridad Social. 

La opinión de Unai Sordo plantea, a mi juicio, al menos dos inconvenientes. En principio, no me parece incuestionable esa ecuación de a mayor número de robots, mayor productividad y, como consecuencia, mayor beneficio empresarial. Puede haber casos en los que simplemente se sustituyan personas por máquinas sin que ello sea más barato para la empresa, que puede hacerlo motivada por otros beneficios indirectos: ganar en precisión en las tareas o evitar factores tan propiamente humanos como el error o el conflicto. Estaríamos ante supuestos en los que se destruiría empleo sin aumentar el beneficio empresarial ni, por tanto, la tributación sobre el mismo. 

Por otro lado, una mayor recaudación en el Impuesto de Sociedades hoy por hoy no tiene impacto en el sistema de pensiones. Nuestro sistema contributivo financia prestaciones con cotizaciones y no con tributos. Los Impuestos, por definición legal (artículo 2.2.c de la Ley General Tributaria), no son finalistas: van a la caja común de las Administraciones, su recaudación no se asigna a un destino concreto. Los pagos finalistas, como las tasas o los precios públicos, sí responden a un servicio prestado y se destinan a financiar el mismo. Pero aquí tampoco estamos un servicio concreto que vayan a proporcionar los poderes públicos a los titulares de ingenios tecnológicos. La pretensión es que las empresas usuarias de robots contribuyan al sostenimiento del sistema público de Seguridad Social pero sin una contraprestación particular. 

¿ESTÁ CLARO QUÉ ES UN ROBOT? 

Otra de las dificultades que se pueden plantear es precisamente el alcance de una medida de este tipo y cómo evitar las más que previsibles maniobras de elusión. 

Porque, en definitiva, ¿qué es un robot y qué no lo es? Si ponemos el énfasis en la capacidad de realizar tareas de forma autónoma una vez programadas, muchas máquinas de cualquier cadena de montaje actual podrían ser incluidas en el concepto. Si, por el contrario, ponemos el acento en la inteligencia artificial, cualquier ordenador podría ser considerado como tal. El término acuñado por el escritor checo Karel Čapek no posee una acepción unívoca y universalmente aceptada… y mucho menos lo será cuando de la misma se derive una obligación contributiva. 

Una vez establecida en la norma una definición de qué se considera robot a efectos de aportación pública, no tengo ninguna duda de que, en muchos casos y en la medida de lo posible, se modificarán características técnicas para quedar fuera del alcance de cualquier gravamen, aun cuando el ingenio electrónico en cuestión sí esté sustituyendo al trabajo humano y no tenga un papel meramente auxiliar de éste. 

Coincido con los redactores del documento del Pacto de Toledo antes citado en que tenemos un importante desafío: encontrar mecanismos de financiación innovadores, si queremos que la robótica no tenga un impacto negativo sobre la sostenibilidad del sistema de prestaciones. Por usar terminología tributaria, no creo que los robots tengan que ser considerados sujetos pasivos, pero sí hecho imponible: sus dueños tendrán que asumir obligaciones. Habrá que determinar qué entendemos por robot a estos efectos. Y se hace necesario ir desarrollando algún nuevo concepto de cotización empresarial vinculada a la sustitución tecnológica de la actual mano de obra y que, de alguna forma, se destine a la financiación de prestaciones de Seguridad Social y no a las arcas de las Administraciones en general. Los robots, a la postre, deberán estar al servicio del bienestar de las personas.