En RNE, 03.08.11: El funcionamiento de la Justicia, lento y obsoleto

Como anuncié en su momento en este blog, el pasado 3 de agosto inicié mis colaboraciones de verano con el espacio nocturno Afectos, de Radio Nacional, presentado por Daniel Ampuero. En esa primera ocasión, el tema propuesto me incumbía muy directamente por mi profesión de abogado, pero creo que tenía, además, indudable trascendencia para el conjunto de la ciudadanía: el funcionamiento de la Justicia en España. 

Para quienes no pudieron escucharlo y tengan interés en ello, éste es el podcast íntegro del programa:


De esta primera experiencia salí con la sensación de que se me había quedado casi todo en el tintero. Una hora de programa, incluyendo informe inicial, entrevista con el invitado, llamadas y mensajes de los oyentes… se hace realmente corta.

El primer asunto que se abordó fue la propuesta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya pronosticamos todos que, dado lo avanzado de la legislatura, ese proyecto de ley no culminaría su tramitación parlamentaria y no entraría en vigor, como  así ha sido, puesto que las cámaras ya están disueltas.

José Luis Ramírez, de Jueces para la Democracia, fue el invitado del día y manifestó una opinión sustancialmente positiva sobre el texto propuesto por el Gobierno, que cree que va a mejorar el procedimiento, darle agilidad y racionalidad y aumentar las garantías.

No soy experto en la materia porque, como aclaré, la Penal no es una Jurisdicción en la que yo ejerza habitualmente, pero me suscitan seria inquietud –y no soy el único que piensa igual, como es notorio- las facultades de instrucción que se otorgan al Ministerio Fiscal cuya independencia en nuestro país es muy cuestionable por su dependencia orgánica -lo comprobamos día a día-, así como las limitaciones impuestas a la figura de la acusación popular.

Les pongo un ejemplo gráfico y muy cercano. La causa contra Francisco Camps fue inicialmente archivada porque el órgano instructor no apreciaba delito. El Ministerio Fiscal –con dependencia orgánica del Fiscal General del Estado, que nombra el Gobierno- y la acusación popular –representada en este caso por el PSPV-PSOE- recurrieron esa resolución. El recurso se estimó, se realizaron nuevas diligencias de investigación y, finalmente, Camps está hoy procesado y ha dimitido de sus cargos. Imaginemos que estuviera en vigor esta nueva normativa que se propuso. Supongamos que en el Gobierno central estuviera el PP y el Fiscal decidiera no recurrir ese auto de archivo. El Partido Socialista no podría haber sido ya acusación popular, porque el proyecto se lo impide precisamente a los partidos políticos. Aquel auto hubiera devenido firme y hoy, Camps, estaría libre de cargos y ejerciendo como presidente autonómico. No entro ahora en si sería mejor o peor, sino que, en cualquier caso, resulta claro que la pretendida reforma no es inocua en muchos supuestos.

Respecto al funcionamiento del sistema aseguré que “la Justicia está mal y habría que estar muy ciego para llegar a la conclusión contraria. No suelo compartir las impresiones que tiene mucha gente en cuanto al fondo, las quejas sobre las resoluciones judiciales, pero sí soy tremendamente crítico en cuanto a la forma: los procedimientos, los medios con los que se cuenta, la forma de funcionamiento…, es algo en muchos casos disparatado y en casi todos antediluviano”.

Como nos recordó en su  informe una redactora del programa, María José Molanes, según el último barómetro del CIS el 74 % de la población opina que la Justicia funciona mal o muy mal.

Respecto a esa mala percepción que los ciudadanos tienen de la Justicia, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, consideró que “parte de la crítica tiene una base empírica innegable: tenemos una Justicia lenta e ineficaz por múltiples factores: falta de medios materiales, legislación poco eficiente y falta de racionalidad del sistema, con dispersión de competencias entre distintas administraciones”, aunque también considera –impresión que yo comparto- que “otra parte de la crítica tiene que ver con una visión distorsionada de la ciudadanía acerca del verdadero papel de la Justicia”, por lo que cree que “se debería hacer pedagogía social”. En ese sentido, consideró que “influye el papel de los medios de comunicación” y que quizá también los profesionales de la judicatura tengan parte de culpa por no ser capaces de transmitirlo adecuadamente.

María José Molanes nos había informado de que el presupuesto de Justicia de este año ha sido menor que el del anterior. Y yo recordé que el Consejo General del Poder Judicial ha criticado públicamente esa falta de dotación presupuestaria, que no alcanza el 0’4 del PIB, cuando el partido del gobierno había comprometido en su programa electoral llegar al 2 %. Se trata de una cuestión básica: es fundamental la disposición de medios materiales y humanos suficientes para que la Justicia funcione.

Manuel, un ex funcionario interino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contó su concreta experiencia sobre este aspecto hablando de una Justicia “en la Edad de Piedra y lo digo literalmente, porque uníamos los legajos con una grapadora y una piedra”. Nos describió un “desmadre total”: una secretaria buscando papeles amontonados en el suelo de su despacho, las firmas de resoluciones por parte del juez sin ningún control, el extravío de expedientes, las ejecuciones interminables y estancadas…

De habernos quedado tiempo, yo podría haber aportado otras muchas experiencias ilustrativas al respecto: cómo se gestionan las citaciones, cómo en algunas jurisdicciones se levantan aún actas manuscritas de los actos judiciales, cómo se presentan físicamente los escritos de los ciudadanos con un apoderado casi siempre obligatorio llamado procurador, cómo se gestiona la comunicación entre juzgados mediante el arcaico sistema de exhortos –que sólo falta llevar a caballo de una ciudad a otra-… La relación sería interminable e incomprensible para el ciudadano de a pie. En la era del escaneado de documentos, de los expedientes informatizados, de las actas videográficas, de las videoconferencias, de internet, de las intranet, del correo electrónico, de la presentación telemática de documentos, de la administración electrónica…, nuestro sistema judicial apenas si ha descubierto el fax. Como bien dijo ese oyente que telefoneó, Manuel, “a la Justicia le hace falta una modernización de arriba abajo”.


Me correspondía, como colaborador, elegir un tema musical para terminar el programa. Como las canciones que conozco sobre jueces y abogados me parecen aburridas, me acordé de una frase: "¿Con qué ley condenarte, si somos juez y parte todos de tus andanzas?"... La presenté diciendo "que habla un poco de delincuencia, un poco de marginalidad... y mucho de amor: 'Princesa' de Joaquín Sabina".


(Fotografía: María José Molanes. Viñeta de Forges)

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