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El actual gobierno y su ministro Ruiz-Gallardón no sólo no han afrontado ni uno sólo de los graves problemas que aquejan a nuestra Justicia -sin duda el sector más arcaico de la Administración en su funcionamiento- sino que, dentro de su política de desmantelamiento de derechos sociales, la tutela judicial efectiva no ha sido un a excepción.
El dislate de las tasas judiciales -que haya que pagar para obtener Justicia- fue un paso importante, pero no ha sido el único. Ahora, le toca el turno al derecho a la asistencia jurídica gratuita, con un Proyecto de Ley justamente criticado por todos los que conocen la materia. A la vez, con la nueva ley de Servicios Profesionales, se intentará restar poder a los Colegios para que haya menos contestación y, en general, menos contrapesos de la sociedad al poder.
El pasado 17 de julio, varios colectivos de abogados, como la Confederación de Abogados de Turno de Oficio y Justicia Gratuita (CEAT), la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (APAEM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) del Colegio de Madrid, convocaron una concentración ante la sede del Ministerio de Justicia en la capital de España.
Allí estuvimos presentes para defender no los intereses profesionales de los abogados sino los derechos ciudadanos que, una vez más, se pretenden recortar desde el gobierno.
Un compañero, Ángel López, elaboró el montaje que aparece sobre estas líneas, con una selección de imágenes de esta concentración reivindicativa.
En este vídeo se reflejan de forma didáctica cuáles son las principales críticas de la abogacía a este proyecto de ley:
