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Como anuncié en su momento en este blog, el pasado 3 de agosto inicié mis colaboraciones de verano
con el espacio nocturno Afectos, de Radio Nacional, presentado por Daniel Ampuero. En esa primera ocasión, el tema propuesto
me incumbía muy directamente por mi profesión de abogado, pero creo que tenía,
además, indudable trascendencia para el conjunto de la ciudadanía: el
funcionamiento de la Justicia en España.
Para quienes no pudieron escucharlo y tengan interés en
ello, éste es el podcast íntegro del programa:
De esta primera experiencia salí con la sensación de que se
me había quedado casi todo en el tintero. Una hora de programa, incluyendo
informe inicial, entrevista con el invitado, llamadas y mensajes de los oyentes…
se hace realmente corta.
El primer asunto que se abordó fue la propuesta reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya pronosticamos todos que,
dado lo avanzado de la legislatura, ese proyecto de ley no culminaría su
tramitación parlamentaria y no entraría en vigor, como así ha sido, puesto que las cámaras ya están
disueltas.
José Luis Ramírez, de Jueces para la Democracia, fue el
invitado del día y manifestó una opinión sustancialmente positiva sobre el texto
propuesto por el Gobierno, que cree que va a mejorar el procedimiento, darle
agilidad y racionalidad y aumentar las garantías.
No soy experto en la materia porque, como aclaré, la Penal
no es una Jurisdicción en la que yo ejerza habitualmente, pero me suscitan seria inquietud
–y no soy el único que piensa igual, como es notorio- las facultades de instrucción
que se otorgan al Ministerio Fiscal cuya independencia en nuestro país es muy
cuestionable por su dependencia orgánica -lo comprobamos día a día-, así como las limitaciones impuestas a la
figura de la acusación popular.
Les pongo un ejemplo gráfico y muy cercano. La causa contra
Francisco Camps fue inicialmente archivada porque el órgano instructor no
apreciaba delito. El Ministerio Fiscal –con dependencia orgánica del Fiscal
General del Estado, que nombra el Gobierno- y la acusación popular –representada
en este caso por el PSPV-PSOE- recurrieron esa resolución. El recurso se estimó, se realizaron
nuevas diligencias de investigación y, finalmente, Camps está hoy procesado y
ha dimitido de sus cargos. Imaginemos que estuviera en vigor esta nueva
normativa que se propuso. Supongamos que en el Gobierno central estuviera el PP y
el Fiscal decidiera no recurrir ese auto de archivo. El Partido Socialista no
podría haber sido ya acusación popular, porque el proyecto se lo impide precisamente
a los partidos políticos. Aquel auto hubiera devenido firme y hoy, Camps, estaría
libre de cargos y ejerciendo como presidente autonómico. No entro ahora en si
sería mejor o peor, sino que, en cualquier caso, resulta claro que la pretendida reforma
no es inocua en muchos supuestos.
Respecto al funcionamiento del sistema aseguré que “la
Justicia está mal y habría que estar muy ciego para llegar a la conclusión
contraria. No suelo compartir las impresiones que tiene mucha gente en cuanto
al fondo, las quejas sobre las resoluciones judiciales, pero sí soy
tremendamente crítico en cuanto a la forma: los procedimientos, los medios con
los que se cuenta, la forma de funcionamiento…, es algo en muchos casos disparatado
y en casi todos antediluviano”.
Como nos recordó en su
informe una redactora del programa, María José Molanes, según el último
barómetro del CIS el 74 % de la población opina que la Justicia funciona mal o
muy mal.
Respecto a esa mala percepción que los ciudadanos tienen de
la Justicia, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, consideró
que “parte de la crítica tiene una base empírica innegable: tenemos una
Justicia lenta e ineficaz por múltiples factores: falta de medios materiales, legislación
poco eficiente y falta de racionalidad del sistema, con dispersión de
competencias entre distintas administraciones”, aunque también considera –impresión
que yo comparto- que “otra parte de la crítica tiene que ver con una visión
distorsionada de la ciudadanía acerca del verdadero papel de la Justicia”, por
lo que cree que “se debería hacer pedagogía social”. En ese sentido,
consideró que “influye el papel de los medios de comunicación” y que quizá
también los profesionales de la judicatura tengan parte de culpa por no ser
capaces de transmitirlo adecuadamente.
María José Molanes nos había informado de que el presupuesto
de Justicia de este año ha sido menor que el del anterior. Y yo recordé que el
Consejo General del Poder Judicial ha criticado públicamente esa falta de dotación presupuestaria, que no
alcanza el 0’4 del PIB, cuando el partido del gobierno había comprometido en su programa electoral llegar al 2 %. Se trata de una cuestión básica: es fundamental
la disposición de medios materiales y humanos suficientes para que la Justicia
funcione.
Manuel, un ex funcionario interino del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, contó su concreta experiencia sobre este aspecto hablando
de una Justicia “en la Edad de Piedra y lo digo literalmente, porque uníamos los
legajos con una grapadora y una piedra”. Nos describió un “desmadre total”: una
secretaria buscando papeles amontonados en el suelo de su despacho, las firmas
de resoluciones por parte del juez sin ningún control, el extravío de
expedientes, las ejecuciones interminables y estancadas…
De habernos quedado tiempo, yo podría haber aportado otras muchas
experiencias ilustrativas al respecto: cómo se gestionan las citaciones, cómo
en algunas jurisdicciones se levantan aún actas manuscritas de los actos judiciales, cómo se presentan
físicamente los escritos de los ciudadanos con un apoderado casi siempre
obligatorio llamado procurador, cómo se gestiona la comunicación entre juzgados
mediante el arcaico sistema de exhortos –que sólo falta llevar a caballo de una
ciudad a otra-… La relación sería interminable e incomprensible para el ciudadano
de a pie. En la era del escaneado de documentos, de los expedientes
informatizados, de las actas videográficas, de las videoconferencias, de internet,
de las intranet, del correo electrónico, de la presentación telemática de
documentos, de la administración electrónica…, nuestro sistema judicial apenas si
ha descubierto el fax. Como bien dijo ese oyente que telefoneó, Manuel, “a la
Justicia le hace falta una modernización de arriba abajo”.
Me correspondía, como colaborador, elegir un tema musical para terminar el programa. Como las canciones que conozco sobre jueces y abogados me parecen aburridas, me acordé de una frase: "¿Con qué ley condenarte, si somos juez y parte todos de tus andanzas?"... La presenté diciendo "que habla un poco de delincuencia, un poco de marginalidad... y mucho de amor: 'Princesa' de Joaquín Sabina".
(Fotografía: María José Molanes. Viñeta de Forges)
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