Humanidad en la abogacía, entrevista en Sintonía TV Rioja
Documental Chicas nuevas 24 horas: contra la trata de mujeres
Presentación en Sevilla de Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica
Javier Compás, presidente de la asociación convocante, expuso las razones de esta iniciativa y dio las gracias a quienes han hecho posible esta obra. Tomaron la palabra en el acto dos de sus autores, Mercedes Valdivia, que traza en la obra el retrato más personal de Mercedes Fórmica y detalla las claves de su compromiso político, y José M. Sánchez del Águila, que analiza las reformas legislativas que se debieron a su impulso.
Me cupo el honor de cerrar el acto y fue una gratísima experiencia recordar -a algunos de los presentes- o dar a conocer -a otros- pinceladas de la trayectoria humana y de la labor jurídica de Mercedes Fórmica. Una mujer singular que, en los años cincuenta, logró situar en el debate público, e incluso que fueran finalmente llevadas a la ley, varias reformas que cambiaron la situación de la mujer española.
Presentación en Sevilla de libro-homenaje a Mercedes Fórmica
Mercedes Fórmica: 60 años de un artículo que cambió la situación legal de la mujer española
La semana pasada se cumplieron sesenta años desde que vio la luz, en el diario ABC, un artículo que estaría destinado a provocar un cambio legislativo, sin duda insuficiente, pero de gran trascendencia para la mujer española de la época.
Su autora, Mercedes Fórmica, había nacido en Cádiz en 1913 (estamos, pues, en el año de su centenario). En 1932 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, donde sólo otra mujer compartía aula. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó a Madrid, donde siguió sus estudios en la Universidad Complutense. Enfermó en el curso 1934-35 y su familia marchó a vivir a Málaga, interrumpiendo la carrera en el cuarto año. Tiempo después, retomaría los estudios y su viejo deseo de autosuficiencia económica. Se doctoró en Filosofía y Letras y, en 1948, se licenció en Derecho.
Su voluntad de ingresar en la Escuela Diplomática se ve impedida por un requisito de imposible cumplimiento. “Ser varón, mayor de edad y menor de treinta y tres años. Tener nacionalidad española de origen. No estar casado con extranjera. Poseer título de Licenciado en Derecho o Ciencias Políticas y Económicas”, exigía la convocatoria publicada en el BOE de 10 de octubre de 1949. Mercedes se topa de frente con el retroceso jurídico que el franquismo suponía para la mujer española respecto a la II República: “A la mujer se le admitía en la Universidad –escribió años después- pero a la hora de hacer valer su título le pedían que se convirtiese en hombre”.
Decide entonces darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid. No fueron fáciles sus comienzos. Intentó la pasantía en un bufete, donde le sugirieron que su mera presencia podía resultar “perturbadora”. En otros despachos tampoco fue aceptada, a pesar de recomendaciones de amigas y colaboradoras. Comenzó a ejercer por su cuenta y a atender los asuntos que le asignaban en el turno de oficio.
Así llega a la mesa de su despacho el caso de Antonia Pernía. Apuñalada brutalmente por su marido, había sobrevivido milagrosamente. No era la primera vez que resultaba agredida por el esposo, pero no había podido separarse: hubiera sido privada de la convivencia con sus hijos, expulsada de su casa y quedado sin recursos, pues la mujer estaba excluida de la administración de los bienes gananciales.
La ley procesal vigente consideraba la vivienda familiar como “casa del marido”, de forma que la mujer que solicitara la separación –por muy justificado que fuese el motivo- debía abandonarla para ser “depositada” en el domicilio de sus padres, de terceras personas o incluso en un convento, mientras se resolvía la controversia. La separación la resolvían los tribunales eclesiásticos determinando, normalmente varios años después, si la causa alegada era justificada o no, y concediendo la separación o, por el contrario, obligando a reunirse de nuevo al matrimonio, en cuyo caso no resulta difícil imaginar en qué situación quedaba la mujer.
Mercedes escribió para el ABC dirigido por Luis Calvo un artículo, El domicilio conyugal, denunciando esta situación. El texto sufrió una retención por parte de la censura hasta que el 7 de noviembre de 1953 pudo ver por fin la luz. Lo firmaba: Mercedes Fórmica, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Tras la publicación, se generó un intenso debate y, durante semanas, el periódico recibía decenas de cartas diarias. Se escribieron numerosos textos de opinión acerca de la polémica suscitada. Pronto el rotativo madrileño publicó también una encuesta realizada entre prestigiosos juristas, como Ramón Serrano Suñer, Antonio Hernández Gil, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, José María Ruiz Gallardón, Alfonso García Valdecasas, Joaquín Calvo Sotelo y una extensa lista. El debate iniciado por Mercedes Fórmica trascendió nuestras fronteras: el británico Dayly Telegraph, la revista norteamericana Time, el diario argentino La Prensa, periódicos alemanes, suizos, daneses, suecos, y de varios países de Iberoamérica se hicieron eco… La revista Holiday la cita como una de las cuatro mujeres más destacadas del año. La reportera Inge Morath (de la agencia Magnus Capa, colaboradora de Life, Vogue o París Match entre otras) viajó a Madrid para conocer y fotografíar a Mercedes. Hasta el semanario clandestino de la CNT reseñó la “interesante cuestión” planteada por la abogada.
Mercedes Fórmica consideró que, para lograr su propósito de impulsar una reforma legal en estos aspectos, debía optar por un criterio práctico y obrar con cautela, pues los sectores más cerrados del régimen sospechaban que se trataba de una maniobra izquierdista para restaurar el divorcio. Planeó una entrevista con Franco y, para disipar recelos, la solicitó a través de la Sección Femenina y se hizo acompañar por un sacerdote letrado. El dictador se mostró receptivo a algunas cuestiones e instó a la abogada a reunirse con el Ministro de Justicia. Mercedes visitó a Iturmendi esa misma mañana y le dijo con desparpajo “quiero que sepa que soy muy pesada, pesadísima” y le aseguró que insistiría “hasta que consiga el cambio”. “Sería magnífico –le sugirió- que usted recibiera la gratitud de tantas mujeres”.
Mercedes continuó dando conferencias, concediendo entrevistas y escribiendo artículos. En 1954, el propio presidente del Tribunal Supremo, José Castán Tobeñas, hizo referencia, en la apertura del año judicial, a las reclamaciones planteadas por la abogada y escritora. En 1956, a raíz de otro caso legal, retomó con intensidad su campaña.
En 1958 llegó por fin la ansiada reforma legal, la más extensa desde la promulgación del Código Civil, y que afectó a la redacción de más de sesenta artículos. Un periódico usó el término “reformica” para referirse a aquella modificación legislativa, jugando con el apellido de su promotora y apuntando a la vez lo limitado de la misma. Pero no habría que caer en el error de minusvalorar lo que supuso en la práctica para millones de mujeres españolas de la época. Ciertamente, no cambiaba la visión de la autoridad del marido sobre la familia, pero sí se amplió la capacidad de obrar de la mujer, se sustituyó el concepto jurídico de casa del marido por vivienda familiar con posibilidad de atribución judicial a la esposa, desapareció la denigrante institución del "depósito" de la mujer separada, se modificó el régimen de custodia de los hijos en caso de separación, se comenzó a exigir consentimiento de la esposa y no sólo del marido para disponer de los bienes gananciales, se equiparó el tratamiento legal del adulterio del varón al de la mujer, se suprimió la pérdida de patria potestad de la viuda que contraía nuevas nupcias... y cambiaron otras muchas y variadas disposiciones que hoy nos suenan aberrantes, pero que en los años cincuenta ni siquiera se discutían y sólo el empeño de una mujer consiguió colocar en el centro del debate social.
¿Por qué se ha condenado al olvido a Mercedes Fórmica? No me cabe duda de que ha sido por su adscripción política, que resulta antipática a derecha e izquierda. Mercedes se afilió a la Falange fundacional en su época universitaria y nunca se apeó de su admiración por José Antonio, al que había tratado personalmente. Tras su fusilamiento, se mostró contraria a que se manipulasen por el incipiente régimen franquista "unas ideas en trance de formación, para desvirtuarlas, sabiendo que los que detentaban el poder no creían en ellas”. En el primer tomo de sus memorias se muestra rotunda: “Confundir el pensamiento de José Antonio con los intereses de la extrema derecha es algo que llega a pudrir la sangre. Fue la extrema derecha quien le condenó a muerte civil, en espera de la muerte física, que a su juicio merecía".
Pero daría absolutamente igual la adscripción política de Mercedes o el juicio que ésta merezca a cada cual. Si no viviéramos en un país tan sectario, tendría que ser reconocida como una figura que luchó innegablemente por mejorar la situación femenina en España. Y que consiguió algunos frutos nada desdeñables, con repercusión práctica positiva en la vida de muchas mujeres, dos décadas antes de que nuestro ordenamiento proclamase la plena igualdad jurídica.
Aparte de esta batalla legal, Mercedes Fórmica desarrolló una intensa labor cultural, dirigiendo la revista Medina o editando la colección divulgativa La novela del sábado. Como escritora publicó obras narrativas como Bodoque (Revista de Occidente, 1945), Monte de Sancha (Luis de Caralt, 1950; reeditada en 1999 por El Aguacero), La Ciudad perdida (Luis de Caralt, 1951) y Collar de ámbar (Caro Raggio, 1989), y biografías históricas como La hija de D. Juan de Austria (Revista de Occidente, 1975), o María de Mendoza (Caro Raggio, 1979). La desigualdad jurídica de la mujer también centró su novela A instancia de parte (Cid, 1955. Reeditada en la Biblioteca de Escritoras de Castalia en 1991), que fue galardonada con el Premio Cid de la Cadena SER por un jurado del que formaban parte Dámaso Alonso, Melchor Fernández Almagro, Dionisio Ridruejo y Carmen Laforet, entre otros.
Escribió sus interesantes recuerdos en La infancia (publicado por la Junta de Andalucía en 1987) y en la trilogía Pequeña historia de ayer, formada por los tomos Visto y Vivido (Planeta, 1982), Escucho el silencio (Planeta, 1983) y Espejo Roto y Espejuelos (Huerga y Fierro, 1998). Los dos tomos que publicó Planeta en los ochenta se han reeditado ahora agrupados en un solo volumen por la editorial Renacimiento bajo el título Memorias (1931-1947).
Mercedes murió en abril de 2002, a los 88 años. No dejó de ser nunca esa mujer inteligente, llena de sentido común, hermosa y amable, que combinaba la elegancia en las formas con la elegancia espiritual. Y fue también durante toda su vida una luchadora, sin aspavientos pero con admirable tenacidad, contra cada injusticia que encontró a su paso.
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Esos nuevos verbos...
Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (y V)
Cuando comencé a escribir esta serie todavía estábamos en plena incertidumbre. Hoy ya sabemos que este primer intento de silenciar a los abogados y abogadas de Madrid ha durado poco tiempo, porque era insostenible.
Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (IV)
Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (III)
Otras dos asociaciones, Unión de Abogados y Ius et Fides, presentan una lista encabezada por una abogada mediática, Montse Suárez.
Las restantes candidaturas están encabezadas por Josefa García Lorente, Miguel Urrutia, Emilio Ramírez Matos y Juan Carlos Rodríguez Segura.
El objetivo de esta serie de artículos, como dije en el primero de ellos, es destacar cómo incluso unas elecciones como las del Colegio de Abogados de Madrid provocan intensos movimientos de grupos de presión y de poder para intentar influir en su resultado.
Resulta curioso, por ejemplo, observar cómo se ninguneó a la candidatura de Montserrat Suárez. Casi con seguridad estaba llamada a ser minoritaria, pero su perfil de abogada conocida, presente en medios de comunicación, podría entrañar un riesgo de romper el guión o de restar votos a candidatos que interesaban, por lo que no se le dio absolutamente ninguna cancha, cuando sí se le daba, a su vez, a candidaturas de características o expectativas similares. Así, Cremades, aprovechando una mayor presencia mediática, pirateó algunas ideas de su programa, como la defensa de la unidad jurídica de España o un manifiesto de apoyo de la sociedad civil. Al debate en el Ateneo se invitó sólo a seis de los diez candidatos, sin que fuera posible saber qué criterio objetivo se siguió para esta arbitraria exclusión. Ahora, con los resultados en la mano, podría justificarse a posteriori, pero no es fácil saber qué fue primero, el huevo o la gallina: es decir, estuvieron en el Ateneo las candidaturas que finalmente resultaron más votadas, pero nunca sabremos si tal vez no se votó en mayor medida a esas candidaturas precisamente por estar presentes en ese debate.
Pero, sin duda alguna, el objetivo a batir para ciertos grupos de presión fue la candidatura liderada por Sonia Gumpert.
Incluso se ha llegado a poner en marcha un video anónimo, pero del que después, concertadamente, se iban haciendo eco diversos medios. Se sembraron dudas sobre la presencia en la misma de ISDE, un grupo editorial y de formación. Con independencia de lo que cada cual podamos pensar o de que nos pueda gustar más o menos, creo que la integración en la propia candidatura nos permite ganar en transparencia frente a cualquier apoyo interesado desde la sombra. Si aspiras al “pastel” formativo o editorial del Colegio, lo menos inteligente es estar con tus propios candidatos en la lista. Precisamente porque hay personas de ISDE en la candidatura, los colegiados vigilaremos mucho más esas cuestiones en la futura gestión del ICAM.
También acusaron a Sonia Gumpert ser una especie de ariete de despachos catalanes para hacerse con influencia en el Colegio madrileño. La acusación carecía de cualquier soporte argumental, pero la campaña llegó al extremo ridículo de asegurar que la propia candidata era catalana, algo que tuvo que ser objeto de un desmentido expreso y realmente pintoresco. No era cierto, pero, en todo caso, siempre me ha parecido que una de las señas de identidad que diferencian a Madrid de otros lugares es precisamente su carácter abierto en el que convivimos personas de todas las procedencias sin que a nadie se exija pedigrí territorial.
Algunos medios de comunicación fueron absolutamente descarados en el intento de perjudicar a esta candidatura, tan peligrosa para quienes habían controlado el Colegio durante largos años. Así el diario El Mundo, apoyando claramente a Javier Cremades, con el que ha mantenido algunas relaciones, directamente ignoró la candidatura de Gumpert al dar información sobre los candidatos al decanato. No es que le tratara peor, es que decidió que sencillamente no existía. Así, publicó un reportaje para dar a conocer las “principales” candidaturas, entrevistando a Hernández Gil, Cremades, Ignacio Peláez, etc.... y dejó fuera sin más a Sonia Gumpert, la que resultó finalmente ganadora y la que ya todo el mundo reconocía como una de las favoritas en aquel momento. ¿Se imaginan unas elecciones generales en las que se entrevistara a las principales candidaturas y dejaran fuera al PP o al PSOE mientras entrevistan a IU, UPyD, CiU y PNV? Calificarlo como manipulación burda se queda muy corto. Realmente vergonzoso ese ejercicio de antiperiodismo interesado.
Y qué decir del supuesto "estudio” (no se atrevieron ni a llamarlo encuesta o sondeo), absolutamente delirante, publicado por Expansión, del mismo grupo, en la que se preveía una participación ¡del 61 %! (sabiendo que otras veces estuvo en torno al 10 %) y se daba como ganador a Cremades con casi el 26 %, seguido de Gumpert con el 12 % y Hernández Gil con el 4 %. Sorprende que se prestara a poner su nombre a esta indignidad –suponemos que bien retribuido- alguien como Salustiano del Campo. Leadership Factor, firma a la que desconozco, supongo que, como decía alguien en los comentarios en la página del periódico, estará ahora dedicándose a vender perritos calientes.
En medio de esta sucia campaña, lo cierto es que la candidatura de Sonia Gumpert, realizó una inteligente labor de intentar movilizar al letrado descontento pero que habitualmente no se mueve del despacho para votar. Aunque con algunos puntos que me parecen poco realistas (fruto, seguramente, del desconocimiento del Colegio desde fuera), el programa resultaba atractivo para los desencantados de tantos años de “secuestro” de la institución por unos pocos. Un hábil manejo de las redes sociales y la difusión personal del mensaje, convirtieron a cada abogado convencido en un activista que a su vez convencía a otros compañeros, resultaron muy efectivos. Es la primera vez que una candidatura al decanato no sólo se ha centrado en los grandes despachos, sino que se ha dedicado a escuchar a abogados de a pie, a conversar con un café delante con numerosos compañeros, que a su vez fueron siendo altavoz de esta novedad.
La larga campaña terminó y llegó por fin el día de la verdad: las elecciones del 18 de diciembre.
Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (II)
A partir de ahí, la abogacía madrileña ya no tiene derecho a conocer cómo se emplea ese dinero: qué prestaciones se conceden, en qué cuantía, con qué criterios, con qué gastos de gestión aparejados, etc. La auditoría se limita a constatar que, en efecto, la asignación económica se ha destinado a la Fundación. Y la Junta de Gobierno se encoge de hombros ante cualquier pregunta, puesto que esa fiscalización ya no es cosa de los colegiados. La gestión de la Fundación depende de sus patronos, mientras que el control administrativo corresponde al Protectorado.
El Colegio transfiere a dicha Mutua 2’5 millones de euros aproximados en dinero, varios inmuebles de su propiedad (la cuarta planta, siete plazas de garaje y un almacén del edificio de Serrano nº 11, tasados en casi 3’5 millones) y diverso mobiliario y equipamiento, con la única condición de que, si la Mutua se disolviera, ese patrimonio volvería al Colegio, salvo que con el mismo hubieran de satisfacerse deudas pendientes.
Mientras se producían estos episodios, tampoco se constataba ningún avance notable en la organización, servicios o funcionamiento del Colegio. Más bien da la sensación de que se han dejado pasar cinco años sin afrontar su necesaria modernización.
Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (I)
Pero créanme si les digo (habiendo seguido esta vez la campaña muy de cerca) que el proceso electoral que hemos vivido (y que ayer saltó tristemente a las páginas de los medios informativos, con presencia policial incluida), se ha convertido en un reflejo, en miniatura, de cómo operan las turbias luchas de poder en el ámbito político y económico. Y ha permitido constatar, también a pequeña escala, dos cosas. La primera, indudable: que los poderosos mueven todos los resortes a su alcance (presiones, manejos mediáticos, difamación, influencias…) para mantener su dominio, no dudando en recurrir a la más grosera (o sutil, como convenga) manipulación. Y la segunda: que, aun así, a veces es posible ganarles. Cuando, pese a todo, la democracia consigue abrirse paso frente a la oligarquía, estamos ante un hecho socialmente muy higiénico y reconfortante.
Pero no se puede entender el auténtico alcance de lo que ayer pasó en el ICAM –la amplia victoria electoral de la abogada Sonia Gumpert y la terca resistencia del Decano saliente, con menos de la mitad de votos, a abandonar el sillón oficial-, sin tener algunas ideas sobre los antecedentes.
Yo soy abogado ejerciente del Colegio de Madrid desde hace veintidós años. Cuando me inscribí, el Decano era Antonio Pedrol Rius, que llevaba ya en el cargo dieciocho años y que lo ostentaría hasta su muerte, en 1992.
A su fallecimiento, los cuatro despachos más grandes con sede en Madrid (Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Gómez-Acebo&Pombo) sellaron una alianza, no sé si expresa o tácita, para ocupar el gobierno del ICAM con una lista conjunta y designaron como candidato de consenso a Luis Martí Mingarro, quien desempeñó el cargo durante tres mandatos (quince años).
Elección tras elección, el candidato oficialista nunca se enfrentaba a un verdadero rival. Enfrente sólo tenía a la progresista Asociación Libre de Abogados (ALA) como permanente oposición. Y alguna candidatura outsider, improvisada, a veces bienintencionada y siempre sin posibilidades reales. Los macrodespachos movían el voto de sus centenares de empleados, mientras los abogados de a pie (absorbidos por nuestro trabajo cotidiano y con la sensación de inexistencia de alternativas) simplemente nos limitábamos a no acudir a las urnas. La triste participación llegó a ser, en 2002, en torno al 5 %. No es una errata: se registró un 95 % de abstención.
Esa alianza entre los grandes despachos permitía gobernar cómodamente un Colegio de decenas de miles de letrados con apenas unos centenares de votos de los fieles, ante la pasividad de una abogacía desmovilizada y desmotivada. En un reciente debate electoral en el Ateneo, Javier Cremades reconocía con naturalidad y sin sonrojo que, durante años, el Decano madrileño fue elegido “en una especie de cooptación”. Y les aseguro que nadie movió una pestaña de sorpresa ante semejante confesión.
Pero ese pacto de las grandes firmas del negocio jurídico se rompió a la hora de afrontar la sucesión de Martí Mingarro. Aparte de la habitual lista de ALA, se presentaron dos candidaturas de los grandes, ambas encabezadas por antiguos compañeros de Junta de Gobierno con el decano saliente. Por un lado, Javier Cremades. Por otro, Antonio Hernández-Gil, que llevaba participando en el gobierno del Colegio casi un cuarto de siglo.
Como de costumbre, la inmensa mayoría de letrados de a pie nos quedamos en casa (más bien en el despacho) ante una guerra que creíamos que no era la nuestra. Votó un 10 % de los colegiados y ganó Hernández-Gil por poco más de 300 votos de diferencia. Se iniciaba así el mandato sin duda más mediocre desde que comencé a ejercer la abogacía.
(Fotografía de Negocio Digital)
Derecho de defensa y grabaciones ilegales
Y para que esa defensa sea una realidad efectiva, nuestro ordenamiento prevé la intervención de un profesional del Derecho –el abogado- y dota de una serie de garantías a su actuación. Entre ellas, es básica la existencia del secreto profesional: el acusado debe poder comunicarse con su letrado en un marco de plena confianza y con la seguridad de que sus confidencias están protegidas.

Acudí a la web del Consejo General de la Abogacía y me encontré un comunicado de 9 de octubre de 2009 donde este organismo denunciaba “la violación del derecho de defensa y del secreto profesional” como un “gravísimo atentado contra el Estado de Derecho” que “repugna al sentido común”.
Fui a continuación a la web de mi Colegio, el de Madrid, esperando igual firmeza en pro del derecho de defensa, pero no encontré ningún pronunciamiento. La respuesta del Colegio de Abogados madrileño se hizo esperar más de diez días, hasta la reunión de la Junta de Gobierno de 20 de octubre, pero, cuando por fin llegó, pensé que tal vez compensaba la tardanza con la contundencia: no se limitaba a denunciar sino que anunciaba actuaciones concretas, tales como otorgar amparo a los letrados objeto de las grabaciones ilegales, elevar protesta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, disponer la personación del Colegio en los procesos que se iniciaran y autorizar la presentación de una querella contra el juez responsable de semejante violación, Baltasar Garzón.
Desde entonces, ninguna noticia había vuelto a tener sobre el particular, hasta que algunos medios de comunicación han informado de la queja de los letrados afectados porque, más de dos meses después, no se ha presentado tal querella, a pesar de la gravedad de estos hechos, que pueden sentar un precedente inadmisible, ante el que la abogacía no puede permanecer pasiva.
Las conductas denunciadas en la trama Gürtel me parecen gravísimas. No tengo la menor simpatía personal ni política con los imputados. No conozco a ninguno de los abogados que llevan su defensa. De hecho, me alegraré si se consigue probar quienes son los responsables de tales actuaciones delictivas y celebraré que, en ese caso, resulten condenados conforme a Derecho. Pero todo ello en un juicio justo, con garantías y sin ilegalidades.
Como español de a pie y como profesional de la abogacía, me repugna que se hayan intervenido sin cobertura legal las comunicaciones de unos imputados con sus abogados. No me sorprende que no haya reacción de la sociedad, porque determinados conceptos, aun siendo claves para garantizar las libertades de todos y un sistema procesal justo, a veces no son comprendidas por el común de la ciudadanía y otras veces, aun comprendiéndolos, no se percibe su verdadera importancia. Pero me parece inadmisible que no exista una reacción inequívoca y activa por parte de los órganos que nos representan a los abogados. En este caso, además, no estarían defendiendo sólo intereses profesionales sino, sobre todo, el interés general.
¿Fue éste?
Entre Larra y Kafka
Quienes tenemos que lidiar con la administración más que el común de los ciudadanos, a causa de nuestra profesión, contamos con un amplio repertorio de irracionalidades sufridas, que daría para escribir un grueso tomo. Bueno, yo de hecho publiqué un pequeño manual con consejos prácticos para entender mejor la burocracia: La empresa ante las administraciones públicas. Cómo sobrevivir al "papeleo".
Verán, por si no lo saben, los Registros Civiles españoles conservan el sistema decimonónico, con un Registro diferente en cada localidad, donde se inscriben, a mano y en gruesos libros, los actos jurídicos relevantes sobre la vida y estado de las personas (nacimiento, matrimonio, separación, divorcio, nulidad, régimen económico matrimonial, incapacitación, defunción…). ¿Los de cada persona en un determinado Registro?, quizá se pregunten ustedes. Pues no, se inscriben en cada Registro ¡¡¡los actos que hayan sucedido en ese lugar!!! Es decir que mi nacimiento estará inscrito en el Registro Civil de Ávila, mi matrimonio con Maribel Verdú lo inscribirían por ejemplo en el Registro de Madrid, y mi fallecimiento en una residencia de ancianos de Ibiza -abandonado por mi familia por ser un abuelo batallitas- lo inscribirían en el Registro Civil de esa preciosa isla.
Por tanto, para pedir un certificado respecto a alguien, no basta con saber el nombre y apellidos y el número de D.N.I. (dato que, por cierto, no solía aparecer en las inscripciones hasta fechas muy recientes), sino que hay que saber dónde ha nacido, dónde se ha casado o dónde ha fallecido, según el caso, y además saber en qué fecha, para que lo busquen en los libracos correspondientes del Registro Civil del lugar dónde haya ocurrido.
Si vas a pedir un certificado de nacimiento tuyo, no hay mucho problema; mientras el alzheimer no te ataque, seguramente te acordarás de dónde te dijeron que naciste, del día de tu cumpleaños y de tu edad. Si es el de matrimonio y eres una mujer, tampoco hay problema, aunque si eres un hombre ya la cosa se complica, dada la acreditada tendencia varonil a olvidarse de los aniversarios. Y si has fallecido, seguramente ya no vas a pedir ningún certificado. Pero si lo que quieres es pedir un certificado de un tercero, pongamos por caso de tu tío de América, porque crees que ha dejado una herencia multimillonaria, estás perdido: o sabes la fecha y el lugar del acontecimiento que necesites acreditar o no hay otra forma de buscarlo.
Por fin, tras ciento cuarenta años con este sistema, el gobierno ha pensado –y lo aplaudo con entusiasmo- que la informática quizá tenga cierta utilidad en esto. Y que, igual que los Registros de la Propiedad tienen un sistema unificado de índices donde puedes buscar propiedades inscritas en cualquier Registro de cada uno de los distritos hipotecarios, o tal y como el Registro Mercantil Central permite la búsqueda de sociedades inscritas en cualquier Registro Mercantil Provincial…, podría también establecerse un sistema por el que yo pueda consultar el nacimiento, el estado civil, la incapacitación o la defunción de una persona sin tener dotes de adivinación y sin peregrinar por toda España. La tarea es costosa y laboriosa, porque hay que informatizar (proceso que en las ciudades está a medias y en la mayoría de los pueblos está inédito) y luego centralizar información. Pero bien está que se empiecen a dar pasos en esa dirección.
Hace unos años por fin establecieron que pudieran pedirse los certificados por internet. Te los envían en papel y por correo postal, pero al menos no tienes que desplazarte al Registro Civil de que se trate o escribir una carta al responsable del mismo. Por descontado que, para pedir un certificado por internet, sigue siendo necesario saber el lugar y la fecha del acontecimiento en cuestión, pero con eso ya contamos.
El otro día estaba preparando la reclamación judicial de una herencia y tenía que pedir un certificado de defunción. Entramos en la web del Ministerio de Justicia y vemos que han cambiado la interfaz de solicitud. Ahora todos estos trámites están en lo que pomposamente llaman sede electrónica del Ministerio. Cuando accedes a la pantalla de solicitud del certificado de defunción, donde antes te pedían solamente el nombre y apellidos del difunto y la fecha y lugar de fallecimiento, ahora te exigen también el tomo y el folio donde está inscrito. Y aparece un asterisco rojo al lado de estas casillas. No explican a pie de página qué significa el símbolo pero, como es conocido, suele utilizarse normalmente en los cuestionarios de las webs para indicar que se trata de datos de cumplimentación obligatoria.
Fantástico. O sea, que no basta con que haya averiguado dónde murió el tío de América de mi cliente y en qué fecha, sino que ahora tengo que saber en qué tomo está inscrito el fallecimiento y en qué página. Paciencia.
Probamos a pedirlo sin rellenar esas casillas, pero no nos deja. Efectivamente nos advierte en rojo que no hemos cumplimentado todos los campos preceptivos: “Error, compruebe los siguientes campos: - Debe completar el campo Tomo - Debe completar el campo Folio”.
Llamamos a la Administración:
- Es que acabo de ver que, para solicitar un certificado de defunción, ahora piden el tomo y el folio de inscripción y yo desconozco esos datos.
- ¿Se los pide el sistema?
- Sí
- ¿Y ha probado a no ponerlos?
- Sí, pero da error y no deja seguir
- Pues no sé…, entonces si quiere hacerlo por internet tendrá que buscarlos, vienen en el Libro de Familia…
Suponiendo que tengas en tu poder el Libro de Familia (insisto en que puedes estar pidiendo el certificado relativo a un tercero ajeno a tu núcleo familiar), esa pista que nos da la amable funcionaria estaría fenomenal… si no fuera por un pequeño detalle. El fallecimiento de alguien no aparece anotado automáticamente en el Libro de Familia por arte de magia cuando éste muere, sino que hay que ir con el Libro a que lo anoten. Y ¿qué hay que aportar para que te anoten una defunción en un Libro de Familia? Acertaron: un certificado de defunción. ¿No les suena esto un pelín, sólo un pelín, a círculo vicioso? Para un certificado, el Libro de Familia; para el Libro de Familia, un certificado.
Probamos a llamar otra vez al Ministerio, a ver si tenemos nuestro día de suerte y aleatoriamente nos toca el funcionario listo:
- Buenos días. Mire, es que quería pedir un certificado de defunción por internet -consulta Sandra desde mi despacho- y me pide tomo y folio de la inscripción y no lo sabemos. ¿Qué se hace en estos casos?
- Ah, nada, no importa –parece que hasta se sorprende de que haya gente tan ignorante como nosotros por el mundo-. Si no lo sabe da igual, ponga usted “cero cero cero” en esas casillas y ya está.
- Pues muchas gracias
Les recuerdo: el asterisco indica campo de cumplimentación obligatoria... El sistema te avisa: “Error, compruebe los siguientes campos: debe completar el campo tomo, debe completar el campo folio” y te impide continuar… Pero, claro, "si no lo sabe da igual, ponga usted cero cero cero"… "Obligatoria" y "da igual" son dos conceptos que a mí no me casan mucho, pero también es verdad es que yo soy muy tiquismiquis.
Efectivamente, ponemos tomo 0, folio 0 y, apenas un par de días más tarde, tenemos en nuestro poder el certificado, que realmente es tomo 137, página 164, de un determinado Registro Civil.
Una sugerencia que se me acaba de ocurrir, así, de pronto, sin ser político, ni informático ni nada. ¿Y si quitan el asterisco? ¿Cómo lo ven? El programador lo modifica para que no sean campos obligatorios –o sea, exactamente como estaba antes- y así, en caso de que no se cumplimenten, el sistema no da un error que impida continuar. De esta forma, el solicitante que conoce esos datos los pone y el que no los sabe no se vuelve loco, no tiene que estar llamando, el funcionario no tiene que responderle duplicando la gestión (internet más atención telefónica)… En fin, vamos a ver cuánto tiempo tardan en darse cuenta y cuántas miles de llamadas como la nuestra tendrán que producirse antes de que a alguna mente privilegiada se le pase por la cabeza corregirlo.