En los últimos meses, al hablar de sus peculiares relaciones laborales, el Partido Popular consiguió sembrar la perplejidad entre los laboralistas del país.
Primero fueron las declaraciones de Carlos Floriano, explicándonos que no podían despedir a Jesús Sepúlveda porque era "funcionario" del partido y si acudía "a Magistratura" lo tendrían que readmitir. No fue un error fruto de la improvisación y que luego corrigiera, sino que, después de esa desafortunada declaración en rueda de prensa, Floriano siguió sin asesorarse e insistió en tan peregrina tesis ante los micrófonos de la cadena Ser.
Obviamente, los empleados de un partido político no tienen la condición de funcionarios, sino que estamos ante una relación laboral común. Si el despedido demanda ante el Juzgado de lo Social (las Magistraturas de Trabajo desaparecieron hace aproximadamente un cuarto de siglo) y el juez estima improcedente su despido, es la empresa y no el empleado quien opta entre pago de indemnización legal o readmisión. Desmitiéndose a sí mismos por la vía de los hechos, finalmente los dirigentes del PP despidieron a su empleado imputado por corrupción.
Pero con el caso Bárcenas este grupo político volvió a patinar en materia laboral. Resulta curioso que a ellos, que tanto interés han puesto en facilitar y abaratar el despido, les cueste tantísimo trabajo despedir a alguien. Primero negaron que existiera relación laboral, alegando que ésta había finalizado años atrás. Cuando trascendió que no era cierto, que se había extinguido muy recientemente, con ocasión de estallar el escándalo, alegaron que esa situación de alta en Seguridad Social obedecía a un pago diferido del finiquito. Y la secretaria general, M. Dolores de Cospedal, en unas cantinflescas declaraciones llegó a hablar de simulación de relación laboral.
También en este extremo, resulta evidente para cualquier persona mínimamente conocedora del Derecho Laboral que, cuando realmente se produce un despido, aunque se pacte el pago fraccionado de la indemnización, la relación laboral se extingue en ese momento. La indemnización por despido, con independencia de la forma de pago, no tributa si no supera los límites legales y no cotiza en Seguridad Social. En este caso, en el que se mantenía la situación de alta de Bárcenas, se le pagaba un salario mensual y se seguía cotizando, hay dos conclusiones posibles: o bien el extesorero continuaba prestando servicios para el partido (él sostiene que de asesoramiento, en la demanda por despido que presentó), o bien estaríamos, en efecto, ante una simulación de relación laboral (como pareció confesar Cospedal).
El problema es que tal simulación está considerada infracción muy grave (artículo 23.1.e de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Y es así, entre otros motivos, porque genera indebidamente el derecho a una serie de prestaciones (incapacidad temporal, incapacidad permanente, desempleo, jubilación...) a quien carece de requisitos para ello, si es que realmente no está trabajando.
Sobre todo esto me preguntó Cuatro Televisión para su informativo de las 14 horas del pasado 26 de febrero. Ya se sabe que, cuando te graban horas, se emiten unos minutos, así que cuando te graban minutos se emiten segundos. En el reportaje hay una breve aparición mía como abogado, explicando la calificación como infracción de un contrato laboral simulado.
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