Comparecencia ante las Cortes de Aragón


El pasado 25 de marzo tuve la oportunidad de intervenir ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para denunciar las redes delictivas de estafas relacionadas con préstamos hipotecarios. La asociación ADEVIF, con la que vengo colaborando como abogado, había solicitado al parlamento autonómico su presencia ante el mismo y, una vez se accedió a su petición, me invitó a formar parte de su delegación. Fue toda una experiencia hablar ante un parlamento y un honor dar voz a las víctimas de este tipo de delitos.
 
Las Cortes de Aragón tienen una sede de lujo: se ubican en La Aljafería de Zaragoza, una joya arquitectónica que tuve ocasión de visitar por vez primera. La construcción de este palacio fortificado de la Taifa de Zaragoza fue promovida por el monarca Al-Muqtadir. Y ha sido espléndidamente restaurado: impresiona cómo se ha conseguido una integración creativa y respetuosa entre lo que se conserva del edificio originario del siglo XI y las necesidades de unas instalaciones parlamentarias funcionales y modernas del siglo XXI. No me sorprende que a estos trabajos se les haya distinguido con el premio Europa Nostra.
 
 
 
 
En La Aljafería nos recibió la presidenta de la Comisión, Ana Marín, y nos saludaron amablemente los portavoces de los distintos grupos políticos representados.


A las diez y media de la mañana se abría la sesión y, por vez primera, afectados por estafas hipotecarias tenían ocasión de hacer oir su voz ante un parlamento.


El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, explicó cómo se inicia este problema, cuando se incluye a una persona en registros de morosidad y tiene que recurrir a los prestamistas de capital privado para salir de esos registros, normalmente solicitando cantidades pequeñas. La firma del préstamo suele ser con garantía hipotecaria y ante notario. Cuando finalmente el interesado recoge la escritura es cuando se dará cuenta de que aparece una cifra muy superior a la recibida, con unos intereses de demora muy elevados y unas condiciones que no tienen nada que ver con las convenidas.
 
Rafa se quejó de que las denuncias judiciales en muchos casos no son siquiera investigadas y criticó la pasividad de la fiscalía. Resaltó la paradoja de que nuestra Justicia, "que es lenta para resolver, es muy rápida para embargar". Denunció también la inacción de la Hacienda Pública "ante unas operaciones que sirven para blanqueo de dinero y evasión de impuestos". Aseguró que por eso nació ADEVIF como asociación, para unir a los afectados y poder denunciar públicamente.
 

Luego habló Belén Martínez, otra afectada e integrante de la Junta Directiva de la asociación. Aclaró que no estamos ante una cuestión económica, sino de derechos humanos. Recordó que estas tramas ejecutan las supuestas deudas "ejerciendo sus supuestos derechos, pero nadie comprueba si cumplen sus deberes, a pesar de estar denunciadas". Unas denuncias que ponen el acento especialmente en ese capital formal que en realidad no se entrega íntegramente.
 
Se quejó de que la falta de respuesta legal y judicial implica una "doble victimización de los más vulnerables". Dio cuenta a la comisión de injusticias como que "se han subastado viviendas por el valor de un vehículo" por parte de estas redes que "parece que campan a sus anchas en los juzgados". La reflexión de esta afectada es que, "con lo que nos ha costado tener un Estado de Derecho, no podemos dejar las cosas así, simplemente porque 'a mí no me ha tocado'", puesto que entonces abandonamos a su suerte a "la población  más vulnerable". Reclamó un mayor compromiso político: "Aquí hay unas instituciones, sois nuestros representantes, supranacionalmente también hay organismos que velan por los derechos fundamentales... Recoged nuestra queja, por favor".
 
Me tocó cerrar esta exposición inicial y, en primer lugar, intenté explicar cuál es el origen de esta situación: "Cuando en España se ha ido cerrando el grifo del crédito bancario, especialmente para pymes y particulares, han proliferado empresas financieras y prestamistas de capital privado. Esto -que en otros países funciona bien y es una alternativa para aquellas personas que por algún motivo no pueden tener acceso al crédito bancario- en España se mueve en medio de la ley de la selva".
 
Recordé que en 2009 se regularon por vez primera estas prácticas, pero con un texto legal claramente insuficiente y, aún hoy, con un alto grado de incumplimiento que "se puede constatar simplemente con asomarse a las webs que ofrecen dinero". Señalé una vez más que el registro estatal creado por la ley sigue cinco años después sin poder ser consultado y con un mensaje de que está en fase de desarollo. "Mientras los bancos están sometidos al Banco de España y algunas empresas de inversión a la CNMV, el sector del crédito no bancario está sometido a los organismos de consumo, que realmente no están ejerciendo un control de oficio", afirmé.
 
Pero más allá de los abusos e incumplimientos que están denunciando las organizaciones de consumidores, existe otro fenómeno aún más grave, que constituye el objeto de la asociación que comparecía ante el parlamento aragonés: aquellos casos que entran en el ámbito de lo penal, "en los que se produce literalmente un delito de estafa". Entre ellos, destaqué dos: las ventas de viviendas en la creencia de que se están aportando como garantía de un préstamo, y las hipotecas cambiarias en las que se firma de capital muy superior al realmente recibido.

Una vez más tuve que explicar que, aunque así enunciado pueda parecer un engaño burdo, relamente estamos ante una operativa minuciosamente diseñada en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Así lo pone de manifiesto el testimonio coincidente de centenares de personas de diversas procedencias.
 
Gracias a la labor asociativa y a las redes sociales y al apoyo que hemos dado algunos profesionales, este fenómeno "tan desconocido pero de gran alcance y en el que han operado redes delictivas con gran impunidad" va superando poco a poco la invisibilidad y ha tenido relevancia mediática, ha merecido recientemente atención del Consejo General del Notariado y parece que de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para mí, el reto que toca ahora es implicar al Ministerio Fiscal, que tendría que impulsar las investigaciones judiciales, así como a la Agencia Tributaria "porque no sólo estafan a las víctimas, nos estafan a todos en estas operaciones opacas".
 
Dije que erea consciente de la limitación de las competencias autonómicas en la materia, pero realicé tres peticiones concretas a los diputados aragoneses:
 
- Impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2009 en el ámbito autonómico y, en particular, la posibilidad de creación de un registro de prestamistas en Aragón, pero "que sirva para algo, no sea sólo más burocracia", que se haga "para lograr mayor transparencia y ejercer mayor control".
 
- Conseguir que el Gobierno de Aragón ejerza sus competencias en materia de consumo realizando operaciones de oficio sobre estas tramas con apariencia legal.
 
- Y favorecer la interlocución con los representantes de sus mismos partidos en Madrid, para que se escuche también a los afectados en las Cortes Generales.
 
El objetivo final ha de ser "la reparación de las víctimas" pero también "la prevención de nuevos dramas familiares".
 
Seguidamente tuvo lugar un turno de intervenciones de los distintos grupos con representación en la cámara.
 

En primer lugar, Luis Ángel Romero, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión, aseguró que "cuando uno cree que lo ha visto todo, nos encontramos con cosas como las que se han relatado". Reconoció que la primera vez que escuchó hablar de estos hechos lo recibió con cierta incredulidad, pero que "cuando entras a conocer en profundidad la actuación de ciertos prestamistas y ciertas operaciones, te das cuenta de que existe una realidad que la sociedad desconoce".  "Estamos hablando de personas que recurren a estas fórmulas para financiarse y se encuentran con un modus operandi inaceptable". Para el parlamentario de IU-Aragón, "hay leyes aprobadas que no se cumplen y es increible que, ante esta situación, no actúe de oficio el Ministerio Fiscal". Valoró positivamente la comparecencia de personas que  "han venido aquí para decirnos que se sienten engañadas, que no son los únicos sino que en Aragón y en otras comunidades autónomas hay muchas familias en la misma situación, y que han creado una asociación para sensibilizar a la sociedad de este problema y conseguir que los poderes públicos y la Justicia actúen". Anunció por ello la presentación de una Proposición no de Ley para pedir que se atiendan las reinvidicaciones que yo acababa de formular.
 
José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, nos agradeció que hubiéramos mostrado "las cloacas del sistema pseudofinanciero, que campan a sus anchas y se ceban con los más desfavorecidos". Expresó su deseo de que la exposición en las Cortes aragonesas de este problema poco conocido "no sólo sirva para remover la conciencia de los diputados sino como altavoz para que la sociedad lo conozca". Calificó de "indecente" la actuación "de un culpable, el prestamista", pero también rechazó la conducta "de muchos cómplices, como algunos notarios", así como la "inacción del Ministerio Fiscal y de la Justicia". El diputado de CHA considera que la ley de 2009 situó en notarios y registradores el control de la legalidad pero sin habilitar instrumentos para ello y cree que "no funciona", con independencia de que "lo que ocurre en algunas notarías no es casual". Manifestó también su compromiso con una causa "que también es la nuestra" y anunció igualmente su voluntad de impulsar las medidas posibles: "Que lo poco que hay al menos se cumpla". 
 
Manuel Blasco, del PAR, consideró que a pesar de las referencias a las leyes y a la necesidad de control, "estamos hablando de tramas financieras ilegales" que buscan las fórmulas para conseguir un "incumplimiento flagrante de la ley" y que lamentablemente "van un paso por delante" de ésta. Es un fenómeno que trasciende el ámbito político y que hay que situar sobre todo en la esfera penal. Mostró su extrañeza ante lo manifestado por ADEVIF respecto a la actuación de concretos notarios y a la falta de respuesta del Ministerio Fiscal. Se pronunció a favor de impulsar las medidas necesarias en el marco de las competencias autonómicas, aunque cree que la respuesta principalmente tendrá que venir de la Justicia.
 
Por el Grupo Socialista intervino Victoria Broto, quien nos agradeció "traer a esta cámara el drama que sufren muchos ciudadanos", pues cree que la Comisión precisamente sirve "para que no queden en el olvido muchos problemas". Expresó su felicitación por la creación de una asociación de afectados y por la labor de difusión en los medios informativos y las restantes actividades. Coincidió en que "la crisis y la falta de trabajo hace que las familias busquen soluciones a sus problemas económicos y se encuentren con unos desalmados que forman tramas financieras ilegales". "Aquí hemos hablado en otras ocasiones de hipotecas, de desahucios, etc., pero ahora estamos ante un paso más -precisó-, no nos confundamos, estamos ante un engaño delictivo". Por ello, "hay que hacer cumplir la ley y perseguir a aquellas empresas que, con apariencia legal y con estrategias muy pensadas, burlan los mecanismos de control". 
 
Finalmente, Ramón Celma, del Grupo Popular, reconoció que estaba "desconcertado" porque inicialmente pensaba que la reforma en materia de protección a los deudores hipotecarios podría dar respuesta a estas situaciones, pero se había encontrado con la descripción de una realidad que va mucho más allá. Dio por hecho que estaríamos "ante situaciones excepcionales" -luego Belén le sacaría de su error-. Finalmente mostró su disposición a colaborar en dar respuesta a las peticiones formuladas por los afectados y consideró positivo que se mantenga alguna entrevista con el Director General de Consumo del Gobierno de Aragón.
 
En la contestación a los portavoces parlamentarios, el presidente de ADEVIF, Rafa, explicó que a veces los datos a los prestamistas privados les llegan por parte de empleados de los propios bancos. Y aseguró que hay abogados vinculados a los partidos políticos defendiendo a algunos de estos estafadores, por lo que pidió a los grupos que lo eviten.
 
Belén Martínez contestó al portavoz del PP aclarando que no son casos excepcionales, sino muy numerosos. Precisó que en las notarías no se da fe de la cantidad recibida. Y que ADEVIF ha formulado denuncias "con nombres y apellidos". Agradeció la acogida de la cámara: "Nos hemos sentido muy arropados" y recordó que los mecanismos legales, para funcionar, "tienen que estar activos y en alerta".

Cerré la comparecencia explicándole al diputado del PAR que a veces los controles administrativos también dificultan la comisión del delito. Precisé que el objetivo último de estas tramas no es cobrar, sino que siempre es apoderarse de un inmueble con un desembolso real irrisorio. Y que los tres ejes del modus operandi son un capital declarado superior al realmente recibido, unos intereses de demora abusivos en torno al 29 %, y una valoración muy baja del inmueble sin tasación profesional. Pedí que "si es verdad que los delincuentes van un paso por delante de la ley, al menos no seamos nosotros quienes nos quedemos diez pasos por detrás en la respuesta legal" y manifesté mi deseo de que "no termine ahora este diálogo enriquecedor, sino que haya empezado hoy". 

 
(Fotografías de La Aljafería del autor. Fotografías de la comparecencia: José Ignacio Pérez Veintemilla/Cortes de Aragón)
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Algunas reseñas de esta comparecencia publicadas en otros medios:

- Las estafas hipotecarias, a debate en las Cortes de Aragón y el ICAM. Lawyerpress.com, 21.03.14
- Los afectados de estafas hipotecarias reclaman mayor implicación de Fiscalía. Comunicado de las Cortes de Aragón, 25.03.14.
- ADEVIF propone crear un registro autonómico de prestamistas. Nota de Europa Press Aragón, 25.03.14.
- Tolerancia cero con las estafas por préstamos hipotecarios. Lawyerpress.com, 26.03.14.
- ADEVIF denunció ante las Cortes de Aragón las estafas de prestamistas. Blog de ADEVIF, 05.04.14.

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