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Humanidad en la abogacía, entrevista en Sintonía TV Rioja



Mi querida amiga Nuria Aragón Castro, conferenciante, escritora y muchas más cosas, me ha entrevistado para su programa Amor y Vida TV, que se emite los miércoles en Sintonía Televisión Rioja y ésta es la grabación del programa que salió el pasado 2 de diciembre. 

Nuria lleva años defendiendo planteamientos de vida alternativos, ecología, bioconstrucción, espiritualidad, veganismo, etc. En su programa se acerca a cuestiones cotidianas desde su muy personal perspectiva y en esta ocasión ha querido charlar conmigo sobre mi visión de la abogacía. 

Nuria cuenta cómo se extrañó al conocer cuál era mi profesión: "Carlos me dijo 'yo soy abogado' y yo me quedé sorprendida porque es una persona muy humana..."... Con ese punto de partida, vamos conversando, contrastando tópicos, explicando qué es para mí el oficio de abogado, por qué lo elegí, la importancia del no siempre bien comprendido derecho de defensa, algunos casos peculiares que he llevado -SQM, homeschooling...- o aquellos que tienen un trasfondo más humano -violencia de género, discapacidad, mobbing...- , el concepto de abogacía preventiva, los libros que he escrito...

Si os fijáis al fondo, veréis cómo poco a poco va atardeciendo y se nos hace de noche en el Retiro de Madrid. Fue una conversación muy agradable, que tiene mucho que ver con la broma que aparece en una columna lateral de este blog: "...que hasta un abogado puede tener su lado humano".

Documental Chicas nuevas 24 horas: contra la trata de mujeres

Mabel Lozano es sobradamente conocida como presentadora de programas televisivos y como actriz de televisión y de cine, donde ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de Berlanga o Garci. Pero, además, en los últimos años ha llevado a cabo una fecunda labor como directora de documentales que destacan por su calidad y por su compromiso social: Voces (contra la trata de mujeres) (2007), La teoría del espiralismo (2009) sobre deportistas paralímpicas, Las sabias de la tribu (2010) que se acerca a la singular generación de mujeres de la posguerra y Madre (2012) acerca de la maternidad en el siglo XXI. 

Ahora, Mabel vuelve sobre la compraventa de mujeres con fines de explotación sexual en Chicas nuevas 24 horas, un trabajo que se estrenó en el Festival de Cine de Málaga. Yo tuve oportunidad de verla recientemente en la Cineteca de Matadero Madrid. En estos días se está exhibiendo en los cines Zoco de Majadahonda. Y, con imágenes recogidas durante la realización de la película, se ha organizado también una exposición fotográfica que el 23 de septiembre llega a la Casa de América, acompañada por una mesa redonda

Chicas nuevas 24 horas nos recuerda que esta esclavitud de nuestros días genera 32.000 millones de dólares, el tercer negocio más lucrativo tras la venta de armas y el narcotráfico, y tiene como víctimas a casi dos millones y medio de personas, de ellas prácticamente el 80 % mujeres y niñas. 

El documental se construye precisamente a partir del contraste de poner en relación un planteamiento de puro negocio rentable con la dramática realidad de la explotación de seres humanos. Seguimos el testimonio real de varias mujeres que fueron sometidas a trata. Y Mabel lo presenta sin caer en la tentación de la recreación sensacionalista o efectista. La realidad que nos muestra es por sí sola elocuente. 

Creo que realmente es mejor no contar mucho más: hay que verlo, sin más. Yo salí verdaderamente impresionado. Y le pasó lo mismo al resto de espectadores que abarrotaron la sala durante los días de proyección en Madrid: absoluto silencio durante la estremecedora película y un significativo y unánime aplauso final. 

En todas sus intervenciones públicas, Mabel Lozano está poniendo el acento en la posibilidad de prevención que existe. El perfil que se busca en los destinos más frecuentes (fundamentalmente, Europa Occidental) es conocido. Y la procedencia de las mujeres sometidas a trata también está muy localizada geográficamente. Por eso, Chicas nuevas 24 horas es, entre otras muchas cosas, una apelación a las conciencias y a la responsabilidad ante una lacra que nos concierne a todos. Un llamamiento a que los poderes públicos y los ciudadanos no sigamos mirando para otro lado.

Presentación en Sevilla de Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica


El jueves 11 de diciembre participé en el Colegio de Abogados de Sevilla en la presentación de el libro Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica, obra colectiva promovida por la asociación cultural Ademán y editada por el sello Barbarroja. 

Sus páginas rinden tributo a esta abogada que defendió los derechos de la mujer durante el franquismo, a través de las perspectivas que aportan la empresaria Mercedes Valdivia, el historiador José María García de Tuñón, el abogado José Manuel Sánchez del Águila y los periodistas Laura Martín y Gustavo Morales.

Javier Compás, presidente de la asociación convocante, expuso las razones de esta iniciativa y dio las gracias a quienes han hecho posible esta obra. Tomaron la palabra en el acto dos de sus autores, Mercedes Valdivia, que traza en la obra el retrato más personal de Mercedes Fórmica y detalla las claves de su compromiso político, y José M. Sánchez del Águila, que analiza las reformas legislativas que se debieron a su impulso.

Me cupo el honor de cerrar el acto y fue una gratísima experiencia recordar -a algunos de los presentes- o dar a conocer -a otros- pinceladas de la trayectoria humana y de la labor jurídica de Mercedes Fórmica. Una mujer singular que, en los años cincuenta, logró situar en el debate público, e incluso que fueran finalmente llevadas a la ley, varias reformas que cambiaron la situación de la mujer española. 

Presentación en Sevilla de libro-homenaje a Mercedes Fórmica


El próximo jueves 11 de diciembre tendré el honor de intervenir en el Colegio de Abogados de Sevilla en un acto de presentación del libro Un grito en el silencio. Homenaje a Mercedes Fórmica (Editorial Barbarroja).

La obra incluye el prólogo de Javier Compás, un poema de Mercedes Colubi, y textos de la empresaria Mercedes Valdivia, el historiador  José M. García de Tuñón, el abogado José Manuel Sánchez del Águila y los periodistas Laura Martín y Gustavo Morales, que ofrecen, desde distintas perspectivas, un sugestivo retrato de esta abogada y escritora. 

Mercedes Fórmica, a la que ya dediqué este post en el blog, tuvo la habilidad y la valentía de generar en los años cincuenta un debate público que acabaría desembocando en un cambio nada desdeñable de la situación legal de la mujer española. 

El acto está organizado por la Asociación Cultural Ademán y dará comienzo a las 20'30 horas, en el salón de actos del Colegio (calle Chapineros nº 6, de Sevilla).

Mercedes Fórmica: 60 años de un artículo que cambió la situación legal de la mujer española

La reciente Cumbre de Mujeres Juristas, celebrada con éxito en el Colegio de Abogados de Madrid, señaló el camino que aún queda por recorrer para que la mujer esté representada en los niveles superiores de la judicatura y en los cargos de libre designación del mundo del Derecho, pero no olvidó reconocer en su manifiesto los avances registrados durante la segunda mitad del siglo XX.

La semana pasada se cumplieron sesenta años desde que vio la luz, en el diario ABC, un artículo que estaría destinado a provocar un cambio legislativo, sin duda insuficiente, pero de gran trascendencia para la mujer española de la época.

Su autora, Mercedes Fórmica, había nacido en Cádiz en 1913 (estamos, pues, en el año de su centenario). En 1932 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, donde sólo otra mujer compartía aula. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó a Madrid, donde siguió sus estudios en la Universidad Complutense. Enfermó en el curso 1934-35 y su familia marchó a vivir a Málaga, interrumpiendo la carrera en el cuarto año. Tiempo después, retomaría los estudios y su viejo deseo de autosuficiencia económica. Se doctoró en Filosofía y Letras y, en 1948, se licenció en Derecho.

Su voluntad de ingresar en la Escuela Diplomática se ve impedida por un requisito de imposible cumplimiento. “Ser varón, mayor de edad y menor de treinta y tres años. Tener nacionalidad española de origen. No estar casado con extranjera. Poseer título de Licenciado en Derecho o Ciencias Políticas y Económicas”, exigía la convocatoria publicada en el BOE de 10 de octubre de 1949. Mercedes se topa de frente con el retroceso jurídico que el franquismo suponía para la mujer española respecto a la II República: “A la mujer se le admitía en la Universidad –escribió años después- pero a la hora de hacer valer su título le pedían que se convirtiese en hombre”.

Decide entonces darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid. No fueron fáciles sus comienzos. Intentó la pasantía en un bufete, donde le sugirieron que su mera presencia podía resultar “perturbadora”. En otros despachos tampoco fue aceptada, a pesar de recomendaciones de amigas y colaboradoras. Comenzó a ejercer por su cuenta y a atender los asuntos que le asignaban en el turno de oficio.

Así llega a la mesa de su despacho el caso de Antonia Pernía. Apuñalada brutalmente por su marido, había sobrevivido milagrosamente. No era la primera vez que resultaba agredida por el esposo, pero no había podido separarse: hubiera sido privada de la convivencia con sus hijos, expulsada de su casa y quedado sin recursos, pues la mujer estaba excluida de la administración de los bienes gananciales.

La ley procesal vigente consideraba la vivienda familiar como “casa del marido”, de forma que la mujer que solicitara la separación –por muy justificado que fuese el motivo- debía abandonarla para ser “depositada” en el domicilio de sus padres, de terceras personas o incluso en un convento, mientras se resolvía la controversia. La separación la resolvían los tribunales eclesiásticos determinando, normalmente varios años después, si la causa alegada era justificada o no, y concediendo la separación o, por el contrario, obligando a reunirse de nuevo al matrimonio, en cuyo caso no resulta difícil imaginar en qué situación quedaba la mujer.

Mercedes escribió para el ABC dirigido por Luis Calvo un artículo, El domicilio conyugal, denunciando esta situación. El texto sufrió una retención por parte de la censura hasta que el 7 de noviembre de 1953 pudo ver por fin la luz. Lo firmaba: Mercedes Fórmica, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Tras la publicación, se generó un intenso debate y, durante semanas, el periódico recibía decenas de cartas diarias. Se escribieron numerosos textos de opinión acerca de la polémica suscitada. Pronto el rotativo madrileño publicó también una encuesta realizada entre prestigiosos juristas, como Ramón Serrano Suñer, Antonio Hernández Gil, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, José María Ruiz Gallardón, Alfonso García Valdecasas, Joaquín Calvo Sotelo y una extensa lista. El debate iniciado por Mercedes Fórmica trascendió nuestras fronteras: el británico Dayly Telegraph, la revista norteamericana Time, el diario argentino La Prensa, periódicos alemanes, suizos, daneses, suecos, y de varios países de Iberoamérica se hicieron eco… La revista Holiday la cita como una de las cuatro mujeres más destacadas del año. La reportera Inge Morath (de la agencia Magnus Capa, colaboradora de Life, Vogue o París Match entre otras) viajó a Madrid para conocer y fotografíar a Mercedes. Hasta el semanario clandestino de la CNT reseñó la “interesante cuestión” planteada por la abogada.

Mercedes Fórmica consideró que, para lograr su propósito de impulsar una reforma legal en estos aspectos, debía optar por un criterio práctico y obrar con cautela, pues los sectores más cerrados del régimen sospechaban que se trataba de una maniobra izquierdista para restaurar el divorcio. Planeó una entrevista con Franco y, para disipar recelos, la solicitó a través de la Sección Femenina y se hizo acompañar por un sacerdote letrado. El dictador se mostró receptivo a algunas cuestiones e instó a la abogada a reunirse con el Ministro de Justicia. Mercedes visitó a Iturmendi esa misma mañana y le dijo con desparpajo “quiero que sepa que soy muy pesada, pesadísima” y le aseguró que insistiría “hasta que consiga el cambio”. “Sería magnífico –le sugirió- que usted recibiera la gratitud de tantas mujeres”.

Mercedes continuó dando conferencias, concediendo entrevistas y escribiendo artículos. En 1954, el propio presidente del Tribunal Supremo, José Castán Tobeñas, hizo referencia, en la apertura del año judicial, a las reclamaciones planteadas por la abogada y escritora. En 1956, a raíz de otro caso legal, retomó con intensidad su campaña.

En 1958 llegó por fin la ansiada reforma legal, la más extensa desde la promulgación del Código Civil, y que afectó a la redacción de más de sesenta artículos. Un periódico usó el término “reformica” para referirse a aquella modificación legislativa, jugando con el apellido de su promotora y apuntando a la vez lo limitado de la misma. Pero no habría que caer en el error de minusvalorar lo que supuso en la práctica para millones de mujeres españolas de la época. Ciertamente, no cambiaba la visión de la autoridad del marido sobre la familia, pero sí se amplió la capacidad de obrar de la mujer, se sustituyó el concepto jurídico de casa del marido por vivienda familiar con posibilidad de atribución judicial a la esposa, desapareció la denigrante institución del "depósito" de la mujer separada, se modificó el régimen de custodia de los hijos en caso de separación, se comenzó a exigir consentimiento de la esposa y no sólo del marido para disponer de los bienes gananciales, se equiparó el tratamiento legal del adulterio del varón al de la mujer, se suprimió la pérdida de patria potestad de la viuda que contraía nuevas nupcias... y cambiaron otras muchas y variadas disposiciones que hoy nos suenan aberrantes, pero que en los años cincuenta ni siquiera se discutían y sólo el empeño de una mujer consiguió colocar en el centro del debate social.

¿Por qué se ha condenado al olvido a Mercedes Fórmica? No me cabe duda de que ha sido por su adscripción política, que resulta antipática a derecha e izquierda. Mercedes se afilió a la Falange fundacional en su época universitaria y nunca se apeó de su admiración por José Antonio, al que había tratado personalmente. Tras su fusilamiento, se mostró contraria a que se manipulasen por el incipiente régimen franquista "unas ideas en trance de formación, para desvirtuarlas, sabiendo que los que detentaban el poder no creían en ellas”. En el primer tomo de sus memorias se muestra rotunda: “Confundir el pensamiento de José Antonio con los intereses de la extrema derecha es algo que llega a pudrir la sangre. Fue la extrema derecha quien le condenó a muerte civil, en espera de la muerte física, que a su juicio merecía".

Pero daría absolutamente igual la adscripción política de Mercedes o el juicio que ésta merezca a cada cual. Si no viviéramos en un país tan sectario, tendría que ser reconocida como una figura que luchó innegablemente por mejorar la situación femenina en España. Y que consiguió algunos frutos nada desdeñables, con repercusión práctica positiva en la vida de muchas mujeres, dos décadas antes de que nuestro ordenamiento proclamase la plena igualdad jurídica.

Aparte de esta batalla legal, Mercedes Fórmica desarrolló una intensa labor cultural, dirigiendo la revista Medina o editando la colección divulgativa La novela del sábado. Como escritora publicó obras narrativas como Bodoque (Revista de Occidente, 1945), Monte de Sancha (Luis de Caralt, 1950; reeditada en 1999 por El Aguacero), La Ciudad perdida (Luis de Caralt, 1951) y Collar de ámbar (Caro Raggio, 1989), y biografías históricas como La hija de D. Juan de Austria (Revista de Occidente, 1975), o María de Mendoza (Caro Raggio, 1979). La desigualdad jurídica de la mujer también centró su novela A instancia de parte (Cid, 1955. Reeditada en la Biblioteca de Escritoras de Castalia en 1991), que fue galardonada con el Premio Cid de la Cadena SER por un jurado del que formaban parte Dámaso Alonso, Melchor Fernández Almagro, Dionisio Ridruejo y Carmen Laforet, entre otros.

Escribió sus interesantes recuerdos en La infancia (publicado por la Junta de Andalucía en 1987) y en la trilogía Pequeña historia de ayer, formada por los tomos Visto y Vivido (Planeta, 1982), Escucho el silencio (Planeta, 1983) y Espejo Roto y Espejuelos (Huerga y Fierro, 1998). Los dos tomos que publicó Planeta en los ochenta se han reeditado ahora agrupados en un solo volumen por la editorial Renacimiento bajo el título Memorias (1931-1947).


En los años noventa tuve algún contacto epistolar con Mercedes Fórmica, a raíz de publicar yo una reseña sobre la reedición de su novela A instancia de parte. Le escribí a su casa de Madrid la primera vez para enviarle copia y ella me contestó tiempo después cariñosamente, creo recordar que desde Málaga. En alguna conversación telefónica, nos emplazamos a un encuentro personal que nunca llegó a producirse: se interpuso el implacable Alzheimer.

Mercedes murió en abril de 2002, a los 88 años. No dejó de ser nunca esa mujer inteligente, llena de sentido común, hermosa y amable, que combinaba la elegancia en las formas con la elegancia espiritual. Y fue también durante toda su vida una luchadora, sin aspavientos pero con admirable tenacidad, contra cada injusticia que encontró a su paso.

Esos nuevos verbos...


En cierta oportunidad me correspondió asistir a la revisión de la obra que una empresa, por adjudicación de la Junta de Castilla y León, había ejecutado en un Colegio Público y detectamos serias deficiencias que debían ser subsanadas. Mientras que el director del centro y yo nos negábamos a recibir la obra, la Dirección Provincial de Educación y la constructora nos instaban, de manera insistente, a recepcionarla
 
Me notifican una sentencia y el juez que la dicta accede a lo que, según él, yo he peticionado. Hasta ese momento estaba convencido de no haber peticionado nada, sino de haberlo pedido
 
En otra ocasión, en un juicio laboral, se discutía si el trabajador había ficcionado una dolencia. A mí, la verdad, me pareció que la había fingido
 
Al leer determinadas actas, uno siente deseos de recordarle a su redactor que una transacción se alcanza cuando ambas partes transigen, no cuando transaccionan
 
Cómo se echa de menos, también en los juzgados, a Lázaro Carreter y su Dardo en la palabra. La tendencia a inventar nuevos verbos, a partir de sustantivos que ya están relacionados con un verbo preexistente, parece imparable. No sólo en nuestro ámbito, sino en otros muchos: los bancarios, por ejemplo, en vez de abrir cuentas las aperturan y en lugar de cubrir riesgos los coberturan
 
Algunas de estas creativas formas verbales (peticionar o transaccionar) han acabado siendo aceptadas por la Real Academia Española aunque por fortuna otras muchas (recepcionar, ficcionar, coberturar, aperturar…) siguen sin estar por ahora en el diccionario. 
 
Se aduce a menudo, en pro de su reconocimiento, ciertas diferencias de connotación. Por ejemplo, recepcionar implicaría, frente a recibir, aceptación y conformidad. Pero creo que esos matices se perciben por el contexto y se deducen del predicado de la frase. Todos entendemos sin dificultad que hay connotaciones muy distintas entre recibir la visita de alguien en tu casa y recibir un insulto, aunque el verbo sea coincidente. La diferencia entre romperse un brazo y romper relaciones diplomáticas se capta perfectamente sin necesidad de inventar un nuevo verbo (¿rupturar relaciones diplomáticas? ¿roturarse un brazo?). 
 
Me temo que, por este camino, en nuestro ámbito terminaremos particionando herencias o -¿por qué no?- se juicionarán los casos. Pero en otros aspectos de la vida, se podrán lecturar libros, operacionar enfermos u opcionar entre varias posibilidades. El campo para estos innovadores de la lengua es inmenso.

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (y V)

"Aferrao a mi butaca
como una lapa,
a mí nadie me despega
de este sillón..."
-Sillón de mis entretelas. Luis Eduardo Aute y Jesús Munárriz-

Antonio Hernández Gil, tras treinta años en la junta de gobierno del Colegio, cinco de ellos como decano, se niega a aceptar el resultado de las urnas y abandonar su cargo, alegando supuestas irregularidades en la votación que perdió abrumadoramente. 

Pero, ¿cuándo empezaron realmente tales reclamaciones? Sólo una vez que se fue conociendo cuál sería el resultado. 

El escrutinio comenzó con normalidad y sin que nadie dudara de que debía llevarse a cabo ni cuestionara la votación en sí hasta ese momento. Ya avanzado el mismo, una vez que Hernández Gil y los demás comprueban que la candidatura de Sonia Gumpert le supera con creces en apoyos, es cuando de pronto comienzan a reaccionar y a concertar acciones entre todos los perdedores, capitaneados por un decano que se resiste a ser saliente

Formulan entonces una reclamación conjunta, en la que piden que se suspenda la proclamación de los resultados. Un régimen que se había resistido al cambio, jugando sucio durante la campaña, pretende, además, que se anule nada menos que la voluntad democráticamente expresada por los colegiados en las urnas. 

Esa noche, mientras muchos abogados y abogadas de a pie de Madrid esperamos en las inmediaciones del Palacio de Congresos que se anuncie la victoria de la primera mujer decana en los cuatro siglos de historia del Colegio, Hernández Gil y sus secuaces maniobran en los despachos para conseguir que la comisión electoral suspenda la proclamación de resultados. Y provisionalmente lo logran, en un acuerdo adoptado de madrugada. 

Resultó poco edificante ver a Montse Suárez, despreciada e invisibilizada durante la campaña por Hernández Gil y Cremades, hacer causa común con ellos. Como sorprendió ver a Peláez alineado con quien le dejó desamparado, desde esa indiferencia hacia nuestra profesión que ha caracterizado su mandato. O comprobar cómo ALA, asociación de la que se podrá disentir pero que lleva años de trabajo continuado en el colegio en defensa de sus ideas, se unía con quien representa la visión más rancia y cerrada del Colegio para evitar que se consumara una alternativa que no sean ellos: “contra Hernández Gil vivíamos mejor”, podría ser el lema. 

La coalición de perdedores consigue, además, que se difunda una pésima imagen de los abogados de Madrid, cuando se divulga que llamaron a la policía. Incluso hablan intencionadamente de pucherazo o de fraude cuando ni tan siquiera ninguna de las supuestas irregularidades se refiere a un falseamiento del resultado de la votación. Es gravísimo el daño causado a la reputación de los abogados de Madrid por quien ha sido el peor decano de su historia, en un todo vale con tal de no soltar el cargo. 

El resultado no puede ser más elocuente del deseo de cambio del colectivo: 6.426 votos para Sonia Gumpert frente a 3.293 para Antonio Hernández-Gil y 2.769 para Javier Cremades. 
La candidata ganadora, la decana elegida por la abogacía madrileña, Sonia Gumpert, ofrece al día siguiente una rueda de prensa y es contundente en la defensa de la voluntad de cambio que ha resultado de las urnas: "Nuestra candidatura va a luchar para que prevalezcan todos y cada uno de los votos que han sido emitidos en un proceso electoral limpio y democrático". Frente a ella, el viejo régimen personificado por Hernández Gil, con el resto de candidatos como comparsa, que se resiste a aceptar el resultado democrático y quiera perpetuarse en el cargo contra la voluntad de los propios colegiados.

Cuando comencé a escribir esta serie todavía estábamos en plena incertidumbre. Hoy ya sabemos que este primer intento de silenciar a los abogados y abogadas de Madrid ha durado poco tiempo, porque era insostenible. 

Una vez presentadas las acusaciones, unas falsas y otras simplemente ridículas, la comisión electoral las desistima argumentadamente y ha proclamado a la nueva Junta de Gobierno. 

Ahora bien, si creen que, tras esa resolución, Hernández-Gil ha aceptado ya el resultado democrático elegantamente y ha empezado a preparar un traspaso democrático de poderes desde la sensatez, están equivocados. 

Continuará la vía penal -creo que por poco tiempo- y seguirá la vía contencioso-administrativa -lamentablemente, con una tramitación mucho más prolongada-. 

Vistos los argumentos fácticos y jurídicos que se esgrimen, estoy absolutamente convencido de que la justicia avalará la voluntad de la abogacía madrileña expresada democráticamente. Pero tendremos que esperar todavía un largo tiempo, en el que el viejo régimen que hemos padecido no se dará por vencido y seguirá jugando sucio.

Mientras, los abogados de a pie miramos con esperanza un mandato que comenzará pronto. No le resultará fácil a Sonia Gumpert afrontar todas las campañas de infundios que, sin duda, se avecinan, ni desmontar el entramado de intereses en que han convertido el Colegio. Pero ojalá acierte, por el bien de todos. 

Sería aleccionador demostrar, aunque sea en nuestro pequeño ámbito, que los poderes fácticos no siempre ganan, que a veces puede hacerse realidad una alternativa. Sin duda, nuestro Colegio lo necesita de forma apremiante.

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (IV)


Llegada la jornada electoral, se apreciaba una mayor participación de votantes que en ocasiones anteriores, aunque todavía muy lejos de lo que sería un nivel deseable. En otras ocasiones, se veían muchos rostros de los cercanos a los propios candidatos y grupos de abogados de despachos colectivos. Esta vez, más presencia de abogados individuales, muchos votando por vez primera. La mayor afluencia se registró en las últimas horas de la votación, cuando los abogados por fin podíamos “escaparnos” del despacho un rato antes. 

En un momento dado se produce un incidente. Dentro del Colegio, una persona parece estar introduciendo en un ordenador portátil datos que le suministran interventores de la candidatura de Sonia Gumpert. Varios representantes de otras candidaturas se encaran con él e incluso le exigen -como si ellos fueran la autoridad electoral- que les entregue el ordenador y avisan a la policía, que hace acto de presencia.


Al parecer, lo que está haciendo la candidatura es contrastar con su listado de simpatizantes, que han ido recogiendo en los días de campaña, si estos han ido a votar. Y, en caso contrario, telefonean a los rezagados para recordarles la hora de cierre de los colegios y animarles a acercarse a votar. 

Ésta es, ni más ni menos, la “gravísima irregularidad" que servirá más tarde para poner en cuestión el propio resultado por parte de aquellos a quienes no favoreció. 

Hay que hacer constar que en el proceso electoral del Colegio de Abogados no existe ni una figura similar al día de reflexión ni está prohibido realizar campaña incluso el mismo día de las elecciones. En segundo lugar, me parece que pedir a tus propios seguidores, que voluntariamente te han facilitado su teléfono y correo, que acudan a las urnas y animar a la participación no sólo no parece negativo, sino loable. 

Como la acusación era absurda, empezarán después a adornarla diciendo que prometían pagarles el taxi si iban, que les regalaban bolígrafos o que les entregaban la papeleta de la candidatura en la puerta. Como gráficamente dijo Sonia Gumpert en una posterior rueda de prensa, acusaciones que “son un insulto a la inteligencia y a la libertad de los abogados”. 

Ninguna prueba consistente acabará avalando tan ridículas afirmaciones. Pero, incluso aunque fuera verdad que algún activista de una candidatura hubiera hecho algo así, ya me contarán si de verdad puede eso poner en duda la emisión libre del voto por parte de un colectivo como el de la abogacía madrileña y el abrumador resultado del que hablaremos. 

Y lo que es aún más significativo: ninguna de las candidaturas consideró que esas prácticas hubieran contaminado el proceso electoral o viciado el resultado, ninguna pidió la anulación del proceso, ninguna la pidió la suspensión del escrutinio... hasta que empezó a saberse el resultado. 

De hecho, al término de la jornada electoral, cuando ya se habían producido y se conocían todos los supuestos hechos que denuncian y el incidente del ordenador, uno de los principales candidatos, Javier Cremades, emitió este tuit:

¿A ustedes les parece que es la manifestación de alguien que considera que se han registrado gravísimas irregularidades en la jornada electoral y que el resultado está afectado por las mismas y no es legítimo? No, ¿verdad? Pues unas horas después, el propio Javier Cremades firmaría una denuncia en ese sentido, pidiendo que se suspendiera la proclamación de la junta de gobierno electa. Curiosa forma de dar a la nueva decana ese "respaldo de todos" que, según él, debía tener.

En efecto, había terminado la jornada electoral con una sensible mejora de la participación, aunque tanto como un éxito rotundo desde luego no, porque rondaba el 14 %. Comenzaba un escrutinio que fue seguido con palpable interés. Y con muchas ansias de cambio. 

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (III)

Cuando se convocan nuevamente elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid, concurren nada menos que 10 listas completas -una cifra récord- junto con otras dos candidaturas al decanato y varias individuales a puestos concretos (en nuestras elecciones colegiales se vota con listas abiertas y sistema mayoritario).

Opta a la reelección el decano saliente, Antonio Hernández Gil, con un discurso autocomplaciente que realmente sorprende, a la vista de los hechos y resultados objetivos. Renueva en parte su equipo, porque su hasta entonces diputado 2º, José María Alonso, había pasado de Garrigues a Baker & McKenzie. Y, en una candidatura que realmente es una coalición de grandes despachos, manda la firma y no el abogado: Garrigues sitúa en su lugar a otro candidato, José Ramón Martínez. El hecho no puede ser por sí mismo más elocuente.

Repite candidatura Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, quien en las elecciones anteriores se quedó a 300 votos del triunfo y, ante el desgaste de su rival tras cinco años de gobierno, ve ahora ocasión para la revancha.
El escenario no será el previsto por Cremades ni por Hernández Gil, porque irrumpe con fuerza un nuevo factor. Sonia Gumpert Melgosa, abogada casi desconocida, que unos meses antes había movilizado la reacción de colegiados contra la privatización del servicio médico con la Plataforma para la Defensa de la Abogacía Madrileña, anuncia su presentación al decanato. A los deseos de cambio de una buena parte de la abogacía tras la oscura etapa de Hernández Gil, se une que esta vez no se trata de la típica candidatura individual, improvisada y bienintencionada pero sin posibilidades reales. Aparece con un proyecto con cierta solidez, con una candidatura plural, con respaldos y con medios para afrontar la campaña. Además de la notoriedad que su actuación sobre el servicio médico le ha otorgado ante sus compañeros, cuenta con el apoyo de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), tres de cuyos representantes forman parte de la lista electoral.
Concurre también a los comicios colegiales Ignacio Peláez, abogado que sufrió las escuchas del juez Garzón y que se tuvo que querellar contra él después de que el Colegio le desamparase.

La habitual candidatura de la Asociación Libre de Abogados (ALA) esta vez está encabezada por Lorena Ruiz-Huerta.

Otras dos asociaciones, Unión de Abogados y Ius et Fides, presentan una lista encabezada por una abogada mediática, Montse Suárez.

Las restantes candidaturas están encabezadas por Josefa García Lorente, Miguel Urrutia, Emilio Ramírez Matos y Juan Carlos Rodríguez Segura.

El objetivo de esta serie de artículos, como dije en el primero de ellos, es destacar cómo incluso unas elecciones como las del Colegio de Abogados de Madrid provocan intensos movimientos de grupos de presión y de poder para intentar influir en su resultado.

Resulta curioso, por ejemplo, observar cómo se ninguneó a la candidatura de Montserrat Suárez. Casi con seguridad estaba llamada a ser minoritaria, pero su perfil de abogada conocida, presente en medios de comunicación, podría entrañar un riesgo de romper el guión o de restar votos a candidatos que interesaban, por lo que no se le dio absolutamente ninguna cancha, cuando sí se le daba, a su vez, a candidaturas de características o expectativas similares. Así, Cremades, aprovechando una mayor presencia mediática, pirateó algunas ideas de su programa, como la defensa de la unidad jurídica de España o un manifiesto de apoyo de la sociedad civil. Al debate en el Ateneo se invitó sólo a seis de los diez candidatos, sin que fuera posible saber qué criterio objetivo se siguió para esta arbitraria exclusión. Ahora, con los resultados en la mano, podría justificarse a posteriori, pero no es fácil saber qué fue primero, el huevo o la gallina: es decir, estuvieron en el Ateneo las candidaturas que finalmente resultaron más votadas, pero nunca sabremos si tal vez no se votó en mayor medida a esas candidaturas precisamente por estar presentes en ese debate.

Pero, sin duda alguna, el objetivo a batir para ciertos grupos de presión fue la candidatura liderada por Sonia Gumpert.

Incluso se ha llegado a poner en marcha un video anónimo, pero del que después, concertadamente, se iban haciendo eco diversos medios. Se sembraron dudas sobre la presencia en la misma de ISDE, un grupo editorial y de formación. Con independencia de lo que cada cual podamos pensar o de que nos pueda gustar más o menos, creo que la integración en la propia candidatura nos permite ganar en transparencia frente a cualquier apoyo interesado desde la sombra. Si aspiras al “pastel” formativo o editorial del Colegio, lo menos inteligente es estar con tus propios candidatos en la lista. Precisamente porque hay personas de ISDE en la candidatura, los colegiados vigilaremos mucho más esas cuestiones en la futura gestión del ICAM.

También acusaron a Sonia Gumpert ser una especie de ariete de despachos catalanes para hacerse con influencia en el Colegio madrileño. La acusación carecía de cualquier soporte argumental, pero la campaña llegó al extremo ridículo de asegurar que la propia candidata era catalana, algo que tuvo que ser objeto de un desmentido expreso y realmente pintoresco. No era cierto, pero, en todo caso, siempre me ha parecido que una de las señas de identidad que diferencian a Madrid de otros lugares es precisamente su carácter abierto en el que convivimos personas de todas las procedencias sin que a nadie se exija pedigrí territorial.

Algunos medios de comunicación fueron absolutamente descarados en el intento de perjudicar a esta candidatura, tan peligrosa para quienes habían controlado el Colegio durante largos años. Así el diario El Mundo, apoyando claramente a Javier Cremades, con el que ha mantenido algunas relaciones, directamente ignoró la candidatura de Gumpert al dar información sobre los candidatos al decanato. No es que le tratara peor, es que decidió que sencillamente no existía. Así, publicó un reportaje para dar a conocer las “principales” candidaturas, entrevistando a Hernández Gil, Cremades, Ignacio Peláez, etc.... y dejó fuera sin más a Sonia Gumpert, la que resultó finalmente ganadora y la que ya todo el mundo reconocía como una de las favoritas en aquel momento. ¿Se imaginan unas elecciones generales en las que se entrevistara a las principales candidaturas y dejaran fuera al PP o al PSOE mientras entrevistan a IU, UPyD, CiU y PNV? Calificarlo como manipulación burda se queda muy corto. Realmente vergonzoso ese ejercicio de antiperiodismo interesado.

Y qué decir del supuesto "estudio” (no se atrevieron ni a llamarlo encuesta o sondeo), absolutamente delirante, publicado por Expansión, del mismo grupo, en la que se preveía una participación ¡del 61 %! (sabiendo que otras veces estuvo en torno al 10 %) y se daba como ganador a Cremades con casi el 26 %, seguido de Gumpert con el 12 % y Hernández Gil con el 4 %. Sorprende que se prestara a poner su nombre a esta indignidad –suponemos que bien retribuido- alguien como Salustiano del Campo. Leadership Factor, firma a la que desconozco, supongo que, como decía alguien en los comentarios en la página del periódico, estará ahora dedicándose a vender perritos calientes.

En medio de esta sucia campaña, lo cierto es que la candidatura de Sonia Gumpert, realizó una inteligente labor de intentar movilizar al letrado descontento pero que habitualmente no se mueve del despacho para votar. Aunque con algunos puntos que me parecen poco realistas (fruto, seguramente, del desconocimiento del Colegio desde fuera), el programa resultaba atractivo para los desencantados de tantos años de “secuestro” de la institución por unos pocos. Un hábil manejo de las redes sociales y la difusión personal del mensaje, convirtieron a cada abogado convencido en un activista que a su vez convencía a otros compañeros, resultaron muy efectivos. Es la primera vez que una candidatura al decanato no sólo se ha centrado en los grandes despachos, sino que se ha dedicado a escuchar a abogados de a pie, a conversar con un café delante con numerosos compañeros, que a su vez fueron siendo altavoz de esta novedad.

La larga campaña terminó y llegó por fin el día de la verdad: las elecciones del 18 de diciembre.

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (II)

El Colegio de Abogados de Madrid, el más numeroso de España, tiene, entre ejercientes y no ejercientes, más de 65.000 colegiados. Es una de las corporaciones profesionales más importantes de Europa. Su último presupuesto superó los 52 millones de euros.
 
Cuando al Decano en funciones se le pide que haga balance de su gestión, siempre pone el acento –posiblemente con razón- en las cuentas saneadas que presenta el ICAM. Hernández-Gil reivindica su mandato basándose casi exclusivamente en cifras: recuerda, cada vez que tiene ocasión, que, mientras la inflación acumulada ha sido del 12 %, las cuotas sólo han subido un 2% y que, en plena crisis económica, el Colegio ha duplicado su patrimonio neto y ha registrado superávit.
 
El problema es que, junto a esta única luz, son muchas las sombras que se le reprochan. No hay que olvidar que las finanzas del Colegio no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un medio para el cumplimiento de los fines colegiales. Y el incremento de patrimonio sólo será valorado por los colegiados poniéndolo en relación con los servicios que reciben o con el adecuado ejercicio de la función profesional y social que es propia de la institución.
 
Pero es que, incluso en los aspectos económicos, el Decano no ha conseguido despejar las dudas que se suscitan sobre la opacidad de su gestión. Algo tan sencillo de aclarar en Junta General como cuánto cobra el gerente del Colegio ha recibido sistemáticamente la callada por respuesta, amparando esa negativa en la Ley de Protección de Datos. Que no se haga público, o que no se le facilite a alguien ajeno a la institución, es lógico y ajustado a Derecho. Pero que los propios colegiados no puedan conocer, en una asamblea interna, el sueldo que ellos mismos pagan a su gerente, no me digan que no es para nota.
 
Buena parte del presupuesto se va progresivamente externalizando, eludiendo así el derecho de información y control por parte de los colegiados. 
 
Como recordó José Manuel Pradas en un interesante artículo, la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande recibe casi un 10 % del presupuesto del Colegio para encargarse de gestionar las prestaciones asistenciales del mismo, no sabemos por qué.

A partir de ahí, la abogacía madrileña ya no tiene derecho a conocer cómo se emplea ese dinero: qué prestaciones se conceden, en qué cuantía, con qué criterios, con qué gastos de gestión aparejados, etc. La auditoría se limita a constatar que, en efecto, la asignación económica se ha destinado a la Fundación. Y la Junta de Gobierno se encoge de hombros ante cualquier pregunta, puesto que esa fiscalización ya no es cosa de los colegiados. La gestión de la Fundación depende de sus patronos, mientras que el control administrativo corresponde al Protectorado.
 
La conversión del Seguro Médico en una Mutua sanitaria privada, operación impulsada bajo el mandato de Hernández-Gil, sacará del control colegial aproximadamente la mitad del actual presupuesto, en unas condiciones escasamente comprensibles, al menos para mí. Esta operación fue aprobada el 7 de noviembre de 2011 en una Junta General con la ínfima asistencia habitual, haciendo uso del voto delegado en manos de la Junta de Gobierno como también es habitual, y con poco más de 1.000 apoyos (contando el doble valor de los ejercientes).
 
Así se acordó la creación de una Mutua de Seguros a prima fija, que operará, entre otros, en el ramo de asistencia sanitaria. La Mutua ejercerá su actividad en todo o parte del territorio nacional y podrán integrarse en la misma, en condiciones pendientes de determinar, todos los colegiados, sin perjuicio de que pueda ofrecer sus servicios a otros colectivos distintos.

El Colegio transfiere a dicha Mutua 2’5 millones de euros aproximados en dinero, varios inmuebles de su propiedad (la cuarta planta, siete plazas de garaje y un almacén del edificio de Serrano nº 11, tasados en casi 3’5 millones) y diverso mobiliario y equipamiento, con la única condición de que, si la Mutua se disolviera, ese patrimonio volvería al Colegio, salvo que con el mismo hubieran de satisfacerse deudas pendientes.
 
Pero, a cambio de transferir una cartera de clientes actuales y potenciales, parte de un valioso y céntrico edificio en la capital de España y una suma de dinero, ¿qué obtiene el Colegio? ¿Qué control ejercería sobre la Mutua sanitaria privada, sobre su actividad y sobre sus órganos? Parece que ninguno. Y digo parece porque el Decano se ha negado sistemáticamente, con distintas excusas, a aclarar la mayor parte de las cuestiones que se le han ido planteando en distintas Juntas.  Los futuros cargos de la entidad serán elegidos por los mutualistas, que recordemos que ya no tendrían por qué ser sólo los abogados. Y podemos imaginarnos el nivel de participación de mutualistas que habrá en las asambleas de la nueva entidad. A partir de ahí, se abre un abanico de dudas...
 
En definitiva, el Colegio pierde patrimonio y pierde la mitad de sus ingresos anuales para transferirlo a una entidad ajena al propio ICAM. Si el Servicio Médico es viable, ¿por qué no mantenerlo bajo el control de los propios colegiados? Y, si no lo es (extremo que desconozco porque no lo he visto explicado ni acreditado en ningún sitio), ¿no hubiera sido mejor obtener ingresos a cambio de traspasarlo a una entidad ya constituida, con la que se negociasen ventajosas condiciones de servicio para los colegiados, en lugar de cederlo a cambio de nada a una Mutua de nueva constitución que escapará al control del ICAM?
 
Si apenas un millar de votos aprobaron la desaparición del Servicio Médico y su transformación en una Mutua externa, el equivalente a unos 2.266 votos (1.133 ejercientes), en una iniciativa impulsada por Sonia Gumpert (una abogada entonces desconocida para la mayoría de nosotros), formulamos al Decano solicitud de convocatoria de una Junta General Extraordinaria, para recabar más información y reconsiderar el acuerdo adoptado.
 
El Decano (que en estas elecciones ha invocado el fomento de la participación para justificar la necesidad de una reforma estatutaria) nos denegó ese derecho e incumplió así el artículo 38.3 de los Estatutos del ICAM, cuya redacción es imperativa: "(...) Cumplidos los requisitos anteriores [solicitud al menos del 1 % de los ejercientes, acompañando Orden del Día propuesto], la Junta de Gobierno deberá convocar Junta General Extraordinaria en plazo no superior a quince días desde la presentación de la solicitud". La resolución está actualmente sometida al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Mientras se producían estos episodios, tampoco se constataba ningún avance notable en la organización, servicios o funcionamiento del Colegio. Más bien da la sensación de que se han dejado pasar cinco años sin afrontar su necesaria modernización.
 
Pero lo peor, sin duda, de la gestión de Hernández-Gil, es la pérdida de relevancia del Colegio de Abogados de Madrid. Con los Decanos Pedrol Rius y Martí Mingarro, con sus defectos y sus virtudes, la institución colegial era tomada en cierta consideración y constituía un referente. Cuando había una reforma legal de trascendencia o cuando se suscitaba un asunto importante que afectaba a la profesión, no faltaba un pronunciamiento del Decano del ICAM.
 
Por el contrario, Antonio Hernández-Gil ha estado ausente, o callado, o se ha pronunciado tarde, a remolque y con sordina, en cada ocasión en que las circunstancias exigían que se oyese con claridad la voz de la abogacía madrileña.
 
Así ha sucedido con la Ley de Acceso, por ejemplo. O, lo que es más grave, con una Ley de Tasas que limita gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva. Mientras el Consejo General de la Abogacía reaccionaba, se pronunciaba, hacía propuestas y tomaba medidas antes, durante y después de la tramitación del proyecto de ley, el ICAM estaba desaparecido del debate. Según pretextó Hernández-Gil en la Ser, “porque al Colegio no le han dado ningún cauce de participación en la elaboración. Lo hemos dicho en cuanto hemos podido, pero nos hemos encontrado con una ley prácticamente aprobada en pocos días, como todos los ciudadanos. No ha habido una interlocución previa”. O sea, que el Decano del Colegio de Abogados más importante de España supuestamente se entera de la imposición de tasas cuando ya está aprobada. Y, durante el proceso previo, estaba en su despacho esperando a que vinieran a consultarle. Sin comentarios.
 
También le achacaban al Decano saliente esa falta de peso y de decisión los miles de letrados del turno de oficio que se han visto seriamente afectados por el reiterado incumplimiento de la Comunidad de Madrid, un problema ante el que Hernández-Gil manifestaba en una entrevista durante la campaña electoral su impotencia: “Que me expliquen qué más se puede hacer”.
 
Les invito a escuchar este ilustrativo diálogo que, en pleno conflicto con la Comunidad, alguien grabó con su móvil entre abogados del turno de oficio, perjudicados por los impagos, y el Decano:
 
 
Otra de los graves dejaciones que se recordarán por parte de Hernández-Gil se produjo ante la vulneración del derecho de defensa. Ya lo expliqué con detalle en su momento en un artículo titulado Derecho de defensa y grabaciones ilegales. El Colegio reaccionó tarde, pero con aparente contundencia, acordando presentar una querella contra el juez instructor que había conculcado ese derecho básico. Finalmente, la Junta de Gobierno incumplió su propia resolución y tuvo que ser Ignacio Peláez, uno de los letrados sometidos a escuchas ilegales, quien interpusiera personalmente la querella.
 
Durante la reciente campaña electoral, Hernández-Gil explicó que, una vez personado el Colegio en la causa y restablecida la legalidad mediante la anulación de la prueba ilegítima, no consideraron que el papel del Colegio fuera la persecución penal del juez. Pero eso es una versión construida a posteriori. El acuerdo de la propia Junta de Gobierno sí consideraba necesario no limitarse a un recurso en el seno del proceso donde se habían producido las grabaciones ilegales. Se entendía que la vulneración del derecho de defensa precisaba de la respuesta contundente de una acción penal contra el juez que había acordado, sin cobertura legal, grabar las conversaciones entre clientes y abogados. Durante meses, el Decano no dijo que no fuera necesaria la querella, sino que no era el momento, que había que dejar que la Fiscalía tuviese oportunidad de reaccionar, que ya lo haría, que nadie iba a marcarle el ritmo al Colegio… Hasta que los abogados afectados no tuvieron más opción que actuar por sus propios medios, ante la falta de amparo colegial, como si fuera un problema exclusivo de ellos y no una cuestión trascedente que afecta al ejercicio de nuestra función.
 
 
Llegado el otoño de 2012, el mandato de Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos como Decano madrileño se aproximaba a su fin y tenían que convocarse nuevas elecciones…
 
(Fotografía de Cinco Días)

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (I)

Pensarán ustedes que las recientes elecciones celebradas en el Colegio de Abogados de Madrid constituyen un asunto muy sectorial, meramente corporativo, de interés sólo para unos cuantos picapleitos.

Pero créanme si les digo (habiendo seguido esta vez la campaña muy de cerca) que el proceso electoral que hemos vivido (y que ayer saltó tristemente a las páginas de los medios informativos, con presencia policial incluida), se ha convertido en un reflejo, en miniatura, de cómo operan las turbias luchas de poder en el ámbito político y económico. Y ha permitido constatar, también a pequeña escala, dos cosas. La primera, indudable: que los poderosos mueven todos los resortes a su alcance (presiones, manejos mediáticos, difamación, influencias…) para mantener su dominio, no dudando en recurrir a la más grosera (o sutil, como convenga) manipulación. Y la segunda: que, aun así, a veces es posible ganarles. Cuando, pese a todo, la democracia consigue abrirse paso frente a la oligarquía, estamos ante un hecho socialmente muy higiénico y reconfortante.

Pero no se puede entender el auténtico alcance de lo que ayer pasó en el ICAM –la amplia victoria electoral de la abogada Sonia Gumpert y la terca resistencia del Decano saliente, con menos de la mitad de votos, a abandonar el sillón oficial-, sin tener algunas ideas sobre los antecedentes.

Yo soy abogado ejerciente del Colegio de Madrid desde hace veintidós años. Cuando me inscribí, el Decano era Antonio Pedrol Rius, que llevaba ya en el cargo dieciocho años y que lo ostentaría hasta su muerte, en 1992.

A su fallecimiento, los cuatro despachos más grandes con sede en Madrid (Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Gómez-Acebo&Pombo) sellaron una alianza, no sé si expresa o tácita, para ocupar el gobierno del ICAM con una lista conjunta y designaron como candidato de consenso a Luis Martí Mingarro, quien desempeñó el cargo durante tres mandatos (quince años).

Elección tras elección, el candidato oficialista nunca se enfrentaba a un verdadero rival. Enfrente sólo tenía a la progresista Asociación Libre de Abogados (ALA) como permanente oposición. Y alguna candidatura outsider, improvisada, a veces bienintencionada y siempre sin posibilidades reales. Los macrodespachos movían el voto de sus centenares de empleados, mientras los abogados de a pie (absorbidos por nuestro trabajo cotidiano y con la sensación de inexistencia de alternativas) simplemente nos limitábamos a no acudir a las urnas. La triste participación llegó a ser, en 2002, en torno al 5 %. No es una errata: se registró un 95 % de abstención.

Esa alianza entre los grandes despachos permitía gobernar cómodamente un Colegio de decenas de miles de letrados con apenas unos centenares de votos de los fieles, ante la pasividad de una abogacía desmovilizada y desmotivada. En un reciente debate electoral en el Ateneo, Javier Cremades reconocía con naturalidad y sin sonrojo que, durante años, el Decano madrileño fue elegido “en una especie de cooptación”. Y les aseguro que nadie movió una pestaña de sorpresa ante semejante confesión.

Pero ese pacto de las grandes firmas del negocio jurídico se rompió a la hora de afrontar la sucesión de Martí Mingarro. Aparte de la habitual lista de ALA, se presentaron dos candidaturas de los grandes, ambas encabezadas por antiguos compañeros de Junta de Gobierno con el decano saliente. Por un lado, Javier Cremades. Por otro, Antonio Hernández-Gil, que llevaba participando en el gobierno del Colegio casi un cuarto de siglo.

Como de costumbre, la inmensa mayoría de letrados de a pie nos quedamos en casa (más bien en el despacho) ante una guerra que creíamos que no era la nuestra. Votó un 10 % de los colegiados y ganó Hernández-Gil por poco más de 300 votos de diferencia. Se iniciaba así el mandato sin duda más mediocre desde que comencé a ejercer la abogacía.

(Fotografía de Negocio Digital)

Derecho de defensa y grabaciones ilegales

Artículo publicado en Jurismadrid, 11.01.10.

Hablar de Estado de Derecho implica que quien actúa en contra de la ley vea sancionada su conducta, que no exista impunidad para quien se salta las normas que rigen nuestra convivencia. Pero también implica que esa condena no se produzca sino como resultado de un proceso justo, en el que la culpabilidad se vea confirmada con pruebas y en el que la persona acusada pueda ejercer plenamente su derecho de defensa.

Y para que esa defensa sea una realidad efectiva, nuestro ordenamiento prevé la intervención de un profesional del Derecho –el abogado- y dota de una serie de garantías a su actuación. Entre ellas, es básica la existencia del secreto profesional: el acusado debe poder comunicarse con su letrado en un marco de plena confianza y con la seguridad de que sus confidencias están protegidas.

Recordar esto a los ciudadanos es una necesaria labor didáctica, para concienciarles de que no existen atajos en la persecución de las conductas ilícitas y la determinación de responsabilidades, de que las garantías, las obligaciones y los derechos son para todos, de que esto hace más libre y más justa nuestra sociedad y no necesariamente menos eficaz en la persecución del delito… Pero, si es imprescindible hacerlo con los ciudadanos, tener que recordar conceptos tan elementales a los responsables políticos, a los jueces o a los abogados es algo que resulta cuando menos descorazonador.

Cuando leí en la prensa que se habían grabado conversaciones entre los imputados del caso Gürtel y sus letrados y las condiciones en las que se habían producido tales irregularidades, me sentí preocupado y escandalizado.

Acudí a la web del Consejo General de la Abogacía y me encontré un comunicado de 9 de octubre de 2009 donde este organismo denunciaba “la violación del derecho de defensa y del secreto profesional” como un “gravísimo atentado contra el Estado de Derecho” que “repugna al sentido común”.

Fui a continuación a la web de mi Colegio, el de Madrid, esperando igual firmeza en pro del derecho de defensa, pero no encontré ningún pronunciamiento. La respuesta del Colegio de Abogados madrileño se hizo esperar más de diez días, hasta la reunión de la Junta de Gobierno de 20 de octubre, pero, cuando por fin llegó, pensé que tal vez compensaba la tardanza con la contundencia: no se limitaba a denunciar sino que anunciaba actuaciones concretas, tales como otorgar amparo a los letrados objeto de las grabaciones ilegales, elevar protesta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, disponer la personación del Colegio en los procesos que se iniciaran y autorizar la presentación de una querella contra el juez responsable de semejante violación, Baltasar Garzón.

Desde entonces, ninguna noticia había vuelto a tener sobre el particular, hasta que algunos medios de comunicación han informado de la queja de los letrados afectados porque, más de dos meses después, no se ha presentado tal querella, a pesar de la gravedad de estos hechos, que pueden sentar un precedente inadmisible, ante el que la abogacía no puede permanecer pasiva.

Las conductas denunciadas en la trama Gürtel me parecen gravísimas. No tengo la menor simpatía personal ni política con los imputados. No conozco a ninguno de los abogados que llevan su defensa. De hecho, me alegraré si se consigue probar quienes son los responsables de tales actuaciones delictivas y celebraré que, en ese caso, resulten condenados conforme a Derecho. Pero todo ello en un juicio justo, con garantías y sin ilegalidades.

Como español de a pie y como profesional de la abogacía, me repugna que se hayan intervenido sin cobertura legal las comunicaciones de unos imputados con sus abogados. No me sorprende que no haya reacción de la sociedad, porque determinados conceptos, aun siendo claves para garantizar las libertades de todos y un sistema procesal justo, a veces no son comprendidas por el común de la ciudadanía y otras veces, aun comprendiéndolos, no se percibe su verdadera importancia. Pero me parece inadmisible que no exista una reacción inequívoca y activa por parte de los órganos que nos representan a los abogados. En este caso, además, no estarían defendiendo sólo intereses profesionales sino, sobre todo, el interés general.

¿Fue éste?

Según rumores sin confirmar, el policía que liberó al presunto jefe de la banda que asaltó el chalet de José Luis Moreno fue el mismo que aparece como militar romano en esta célebre escena...
Sin embargo, por desgracia el prisionero no era el mismo que en este fragmento de La vida de Brian, porque no rectificó su broma, insistió en que lo suyo era libertad y hoy está suelto... 

¿Y qué quieren? Mejor que me lo tome a guasa, porque si se para uno a pensarlo en serio, es para deprimirse. 

A ver, mi dedicación profesional no guarda relación con el Derecho penitenciario, pero por lo poco que yo sé, la puesta en libertad de una persona que está en prisión, incluso cuando es procedente ponerle en libertad -que en este caso no lo era-, no la hace nunca el policía que está con él en ese momento, quitándole las esposas y dándole una palmadita en el hombro. Un agente no suelta a un recluso por el mero hecho de que el acusado se lo diga o incluso porque le enseñe un papel que le han dado en el Juzgado.

Cuando un interno sale de una cárcel a declarar ante el juez, lo hace esposado y custodiado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en todo caso tienen la responsabilidad de reintegrarle después a la misma prisión de donde salió. Dicte el juez la orden que dicte, incluso si ésta es de libertad, creo no equivocarme al afirmar que el preso vuelve siempre al punto de partida. Allí se entrega a los responsables del centro penitenciario esa orden judicial, éstos la examinan, comprueban cuál es la situación del interno (si tiene más procesos o condenas pendientes, por ejemplo, que es un detalle de suma importancia) y, si procede, le pondrán oficialmente en libertad. 

El artículo 22 del Reglamento Penitenciario dice que "recibido en el centro el mandamiento de libertad, el director o quien reglamentariamente le sustituya dará orden escrita y firmada al jefe de servicios para que sea cumplimentada por funcionarios a sus órdenes" y muy claramente preceptúa que "antes de que el director extienda la orden de libertad (...), el funcionario encargado de la Oficina de Régimen procederá a realizar una completa revisión del expediente personal del interno, a fin de comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades". 

Y, en cumplimiento de ese mismo precepto del Reglamento Penitenciario, la puesta en libertad se hace, además, de manera documentada y siguiendo el procedimiento establecido: la citada orden por escrito del director, la comprobación de datos personales y huellas dactilares de la persona a la que se va a liberar, la devolución de sus pertenencias personales y la liquidación y entrega de su peculio de recluso, el acompañamiento hasta la puerta del centro, la diligencia extendida en su expediente personal, la certificación remitida luego a la autoridad judicial... No se hace de palabra en la calle diciéndole "hala, salao, te puedes marchar cuando quieras".

La cosa no consiste en que el juez entregue al propio preso o a los agentes que le custodian un auto de puesta en libertad (siempre referida exclusivamente a la causa que él instruye, que la situación exacta de las demás no necesariamente la conoce ni tiene por qué conocerla) y los mismos policías que le han llevado al Juzgado le digan: "Bueno, majete, pues no hace falta ni que recojas tus pertenencias en la cárcel, te puedes ir desde aquí... ¿o te viene mejor que te acerquemos a algún sitio? Ah, no te olvides de que el juez te ha dicho que vuelvas dentro de quince días, ¿eh?", mientras el preso asiente conteniendo las lágrimas de la risa.

En fin, que el presunto capo Astrit Bushi debió de empezar a correr como una centella en cuanto dobló la primera esquina, antes de que se dieran cuenta de tan monumental error. Todavía a estas alturas no se lo creerá. Pero los ciudadanos tenemos motivos para indignarnos con este espectáculo lamentable que ha puesto en la calle a una persona que, muy probablemente, sea un peligrosísimo delincuente.

Entre Larra y Kafka

Quienes tenemos que lidiar con la administración más que el común de los ciudadanos, a causa de nuestra profesión, contamos con un amplio repertorio de irracionalidades sufridas, que daría para escribir un grueso tomo. Bueno, yo de hecho publiqué un pequeño manual con consejos prácticos para entender mejor la burocracia: La empresa ante las administraciones públicas. Cómo sobrevivir al "papeleo".

Verán, por si no lo saben, los Registros Civiles españoles conservan el sistema decimonónico, con un Registro diferente en cada localidad, donde se inscriben, a mano y en gruesos libros, los actos jurídicos relevantes sobre la vida y estado de las personas (nacimiento, matrimonio, separación, divorcio, nulidad, régimen económico matrimonial, incapacitación, defunción…). ¿Los de cada persona en un determinado Registro?, quizá se pregunten ustedes. Pues no, se inscriben en cada Registro ¡¡¡los actos que hayan sucedido en ese lugar!!! Es decir que mi nacimiento estará inscrito en el Registro Civil de Ávila, mi matrimonio con Maribel Verdú lo inscribirían por ejemplo en el Registro de Madrid, y mi fallecimiento en una residencia de ancianos de Ibiza -abandonado por mi familia por ser un abuelo batallitas- lo inscribirían en el Registro Civil de esa preciosa isla.

Por tanto, para pedir un certificado respecto a alguien, no basta con saber el nombre y apellidos y el número de D.N.I. (dato que, por cierto, no solía aparecer en las inscripciones hasta fechas muy recientes), sino que hay que saber dónde ha nacido, dónde se ha casado o dónde ha fallecido, según el caso, y además saber en qué fecha, para que lo busquen en los libracos correspondientes del Registro Civil del lugar dónde haya ocurrido.

Si vas a pedir un certificado de nacimiento tuyo, no hay mucho problema; mientras el alzheimer no te ataque, seguramente te acordarás de dónde te dijeron que naciste, del día de tu cumpleaños y de tu edad. Si es el de matrimonio y eres una mujer, tampoco hay problema, aunque si eres un hombre ya la cosa se complica, dada la acreditada tendencia varonil a olvidarse de los aniversarios. Y si has fallecido, seguramente ya no vas a pedir ningún certificado. Pero si lo que quieres es pedir un certificado de un tercero, pongamos por caso de tu tío de América, porque crees que ha dejado una herencia multimillonaria, estás perdido: o sabes la fecha y el lugar del acontecimiento que necesites acreditar o no hay otra forma de buscarlo.

Por fin, tras ciento cuarenta años con este sistema, el gobierno ha pensado –y lo aplaudo con entusiasmo- que la informática quizá tenga cierta utilidad en esto. Y que, igual que los Registros de la Propiedad tienen un sistema unificado de índices donde puedes buscar propiedades inscritas en cualquier Registro de cada uno de los distritos hipotecarios, o tal y como el Registro Mercantil Central permite la búsqueda de sociedades inscritas en cualquier Registro Mercantil Provincial…, podría también establecerse un sistema por el que yo pueda consultar el nacimiento, el estado civil, la incapacitación o la defunción de una persona sin tener dotes de adivinación y sin peregrinar por toda España. La tarea es costosa y laboriosa, porque hay que informatizar (proceso que en las ciudades está a medias y en la mayoría de los pueblos está inédito) y luego centralizar información. Pero bien está que se empiecen a dar pasos en esa dirección.

Hace unos años por fin establecieron que pudieran pedirse los certificados por internet. Te los envían en papel y por correo postal, pero al menos no tienes que desplazarte al Registro Civil de que se trate o escribir una carta al responsable del mismo. Por descontado que, para pedir un certificado por internet, sigue siendo necesario saber el lugar y la fecha del acontecimiento en cuestión, pero con eso ya contamos.

El otro día estaba preparando la reclamación judicial de una herencia y tenía que pedir un certificado de defunción. Entramos en la web del Ministerio de Justicia y vemos que han cambiado la interfaz de solicitud. Ahora todos estos trámites están en lo que pomposamente llaman sede electrónica del Ministerio. Cuando accedes a la pantalla de solicitud del certificado de defunción, donde antes te pedían solamente el nombre y apellidos del difunto y la fecha y lugar de fallecimiento, ahora te exigen también el tomo y el folio donde está inscrito. Y aparece un asterisco rojo al lado de estas casillas. No explican a pie de página qué significa el símbolo pero, como es conocido, suele utilizarse normalmente en los cuestionarios de las webs para indicar que se trata de datos de cumplimentación obligatoria.

Fantástico. O sea, que no basta con que haya averiguado dónde murió el tío de América de mi cliente y en qué fecha, sino que ahora tengo que saber en qué tomo está inscrito el fallecimiento y en qué página. Paciencia.


Probamos a pedirlo sin rellenar esas casillas, pero no nos deja. Efectivamente nos advierte en rojo que no hemos cumplimentado todos los campos preceptivos: “Error, compruebe los siguientes campos: - Debe completar el campo Tomo - Debe completar el campo Folio”.
Llamamos a la Administración:

- Es que acabo de ver que, para solicitar un certificado de defunción, ahora piden el tomo y el folio de inscripción y yo desconozco esos datos.
- ¿Se los pide el sistema?
- Sí
- ¿Y ha probado a no ponerlos?
- Sí, pero da error y no deja seguir
- Pues no sé…, entonces si quiere hacerlo por internet tendrá que buscarlos, vienen en el Libro de Familia…

Suponiendo que tengas en tu poder el Libro de Familia (insisto en que puedes estar pidiendo el certificado relativo a un tercero ajeno a tu núcleo familiar), esa pista que nos da la amable funcionaria estaría fenomenal… si no fuera por un pequeño detalle. El fallecimiento de alguien no aparece anotado automáticamente en el Libro de Familia por arte de magia cuando éste muere, sino que hay que ir con el Libro a que lo anoten. Y ¿qué hay que aportar para que te anoten una defunción en un Libro de Familia? Acertaron: un certificado de defunción. ¿No les suena esto un pelín, sólo un pelín, a círculo vicioso? Para un certificado, el Libro de Familia; para el Libro de Familia, un certificado.

Probamos a llamar otra vez al Ministerio, a ver si tenemos nuestro día de suerte y aleatoriamente nos toca el funcionario listo:

- Buenos días. Mire, es que quería pedir un certificado de defunción por internet -consulta Sandra desde mi despacho- y me pide tomo y folio de la inscripción y no lo sabemos. ¿Qué se hace en estos casos?
- Ah, nada, no importa
–parece que hasta se sorprende de que haya gente tan ignorante como nosotros por el mundo-. Si no lo sabe da igual, ponga usted “cero cero cero” en esas casillas y ya está.
- Pues muchas gracias

Les recuerdo: el asterisco indica campo de cumplimentación obligatoria... El sistema te avisa: “Error, compruebe los siguientes campos: debe completar el campo tomo, debe completar el campo folio” y te impide continuar… Pero, claro, "si no lo sabe da igual, ponga usted cero cero cero"… "Obligatoria" y "da igual" son dos conceptos que a mí no me casan mucho, pero también es verdad es que yo soy muy tiquismiquis.

Efectivamente, ponemos tomo 0, folio 0 y, apenas un par de días más tarde, tenemos en nuestro poder el certificado, que realmente es tomo 137, página 164, de un determinado Registro Civil.

Una sugerencia que se me acaba de ocurrir, así, de pronto, sin ser político, ni informático ni nada. ¿Y si quitan el asterisco? ¿Cómo lo ven? El programador lo modifica para que no sean campos obligatorios –o sea, exactamente como estaba antes- y así, en caso de que no se cumplimenten, el sistema no da un error que impida continuar. De esta forma, el solicitante que conoce esos datos los pone y el que no los sabe no se vuelve loco, no tiene que estar llamando, el funcionario no tiene que responderle duplicando la gestión (internet más atención telefónica)… En fin, vamos a ver cuánto tiempo tardan en darse cuenta y cuántas miles de llamadas como la nuestra tendrán que producirse antes de que a alguna mente privilegiada se le pase por la cabeza corregirlo.


(Ilustraciones: Libro de Partidas de Nacimiento del Archivo Municipal de Córdoba, de una exposición organizada por la Junta de Andalucía; y recorte de un reportaje del diario 20 Minutos).