El otro "salario mínimo", ¿cuándo?



En los últimos años, desde el gobierno se ha venido impulsando un importante crecimiento del salario mínimo interprofesional. El objetivo parece ser la convergencia con el objetivo marcado a los países que, como el nuestro, han ratificado la Carta Social Europea revisada. El máximo intérprete de ese tratado internacional, el Comité Europeo de Derechos Sociales, ha considerado que el derecho a una “remuneración equitativa” para sostener “un nivel de vida decoroso”, que proclama su artículo 4, exige que el salario mínimo alcance el 60 % del salario medio del país. 

Sin embargo, a la vez que el SMI evolucionaba notablemente al alza en España, el IPREM, otro índice emparentado con aquel, ha ido quedando en el olvido, desfasado desde hace ya largos años. Aunque ese índice sea menos conocido popularmente, ello no significa que no repercuta en aspectos importantes de la vida cotidiana de muchas familias. 

El origen del mismo data de hace ya dos décadas. Durante muchos años, el salario mínimo interprofesional no solo operó como límite inferior de la retribución de los asalariados. También se utilizaba como referencia para la concesión de buena parte de las ayudas públicas, definiendo el nivel de ingresos (un determinado número de veces el SMI, en función del número de miembros de la unidad familiar) que no debían superar sus beneficiarios. Del mismo modo, se utilizaba también para cuantificar algunos subsidios, cuyo importe se fijaba en un porcentaje del SMI. 

Se advertía entonces de que este doble uso perjudicaba al crecimiento del salario mínimo: los gobiernos eran reacios a incrementarlo porque no afectaba únicamente a las empresas, sino que provocaba un aumento de diversas partidas del gasto público. 

Por ese motivo, en el año 2004, el ejecutivo decidió separar ambas funciones y creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a fin de que pudieran establecerse cuantías distintas para el salario mínimo de los trabajadores y para el índice que sirve de referencia para prestaciones públicas. 

Desde entonces, mientras el SMI se ha ido incrementando notablemente, el IPREM sufrió una total congelación entre 2010 y 2016 y, tras modificarse levemente en 2017, de nuevo quedó estancado hasta el año 2020 inclusive, para actualizarse después cada año, pero en mucha menor proporción. 

El primer IPREM de 460,50 euros equivalía hace veinte años al 93,88 % del salario mínimo vigente. Hoy, el IPREM de 600 euros representa solamente el 52,91 % del SMI actual. 

Como anticipaba, no deberíamos pensar que es una cuestión menor o meramente técnica: repercute en los derechos sociales y en los medios de subsistencia de muchas personas. La falta de actualización del IPREM se proyecta en ámbitos tales como ayudas al alquiler, becas de estudio, bono social eléctrico, viviendas protegidas o pensiones no contributivas, entre otros. 

Cuánta mayor divergencia exista entre el IPREM y el SMI, más familias van quedando excluidas de los umbrales de renta establecidos para ser beneficiario de ayudas públicas. Por poner un ejemplo, en 2003 una persona sola y sin hijos veía reconocida la asistencia jurídica gratuita, con abogado de oficio para su defensa, siempre que no cobrase más del doble del SMI de la época. Hoy, si esa persona percibe tan solo 67 euros más del salario mínimo obligatorio, ya no se le reconocerá ese derecho. 

Y, por otro lado, cuánto más lejos esté el IPREM del SMI, mayor diferencia existirá entre lo que perciben los beneficiarios de subsidios asistenciales y el salario mínimo. Por ejemplo, en 2003, un parado que hubiera agotado las prestaciones contributivas y cumpliera ciertas condiciones (tener responsabilidades familiares, ser mayor de 52 años, etc.) percibía un subsidio del 75 % del SMI. Hoy, ese subsidio por desempleo no alcanza siquiera el 40 % del salario que el propio gobierno ha considerado adecuado para garantizar una vida digna. 

Es verdad que el IPREM se estableció pensando precisamente en que su cuantía fuera diferente de la del SMI, pero ¿tanto? Desde los poderes públicos se viene exigiendo un esfuerzo a las empresas privadas porque los incrementos anuales del SMI “hacen de España un país mejor”. Por ello, no parece muy congruente que el Estado no haga un esfuerzo equivalente para actualizar un índice paralelo, que afecta al acceso de las familias a ayudas sociales y que determina la cuantía de relevantes prestaciones de nuestro sistema de protección social.
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Ilustración: Roseell, Diario de Sevilla.

La risa como herencia

Publicado en Diario de Sevilla, Diario de CádizDiario de JerezEuropa Sur, Málaga HoyHuelva Información, El Día de Córdoba y Granada hoy, 02/01/2024.


En la boda de mi amigo Mario, el cura tuvo la desafortunada ocurrencia de abrir en la homilía una especie de coloquio, dirigiendo preguntas individuales a algunos asistentes sobre el evangelio leído y su aplicación práctica a la vida: el resultado rozó por momentos la tragedia. A ello hay que añadir que confundió reiteradamente el nombre de la novia y, ante la perplejidad de Clara -que así se llamaba de verdad la contrayente-, impartió detalladas instrucciones al novio para que amase a una tal Blanca hasta que la muerte los separase. Como Mario era muy ocurrente, el episodio de lo que bauticé como misa fórum y el error de identidad nos dio juego durante años. 

Cuando, en efecto, la muerte nos separó prematuramente a todos de Mario, el sacerdote de su funeral no tuvo a bien obsequiarnos con unas palabras que nos reconfortaran, sino que decidió desplegar un discurso un tanto delirante, plagado de referencias al Apocalipsis. Yo tenía el alma rota, pero pensaba en lo que hubiera dicho mi amigo y no pude evitar abandonar aquella capilla con media sonrisa. Vi que Clara salía también igual: 
 - Te ríes de lo mismo que yo, ¿no? 
Enseguida se nos acercó mi hermana: 
 - Hay que ver qué mala suerte ha tenido Mario con los curas… 

En el funeral de mi abuela, que murió con 100 años, muchos sonreían también cuando hice mención a las típicas frases suyas en las que no daba puntada sin hilo. 

Hace poco falleció en Sevilla, con 103 años, Concepción Góngora, la abuela Conchita de nuestro amigo Jorge -y un poco abuela también de toda la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur-, una mujer cariñosa que transmitía alegría. Cuando sus hijos y nietos quieren recordarla, lo hacen con una sevillana, dedicada a su Huelva natal, que le gustaba cantar en los buenos momentos de celebración familiar. Y, entonces, las sonrisas se abren paso entre ojos empañados. 

Hace algunas semanas asistí en Ávila a un Encuentro Eleusino dedicado a la memoria de Fernando Sánchez Dragó. Con su hija Ayanta Barilli como maestra de ceremonias, varios escritores y amigos del homenajeado trazaron un emotivo retrato y abordaron desde distintas perspectivas su amplia obra. Su pareja, la periodista Emma Nogueiro, además de ofrecernos un amoroso testimonio donde la persona se superpuso al personaje, decidió compartir con los presentes un video personal grabado con su teléfono móvil, en el que le daba instrucciones para usar una lavadora y una secadora en su ausencia. El hombre que se las apañó para sobrevivir a mil y una tribulaciones por los cinco continentes, provocó afectuosas carcajadas con una exhibición de inutilidad que, cuando descendía al terreno de lo doméstico, nada tenía que envidiar a Mr. Bean. 

Con una convocatoria de estas características, se corre el riesgo de que la tristeza inunde todas las jornadas. Pero no fue así. Hubo lágrimas, pero también momentos divertidos, como corresponde al legado de alguien que, en su libro El Sendero de la Mano Izquierda, dejó escrito este consejo: “Sonríe siempre, incluso cuando hables por teléfono. La sonrisa se nota en la voz”. 

Con Fernando mantuve amistad durante treinta y siete años, desde que yo era un universitario inquieto, y me sigo riendo con un buen puñado de anécdotas, en medio de multitud de conversaciones interesantes y amenas, comidas fraternas, gestos de generosidad por su parte y no pocas aventuras compartidas, a menudo tan disparatadas como hermosas. 

Cuando tanto cenizo siente la necesidad de contestarnos agriamente en redes sociales desde que apenas hemos dado los buenos días, cuando -también fuera de lo digital- tanta gente amargada se empeña en hacernos -y hacerse- la vida más difícil, cada vez aprecio más a quienes adoptan el buen humor por bandera, a quienes incluso intentan ponerle buena cara al inevitable mal tiempo. Admiro a aquellas personas que, hasta después de muertas, nos siguen contagiando su buena onda, a quienes se las apañan para seguir viviendo en la sonrisa que su recuerdo evoca en los demás.

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Ilustración: Rosell, publicada en los medios del grupo Joly

Una responsabilidad política, no judicial

Publicado en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Málaga Hoy, Huelva Información, El Día de Córdoba y Granada Hoy, 05/12/2023.


Se cumplen cinco años desde el final del mandato del CGPJ sin que se haya procedido a la renovación del mismo por parte de las Cortes Generales.

Si echamos un vistazo a algunas de las redes sociales más populares, podemos comprobar cómo, a los integrantes en funciones del CGPJ, se les tilda de “jueces okupas” y “jueces caducados”, se propone que no cobren retribución o se alude a su supuesta resistencia a abandonar el cargo, con ese rigor y sutileza que caracterizan a menudo los juicios vertidos en tales foros.

 

Me fascina cómo los políticos españoles, que están incumpliendo desde hace un lustro su obligación de renovar el CGPJ, no sólo han conseguido eludir su responsabilidad ante la opinión pública, sino que se la han endosado injustamente a unos vocales del CGPJ que, obviamente, no pueden nombrar a sus sucesores y no han hecho sino cumplir la obligación prevista en el artículo 570.2 de la Ley Orgánica: Si ninguna de las dos cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.

 

Discrepo en no pocos aspectos de la línea de actuación y gestión que sigue nuestro CGPJ, pero ello no me impide reconocer algo evidente: que sus actuales integrantes no han perdido oportunidad de reclamar, pública y reiteradamente, a los responsables políticos que cumplan con su obligación de renovar la institución.

 

El anterior Presidente, Carlos Lesmes, decidió presentar su dimisión, con la pretensión de que ese gesto supusiera una llamada de atención a la clase política y se procediera al nombramiento del nuevo Consejo por quienes tienen atribuida tal competencia. De nada sirvió.

 

El actual, Vicente Guilarte, incluso ha elaborado y formulado algunas propuestas con el ánimo de que puedan contribuir a desbloquear la situación, para que sean valoradas por los responsables políticos que tienen en sus manos la decisión.

 

El CGPJ está compuesto por 20 vocales, la mitad elegidos por el Congreso y la mitad por el Senado. 8 de ellos deben ser juristas de reconocida competencia y los otros 12 magistrados en activo con más de 15 años de servicio. Para estas últimas plazas, se pueden presentar candidatos avalados por una asociación judicial o por 25 miembros de la judicatura.

 

En su día, el Presidente del CGPJ remitió a las Cortes el listado de candidaturas a vocales judiciales presentadas en plazo. A lo largo de cinco años, las sucesivas presidencias del Congreso y del Senado han incumplido por completo su obligación de convocar los plenos para que sean votadas.

 

Cuando muchos representantes políticos hacen declaraciones críticas y hasta descalificatorias sobre la no renovación del Consejo, hay que recordar que la carrera judicial sí “hizo sus deberes” y que el incumplimiento se produce por parte de quienes ni siquiera han convocado las sesiones parlamentarias en las que someter a votación dichas candidaturas, obtengan o no finalmente los tres quintos necesarios.

 

No está previsto en la ley que, si no hay acuerdo previo entre los grupos parlamentarios mayoritarios o, lo que es peor, si el acuerdo no se produce entre dos concretos partidos en ámbitos ajenos al parlamento -por un bloqueo deliberado o por incapacidad para alcanzar consensos-, la consecuencia sea paralizar arbitrariamente un proceso reglado y que es de obligado cumplimiento.

 

Lo acabamos de ver en los debates de investidura: aunque el primer candidato a la presidencia del gobierno no obtuvo la confianza mayoritaria de la cámara, a nadie se le pasó por la cabeza dejar de convocar el pleno del Congreso e impedir que la votación se produjera. Con el CGPJ sí lo han hecho. Y es grave.

 

Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 22 de junio de 2023, ha condenado a España y ha reconocido el derecho de los aspirantes propuestos por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria a que sus candidaturas fueran examinadas por el Parlamento en el plazo determinado legalmente.

 

La pelota sigue estando, pues, en el tejado del Congreso y del Senado, cuyos presidentes han de cumplir con la obligación que tienen legalmente atribuida de convocar los plenos y realizar la votación. Y que luego cada cual se retrate.

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(Ilustración: Rosell, Diario de Sevilla)

Campo de Gibraltar: contar lo bueno

Publicado en el diario Europa Sur, 17/07/23

En varias ocasiones he leído declaraciones de los alcaldes de Algeciras y de La Línea contra aquellas actuaciones que acentúan la estigmatización del Campo de Gibraltar. Hace algunos meses, por ejemplo, José Ignacio Landaluce denunciaba cómo el Ministerio del Interior había elegido la localidad de San Roque para presentar una operación contra el narcotráfico desarrollada realmente en la provincia de Málaga. 

El narcotráfico no sólo produce enormes daños directos en términos humanos, sociales, culturales, económicos y de salud. También ocasiona, colateralmente, un daño reputacional inmenso, al sobreponerse a la realidad de una comarca de la que, lamentablemente, en el resto de España, apenas se conocen más que un puñado de tópicos. 

Cuando, a finales de 2019, me planteaba solicitar destino judicial en Algeciras, personas que ni siquiera habían puesto un pie en la zona me desaconsejaban mi decisión, influidos por el sesgo negativo de la información que les llegaba. 

Más de tres años y medio después, terminada mi etapa de ejercicio profesional en el Campo de Gibraltar, tengo claro que aquella elección no pudo ser más afortunada. Esta tierra y sus gentes son ya parte irrenunciable de mi vida y por eso me sigue doliendo lo que percibo como una visión deformada y terriblemente injusta. 

Confieso que yo también padecía esa inicial ignorancia sobre una comarca en la que no había estado nunca y de la que apenas sabía nada. Por mi ejercicio profesional, lo primero que tuve ocasión de ir descubriendo es que había llegado a un polo portuario e industrial de primera magnitud: instalaciones de las principales firmas del sector energético y químico, la factoría de acero más importante del país, el primer puerto de España en volumen de mercancías y uno de los principales de Europa y del Mediterráneo, lo que conlleva también la presencia de las más importantes terminales de contenedores y de grandes empresas de servicios auxiliares... Todo ello junto al peso del turismo y al sector servicios en general. 

Para cualquier observador directo, enseguida resulta sorprendente el contraste de esta realidad empresarial de la comarca y, muy especialmente, su capacidad innovadora y su enorme potencial, con la miopía que revela el trato político que se le dispensa en materias tales como transporte y otras infraestructuras. No me imagino ese llamativo abandono ante un caso similar prácticamente en ningún otro país desarrollado. 

Por mis recorridos personales para ir conociendo la zona, por lecturas y por conversaciones, tuve ocasión de empaparme de la historia, la arqueología, la naturaleza, la cultura y la gastronomía que atesoran sus localidades y su privilegiado entorno, desde el Estrecho y la Bahía hasta la sierra y los montes. 

Esto, que para quienes viven en el Campo de Gibraltar son obviedades, no trasciende fuera de ahí. Mientras yo disfrutaba de parques naturales, playas, senderos, ríos, miradores, castillos, iglesias, restos arqueológicos, actividades, eventos culturales y de ocio y una oferta gastronómica de primer nivel para todos los bolsillos, lo que les llegaba, a través de los medios, a mis familiares, amigos y conocidos de otros lugares de España eran casi invariablemente noticias negativas: operaciones policiales o macrojuicios contra el tráfico de estupefacientes (obviamente son buenas noticias en sí, pero transmiten la existencia de un trasfondo que no lo es), que la esperanza de vida en la zona era de las más reducidas de España o que una presunta inteligencia artificial consideraba Algeciras la ciudad más fea del país. Poco más. Resulta elocuente que, en el conjunto de España, muy pocas personas sabían que el Estrecho es un lugar magnífico para avistamiento de cetáceos pero, paradójicamente, ahora sí les ha llegado la noticia de orcas atacando embarcaciones. 

Cuando a alguien de fuera de Andalucía se le nombra Algeciras o La Línea, lamentablemente le evoca, en primer lugar, narcotráfico. Sin embargo, esto no es inevitable. Cuando a esa misma persona se le nombra Galicia, también afectada históricamente por la misma lacra, lo primero que le viene a la mente son otras muchas cosas diferentes. 

El Campo de Gibraltar no sólo necesita un plan integral para aprovechar su potencial, con inversiones públicas coherentes y planificadas más allá del cortoplacismo, una apuesta decidida de Comunidad Autónoma y de Gobierno que apoye la labor que se desarrolla a nivel municipal y de comarca. También precisa de una estrategia de comunicación e imagen que permita visibilizar su realidad completa y no sólo los aspectos más negativos. 

Se precisa un verdadero trabajo “de marca”: Tarifa o Sotogrande son enseñas turísticas muy diferentes entre sí, pero que demuestran que se puede lograr. 

Se necesita, además, un plan de comunicación, diseñado y sistemático, impulsado desde las instituciones públicas y con la implicación del sector privado. Tenemos que exportar la cara amable de una realidad escasamente conocida, tenemos que ser capaces de transmitir, más allá de Andalucía, a España e incluso a Europa, las buenas noticias, las realidades positivas de las que el Campo de Gibraltar es protagonista. Que no son pocas.

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(Fotografía: vistas de la Bahía de Algeciras y del litoral del levante desde el sendero de Sierra Carbonera, de Erasmo Fenoy, ilustración original del artículo en el diario Europa Sur).

Participación en mesa redonda sobre 750º aniversario de la Carta de Heredad de El Hoyo de Pinares


Tras el interesante acto que siguió, en noviembre de 2022, al regreso del ex diputado Javier Rupérez a uno de sus lugares de secuestro, el ciclo Episodios Históricos que tengo el honor de coordinar en El Hoyo de Pinares dedicó su segunda sesión precisamente al 750º aniversario del otorgamiento de su carta de heredad por los caballeros mandatados por Alfonso X. 

Esta mesa redonda fue presentada por la periodista Chus Galán, e intervine en la misma junto al Doctor en Historia Medieval José Adolfo Reviejo Paz, natural de El Tiemblo y autor de una tesis sobre el Señorío de las Navas, y el economista Pedro Grande Palomo, director y coautor de los tres magníficos tomos de Historia de Navalperal de Pinares. 

Contó con una nutrida asistencia de vecinos y visitantes interesados en la historial local, entre los que se encontraban el alcalde de El Hoyo de Pinares y buena parte de la Corporación Municipal, el Cronista Oficial de Ávila, Jesús M. Sanchidrián, y el alcalde de Navalperal de Pinares, Luis Bartolomé. 

En mi primera intervención me referí a asentamientos previos a la Edad Media en la zona, así como a otros despoblados medievales hoy absorbidos por El Hoyo. También me correspondió trazar el perfil del rey Sabio. 

Por su parte, Adolfo Reviejo recordó el contexto de repoblación en el que se otorgó la Carta de heredad, nos explicó quiénes eran esos caballeros mandatados por Alfonso X y analizó el pleito que, en el siglo XV, mantuvieron los Concejos de Ávila y El Hoyo. 

Por su parte, Pedro Grande detalló una curiosidad poco conocida: cómo El Hoyo quedó en tierra de Segovia en un deslinde del siglo XII. Hizo también referencias a cuestiones como el paso de la Cañada Real Leonesa Oriental por nuestra localidad, a quiénes fueron los primeros propietarios señoriales del pueblo y a la posterior venta del señorío jurisdiccional al Marqués de Las Navas. 

Pero el acto, además, contó con una actuación de lujo, la de la coral Chorus DCCL, creada expresamente para la ocasión y que ocupó de interpretar una selección de las Cantigas de Santa María del propio rey Alfonso y cerró el acto con el Canticorum Jubilo de Haendel. 

Finalmente, el alcalde de la localidad, David Beltrán, nos agradeció a todos los intervinientes -presentadora, ponentes, coral, nuestra participación haciéndonos entrega de una edición enmarcada del sello de Correos dedicado a la efeméride. 

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La noticia en otros medios: 

- 8 TV Ávila, 24/04/23: Vídeo 750 aniversario de El Hoyo de Pinares:

AvilaRed.com, 03/05/23750 años del otorgamiento del término municipal por Alfonso X El Sabio, por Jesús María Sanchidrián.


El próximo 21 de abril, segunda sesión del ciclo de historia local en El Hoyo de Pinares

El próximo viernes 21 de abril de 2023, a las 19:30 h., tendrá lugar en El Hoyo de Pinares la segunda sesión del Ciclo Episodios de Historia Local que tengo el honor de coordinar. En esta ocasión estará dedicada precisamente al hecho central de la efeméride del 750º aniversario, es decir, a la Carta del rey Alfonso X otorgando heredamiento a la aldea de El Foyo en 1273, lo que nos dará pie para realizar un recorrido por la historia medieval de la localidad.

Intervendrán junto a mí José Adolfo Reviejo Paz, Doctor en Historia Medieval y autor de una tesis doctoral sobre el Señorío de Las Navas en la Edad Media, y Pedro Grande Palomo, director u coautor de la obra Navalperal de Pinares. Historia, tradiciones y costumbres.  El acto será presentado y moderado por la periodista Chus Galán.

Durante el transcurso del mismo, la coral Chorus DCCL interpretará una selección de las Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio.