El Hoyo, territorio de caza para el rey Alfonso XI de Castilla

Publicado en el Programa de Fiestas de San Miguel, El Hoyo de Pinares, septiembre 2022


El rey Alfonso XI de Castilla y León había nacido en Salamanca en 1311 y murió en la Semana Santa de 1350, por la epidemia de peste bubónica que asoló Europa a mediados del siglo XIV. Falleció mientras sus tropas sitiaban Gibraltar, que seguía en poder de los musulmanes benimerines, tras haber tomado el monarca castellano el reino de Algeciras en 1344. Era hijo del rey Fernando IV y de su esposa, Constanza de Portugal. Al morir su padre, contaba con un año de edad, por lo que se establecieron regencias, con intensos conflictos, hasta que, con sólo 14 años, asumió plenos poderes reales para intentar calmar la situación. 

Entre su actividad legislativa y sus campañas militares, Alfonso XI tuvo tiempo para practicar una de sus mayores aficiones: la caza. El rey promovió la realización de una colosal obra, el Libro de la Montería, en la que quiso reunir todos los conocimientos y usos relativos a la caza mayor, con la participación de sus dos monteros mayores, Martín Gil y Diego Bravo, y de otros quince más que figuran citados en el libro. 

El códice original del siglo XIV, manuscrito, seguramente para uso del propio rey y con anotaciones que se iban incorporando, se halla en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, junto con otro ejemplar datado como del siglo XV. En la Biblioteca del Palacio Real se conserva el códice más hermoso de esta obra, procedente de la Cartuja de Sevilla y que perteneció al Marqués de Tarifa, ilustrado con 17 miniaturas de la escuela castellana. 

La primera edición impresa, que permite la divulgación pública de la obra, se publica en 1582 en Sevilla, comentada por el caballero de la ciudad Gonzalo de Argote y Molina y con nuevas ilustraciones, las más difundidas. En 1877, José Gutiérrez de la Vega la publicó de nuevo en Madrid, con mayor fidelidad a los textos originales y con un interesante estudio preliminar. En 1934, el Duque de Almazán publica una nueva edición de lujo, precedida de otro interesante estudio. 

Este tratado de la montería de Alfonso XI consta de tres libros. En el primero, se explican técnicas de caza: el equipamiento que debe tener el montero tanto a caballo como a pie, cómo distinguir y seguir los rastros de las distintas especies (venados, osos, jabalíes…), como levantar las piezas, cómo buscar y probar los montes, teniendo incluso en cuenta las condiciones climatológicas y otras diversas circunstancias. El libro segundo está dedicado a los perros de caza, con las heridas que les pueden causar “los animales fieros” y las enfermedades que pueden afectarles y cómo tratar ambas. El libro tercero detalla qué montes de los reinos de Castilla y León eran buenos para la caza, indicando si en verano o en invierno, en qué ubicaciones concretas y las especies que podían hallarse.

En cada paraje incluso se detalla dónde es mejor situar la vocería, es decir, el lugar desde dónde los ojeadores podían hacer batidas y levantar la caza, y dónde situar la armada, esto es, la línea de cazadores que esperaba para abatir las piezas. Hay que recordar que en el siglo XIV la caza era con lanzas o, muy frecuentemente, con ballestas, lanzando varias flechas para abatir al animal, generalmente con mucha mayor proximidad y riesgo que en la caza con armas de fuego. 

El capítulo IX del Libro III de esta obra trata sobre “los montes de tierra de Ávila y Cadalso, y San Martín de Valdeiglesias y de Valdecorneja” (todas las transcripciones las hacemos con sintaxis originaria pero ortografía actualizada para mejor comprensión). En dicho capítulo, el rey y sus colaboradores citan varios lugares de caza que, tras el otorgamiento realizado en 1273 por su bisabuelo Alfonso X, ya eran término municipal de El Hoyo (que aún no contaba en su denominación con el apellido de la comarca de Pinares). 

Entre ellos se menciona Peña Halcón, que consideraban buen lugar para la caza de osos en invierno. La especie hoy está desaparecida en la zona, pero sin duda se referían a la variante ibérica del oso pardo (usus arctos): "Peña Halcón es buen monte de oso en invierno, y son las vocerías la una desde el camino del Helipar a Navaserrada, y la otra como va el camino de Navaserrada a Quemada. Y es el armada al Horno del [río] Sotillo”. 

Según la obra de Alfonso XI, también la zona de Valdegarcía era en el siglo XIV buen paraje para cazar osos y jabalíes en cualquier época del año: “Valdegarcía es buen monte de oso y de puerco, en invierno y en verano. Y son las vocerías la una por cima del lomo de Robledo Halcones tocante a Valdegarcía, y la otra en el lomo del Pinar que está entre Valdegarcía y Navaserrada. Y son las armadas, la una en el camino que va por medio del valle al Sotillo y la otra en el camino que va del valle al Quintanar”. 

Consta en el tratado otra zona adecuada para la caza del jabalí: “La Dehesa del Helipar y el Robledillo es todo un monte y es bueno de puerco en invierno. Y son las vocerías la una por cima de la cuerda de las Radas hasta la Cabeza de la Pinosa y la otra desde el cerro de Buhana, por el camino que va desde Las Navas al Helipar, y es el armada en el collado de la Dehesa del Helipar y otra armada en el colladillo que está entre el Helipar y Valdemaqueda”. 

También la Buitrera es paraje aconsejado para la caza del oso: “La Buitrera es muy real monte de oso en invierno. Y son las vocerías, la una por cima de la cumbre de la Buitrera y la otra por allende del Cofio, y la otra al collado de Sierrallana. Y son las armadas, la una al collado de Valdemaqueda y otras dos en el camino que va de Valdemaqueda a El Hoyo”. 

Los redactores del Libro de la Montería no hablaban de oídas, porque en el libro narran episodios concretos vividos por los cazadores de la corte, como la accidentada persecución de un jabalí en la zona de El Tiemblo, lo que denota que los monteros del rey y, seguramente en la mayor parte de los casos el mismo monarca, eran buenos conocedores de los distintos lugares de caza que van citando en su tratado. 

La historia de nuestro pueblo como escenario para actividades cinegéticas de la corte real no debió de finalizar en el siglo XIV, pues recordemos que, cuatrocientos años más tarde, el romance de La Niña del Montero precisamente se refiere a la hija de un montero de caza de Carlos III y se dice expresamente que vivía en El Hoyo de Pinares. Aunque el relato de la desaparición de la niña sea legendario, la referencia a que un montero del rey resida en nuestro pueblo cuando menos no debía de sonar extraña a los oídos de la época. 

___

Fuentes consultadas: 
Libro de la Montería, con estudio preliminar de Gonzalo Argote de Molina. Sevilla, 1582. 
Libro de la Montería, con estudio preliminar de José Gutiérrez de la Vega. Madrid, 1877. 
Estudio Preliminar al Libro de la Montería del Rey Alfonso XI de Castilla, por Matilde López Serrano. Editorial Patrimonio Nacional, 1969. 
Alfonso XI. Biografía en la web de la Real Academia de la Historia.

___

Ilustración | El rey y sus monteros, fragmento de una edición del Libro de la Montería de 1582.

Hoyancos en el Valle de los Caídos

Publicado en el Programa de Fiestas de San Miguel, El Hoyo de Pinares, septiembre 2021

EL PRIMER MUERTO EN LAS OBRAS DE CUELGAMUROS FUE EL BARRENERO ALBERTO PÉREZ ALONSO, NATURAL DE EL HOYO DE PINARES


Aunque la pandemia lo haya dejado muy atrás en la memoria, sin duda recordarán que en 2019 asistimos a una intensa polémica por la exhumación de los restos de Francisco Franco. En aquel contexto, mi hermana me envió un fragmento de un documental emitido por Telemadrid el 15 de febrero. En la escena aparecía un octogenario, Fernando Taguas, del que más tarde sabría que llegó con sólo siete años de edad al Valle de los Caídos, donde trabajaba su padre, y que él mismo estuvo luego empleado allí como cantero largo tiempo. Al referirse a los accidentes mortales acaecidos en las obras, afirmaba, para mi sorpresa: “El primero que me consta a mí que murió en el Valle era de El Hoyo de Pinares”.

El documental no contenía más referencias al suceso y ni Tere ni yo habíamos oído hablar jamás a nadie del pueblo de ese hecho, ni siquiera teníamos noticia de la presencia de hoyancos en la construcción del conjunto monumental. Tan solo ese dato.

El nombre de ese primer accidentado y de su viuda los encontraría, algunos meses después, en el libro Los presos del Valle de los Caídos, del que es autor el historiador Alberto Bárcena Pérez. Ahí comenzaron mis indagaciones para dar con descendientes de aquel matrimonio y poder conocer sus recuerdos. Así fue como contacté con una parte de sus nietos, la familia Pérez Camacho, y pude por fin conversar con uno de ellos, Alberto.


El primer fallecido en las obras del Valle, Alberto Pérez Alonso, había nacido en El Hoyo de Pinares y era hijo único. Contrajo matrimonio con Jerónima Díaz Organista, también natural de nuestra villa, quien era hija de Tomás Díaz, conocido en la localidad como Chelva, apodo que aún perdura.

Alberto se marchó a trabajar a las obras del Valle de los Caídos como barrenero, en la excavación de la basílica y la cripta, empleado por una de las empresas adjudicatarias de las obras.

La decisión de construir este monumento fue del propio Franco, quien eligió su ubicación junto con el General Moscardó. El decreto de 1 de abril de 1940 dispuso que “con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada, se elige como lugar de su reposo, donde se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama, término de El Escorial, conocida hasta hoy con el nombre de Cuelga-muros, declarándose de urgente ejecución las obras necesarias al efecto…”. La terminología utilizada parecía apuntar a que el futuro monumento sería un tributo sólo a los muertos del bando vencedor. Pero las obras se prolongaron en el tiempo y, diecisiete años más tarde, finalizada la guerra mundial con la derrota del Eje y producido el acercamiento entre el régimen de Franco y los Estados Unidos, se había suavizado notablemente aquel discurso del período inmediatamente posterior al fin de la guerra. El decreto de 23 de agosto de 1957 habla ya de que “los lustros de paz que han seguido a la Victoria han visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre los españoles. Éste ha de ser, en consecuencia, el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz”, por lo que finalmente el complejo albergaría muertos de ambos bandos, aunque ciertamente bajo la simbología política y religiosa del régimen surgido de la contienda.

Las obras fueron dirigidas inicialmente por el arquitecto Pedro Muguruza, sustituido a su fallecimiento por Diego Méndez. Se prolongaron desde 1940 hasta 1958 y consistieron en la construcción de una gran basílica excavada en el Risco de la Nava, una cruz monumental de 150 metros de altura y una abadía en la parte posterior, que fue destinada a la comunidad benedictina.

Erigido el complejo monumental, se dio orden de traslado al mismo de los restos de caídos de los dos bandos de la guerra civil, que fueron llegando en los años posteriores hasta alcanzar una cifra superior a los treinta mil. Es comprensible que las familias no quisieran alejar a sus deudos de sus lugares de origen, por lo que se han puesto de manifiesto traslados masivos sin consentimientos expresos. Cuando, en 1975, se decidió enterrar en la basílica al recién fallecido dictador -que no era víctima de la guerra civil- se cerró el círculo de una complicada situación para el futuro. Pero no es el objetivo de este artículo opinar sobre el controvertido monumento ni sobre el destino que haya de darse al mismo, pues ni me corresponde a mí hacerlo ni el programa de las fiestas de San Miguel -motivo de unión entre los hoyancos y muchos visitantes cada año- es el ámbito más adecuado para albergar tal polémica. Se trata solamente de rescatar un desconocido episodio de nuestra historia local, aunque necesariamente haya de ser ubicado en su contexto.

En las obras prestaron servicio trabajadores contratados por las empresas a las que se encomendaron las distintas fases. Pero, para avanzar con mayor rapidez, tres años después empezaron a llegar también presos que, a lo largo de todo el proceso, pudieron alcanzar una cifra en torno a 2.500, según los estudios más fundamentados. Se les abonaba el mismo salario que a los obreros libres -con descuento de su manutención- y reducían penas, entre dos y seis días de condena por cada jornada de trabajo, en función del comportamiento, por lo que no fueron pocos los reclusos que solicitaron ir a las obras, a pesar de la dureza de las condiciones de trabajo, para así acortar sus años en prisión. Una vez cumplida su pena, no resultó infrecuente que pidieran quedarse trabajando allí, ya como empleados libres.

Como el lugar de trabajo estaba ubicado en la Sierra de Guadarrama, aislado de núcleos poblacionales y sin transporte público, las empresas desplazaban a sus trabajadores en vehículos desde determinados puntos de origen. Pronto se habilitaron barracones de madera con tejados de zinc para que algunas familias pudieran quedarse a vivir en las inmediaciones. Otras improvisaron -como ya estaba pasando en los suburbios de las ciudades- chabolas incontroladas, que más adelante serían derruidas. Finalmente se construyeron cuatro poblados obreros, con casas de piedra, un conjunto dotado incluso de un pequeño “hospital”, escuela, iglesia y economato. Uno de esos poblados se conservó tras la terminación de las obras, con viviendas ocupadas principalmente por trabajadores de Patrimonio Nacional, y ha llegado hasta nuestros días.


El primer accidente mortal al que nos hemos referido, del que fue víctima nuestro paisano, tuvo lugar el 5 de enero de 1948, ocho años después de que se iniciase la ejecución de las obras de construcción. El total de muertos ascendió a 14 durante los 19 años que duraron las obras, según afirmaba el propio hijo mayor de ese primer fallecido, Federico Pérez, cifra que coincide exactamente con el muy cualificado testimonio del médico del poblado -que recoge Bárcena en su obra-, el Doctor Ángel Lausín. Lausín había pertenecido al cuerpo de Sanidad del ejército republicano y llegó a Cuelgamuros como preso en 1943, pero se quedó luego como trabajador libre, ejerciendo allí como médico hasta 1962. Pablo Linares, nieto de uno de los trabajadores del Valle y autor de una obra sobre el tema, afirma que fueron 15 los trabajadores muertos, entre libres y penados. Por su parte, el practicante, Luis Orejas -quien también estuvo integrado en el bando republicano y redimía condena en el Valle- eleva la cifra a un total de 18 víctimas mortales.

En un testimonio recogido por Santiago Cantera, actual abad de la comunidad benedictina del Valle, Fernando Taguas -el mismo que intervenía en el documental de Telemadrid- recordaba algunos detalles del accidente de Alberto: “Fue un 5 de enero, justo donde está ahora el coro de la Basílica. Al capataz se le olvidó el carburo y le mandó a él que lo recogiera y, cuando estaba recogiéndolo, se le cayó encima un trozo grande de roca. Mi hermano Paco con otros, tuvieron que trocear el bloque que cayó, para poder sacarlo”.

Fede, el hijo de Alberto, al evocar su infancia, aseguraba que el día de Reyes nunca más volvió a ser una fecha alegre en su casa ni para su familia.

Alberto dejó viuda y cinco hijos, más otro en camino, pues Jerónima estaba embarazada. El mayor, Federico, tenía 13 años en el momento en que quedó huérfano. Sus hermanos eran José (familiarmente conocido como Pepe), Margarita (Marga), Luis y Pedro. Después nacería el hijo póstumo, al que pusieron el nombre de su padre, Alberto.

La familia habitaba una vivienda de los poblados obreros de Cuelgamuros. Jerónima, la viuda de Alberto, trabajó como cocinera en el Comedor del Economato que se habilitó.

Los hijos iban a la escuela del poblado. Fede recordaba que su maestro había sido Gonzalo de Córdoba. Una vez más es el historiador Alberto Bárcena quién nos proporciona información sobre quién era ese docente: tras una intensa actividad política previa, Córdoba había pertenecido al ejército republicano durante la guerra. Terminada la misma, fue procesado: algunos testimonios se hacían eco de su activismo político pero afirmaban que no había participado directamente en ningún crimen de sangre, mientras que otros sí lo acusaban de haber dirigido una checa. En marzo de 1942 fue condenado a muerte, pero en junio el Jefe del Estado conmutó su pena por la de treinta años de reclusión. Pasó por las prisiones de Porlier y Carabanchel, hasta que pudo ir a Cuelgamuros, donde vivió con su mujer y cinco hijos y redimió condena con su trabajo de maestro. Impartió en los poblados la enseñanza primaria obligatoria a los niños entre seis y catorce años e incluso prestó apoyo docente a quienes se matriculaban por libre en el Bachillerato en Madrid, de cuyos buenos resultados se mostraba orgulloso. Cuando alcanzó la libertad, decidió continuar en el mismo lugar ejerciendo como maestro.

Otros miembros de la familia política del fallecido, varios hermanos de Jerónima, fueron también a trabajar y vivir en Cuelgamuros. Por ejemplo, Jesús Díaz Organista fue empleado allí por la empresa San Román, adjudicataria de la cripta y de otras obras del complejo. Y consta que la menor, Andrea Díaz Organista, contrajo matrimonio en la propia iglesia existente en los poblados con Pablo Villena Dueñas, un obrero de la empresa Huarte que entonces tenía 23 años de edad y que contaba con una hija de cinco años. Bárcena reproduce en su tesis doctoral un fragmento de la instancia en la que solicitan una vivienda del poblado al regidor, Faustino de la Banda, documento cuyo original se conserva en los archivos de Patrimonio Nacional: “(…) Que teniendo necesidad de una vivienda por contraer matrimonio con su prometida, Andrea Díaz Organista (…) en la actualidad en Cuelgamuros, el día 20 de Enero de 1952…”. El uso de la vivienda le fue concedido y allí pasaron a residir los recién casados con la niña.

Por su parte, Federico, el primogénito de la primera víctima mortal de las obras, comenzó también a trabajar muy pronto como cantero en las mismas. Ya mayor, recordaba su participación en los grupos escultóricos, donde había tenido ocasión de tratar con Juan de Ávalos, el artista de ideología socialista a cuya autoría se deben la Piedad que preside la entrada de la basílica y las figuras de los cuatro Evangelistas que están en la base de la imponente cruz.

Federico contaba cómo en su juventud a veces se iban desde el poblado de Cuelgamuros a las fiestas de los pueblos cercanos, aprovechando los camiones que transportaban a los obreros de la empresa Huarte.

En el Valle de los Caídos desarrolló su actividad laboral hasta la práctica finalización de las obras, dedicándose el resto de su vida laboral a la profesión de solador, según me cuenta su hijo Alberto.

Jerónima pasó entonces a vivir en la madrileña barriada de Fuencarral. Algunos trabajadores de las obras del Valle -tanto libres como penados-, accedieron a viviendas de protección oficial, la mayoría en régimen de lo que hoy llamaríamos “alquiler social” aunque luego se facilitaron opciones de compra. El historiador Alberto Bárcena, en su tesis doctoral y en su posterior libro, reproduce precisamente la carta conservada en los archivos de Patrimonio Nacional en los que Jere -como se la conocía familiarmente- se dirigía al arquitecto director de las obras, Diego Méndez, pidiendo que le facilitasen una vivienda cuando terminaran las obras, “ya que de no encontrarla me vería en la calle con mis hijos”. En su misiva explica que es “la viuda de Alberto Pérez Alonso, que trabajaba como barrenero en la cripta y en ella murió a consecuencia de accidente de trabajo” y recuerda que “quedé con seis hijos todos pequeños, ya que el mayor tiene ahora 17 años, y actualmente trabajo de cocinera en el comedor del Economato Obrero del Valle…”. Según su nieto Alberto, posiblemente alguna otra persona le ayudó redactándolas entonces, porque recuerda cómo, siendo ya mayor, contaba con orgullo que estaba aprendiendo entonces a escribir.

Jere murió hace algo más de veinte años. La trasladaron desde Madrid al cementerio de El Escorial, para que sus restos reposaran junto a los de su esposo, que recibió sepultura allí tras el trágico accidente que le costó la vida en el Valle. En el mismo nicho también está enterrado el menor de los hijos del matrimonio, Alberto.

Una buena parte de los descendientes de Alberto Pérez y Jerónima Díaz nunca perdió su contacto con El Hoyo de Pinares. Uno de los hijos, Pepe, tiene aún hoy aquí su segunda residencia, en la zona de La Perdiguera. Por su parte, Fede y su esposa Florencia también han tenido viviendas aquí, primero en alquiler, luego ya en propiedad en la calle La Piedra.

Federico Pérez Díaz era muy conocido y apreciado en el pueblo, donde mantuvo estrechas amistades. Hace tres años falleció en el hospital de Ávila y recibió sepultura precisamente en el Cementerio Municipal de El Hoyo de Pinares.

Yo le conocí personalmente pero, hasta que conversé con su hijo Alberto hace muy poco, nada supe de todas estas vivencias: las de aquel adolescente que quedó huérfano trágicamente en las obras del Valle de los Caídos y que se empleó como cantero, mientras su madre trabajaba como cocinera para sacar adelante en solitario a seis hijos. Nunca pude siquiera sospechar que aquel hombre agradable, con el que me encontraba alguna vez tomando un vino por el pueblo, a menudo acompañado por su amigo y vecino Juan Tabasco (Veguilla), había participado activamente en levantar el impresionante grupo escultórico de los Evangelistas de Ávalos, bajo la cruz que corona el risco de la Nava. Era, como tantos otros hoyancos de su generación, historia viva, de la que ya se nos va escapando.

__

Fuentes consultadas:  
- Testimonio de Alberto Pérez Camacho (nieto de Alberto Pérez Alonso y Jerónima Díaz Organista). 
- Alberto Bárcena Pérez. Tesis doctoral La redención de penas en el Valle de los Caídos. Repositorio institucional de la Fundación San Pablo CEU. Curso académico 2011-12. 
- Alberto Bárcena Pérez, Los presos del Valle de los Caídos (Ed. San Román, 2015). 
- José María Calleja, El Valle de los Caídos (Ed. Espasa Calpe, 2009). 
- Isaías Lafuente, Esclavos por la Patria (Ed. Temas de Hoy, 2002). 
- Daniel Sueiro, La verdadera historia del Valle de los Caídos. La cripta franquista (Ed. Tebar Flores, 2019, reedición de obra de 1976). 
- Documental Franco, último capítulo, dirigido por Maribel Sánchez Maroto (Producido por Telemadrid y Newtral).

__

Ilustraciones | Obreros en las obras del Valle; excavación de la cripta; y fotografía de Alberto Pérez Alonso, cedida por su familia; .


Adiós a Ernesto Cardenal

Aquí pasaba a pie por estas calles,
sin empleo ni puesto y sin un peso.
Sólo poetas, putas y picados
conocieron sus versos. 
(...) 
Ahora está muerto. No tiene ningún monumento…
Pero
recordadle cuando tengáis puentes
de concreto,
grandes turbinas, tractores, plateados graneros,
buenos gobiernos.
Porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo,
en el que un día se escribirán los tratados de comercio, 
la Constitución, las cartas de amor, y los decretos.

- Ernesto Cardenal- 


Hoy se nos ha ido en Nicaragua, a los 95 años, mi querido Ernesto Cardenal, cura, poeta y revolucionario. 

Creó su pequeña utopía artística  y humana en una isla de Solentiname. Fue ministro de cultura y sufrió aquella célebre bronca del Papa... Formó parte de un gobierno que, entre otras cosas, organizó la mayor movilización alfabetizadora de la historia, donde más de 90.000 personas consiguieron reducir el analfabetismo de su país de más del 50 % a menos del 13 % en medio año. Luchó contra la dictadura somocista y se puso enfrente de algunos de sus antiguos compañeros cuando empezaron a parecerse a Somoza. 

Siempre fue pueblo. Nos regaló poesía y memorias. Si existe el cielo, allí estará hoy. Y yo recordaré siempre con admiración y con cariño a este viejo de boina negra, barba blanca, versos limpios y corazón grande.    

1979: la democracia llega al Ayuntamiento

Publicado en el Programa de Fiestas de San Miguel, El Hoyo de Pinares, septiembre 2019.

 

En este año 2019 se han cumplido cuarenta años desde las primeras elecciones municipales de la democracia, por lo que vamos a recordar algunas pinceladas de cómo se vivió ese hito histórico en El Hoyo de Pinares. 

En 1976, los españoles habían aprobado en referéndum la Ley de Reforma Política impulsada por el presidente Adolfo Suárez y que sentaba las bases para la transición de la dictadura a la democracia. Al amparo de esa norma, se habían legalizado los partidos políticos y se habían celebrado las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977. Seguidamente, las Cortes salidas de aquellos comicios elaboraron la Constitución, ratificada por los españoles en un nuevo referéndum popular celebrado el 6 de diciembre de 1978. 

En ese contexto, era ya una reivindicación generalizada que se convocasen también elecciones en los Ayuntamientos, a cuyo frente continuaban aún los últimos alcaldes designados por los Gobernadores Civiles aplicando la legalidad franquista. No sólo los partidos y los colectivos sociales reclamaban como ineludible la democratización del poder municipal, sino que incluso algunas de las propias Corporaciones reclamaban su relevo, porque ya no tenían margen para afrontar proyectos de medio o largo plazo y se sentían carentes de legitimidad democrática. 

En nuestro pueblo, recuerdo que el alcalde Julián Carvajal Luque, con el que conversé para un trabajo escolar, afrontaba sus últimas obras públicas (el pavimentado de la Plaza de España, hasta entonces de arena, y la remodelación de la fachada del Ayuntamiento, que sacó a la luz la piedra que estaba oculta por enfoscado blanco) y manifestaba también su deseo de poder dar por finalizado su mandato, que había comenzado en 1973. 

Sin embargo, el presidente del gobierno optó primero por disolver las Cortes constituyentes, elegidas veinte meses antes y celebrar, ya al amparo de la nueva Constitución española, nuevas elecciones legislativas en marzo de 1979. Las urnas consolidaron la victoria de su formación, la Unión de Centro Democrático, con 168 escaños, seguida del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González con 121, el Partido Comunista de España de Santiago Carrillo con 23 escaños y Coalición Democrática encabezada por Manuel Fraga con 9. Entre las minorías, Convergencia i Unió de Jordi Pujol obtuvo 8 diputados y la coalición Unión Nacional liderada por Blas Piñar 1 escaño. 

En nuestro pueblo, UCD obtuvo en aquellas elecciones generales de 1979 752 votos (nada menos que el 51,9 %); el PSOE, 448 (33,68 %); el PCE, 103 (7,11 %); Coalición Democrática, 36 (2,48 %); y Unión Nacional, 30 (2,07 %). 

El gobierno fijó la fecha de las elecciones municipales para el 3 de abril de ese mismo año. A partir de ahí, los partidos políticos esbozaron sus primeras agrupaciones locales en El Hoyo de Pinares para formar las candidaturas. 

Unión de Centro Democrático presentó como candidato a la alcaldía a Juan Galán Estévez, a quien los vecinos conocen como “Juanín” y profesionalmente dedicado entonces a la construcción (después ampliaría su actividad a la hostelería al abrir el pub J-5). El PSOE optó por Leoncio Fernández Gil, de profesión carpintero, un hombre apreciado que también ofrecía el servicio de cumplimentar sencillos contratos privados de compraventa, alquiler, etc. a quienes no tenían la formación para poder hacerlo. Por el Partido Comunista, se presentó Mariano Martín. No hubo candidatura de Coalición Democrática: el centro-derecha local pareció agruparse mayoritariamente en UCD, situación que cambiaría en los siguientes comicios. Sin embargo, se presentó una candidatura independiente encabezada por Miguel Lobato Martín, que en las elecciones generales de 1977 había sido candidato al Congreso por Fuerza Nueva. 

La primera -y única- candidatura municipal presentada por UCD en nuestro pueblo tuvo la siguiente composición: 

1. Juan Galán Estévez 
2. Félix Fernández Tejedor 
3. Pascual Herranz Herranz 
4. Juan Luque Pérez 
5. Pedro Santamaría Cubero 
6. Luis Beltrán Santamaría 
7. Tomás Martín Pérez 
8. Santiago Fernández Fernández 
9. Santos Herranz Galán 
10. Honorio Pérez Herranz 
11. Jesús Tabasco Alonso 

Por su parte, el PSOE de El Hoyo de Pinares, reorganizado tras cuatro décadas de proscripción política durante la dictadura, concurría con la siguiente lista: 

1. Leoncio Fernández Gil 
2. Antonio Méndez Jorge 
3. Eladio González Miguel 
4. Florentino Pascual Santamaría 
5. Eloy Miguel García 
6. Domingo Cubos Martín 
7. Julián Martín Sánchez 
8. Guillermo Gallego González 
9. Domingo Sánchez Díaz 
10. Julián Herranz Alía 
11. Cecilio Gómez Santamaría 
Suplentes: 
1. José Luis Pérez Sánchez 
2. Jesús Sánchez Organista 
3. Luis Madrigal Gallego 

La candidatura Independientes de Navaserrada estaba integrada por los siguientes aspirantes: 

1. Miguel Lobato Martín 
2. Tomás Fernández Luque 
3. Jesús González Fernández 
4. Antonio Fernández Antorán 
5. Sebastián Gallego Martín 
6. Felipe Navas Jiménez 
7. Ángel Tabasco Navas 
8. Isidoro Beltrán Santamaría 
9. Pedro Martín García 
10. Teodoro Ayuso Pascual 
11. Segundo Navas Colorado 

El Partido Comunista de España presentó por su parte esta otra candidatura, que no alcanzaría representación municipal: 

1. Mariano Martín Gallego 
2. Longinos Jiménez Fernández 
3. Rosendo Martín Gallego 
4. Teodoro Díaz García 
5. José Luis González Navas 
6. Félix Muñoz de Propios 
7. José González Cubos 
8. Julio Beltrán Alonso 
9. Vicente Galán González 
10. Rosendo Martín González 
11. Agustín Estévez Jiménez 

Como dato curioso, cabe señalar que se presentó otra lista independiente, la Unión de Trabajadores e Industriales, que no llegó a ser proclamada por la Junta Electoral de Zona por no reunir los requisitos exigidos. Presumiblemente, aunque no consta, la exigencia de ser un partido político legalizado o bien una agrupación de electores avalada con las firmas de un 2 % del censo electoral. Sus integrantes, que por tanto no llegaron a ser candidatos, fueron, según el Boletín Oficial de la Provincia: 

1. Apolinar Santamaría Estévez 
2. Galo Santamaría Estévez 
3. José Otilio Carvajal Gallego 
4. Pedro Pérez Gallego 
5. Mónico Fernández Pérez 
6. José de la Fuente Propios 
7. Tomás Hernández Blanco 
8. Solino Organista Fernández 
9. Mariano Martín Hernández 
10. Elías Díaz de la Fuente 
11. Pilar Santamaría Yusta 

En cuanto a la campaña electoral, fue muy personal y directa, de hablar con los vecinos e intentar captar su apoyo. El marketing electoral no estaba tan desarrollado como ahora y tampoco los medios materiales eran abundantes. Juan Galán me comenta que UCD no llegó a celebrar un mitin público. El número 2 de la candidatura del PSOE, Antonio Méndez, recuerda un acto público de su formación con las intervenciones del entonces presidente provincial del partido, Máximo Iglesias, y el recién elegido senador por Ávila José Federico de Carvajal (quien años más tarde sería presidente del Senado). Miguel Lobato sí intervino personalmente y atendió las preguntas del público en el mitin convocado por los Independientes de Navaserrada. 

Las elecciones se vivían en el país aún con algo de miedo (Antonio evoca la dificultad para que la gente diera el paso de participar y presentarse como candidato en partidos que poco antes estaban prohibidos) pero con una indudable ilusión y esperanza de cambio. 

Era la primera vez en la historia que todos los vecinos mayores de edad de El Hoyo de Pinares, hombres y mujeres, iban a elegir democráticamente a su Ayuntamiento por sufragio universal. Incluso en la II República la mujer había estado excluida del voto en las elecciones municipales que tuvieron lugar en 1933. 

Unión de Centro Democrático fue la vencedora de aquellas elecciones locales, al obtener 652 votos, que le dieron 5 concejales. El PSOE fue la segunda fuerza política local, con 455 votos y 4 escaños en el pleno. Y entró en el Ayuntamiento Independientes de Navaserrada, con 245 votos y 2 ediles. 

El 19 de abril de 1979, a las 11 de la mañana, quedó constituida la primera Corporación Municipal de la actual democracia, formada por los cinco concejales electos de UCD (Juan Galán Estévez, Félix Fernández Tejedor, Pascual Herranz Herranz, Juan Luque Pérez y Pedro Santamaría Cubero), los cuatro del PSOE (Leoncio Fernández Gil, Antonio Méndez Jorge, Eladio González Miguel y Florentino Pascual Santamaría) y los dos de Independientes de Navaserrada (Miguel Lobato Martín y Tomás Fernández Luque). 

El pleno comenzó presidido por el edil de mayor edad (Eladio González) y el de menor edad (Félix Fernández), asistidos por el secretario del Ayuntamiento, entonces Pedro González. 

En la votación para alcalde, el candidato de UCD obtuvo sus cinco votos, el del PSOE los cuatro de su partido y el de Independientes de Navaserrada un solo voto, puesto que su número 2 se abstuvo. Los votos del PSOE más los independientes sumaban la mayoría absoluta necesaria para haber elegido un alcalde alternativo y, ante los distintos rumores que habían circulado en los días previos, el concejal Tomás Fernández optó por abstenerse para impedir cualquier maniobra en ese sentido. 

Resultó por tanto elegido nuevo alcalde el cabeza de lista de la Unión de Centro Democrático. Juan Galán Estévez se convertía así en el primer alcalde de la democracia en nuestro pueblo. 

El nuevo gobernante local formó Comisión de Gobierno con tres tenientes de alcalde, dos de su propia coalición (Juan Luque y Pedro Santamaría) y uno del PSOE (Antonio Méndez). 

Durante aquel mandato, se llevó a cabo un plan de pavimentación de calles y de ampliación del sistema de recolección de aguas, se elevó una planta en las alas laterales de las Escuelas de arriba para ampliar el número de aulas y se iniciaron las obras del edificio destinado a Hogar del Pensionista y del que se pretendía que fuera un Mercado de Abastos. También se construyó la primera pista polideportiva y el frontón junto al Campo de Fútbol. En el terreno de la anécdota -aunque pudo ser trágica- muchos vecinos recordarán la escapada de los cuatro toros que iban a ser lidiados en fiestas. 

El mandato de Juan Galán terminó el 23 de mayo de 1983, ya con una UCD en declive, cuando tomó el relevo Félix Alonso Fernández, segundo alcalde de la democracia, que había encabezado la lista de Alianza Popular. 

Tanto Juan Galán como Antonio Méndez me aseguran que, en general, hubo un ambiente de colaboración y de entendimiento en aquella primera Corporación democrática. Tras haber terminado las elecciones de la II República literalmente a tiros, tras una cruel guerra civil, tras cuarenta años de prohibición del pluralismo político, los hoyancos -como todos los demás españoles- apostaron decididamente por la reconciliación, por las libertades públicas y por el futuro. Las personas y las distintas ideas aprendieron a convivir democráticamente en un Ayuntamiento que, por fin, era de todos. 

¿Deben cotizar los robots a la Seguridad Social?

Publicado en El País, suplemento Retina, 15.04.2019.

¿Se imaginan una resolución oficial de un parlamento que incluyese referencias al monstruo de Frankenstein, a Pigmalión o al Golem de Praga? Pues existe. El 16 de febrero de 2017, la mayoría de eurodiputados adoptó un acuerdo que recordaba estos mitos de nuestra cultura antes de entrar en harina y solicitar al Consejo y a la Comisión europea que presenten una propuesta de Directiva para desarrollar normas civiles en materia de robótica. 

Los robots han llegado a la sociedad del siglo XXI para quedarse y convertirse en algo cotidiano. Ya no estamos sólo ante experimentos más o menos vistosos para exhibir en alguna feria tecnológica. Se calcula que más de 35.000 robots están operativos en la actualidad en la industria española, mientras que la Federación Internacional de Robótica (IFR) estima que este mismo año se llegará en el mundo a 2’6 millones de robots industriales instalados. 

¿Hasta qué punto sustituirán los robots a las personas en la realización de tareas profesionales y laborales? Podemos encontrar proyecciones para todos los gustos. Hay quienes piensan que, como ya sucedió con la revolución industrial o tras la popularización de la informática, sólo será cuestión de adaptación: desaparecerán puestos de trabajo, sí, pero serán sustituidos por nuevos cometidos profesionales. La UE recuerda que la informática sirvió para liberar a las personas de tareas monótonas pero que al final no destruyó empleo, todo lo contrario. El Foro Económico Mundial (WEF) cree que en 2025 se habrán perdido 75 millones de empleos que hoy existen, pero que a su vez estas mismas tecnologías generarán 133 millones de empleos, con lo que el saldo neto sería de 58 millones de puestos de trabajo nuevos. 

Sin embargo, en general, parece mayoritaria y muy extendida la opinión de que la expansión de los ingenios electrónicos tendrá impacto negativo -cuando menos en una primera fase de adaptación- en materia de empleo. La consultora McKinsey Global cree que el 20 % de los trabajadores del mundo serán reemplazados por robots en sólo 12 años. Un estudio de la Universidad de Oxford sostiene que, en un intervalo de 10 a 20 años, el 47 % de los trabajos serán realizados por máquinas. 

Una cosa es segura: por más que las previsiones sean diversas y discutibles, la implosión de la robótica no será inocua ni intrascendente. Y más nos vale habernos preparado para distintos escenarios posibles antes de que la realidad nos arrolle. 

En febrero se sometió a la consideración del Pacto de Toledo un texto que reunía alto grado de consenso, aunque finalmente no salió adelante, posiblemente por la inminencia del horizonte electoral. La propuesta de resolución incluía una afirmación que, sin embargo, no consta que resultase controvertida: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social”. 

¿Estaban queriendo abrir los expertos y los partidos políticos la puerta a que los robots coticen a la Seguridad Social? 

El líder de UGT, Pepe Álvarez, defendía esa idea, asegurando que “el proceso de irrupción de los robots en la Economía va a tener consecuencias directas sobre los trabajadores, sus puestos de trabajo, sus salarios, sus condiciones laborales, sobre las cotizaciones sociales y sus pensiones, los sistemas fiscales y los de protección social. Cuando nos pronunciamos a favor de que los robots coticen a la Seguridad Social lo que hacemos es una simplificación metafórica para poner sobre la mesa este problema y la necesidad de buscar soluciones para afrontarlo (…). Estos robots sustituirán a muchos trabajadores que dejarán de ganar un salario, no podrán cotizar a la Seguridad Social y no pagarán impuestos, y eso tendrá una consecuencia directa sobre nuestro sistema de pensiones”. 

No coincidía con él su homólogo de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien considera que “gravar fiscalmente lo que no deja de ser una inversión en tecnología, productiva, no parece ser el mejor camino para que la productividad de las empresas mejore”, pero apuesta por mejorar la configuración del Impuesto de Sociedades para que esa mejora de rendimiento empresarial se traduzca en una contribución efectiva a las arcas públicas.

¿TIENEN QUE PAGAR LOS ROBOTS… O SUS DUEÑOS? 

Dos son las grandes líneas que se apuntan a la hora de configurar obligaciones vinculadas a estas tecnologías. Una de ellas pasaría por dotar a los robots de cierto reconocimiento jurídico, una especie de personalidad digital. Así, el parlamento europeo apunta expresamente a una personalidad electrónica como forma de personalidad jurídica específica, cuando menos para los robots autónomos más complejos. 

Personalmente, no soy partidario de esta vía, porque me parece que genera más complicaciones que ventajas. Si ni siquiera hemos reconocido a otros seres vivos, como los animales, ser titulares limitados de derechos y obligaciones, dar ahora el paso de reconocer alguna especie de pseudopersonalidad a máquinas, a creaciones del ser humano, resulta innecesario. Todos los retos jurídicos que plantea la robótica -desde la responsabilidad civil a la tributación, pasando por principios éticos, propiedad intelectual, seguridad, etc.- me parece que se pueden resolver legislativamente con un sistema de registro y estableciendo una persona física o jurídica responsable de los mismos. 

Realmente, y por simplificar, no tienen que pagar los robots, sino sus dueños por todo lo que se derive del uso de los mismos y sus fabricantes o programadores por los defectos que les sean atribuibles. Como sucede hoy con los vehículos o con cualquier otra maquinaria. 

Por tanto, huelga decir que no creo que los robots como tales deban tener obligación de cotizar, como tampoco han de generar ninguno de los derechos propios de los cotizantes ni ser acreedores de prestaciones de Seguridad Social. Pienso, sin embargo que hay que articular mecanismos para que quienes emplean esos robots sí contribuyan a la financiación de nuestro sistema de Seguridad Social. 

La opinión de Unai Sordo plantea, a mi juicio, al menos dos inconvenientes. En principio, no me parece incuestionable esa ecuación de a mayor número de robots, mayor productividad y, como consecuencia, mayor beneficio empresarial. Puede haber casos en los que simplemente se sustituyan personas por máquinas sin que ello sea más barato para la empresa, que puede hacerlo motivada por otros beneficios indirectos: ganar en precisión en las tareas o evitar factores tan propiamente humanos como el error o el conflicto. Estaríamos ante supuestos en los que se destruiría empleo sin aumentar el beneficio empresarial ni, por tanto, la tributación sobre el mismo. 

Por otro lado, una mayor recaudación en el Impuesto de Sociedades hoy por hoy no tiene impacto en el sistema de pensiones. Nuestro sistema contributivo financia prestaciones con cotizaciones y no con tributos. Los Impuestos, por definición legal (artículo 2.2.c de la Ley General Tributaria), no son finalistas: van a la caja común de las Administraciones, su recaudación no se asigna a un destino concreto. Los pagos finalistas, como las tasas o los precios públicos, sí responden a un servicio prestado y se destinan a financiar el mismo. Pero aquí tampoco estamos un servicio concreto que vayan a proporcionar los poderes públicos a los titulares de ingenios tecnológicos. La pretensión es que las empresas usuarias de robots contribuyan al sostenimiento del sistema público de Seguridad Social pero sin una contraprestación particular. 

¿ESTÁ CLARO QUÉ ES UN ROBOT? 

Otra de las dificultades que se pueden plantear es precisamente el alcance de una medida de este tipo y cómo evitar las más que previsibles maniobras de elusión. 

Porque, en definitiva, ¿qué es un robot y qué no lo es? Si ponemos el énfasis en la capacidad de realizar tareas de forma autónoma una vez programadas, muchas máquinas de cualquier cadena de montaje actual podrían ser incluidas en el concepto. Si, por el contrario, ponemos el acento en la inteligencia artificial, cualquier ordenador podría ser considerado como tal. El término acuñado por el escritor checo Karel Čapek no posee una acepción unívoca y universalmente aceptada… y mucho menos lo será cuando de la misma se derive una obligación contributiva. 

Una vez establecida en la norma una definición de qué se considera robot a efectos de aportación pública, no tengo ninguna duda de que, en muchos casos y en la medida de lo posible, se modificarán características técnicas para quedar fuera del alcance de cualquier gravamen, aun cuando el ingenio electrónico en cuestión sí esté sustituyendo al trabajo humano y no tenga un papel meramente auxiliar de éste. 

Coincido con los redactores del documento del Pacto de Toledo antes citado en que tenemos un importante desafío: encontrar mecanismos de financiación innovadores, si queremos que la robótica no tenga un impacto negativo sobre la sostenibilidad del sistema de prestaciones. Por usar terminología tributaria, no creo que los robots tengan que ser considerados sujetos pasivos, pero sí hecho imponible: sus dueños tendrán que asumir obligaciones. Habrá que determinar qué entendemos por robot a estos efectos. Y se hace necesario ir desarrollando algún nuevo concepto de cotización empresarial vinculada a la sustitución tecnológica de la actual mano de obra y que, de alguna forma, se destine a la financiación de prestaciones de Seguridad Social y no a las arcas de las Administraciones en general. Los robots, a la postre, deberán estar al servicio del bienestar de las personas.

La trampa del consumidor

Publicado en SevillaInfo, 02.11.2018.

No, no nos lo preguntaron así. No nos dijeron: ¿le parece a usted bien que una tripulación de avión con base en España esté obligada a fingir ser residente en Irlanda para que su empresa pueda aplicarles peores condiciones laborales? No recabaron nuestra opinión sobre imponer a los trabajadores del comercio discrecionalmente turnos partidos, flexibles y rotatorios que impiden cualquier organización de su vida personal y familiar. Nadie nos pidió parecer sobre la posibilidad de desmantelar los talleres de confección textil en España para fabricar en Asia en condiciones infrahumanas. O sobre acabar con el pequeño comercio en su conjunto, para luego revivirlo a duras penas con inmigrantes chinos que trabajan jornadas interminables de lunes a domingo. Ni sobre poblar todos los sectores de falsos autónomos, privados de derechos laborales y pagándose su propia cotización a la Seguridad Social… 

Lo que nos preguntaron tácitamente fue: ¿quieren tener billetes de avión más baratos? ¿quieren poder comprar todos los días de la semana, cuando les venga bien, durante doce horas? ¿quieren adquirir ropa o calzado a precios más económicos?... Y nosotros apoyamos activa o pasivamente todas esas medidas, sin tener claras -o sin querer ver- sus consecuencias últimas. 

El truco está en que nos hacen mirar sólo con las gafas de consumidores. Y provocan que perdamos la otra perspectiva, la de productores. Porque todos adquirimos productos o servicios, pero también todos, de alguna forma, elaboramos, vendemos u ofertamos. Y de las condiciones en que se adquiera nuestro producto o se preste nuestro servicio dependen indirectamente nuestras propias condiciones de trabajo. Eso haría imprescindible buscar un equilibrio, si no queremos engañarnos a nosotros mismos y ser una sociedad cada vez más empobrecida. 

Me comentaba un primo mío que, cuando comenzó a trabajar, recién titulado, su primer sueldo fue de 170.000 ptas. Los ingenieros como él estaban entonces valorados y bien retribuidos. Hoy un joven ingeniero de nuevo ingreso en su empresa cobra aproximadamente lo mismo, 1.000 euros, pero más de un cuarto de siglo después. ¿De qué nos sirve pagar precios más reducidos si nuestros salarios bajan a la par? Lo importante no son los precios en términos absolutos, sino cuál sea nuestro poder adquisitivo. 

Yo fruncí el ceño cuando en alguna ciudad europea a las cinco de la tarde me encontraba todo cerrado. Pero enseguida me di cuenta de que me sobrepondría a esa incomodidad si, a cambio, yo también pudiera disponer de mi vida personal a partir de esa hora, en lugar de salir del despacho cada día después de las ocho de la tarde. 

Equilibrio. Esa es la clave. Qué sacrificio estamos dispuestos a asumir como trabajadores entendiendo que eso nos beneficia como consumidores. Y viceversa: de qué ventaja podemos prescindir como consumidores, sabiendo que mejorará nuestras condiciones de trabajo. 

Como sociedad, no nos importó aquello que afectase a los controladores aéreos porque eran unos privilegiados. Ni a los estibadores, esa especie de casta arcaica y antieuropea. Ni a los taxistas, unos señores muy antipáticos… Ahora, piensen por un momento en el tópico que acompaña en la opinión pública a su sector, sea cual sea: periodistas, farmacéuticos, abogados, fontaneros, mecánicos de vehículos, empleados de banca, agentes de seguros, comerciales, funcionarios… Tal vez cuando la precarización nos alcance, como en el poema de Martin Niemöller ya no quede nadie para apoyarnos.