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Publicado en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Málaga Hoy, Huelva Información, El Día de Córdoba, Granada Hoy y Jaén Hoy, 13/09/2026.
A punto de encarar el último trimestre de 2026, en la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Sevilla -los antiguos juzgados de lo social- estamos señalando juicios ordinarios para el año 2030: quien presenta hoy una demanda de cantidad o de reconocimiento de derechos sabe que su acto de juicio se celebrará dentro de cuatro años.
Los datos son tozudos: los módulos que fija el Consejo General del Poder Judicial establecen que cada unidad judicial -antes juzgado, hoy plaza- debería recibir 800 asuntos al año y en Sevilla esa cifra se duplica ampliamente. Solo el sobreesfuerzo personal de quienes trabajamos en esos órganos -que acaba pasando factura en términos de vida personal y familiar y no pocas veces de salud- evita que cada ejercicio consuma dos años enteros de agenda. Pero ni aun así se contiene el retraso, que se ha ido incrementando año tras año.
Sevilla padece la peor situación, pero no es un caso aislado dentro de Andalucía. En procedimientos ordinarios, Málaga y Almería superan también los veinte meses de espera media, mientras Cádiz y Huelva no se quedan atrás. Y tampoco es un problema privativo de nuestra Comunidad Autónoma: Barcelona y Madrid, por ejemplo, también arrastran tiempos similares en los procesos no preferentes. A esos plazos hay que añadir, en muchos casos, las fases de recursos ante los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, que tampoco escapan al deterioro.
La situación viene siendo denunciada reiteradamente por las asociaciones judiciales y por los Colegios de la Abogacía y de Graduados Sociales, pero a quien más perjudica no es a los operadores jurídicos, sino a los justiciables, a la ciudadanía que busca amparo en la jurisdicción social. Porque no hablamos de una abstracción estadística. Hablamos de la trabajadora despedida que, si finalmente se declara improcedente su cese, percibirá la indemnización mucho más tarde de cuando la necesitaba o, lo que es peor aún, se determinará su readmisión, que resulta una broma pesada cuando hace años que se tuvo que buscar otro empleo. Hablamos también del trabajador al que no le pagan el salario, de cómo su crédito pierde valor real y capacidad de presión frente a la empresa. De quien impugna una alta médica indebida y debe seguir acudiendo a un trabajo que no se siente en condiciones de afrontar. De quien reclama una incapacidad permanente y sostiene su vida, mientras tanto, sin ingresos y sin certezas. De la familia que ha visto denegado un ingreso mínimo vital y necesita esa prestación para comer ahora, no dentro de varios años. En todos estos casos la Justicia tardía no protege: llega cuando el año está consumado y, a menudo, cuando ya es irreversible.
Durante años me sorprendía -y me entristecía- que los sindicatos no situasen esta cuestión entre sus reivindicaciones más destacadas, como un problema gravísimo y de imprescindible respuesta. Porque de nada sirven los derechos reconocidos en la ley, ni los obtenidos en la negociación colectiva, ni los conquistados con movilizaciones, si después la tutela judicial llega tarde para protegerlos y hacerlos realidad.
Por eso mismo, me alegra que Comisiones Obreras haya iniciado una campaña al respecto, con la elaboración de un informe detallado –“Sin Justicia a tiempo no hay derechos”- y el anuncio de actuaciones ante el Ministerio de Justicia, el CGPJ, el Defensor del Pueblo e incluso una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. El sindicato denuncia con acierto que se trata de un problema estructural del Estado de Derecho, que la demora erosiona el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y que la desigualdad territorial hace que su efectividad dependa del código postal donde se ejerce la acción. Ojalá esta denuncia no sea algo puntual y se mantenga como una prioridad sostenida.
Y anticipo ya con claridad que, en contra de lo que sostiene el Ministerio de Justicia, las recientes reformas legales -por razones que no caben aquí y que merecerían un artículo específico- no suponen, ni de lejos, una solución a este problema. Hace falta un diálogo sincero con quienes conocemos la situación desde dentro, un acuerdo para un plan de choque que aporte soluciones efectivas.
Mientras tanto, seguimos trabajando cada día más de lo exigible, con normas ineficientes, con recursos insuficientes, con una digitalización defectuosa y con esa sensación descorazonadora de llegar tarde, de no hacer Justicia a tiempo cuando los ciudadanos que la necesitan la están reclamando.
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Nota.- Aquí se recoge la versión íntegra del artículo incluidas las partes que, por razones de espacio, no se publicaron en los periódicos.
