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BECARIOS, SUBCONTRATADOS Y TEMPORALES: ASÍ LOGRARON PRECARIZAR NUESTRO HOTEL
La industria del turismo supone un 11,2 % del Producto Interior Bruto
Marisol Rojas. Madrid.
Martín trabajó 41 años en un hotel de Madrid. Juan llegó más tarde, pero pasó 12 años ayudando en la recepción, echando una mano con el mantenimiento y haciendo de mozo de equipajes. Los dos tenían contrato fijo, pero el hotel optó por una estrategia que implicaba sustituir a su plantilla por jóvenes baratos y precarios. Los números lo demuestran: de un equipo con 50 personas en nómina, ahora quedan poco más de una decena.
Los caminos para deshacerse de ellos fueron diferentes. El que le tocó a Martín fue un atajo en toda regla. Tenía que cuidar de su madre, pero no le permitieron conciliar. La estrategia le funcionó al hotel, porque él no vio otra salida que marcharse cuando la vida se le hizo imposible. La empresa se ahorró su despido.
A Martín le enseñaron la puerta de salida cuando ya estaba en marcha una estrategia que pasaba por tener mano de obra compuesta por becarios, empleados de ETT y subcontratas. La preocupación de los trabajadores fue a más, temían ir cayendo uno a uno. Fue entonces cuando Juan decidió dar el paso y presentarse como representante sindical: "Cuando ves las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Yo veo que mi director fuera, la jefa de recepción fuera, trabajadores y compañeros míos que eran profesionales como la copa de un pino, fuera. Yo ya sabía que estaba sentenciado". Le echaron antes de que pudiera llegar a representar a sus compañeros.
Consiguió un buen acuerdo gracias a su abogado, Carlos Galán, que además preside la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid. Los testimonios de Juan y Martín son el fiel reflejo de una tendencia que afecta a trabajadores de muchos sectores: "En construcción se abusaba mucho de los trade, los autónomos económicamente dependientes; en el sector servicios abundan los falsos autónomos y en la industria hay mucha subcontratación, más o menos fraudulenta, que roza los límites legales. En todos los sectores ha habido esa tendencia". Su repaso a los sectores productivos y su experiencia profesional le hacen llegar a una conclusión qu se ha convertido en realidad en muchos hogares: "Cualquier persona que durante esta crisis haya perdido su empleo y haya conseguido recuperarlo, habrá podido comprobar que no se recuperan las condiciones anteriores. Todo el mundo ha experimentado en carne propia que es es muy difícil volver a las condiciones que se tenía en el anterior empleo".
Martín ya ha conseguido jubilarse, Juan tiene otro empleo. A su manera, se sienten afortunados porque comparan su situación con la de sus excompañeros. "Hay compañeros que tienen hipotecas y a los que a lo mejor les tienen que quitar la casa. Compañeros que llevan en paro dos, tres o cuatro años. Algunos han tenido que dejar Madrid para irse a vivir al pueblo", dice Juan, que no puede ocultar su enfado al pensar en la vida actual de sus antiguos colegas. "Son de esa gente que se ha dejado la vida por las empresas, pero como eres un número y les importas un pimiento".
El 1 de mayo, fiesta del trabajo, el programa En la Onda, que presenta Pepa Gea, emitió una entrevista conmigo, en mi condición de presidente de la Sección de Derecho Laboral, para repasar la actualidad del mundo del trabajo en nuestro país. Hablamos del minuto 10:00 de crisis, abusos y fraudes, sindicatos, precarización, reclamaciones laborales, impagos salariales, cambios de condiciones, etc.
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID PRESENTA LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO ABOGADOS DE ATOCHA
Luis Javier Sánchez
A punto de cumplirse cuarenta años del trágico atentado que segó la vida de cuatro abogados laboralistas y un estudiante de Derecho y dejó malheridos a cuatro letrados en un bufete situado en Atocha 55, la abogacía ha decidido recordar la memoria de estos letrados.
Aquel fatídico 24 de enero de 1977 quedó marcado por la llamada “Matanza de Atocha”, un momento clave para la transición española.
A la película "Siete días de Enero" de Juan Antonio Bardem y al libro publicado a primeros de año "La matanza de Atocha. 24 de enero de 1977" (La Esfera de los libros), obra de Jorge e Isabel Martínez Reverte se ha sumado la iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid.
Por ello la Decana, Sonia Gumpert, acompañada del vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, Raúl Cordero, y del presidente de la Sección de Derecho Laboral del Colegio, Carlos Javier Galán, ha presentado la primera edición de los Premios En Memoria de los Abogados de Atocha convocados por la propia entidad colegial.
“Éste era, es y será para siempre –dijo Gumpert– el Colegio de nuestros compañeros asesinados y, por tanto, somos depositarios de un legado moral de formidables dimensiones, que nos impone obligaciones irrenunciables no sólo para conservarlo, sino para hacerlo crecer”.
Para la Decana, los abogados de Atocha son “una inspiración para la los empeños de hoy en la regeneración del Estado democrático y en la causa, siempre inacabable, de los más débiles”. Por ello, este premio hace para “honrar a los compañeros asesinados en la calle Atocha y en reconocimiento de los valores de la abogacía en la defensa de los Derechos Humanos”.
Por su parte, Raúl Cordero agradeció la iniciativa del ICAM: “Hace cuarenta años, cuando el gobierno quería hacer un entierro semiclandestino, el Decano Antonio Pedrol dio la cara para que los abogados de Atocha fueran velados en su Colegio y honrados como se merecían. Cuarenta años después, con Sonia Gumpert, los abogados de Atocha vuelven por la puerta grande a su Colegio”. La Fundación apoya por ello la iniciativa y un representante de la misma formará parte del jurado.
En su intervención, el Presidente de la Sección de Derecho Laboral y uno de los impulsores de la idea, Carlos J. Galán, recordó que los abogados de Atocha “concibieron el Derecho como una herramienta más de lucha y supieron exprimir las leyes de la dictadura para defender los derechos de los trabajadores”.
Aseguró que “en el mundo actual, se lucha por la libertad de expresión, s contra las condiciones de esclavitud laboral, se defiende el acceso de la mujer a la educación en países donde se le quiere privar de ese derecho básico, se combate las redes de trata de personas, se denuncia la explotación infantil, o se defiende a los refugiados en una Europa que parece olvidar por momentos sus valores.”
En todas situaciones Galán recordó que "también hay abogados haciendo lo mismo: usando el Derecho como herramienta para defender derechos sociales”. Por ello, afirmó “queremos reconocer a esos juristas comprometidos y hacerlo con un nombre tan querido para nosotros como es el de los abogados de Atocha”.
El premio, que ha sido creado en colaboración con la Fundación Abogados de Atocha de CCOO, se divide en dos categorías. Por un lado se encuentra la categoría ‘Sénior’, que premiará a los abogados de todo el mundo por su labor en el campo de los derechos humanos desde el ámbito social.
Por otro lado, la categoría ‘Junior’ entregará el premio ‘Serafín Holgado’, en memoria del estudiante de derecho fallecido. Esta categoría premiará a los estudiantes de derecho, los cuales tendrán que presentar un ensayo jurídico breve sobre un tema social relacionado con los derechos humanos.
HISTORIA DE MUCHOS AGRADECIMIENTOS PÓSTUMOS
Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 31 de diciembre de este año, por al menos 25 firmas de abogados o por asociaciones de letrados legalmente constituidas, entre otros, y los galardones se fallarán en enero de 2017.
La Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid trabaja desde el 2004 para que los abogados de Atocha continúen vivos en la memoria de la sociedad. Es un homenaje continuo a los abogados asesinados el 24 de enero de 1977 en Atocha 55: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y a sus compañeros malheridos, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia.
A lo largo de los años han sido numerosos los homenajes en recuerdo de las víctimas de Atocha. Además de la puesta en marcha de dicha entidad, dieron su nombre al Centro de Empleo y Formación de CCOO de Madrid, situado en la calle Sebastián Herrera, 14.
En 2007, en recuerdo a los ausentes se adoptó como lema las palabras de Paul Éluard: "Si el eco de su voz se debilita, pereceremos”.
Al mismo tiempo, el Estado español les ha concedido la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción que se da en la Judicatura; la Comunidad de Madrid les otorgó la Primera Distinción a la Tolerancia que se concedía.
Además, en estos momentos, 25 municipios madrileños y muchos más en toda España tienen alguna calle, parque, plaza o edificio público que lleva el nombre de los Abogados de Atocha o de alguno de sus integrantes. También el Ayuntamiento de Madrid creo hace tres años un grupo escultórico en la Glorieta de Antón Martín, a escasos 30 metros del número 55 de la calle de Atocha, que representa El abrazo del artista valenciano Juan Genovés.
Intervención en el acto de entrega de diplomas por 25 años de colegiación en los VIII Encuentros Internacionales de Madrid, organizados por el Colegio de Abogados de Madrid, 22 de abril de 2016.
Autoridades, Presidenta del Consejo, querida Decana, Junta de Gobierno, compañeros y amigos:
La frase no puede ser más tópica pero tampoco más sincera: es un honor hablar en nombre de los compañeros que cumplen sus 25 años de colegiación. Y lo primero es lo primero: dar las gracias a nuestro Colegio por este gesto de reconocimiento.
Cuando, recién comenzado mi ejercicio profesional, veía de vez en cuando en el Otrosí la entrega de diplomas a los compañeros que cumplían sus bodas de plata con la profesión, veinticinco años de ejercicio me parecía un horizonte lejanísimo. Ahora que estamos aquí recogiendo ese diploma, podría decir, parafraseando el viejo tango que cantaba Gardel, que es un soplo la vida y que veinticinco años no son nada.
Pero sí, han transcurrido ya veinticinco años desde aquel día en que acudimos a la calle Serrano para colegiarnos y comenzar nuestro ejercicio profesional. Hoy tenemos más edad, más conocimientos y más experiencia, pero quiero pensar que también persiste en nosotros una parte de aquella joven ilusión con la que empezábamos nuestra andadura en la abogacía.
No sé si la profesión ha resultado ser como cada cual la suponía. En nuestro imaginario seguro que estaban las grandes películas y series norteamericanas de abogados, pero también esas series más cercanas a nuestra realidad. El año pasado Fran Estévez citaba Turno de Oficio. Yo me acordaba, con el reciente adiós a Ana Diosdado, de Anillos de Oro. Sabíamos que la realidad es diferente del cine y la televisión, pero no sé si éramos conscientes de que la realidad a veces supera a la ficción.
El caso es que, recogido nuestro carnet profesional, se iniciaba una trayectoria en la que a buen seguro hemos vivido de todo.
Hemos trabajado mucho. Esto es “marca de la casa”. Decir "abogado" y "muy trabajador" casi es una redundancia.
Con la risa a veces contenida, hemos acumulado a buen seguro un montón de anécdotas. Yo me acordaba estos días cuando fui a uno de mis primeros juicios y le preguntaron a un testigo por las generales de la ley y él explicaba con mucho enfasis: "Sí, señora, soy mu amigo, mu amigo, mu amigo de ése, y mu enemigo, mu enemigo, mu enemigo de aquél". O una señora a la que entregué una sentencia absolutamente improbable, porque habíamos ganado y yo le había anunciado que íbamos perder, que entrábamos a juicio únicamente por su empeño, y no mostró ninguna sorpresa. Y cuando yo le preguntaba "¿por qué estabas tan segura de entrar a juicio?" me dijo: "Carlos, porque tú eres muy buen abogado... Bueno, por eso y porque había consultado a una vidente antes". Y la última, hace apenas unas semanas, una señora que me decía en el despacho: "D. Carlos, a mí me sometieron a la prueba del polígrafo". Yo puse los ojos como platos: "¿En España, me está usted diciendo". "Sí, sí -contestó-, en el juzgado". "¿Y cómo era esa prueba del polígrafo?". "Pues me llevaron allí -me explicó-, me dijeron que tenía que escribir con mi letra y lo iban a comparar con la firma que había en el contrato". "¡Ah, calígrafo". Y me dijo: "Sí... ¿Le estaba volviendo a usted loco, verdad?".
Hemos recibido resoluciones que nos han producido especial disgusto y hemos recibido sentencias que seguro nos han producido una particular alegría o incluso nos han emocionado, por las dificultades superadas, por el intenso trabajo que quedaba detrás o por el trasfondo humano del asunto.
No sé las razones de cada cual para elegir esta profesión, pero sí sé que, en medio de muchos sinsabores, también nos da cada día razones para seguir en ella.
Hace siglos, cuando en el Reino de Castilla los jueces se llamaban oidores, los abogados eran los voceros. Porque esa es nuestra tarea: poner voz –que es tanto como decir fundamentos jurídicos, razones, argumentos…- a los intereses y los derechos de quienes confían en nosotros. Así lo contaba el Rey Sabio en las Partidas: “El oficio de los abogados es muy provechoso para ser mejor librados los pleitos (…) Tuvieron por bien los sabios antiguos que fizieron las leyes, que ellos pudieran razonar por otros (...) de guisa que los dueños dellos, por mengua de saber razones, o por miedo, por vergüenza o por no ser usados de los pleytos, no perdieran su derecho". Ésta es la enorme responsabilidad a la que nos dedicamos cada día.
Me gusta este oficio, entre otras cosas, porque la ética no es opcional. No es una apuesta individual del profesional, sino que es norma. La ética es esencia misma de la abogacía. No sólo estamos obligados a aplicar buena praxis en los aspectos técnico-jurídicos: como en el caso de la Medicina y otros, nuestro Código Deontológico nos obliga a mucho más. En nuestro caso, se consagra y protege esa especial relación de confianza cliente-abogado, el secreto profesional, la independencia e incluso el compañerismo, algo que no deberíamos olvidar.
De ahí la importancia de los Colegios Profesionales como salvaguarda de esas señas de identidad. Todas las alternativas a los Colegios son peligrosas y mucho menos deseables: en un extremo, la mercantilización absoluta de la profesión; en el otro, que ese necesario control se ejerciera desde el intervencionismo de los poderes públicos, con mengua de nuestra independencia. Nuestros Colegios representan la autorregulación de la profesión, desde la libertad y desde la responsabilidad, y por ello tenemos que defenderlos y cuidarlos, por interés de los profesionales, pero también por garantía de los ciudadanos y por el bien común de la sociedad.
Me vais a permitir un pequeño desahogo personal. Yo no vengo de una estirpe de abogados. Vengo de una familia de clase media, modesta, de un pequeño pueblo de Ávila, El Hoyo de Pinares. Mi padre era funcionario y mi madre tenía un pequeño comercio. Los dos, que por distintas circunstancias no habían podido pasar más allá de los estudios primarios, se empeñaron en que los tres hermanos pudiéramos tener acceso a los estudios universitarios y trabajaron años sin descanso para ello. Hoy mi hermana es médico, mi hermano ingeniero y yo abogado. Mis padres estaban convencidos de que esas carreras, elegidas por nosotros, eran el mejor patrimonio que podían brindarnos. Y no es verdad. Eso es lo segundo mejor. Lo primero es que con su ejemplo nos enseñaron a ser buenas personas.
Cuando terminé la carrera mis padres recibieron la invitación para ir a un acto de graduación. Creo que les hacía ilusión. Cuando me lo dijeron, yo, afectado por una especie de fiebre iconoclasta muy veinteañera, les dije que no tenía pensado ir. No me di cuenta entonces de que para ellos, que no habían estado en el día a día del aula y que no iban a estar tampoco en el día a día del despacho y de los tribunales, aquello era como la pequeña ventana para asomarse a un logro que era también suyo. Hoy mi padre ya no puede estar aquí, aunque espero que de alguna forma pudiera sentirse orgulloso. Pero mi madre sí está y, aunque sea con veinticinco años de retraso, hoy ella se puede sacar esa espinita y yo le puedo dar las gracias.
Decía que era un desahogo personal, pero quizá no es tan personal, porque, salvando las circunstancias, vosotros compartiréis un sentimiento parecido, de gratitud hacia las personas cercanas. A quienes están aquí acompañándonos y a quienes no han podido venir pero están de corazón. A nuestros padres, parejas, hijos, hermanos, amigos… A esas personas a las que hemos robado tanto tiempo, a esas personas que se han alegrado con cada uno de nuestros avances, a quienes nos han dado ánimos en los momentos de desaliento, a quienes han estado ahí a nuestro lado. Estoy seguro de que no me equivoco al hablar en nombre de todos si os digo que este diploma es también vuestro.
Felicidades a los compañeros que tienen ese mérito de haber cubierto 50 años de ejercicio profesional.
A quienes hoy habéis jurado como abogados, felicidades, mucho ánimo y muchos éxitos. Dos consejos:
- Haced vida colegial. Como dije antes, estar colegiado no es un mero trámite, el Colegio es garantía de la libertad del abogado y de los valores de nuestra profesión. Tenéis un área de empleo, un departamento de turno de oficio, una biblioteca magnífica, un Centro de Estudios para actualizarnos permanentemente que ha cumplido treinta años de buen hacer y que el año pasado formó a nada menos que 25.000 alumnos, unas secciones donde podéis compartir experiencias con compañeros de vuestras mismas especialidades o circunstancias profesionales... Los que empezáis, tenéis un Grupo de Abogados Jóvenes y una Sección de Iniciación que os acompaña en vuestros primeros pasos. El Colegio se está esforzando por estar cada día más cercano al colegiado, no hagáis dejación vosotros de vuestro derecho y vuestro deber de participar, porque el Colegio de Abogados es vuestro, es nuestro.
- No perdáis nunca esa especie de cuidado artesanal del principio: por mucho tiempo que pase y muchos casos que llevéis, no los convirtáis nunca en un número. Haced de cada caso algo singular, poned en cada uno de ellos lo mejor de vuestra capacidad y de vuestro oficio. Caso a caso, como ese “partido a partido” que constituye la filosofía del mejor entrenador del mundo... ¿verdad, Sonia?
Y a vosotros, mis compañeras y compañeros que compartís conmigo este diploma, enhorabuena por 25 años de independencia, de esfuerzo, de constancia, de superación, de sinsabores y de éxitos. Por 25 años de dedicación a esta profesión, exigente pero apasionante, ingrata pero hermosa. Felicidades.
- El Magistrado Jorge Guillén, primer invitado a este nuevo foro, analiza los tres primeros años de vigencia de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Madrid. Lawyerpress.
De la mano del magistrado Jorge Guillén, los laboralistas madrileños hicieron balance de los tres primeros años de vigencia de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en un acto que sirvió para presentar la nueva Sección de Derecho Laboral que ha impulsado el Colegio de Abogados de Madrid. La jornada fue un éxito de público y prestigiosos laboralistas como Fernando Vizcaíno de Sas, socio de laboral de Jiménez de Parga Abogados; Ignacio Sampere, socio de Laboral de Jausas, Esteban Ceca Magán y Antonio de la Fuente, presidente y socio de Ceca Magán Abogados o Martín Godino, socio de Sagardoy Abogados y presidente de ASNALA, asociación de abogados laboralistas fueron algunos de sus ilustres asistentes en un acto presidido por la Decana del ICAM, Sonia Gumpert, quien explicó que es la décimotercera sección que se pone en marcha dentro de la institución , con la finalidad de acercar la institución colegial a los abogados, ofrecer cauces a la especialización y crear foros sectoriales de encuentro y debate.
Por su parte, la secretaria de la Junta de Gobierno y diputada responsable de esta sección, Carmen Pérez Andújar, se refirió al notable aumento de la litigosidad en la jurisdicción de lo Social, a la demanda de profesionales para el asesoramiento laboral y a la permanente actualización que exige la materia, como algunas de las causas que hacen necesaria esta iniciativa colegial.
El presidente de la nueva sección, el abogado y profesor Carlos Javier Galán, reivindicó el papel del letrado como asesor laboral y no sólo como “apagafuegos” cuando se desencadena el conflicto. Hizo mención a los retos con los que se enfrentan los laboralistas y apeló a la implicación de sus compañeros para construir una sección que sea participativa y resulte útil.
La ponencia inaugural versó sobre "La Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, tres años después" y estuvo a cargo del titular del Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid, Jorge Juan Guillén Olcina, profesor en ICADE, UAM e IE y asesor de la Organización Internacional del Trabajo. El ponente aseguró que la vigente norma mejoró el proceso laboral y lo dotó de mayores garantías, pero que exigía un incremento de jueces que no se ha producido.
Repasó el funcionamiento de las principales novedades que introdujo la LRJS, entre ellas el juicio monitorio cuya regulación ha resultado a todas luces inadecuada. Hizo también mención a la ampliación de competencias de la jurisdicción, la acumulación de acciones, los cambios en materia probatoria y en ejecución, y a los poco utilizados actos preparatorios.
Seguidamente se abrió un interesante coloquio, en el que varios asistentes plantearon dudas y expusieron opiniones sobre la primera aplicación práctica que ha registrado esta Ley.
El acto congregó a un centenar de asistentes, entre los que se encontraban abogados del área laboral de conocidos despachos como Sagardoy, Uría Ménendez, Ceca Magán, Monereo Meyer y Marinel-lo, Jiménez de Parga, Backer&McKenzie, Jausas Legal, etc., miembros de asociaciones de laboralistas como ASNALA o Forelab, e integrantes de las asesorías jurídicas de sindicatos como CC.OO., UGT y CGT, además de un destacable número de abogados que se dedican al ejercicio libre en la jurisdicción de lo Social.
Como ya conté aquí, fui designado para poner en marcha la nueva Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid. Ahora, esta iniciativa se presenta en público el próximo miércoles 29 de octubre a las 19'30 h.
La apertura de este acto correrá a cargo de nuestra Decana, Sonia Gumpert, y de la diputada responsable de la sección, Carmen Pérez Andújar.
Seguidamente, me corresponderá presentar ante los compañeros la Sección de Derecho Laboral, explicando brevemente cuáles son sus propósitos y proyectos.
El acto contará con una ponencia central, que en este caso servirá para hacer balance de los tres primeros años de la ley que regula el proceso laboral, analizando la experiencia, las dudas y la casuística que ha planteado. Correrá a cargo del magistrado Jorge Juan Guillén, que es el titular del Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid.
Tras la exposición, se abrirá turno de preguntas entre los asistentes. Y, para finalizar, se servirá un vino español.
Están ustedes invitados. Aunque la Sección está destinada a abogados, para asistir a su presentación no es necesario estar colegiado. Sólo hay que realizar la incripción -gratuita- enviando los datos del asistente a seccionlaboral@icam.es. La cita es en el salón de actos del Colegio, en la calle Serrano 9, primera planta, en Madrid.
En el spot intervienen dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, nuestra decana Sonia Gumpert y el diputado Alejandro Alonso. Junto a ellos, aparecen profesores de Derecho, algunos autores de guías didácticas, representantes de ONG beneficiarias y abogados voluntarios que colaboramos en la abogacía pro bono, entre los cuales he tenido la satisfacción de participar.
Aquí pueden ver el vídeo y mi granito de arena explicando en qué consiste el pro bono, cuáles son sus ventajas y por qué lo recomendaría.
En primer lugar, tendrá lugar la presentación del libro propiamente dicha, con la intervención de José Manuel Pradas, Diputado Bibliotecario de la Junta de Gobierno del ICAM, Luisja Sánchez, periodista jurídico (Lawyerpress.com) y de la propia autora.
El Colegio de Abogados de Madrid acordó el 30 de junio la creación de dos nuevas secciones: la de Derecho de Familia y la de Derecho Laboral.
La primera será presidida por la compañera Isabel Winkels, abogada civilista que ha ejercido en Alemania y España, colegiada en 1987, titular desde 1995 de su propio despacho Winkels Abogados. Tiene amplia experiencia en la materia y muchos quizá la conoceréis por sus frecuentes apariciones en medios de comunicación, entre otras sus intervenciones en De buena ley de Telecinco.
Y los responsables del Colegio me designaron a mí como presidente de la sección de Derecho Laboral. En mi caso, llevo ejerciendo desde 1990 y con despacho propio desde 1992, actualmente bajo la denominación de Alberche Área Jurídica. Junto con mi labor como letrado, también tengo dedicación docente a esta área del Derecho y soy autor de varios libros divulgativos.
Estas decisiones se enmarcan en la política de la Junta de Gobierno que preside Sonia Gumpert de lograr un mayor acercamiento de la entidad al colegiado. Se trata de crear foros de reflexión y debate en la que los abogados de una misma especialidad (o de una misma circunstancia profesional) puedan compartir experiencias y puntos de vista. También servirán para apoyar a quienes quieran iniciarse en cada área. Aspiran asimismo a potenciar el papel del abogado ante la ciudadanía y las instituciones en cada una de las parcelas de la actividad profesional. Y otro de sus fines será generar ideas para transmitir al propio Colegio ante iniciativas legislativas que les atañan.
Para mí es un honor que la Junta de Gobierno haya pensado en mí para poner en marcha esta sección y espero estar a la altura de esa confianza, con el apoyo de tantos brillantes laboralistas como están colegiados en Madrid.
Ya hemos tenido un primer encuentro con los compañeros que presiden otras secciones y, tras el paréntesis veraniego, arrancarán estas dos de reciente creación, con su presentación pública y sus primeras actividades.
El sábado 20 de julio volví a colaborar como voluntario con el programa Conoce tus Leyes, impulsado por la Comunidad de Madrid y por el ICAM, a través del CRSA.
En esta ocasión mi compañera fue la abogada Nieves Blanca Pérez y el módulo de Empleo lo impartimos en el Centro Hispano-Dominicano, en el madrileño barrio de Tetuán.
Mi intervención estuvo centrada en explicar a los inscritos los aspectos basicos de la normativa laboral española, como las modalidades de contrato, los principales derechos y deberes del trabajador o el sistema público de Seguridad Social, entre otros.
Mi intervención se centró en explicar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo y del Portal de Empleo de la Comunidad, así como en la homologación de títulos educativos extranjeros y en el uso de herramientas relacionadas con la búsqueda de empleo.
-Sillón de mis entretelas. Luis Eduardo Aute y Jesús Munárriz-
Antonio Hernández Gil, tras treinta años en la junta de gobierno del Colegio, cinco de ellos como decano, se niega a aceptar el resultado de las urnas y abandonar su cargo, alegando supuestas irregularidades en la votación que perdió abrumadoramente.
Pero, ¿cuándo empezaron realmente tales reclamaciones? Sólo una vez que se fue conociendo cuál sería el resultado.
El escrutinio comenzó con normalidad y sin que nadie dudara de que debía llevarse a cabo ni cuestionara la votación en sí hasta ese momento. Ya avanzado el mismo, una vez que Hernández Gil y los demás comprueban que la candidatura de Sonia Gumpert le supera con creces en apoyos, es cuando de pronto comienzan a reaccionar y a concertar acciones entre todos los perdedores, capitaneados por un decano que se resiste a ser saliente.
Formulan entonces una reclamación conjunta, en la que piden que se suspenda la proclamación de los resultados. Un régimen que se había resistido al cambio, jugando sucio durante la campaña, pretende, además, que se anule nada menos que la voluntad democráticamente expresada por los colegiados en las urnas.
Esa noche, mientras muchos abogados y abogadas de a pie de Madrid esperamos en las inmediaciones del Palacio de Congresos que se anuncie la victoria de la primera mujer decana en los cuatro siglos de historia del Colegio, Hernández Gil y sus secuaces maniobran en los despachos para conseguir que la comisión electoral suspenda la proclamación de resultados. Y provisionalmente lo logran, en un acuerdo adoptado de madrugada.
Resultó poco edificante ver a Montse Suárez, despreciada e invisibilizada durante la campaña por Hernández Gil y Cremades, hacer causa común con ellos. Como sorprendió ver a Peláez alineado con quien le dejó desamparado, desde esa indiferencia hacia nuestra profesión que ha caracterizado su mandato. O comprobar cómo ALA, asociación de la que se podrá disentir pero que lleva años de trabajo continuado en el colegio en defensa de sus ideas, se unía con quien representa la visión más rancia y cerrada del Colegio para evitar que se consumara una alternativa que no sean ellos: “contra Hernández Gil vivíamos mejor”, podría ser el lema.
La coalición de perdedores consigue, además, que se difunda una pésima imagen de los abogados de Madrid, cuando se divulga que llamaron a la policía. Incluso hablan intencionadamente de pucherazo o de fraude cuando ni tan siquiera ninguna de las supuestas irregularidades se refiere a un falseamiento del resultado de la votación. Es gravísimo el daño causado a la reputación de los abogados de Madrid por quien ha sido el peor decano de su historia, en un todo vale con tal de no soltar el cargo.
El resultado no puede ser más elocuente del deseo de cambio del colectivo: 6.426 votos para Sonia Gumpert frente a 3.293 para Antonio Hernández-Gil y 2.769 para Javier Cremades.
La candidata ganadora, la decana elegida por la abogacía madrileña, Sonia Gumpert, ofrece al día siguiente una rueda de prensa y es contundente en la defensa de la voluntad de cambio que ha resultado de las urnas: "Nuestra candidatura va a luchar para que prevalezcan todos y cada uno de los votos que han sido emitidos en un proceso electoral limpio y democrático". Frente a ella, el viejo régimen personificado por Hernández Gil, con el resto de candidatos como comparsa, que se resiste a aceptar el resultado democrático y quiera perpetuarse en el cargo contra la voluntad de los propios colegiados.
Cuando comencé a escribir esta serie todavía estábamos en plena incertidumbre. Hoy ya sabemos que este primer intento de silenciar a los abogados y abogadas de Madrid ha durado poco tiempo, porque era insostenible.
Una vez presentadas las acusaciones, unas falsas y otras simplemente ridículas, la comisión electoral las desistima argumentadamente y ha proclamado a la nueva Junta de Gobierno.
Ahora bien, si creen que, tras esa resolución, Hernández-Gil ha aceptado ya el resultado democrático elegantamente y ha empezado a preparar un traspaso democrático de poderes desde la sensatez, están equivocados.
Continuará la vía penal -creo que por poco tiempo- y seguirá la vía contencioso-administrativa -lamentablemente, con una tramitación mucho más prolongada-.
Vistos los argumentos fácticos y jurídicos que se esgrimen, estoy absolutamente convencido de que la justicia avalará la voluntad de la abogacía madrileña expresada democráticamente. Pero tendremos que esperar todavía un largo tiempo, en el que el viejo régimen que hemos padecido no se dará por vencido y seguirá jugando sucio.
Mientras, los abogados de a pie miramos con esperanza un mandato que comenzará pronto. No le resultará fácil a Sonia Gumpert afrontar todas las campañas de infundios que, sin duda, se avecinan, ni desmontar el entramado de intereses en que han convertido el Colegio. Pero ojalá acierte, por el bien de todos.
Sería aleccionador demostrar, aunque sea en nuestro pequeño ámbito, que los poderes fácticos no siempre ganan, que a veces puede hacerse realidad una alternativa. Sin duda, nuestro Colegio lo necesita de forma apremiante.
Llegada la jornada electoral, se apreciaba una mayor participación de votantes que en ocasiones anteriores, aunque todavía muy lejos de lo que sería un nivel deseable. En otras ocasiones, se veían muchos rostros de los cercanos a los propios candidatos y grupos de abogados de despachos colectivos. Esta vez, más presencia de abogados individuales, muchos votando por vez primera. La mayor afluencia se registró en las últimas horas de la votación, cuando los abogados por fin podíamos “escaparnos” del despacho un rato antes.
En un momento dado se produce un incidente. Dentro del Colegio, una persona parece estar introduciendo en un ordenador portátil datos que le suministran interventores de la candidatura de Sonia Gumpert. Varios representantes de otras candidaturas se encaran con él e incluso le exigen -como si ellos fueran la autoridad electoral- que les entregue el ordenador y avisan a la policía, que hace acto de presencia.
Al parecer, lo que está haciendo la candidatura es contrastar con su listado de simpatizantes, que han ido recogiendo en los días de campaña, si estos han ido a votar. Y, en caso contrario, telefonean a los rezagados para recordarles la hora de cierre de los colegios y animarles a acercarse a votar.
Ésta es, ni más ni menos, la “gravísima irregularidad" que servirá más tarde para poner en cuestión el propio resultado por parte de aquellos a quienes no favoreció.
Hay que hacer constar que en el proceso electoral del Colegio de Abogados no existe ni una figura similar al día de reflexión ni está prohibido realizar campaña incluso el mismo día de las elecciones. En segundo lugar, me parece que pedir a tus propios seguidores, que voluntariamente te han facilitado su teléfono y correo, que acudan a las urnas y animar a la participación no sólo no parece negativo, sino loable.
Como la acusación era absurda, empezarán después a adornarla diciendo que prometían pagarles el taxi si iban, que les regalaban bolígrafos o que les entregaban la papeleta de la candidatura en la puerta. Como gráficamente dijo Sonia Gumpert en una posterior rueda de prensa, acusaciones que “son un insulto a la inteligencia y a la libertad de los abogados”.
Ninguna prueba consistente acabará avalando tan ridículas afirmaciones. Pero, incluso aunque fuera verdad que algún activista de una candidatura hubiera hecho algo así, ya me contarán si de verdad puede eso poner en duda la emisión libre del voto por parte de un colectivo como el de la abogacía madrileña y el abrumador resultado del que hablaremos.
Y lo que es aún más significativo: ninguna de las candidaturas consideró que esas prácticas hubieran contaminado el proceso electoral o viciado el resultado, ninguna pidió la anulación del proceso, ninguna la pidió la suspensión del escrutinio... hasta que empezó a saberse el resultado.
De hecho, al término de la jornada electoral, cuando ya se habían producido y se conocían todos los supuestos hechos que denuncian y el incidente del ordenador, uno de los principales candidatos, Javier Cremades, emitió este tuit:
¿A ustedes les parece que es la manifestación de alguien que considera que se han registrado gravísimas irregularidades en la jornada electoral y que el resultado está afectado por las mismas y no es legítimo? No, ¿verdad? Pues unas horas después, el propio Javier Cremades firmaría una denuncia en ese sentido, pidiendo que se suspendiera la proclamación de la junta de gobierno electa. Curiosa forma de dar a la nueva decana ese "respaldo de todos" que, según él, debía tener.
En efecto, había terminado la jornada electoral con una sensible mejora de la participación, aunque tanto como un éxito rotundo desde luego no, porque rondaba el 14 %. Comenzaba un escrutinio que fue seguido con palpable interés. Y con muchas ansias de cambio.
Cuando se convocan nuevamente elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid, concurren nada menos que 10 listas completas -una cifra récord- junto con otras dos candidaturas al decanato y varias individuales a puestos concretos (en nuestras elecciones colegiales se vota con listas abiertas y sistema mayoritario).
Opta a la reelección el decano saliente, Antonio Hernández Gil, con un discurso autocomplaciente que realmente sorprende, a la vista de los hechos y resultados objetivos. Renueva en parte su equipo, porque su hasta entonces diputado 2º, José María Alonso, había pasado de Garrigues a Baker & McKenzie. Y, en una candidatura que realmente es una coalición de grandes despachos, manda la firma y no el abogado: Garrigues sitúa en su lugar a otro candidato, José Ramón Martínez. El hecho no puede ser por sí mismo más elocuente.
Repite candidatura Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, quien en las elecciones anteriores se quedó a 300 votos del triunfo y, ante el desgaste de su rival tras cinco años de gobierno, ve ahora ocasión para la revancha.
El escenario no será el previsto por Cremades ni por Hernández Gil, porque irrumpe con fuerza un nuevo factor. Sonia Gumpert Melgosa, abogada casi desconocida, que unos meses antes había movilizado la reacción de colegiados contra la privatización del servicio médico con la Plataforma para la Defensa de la Abogacía Madrileña, anuncia su presentación al decanato. A los deseos de cambio de una buena parte de la abogacía tras la oscura etapa de Hernández Gil, se une que esta vez no se trata de la típica candidatura individual, improvisada y bienintencionada pero sin posibilidades reales. Aparece con un proyecto con cierta solidez, con una candidatura plural, con respaldos y con medios para afrontar la campaña. Además de la notoriedad que su actuación sobre el servicio médico le ha otorgado ante sus compañeros, cuenta con el apoyo de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), tres de cuyos representantes forman parte de la lista electoral.
Concurre también a los comicios colegiales Ignacio Peláez, abogado que sufrió las escuchas del juez Garzón y que se tuvo que querellar contra él después de que el Colegio le desamparase.
Las restantes candidaturas están encabezadas por Josefa García Lorente, Miguel Urrutia, Emilio Ramírez Matos y Juan Carlos Rodríguez Segura.
El objetivo de esta serie de artículos, como dije en el primero de ellos, es destacar cómo incluso unas elecciones como las del Colegio de Abogados de Madrid provocan intensos movimientos de grupos de presión y de poder para intentar influir en su resultado.
Resulta curioso, por ejemplo, observar cómo se ninguneó a la candidatura de Montserrat Suárez. Casi con seguridad estaba llamada a ser minoritaria, pero su perfil de abogada conocida, presente en medios de comunicación, podría entrañar un riesgo de romper el guión o de restar votos a candidatos que interesaban, por lo que no se le dio absolutamente ninguna cancha, cuando sí se le daba, a su vez, a candidaturas de características o expectativas similares. Así, Cremades, aprovechando una mayor presencia mediática, pirateó algunas ideas de su programa, como la defensa de la unidad jurídica de España o un manifiesto de apoyo de la sociedad civil. Al debate en el Ateneo se invitó sólo a seis de los diez candidatos, sin que fuera posible saber qué criterio objetivo se siguió para esta arbitraria exclusión. Ahora, con los resultados en la mano, podría justificarse a posteriori, pero no es fácil saber qué fue primero, el huevo o la gallina: es decir, estuvieron en el Ateneo las candidaturas que finalmente resultaron más votadas, pero nunca sabremos si tal vez no se votó en mayor medida a esas candidaturas precisamente por estar presentes en ese debate.
Pero, sin duda alguna, el objetivo a batir para ciertos grupos de presión fue la candidatura liderada por Sonia Gumpert.
Incluso se ha llegado a poner en marcha un video anónimo, pero del que después, concertadamente, se iban haciendo eco diversos medios. Se sembraron dudas sobre la presencia en la misma de ISDE, un grupo editorial y de formación. Con independencia de lo que cada cual podamos pensar o de que nos pueda gustar más o menos, creo que la integración en la propia candidatura nos permite ganar en transparencia frente a cualquier apoyo interesado desde la sombra. Si aspiras al “pastel” formativo o editorial del Colegio, lo menos inteligente es estar con tus propios candidatos en la lista. Precisamente porque hay personas de ISDE en la candidatura, los colegiados vigilaremos mucho más esas cuestiones en la futura gestión del ICAM.
También acusaron a Sonia Gumpert ser una especie de ariete de despachos catalanes para hacerse con influencia en el Colegio madrileño. La acusación carecía de cualquier soporte argumental, pero la campaña llegó al extremo ridículo de asegurar que la propia candidata era catalana, algo que tuvo que ser objeto de un desmentido expreso y realmente pintoresco. No era cierto, pero, en todo caso, siempre me ha parecido que una de las señas de identidad que diferencian a Madrid de otros lugares es precisamente su carácter abierto en el que convivimos personas de todas las procedencias sin que a nadie se exija pedigrí territorial.
Algunos medios de comunicación fueron absolutamente descarados en el intento de perjudicar a esta candidatura, tan peligrosa para quienes habían controlado el Colegio durante largos años. Así el diario El Mundo, apoyando claramente a Javier Cremades, con el que ha mantenido algunas relaciones, directamente ignoró la candidatura de Gumpert al dar información sobre los candidatos al decanato. No es que le tratara peor, es que decidió que sencillamente no existía. Así, publicó un reportaje para dar a conocer las “principales” candidaturas, entrevistando a Hernández Gil, Cremades, Ignacio Peláez, etc.... y dejó fuera sin más a Sonia Gumpert, la que resultó finalmente ganadora y la que ya todo el mundo reconocía como una de las favoritas en aquel momento. ¿Se imaginan unas elecciones generales en las que se entrevistara a las principales candidaturas y dejaran fuera al PP o al PSOE mientras entrevistan a IU, UPyD, CiU y PNV? Calificarlo como manipulación burda se queda muy corto. Realmente vergonzoso ese ejercicio de antiperiodismo interesado.
Y qué decir del supuesto "estudio” (no se atrevieron ni a llamarlo encuesta o sondeo), absolutamente delirante, publicado por Expansión, del mismo grupo, en la que se preveía una participación ¡del 61 %! (sabiendo que otras veces estuvo en torno al 10 %) y se daba como ganador a Cremades con casi el 26 %, seguido de Gumpert con el 12 % y Hernández Gil con el 4 %. Sorprende que se prestara a poner su nombre a esta indignidad –suponemos que bien retribuido- alguien como Salustiano del Campo. Leadership Factor, firma a la que desconozco, supongo que, como decía alguien en los comentarios en la página del periódico, estará ahora dedicándose a vender perritos calientes.
En medio de esta sucia campaña, lo cierto es que la candidatura de Sonia Gumpert, realizó una inteligente labor de intentar movilizar al letrado descontento pero que habitualmente no se mueve del despacho para votar. Aunque con algunos puntos que me parecen poco realistas (fruto, seguramente, del desconocimiento del Colegio desde fuera), el programa resultaba atractivo para los desencantados de tantos años de “secuestro” de la institución por unos pocos. Un hábil manejo de las redes sociales y la difusión personal del mensaje, convirtieron a cada abogado convencido en un activista que a su vez convencía a otros compañeros, resultaron muy efectivos. Es la primera vez que una candidatura al decanato no sólo se ha centrado en los grandes despachos, sino que se ha dedicado a escuchar a abogados de a pie, a conversar con un café delante con numerosos compañeros, que a su vez fueron siendo altavoz de esta novedad.
La larga campaña terminó y llegó por fin el día de la verdad: las elecciones del 18 de diciembre.
El Colegio de Abogados de Madrid, el más numeroso de España, tiene, entre ejercientes y no ejercientes, más de 65.000 colegiados. Es una de las corporaciones profesionales más importantes de Europa. Su último presupuesto superó los 52 millones de euros.
Cuando al Decano en funciones se le pide que haga balance de su gestión, siempre pone el acento –posiblemente con razón- en las cuentas saneadas que presenta el ICAM. Hernández-Gil reivindica su mandato basándose casi exclusivamente en cifras: recuerda, cada vez que tiene ocasión, que, mientras la inflación acumulada ha sido del 12 %, las cuotas sólo han subido un 2% y que, en plena crisis económica, el Colegio ha duplicado su patrimonio neto y ha registrado superávit.
El problema es que, junto a esta única luz, son muchas las sombras que se le reprochan. No hay que olvidar que las finanzas del Colegio no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un medio para el cumplimiento de los fines colegiales. Y el incremento de patrimonio sólo será valorado por los colegiados poniéndolo en relación con los servicios que reciben o con el adecuado ejercicio de la función profesional y social que es propia de la institución.
Pero es que, incluso en los aspectos económicos, el Decano no ha conseguido despejar las dudas que se suscitan sobre la opacidad de su gestión.
Algo tan sencillo de aclarar en Junta General como cuánto cobra el gerente del Colegio ha recibido sistemáticamente la callada por respuesta, amparando esa negativa en la Ley de Protección de Datos. Que no se haga público, o que no se le facilite a alguien ajeno a la institución, es lógico y ajustado a Derecho. Pero que los propios colegiados no puedan conocer, en una asamblea interna, el sueldo que ellos mismos pagan a su gerente, no me digan que no es para nota.
Buena parte del presupuesto se va progresivamente externalizando, eludiendo así el derecho de información y control por parte de los colegiados.
Como recordó José Manuel Pradas en un interesante artículo, la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande recibe casi un 10 % del presupuesto del Colegio para encargarse de gestionar las prestaciones asistenciales del mismo, no sabemos por qué.
A partir de ahí, la abogacía madrileña ya no tiene derecho a conocer cómo se emplea ese dinero: qué prestaciones se conceden, en qué cuantía, con qué criterios, con qué gastos de gestión aparejados, etc. La auditoría se limita a constatar que, en efecto, la asignación económica se ha destinado a la Fundación. Y la Junta de Gobierno se encoge de hombros ante cualquier pregunta, puesto que esa fiscalización ya no es cosa de los colegiados. La gestión de la Fundación depende de sus patronos, mientras que el control administrativo corresponde al Protectorado.
La conversión del Seguro Médico en una Mutua sanitaria privada, operación impulsada bajo el mandato de Hernández-Gil, sacará del control colegial aproximadamente la mitad del actual presupuesto, en unas condiciones escasamente comprensibles, al menos para mí.
Esta operación fue aprobada el 7 de noviembre de 2011 en una Junta General con la ínfima asistencia habitual, haciendo uso del voto delegado en manos de la Junta de Gobierno como también es habitual, y con poco más de 1.000 apoyos (contando el doble valor de los ejercientes).
Así se acordó la creación de una Mutua de Seguros a prima fija, que operará, entre otros, en el ramo de asistencia sanitaria. La Mutua ejercerá su actividad en todo o parte del territorio nacional y podrán integrarse en la misma, en condiciones pendientes de determinar, todos los colegiados, sin perjuicio de que pueda ofrecer sus servicios a otros colectivos distintos.
El Colegio transfiere a dicha Mutua 2’5 millones de euros aproximados en dinero, varios inmuebles de su propiedad (la cuarta planta, siete plazas de garaje y un almacén del edificio de Serrano nº 11, tasados en casi 3’5 millones) y diverso mobiliario y equipamiento, con la única condición de que, si la Mutua se disolviera, ese patrimonio volvería al Colegio, salvo que con el mismo hubieran de satisfacerse deudas pendientes.
Pero, a cambio de transferir una cartera de clientes actuales y potenciales, parte de un valioso y céntrico edificio en la capital de España y una suma de dinero, ¿qué obtiene el Colegio? ¿Qué control ejercería sobre la Mutua sanitaria privada, sobre su actividad y sobre sus órganos? Parece que ninguno. Y digo parece porque el Decano se ha negado sistemáticamente, con distintas excusas, a aclarar la mayor parte de las cuestiones que se le han ido planteando en distintas Juntas. Los futuros cargos de la entidad serán elegidos por los mutualistas, que recordemos que ya no tendrían por qué ser sólo los abogados. Y podemos imaginarnos el nivel de participación de mutualistas que habrá en las asambleas de la nueva entidad. A partir de ahí, se abre un abanico de dudas...
En definitiva, el Colegio pierde patrimonio y pierde la mitad de sus ingresos anuales para transferirlo a una entidad ajena al propio ICAM. Si el Servicio Médico es viable, ¿por qué no mantenerlo bajo el control de los propios colegiados? Y, si no lo es (extremo que desconozco porque no lo he visto explicado ni acreditado en ningún sitio), ¿no hubiera sido mejor obtener ingresos a cambio de traspasarlo a una entidad ya constituida, con la que se negociasen ventajosas condiciones de servicio para los colegiados, en lugar de cederlo a cambio de nada a una Mutua de nueva constitución que escapará al control del ICAM?
Si apenas un millar de votos aprobaron la desaparición del Servicio Médico y su transformación en una Mutua externa, el equivalente a unos 2.266 votos (1.133 ejercientes), en una iniciativa impulsada por Sonia Gumpert (una abogada entonces desconocida para la mayoría de nosotros), formulamos al Decano solicitud de convocatoria de una Junta General Extraordinaria, para recabar más información y reconsiderar el acuerdo adoptado.
El Decano (que en estas elecciones ha invocado el fomento de la participación para justificar la necesidad de una reforma estatutaria) nos denegó ese derecho e incumplió así el artículo 38.3 de los Estatutos del ICAM, cuya redacción es imperativa: "(...) Cumplidos los requisitos anteriores [solicitud al menos del 1 % de los ejercientes, acompañando Orden del Día propuesto], la Junta de Gobierno deberá convocar Junta General Extraordinaria en plazo no superior a quince días desde la presentación de la solicitud". La resolución está actualmente sometida al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Mientras se producían estos episodios, tampoco se constataba ningún avance notable en la organización, servicios o funcionamiento del Colegio. Más bien da la sensación de que se han dejado pasar cinco años sin afrontar su necesaria modernización.
Pero lo peor, sin duda, de la gestión de Hernández-Gil, es la pérdida de relevancia del Colegio de Abogados de Madrid. Con los Decanos Pedrol Rius y Martí Mingarro, con sus defectos y sus virtudes, la institución colegial era tomada en cierta consideración y constituía un referente. Cuando había una reforma legal de trascendencia o cuando se suscitaba un asunto importante que afectaba a la profesión, no faltaba un pronunciamiento del Decano del ICAM.
Por el contrario, Antonio Hernández-Gil ha estado ausente, o callado, o se ha pronunciado tarde, a remolque y con sordina, en cada ocasión en que las circunstancias exigían que se oyese con claridad la voz de la abogacía madrileña.
Así ha sucedido con la Ley de Acceso, por ejemplo. O, lo que es más grave, con una Ley de Tasas que limita gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva. Mientras el Consejo General de la Abogacía reaccionaba, se pronunciaba, hacía propuestas y tomaba medidas antes, durante y después de la tramitación del proyecto de ley, el ICAM estaba desaparecido del debate. Según pretextó Hernández-Gil en la Ser, “porque al Colegio no le han dado ningún cauce de participación en la elaboración. Lo hemos dicho en cuanto hemos podido, pero nos hemos encontrado con una ley prácticamente aprobada en pocos días, como todos los ciudadanos. No ha habido una interlocución previa”. O sea, que el Decano del Colegio de Abogados más importante de España supuestamente se entera de la imposición de tasas cuando ya está aprobada. Y, durante el proceso previo, estaba en su despacho esperando a que vinieran a consultarle. Sin comentarios.
También le achacaban al Decano saliente esa falta de peso y de decisión los miles de letrados del turno de oficio que se han visto seriamente afectados por el reiterado incumplimiento de la Comunidad de Madrid, un problema ante el que Hernández-Gil manifestaba en una entrevista durante la campaña electoral su impotencia: “Que me expliquen qué más se puede hacer”.
Les invito a escuchar este ilustrativo diálogo que, en pleno conflicto con la Comunidad, alguien grabó con su móvil entre abogados del turno de oficio, perjudicados por los impagos, y el Decano:
Otra de los graves dejaciones que se recordarán por parte de Hernández-Gil se produjo ante la vulneración del derecho de defensa. Ya lo expliqué con detalle en su momento en un artículo titulado Derecho de defensa y grabaciones ilegales. El Colegio reaccionó tarde, pero con aparente contundencia, acordando presentar una querella contra el juez instructor que había conculcado ese derecho básico. Finalmente, la Junta de Gobierno incumplió su propia resolución y tuvo que ser Ignacio Peláez, uno de los letrados sometidos a escuchas ilegales, quien interpusiera personalmente la querella.
Durante la reciente campaña electoral, Hernández-Gil explicó que, una vez personado el Colegio en la causa y restablecida la legalidad mediante la anulación de la prueba ilegítima, no consideraron que el papel del Colegio fuera la persecución penal del juez. Pero eso es una versión construida a posteriori. El acuerdo de la propia Junta de Gobierno sí consideraba necesario no limitarse a un recurso en el seno del proceso donde se habían producido las grabaciones ilegales. Se entendía que la vulneración del derecho de defensa precisaba de la respuesta contundente de una acción penal contra el juez que había acordado, sin cobertura legal, grabar las conversaciones entre clientes y abogados. Durante meses, el Decano no dijo que no fuera necesaria la querella, sino que no era el momento, que había que dejar que la Fiscalía tuviese oportunidad de reaccionar, que ya lo haría, que nadie iba a marcarle el ritmo al Colegio… Hasta que los abogados afectados no tuvieron más opción que actuar por sus propios medios, ante la falta de amparo colegial, como si fuera un problema exclusivo de ellos y no una cuestión trascedente que afecta al ejercicio de nuestra función.
Llegado el otoño de 2012, el mandato de Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos como Decano madrileño se aproximaba a su fin y tenían que convocarse nuevas elecciones…
Pensarán ustedes que las recientes elecciones celebradas en el
Colegio de Abogados de Madrid constituyen un asunto muy sectorial, meramente
corporativo, de interés sólo para unos cuantos picapleitos.
Pero créanme si les
digo (habiendo seguido esta vez la campaña muy de cerca) que el proceso
electoral que hemos vivido (y que ayer saltó tristemente a las páginas de los
medios informativos, con presencia policial incluida), se ha convertido en un
reflejo, en miniatura, de cómo operan las turbias luchas de poder en el ámbito político
y económico. Y ha permitido constatar, también a pequeña escala, dos cosas. La primera,
indudable: que los poderosos mueven todos los resortes a su alcance (presiones,
manejos mediáticos, difamación, influencias…) para mantener su dominio, no dudando
en recurrir a la más grosera (o sutil, como convenga) manipulación. Y la segunda: que, aun así, a veces es
posible ganarles. Cuando, pese a todo, la democracia consigue abrirse paso frente
a la oligarquía, estamos ante un hecho socialmente muy higiénico y reconfortante.
Pero no se puede entender el auténtico alcance de lo que
ayer pasó en el ICAM –la amplia victoria electoral de la abogada Sonia Gumpert y la terca resistencia del Decano saliente, con menos de la mitad de votos, a abandonar el sillón oficial-, sin tener algunas ideas sobre los antecedentes.
Yo soy abogado ejerciente del Colegio de Madrid desde hace
veintidós años. Cuando me inscribí, el Decano era Antonio Pedrol Rius, que
llevaba ya en el cargo dieciocho años y que lo ostentaría hasta su muerte, en
1992.
A su fallecimiento, los cuatro despachos más grandes con
sede en Madrid (Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Gómez-Acebo&Pombo) sellaron
una alianza, no sé si expresa o tácita, para ocupar el gobierno del ICAM con una lista conjunta y designaron
como candidato de consenso a Luis Martí Mingarro, quien desempeñó el cargo
durante tres mandatos (quince años).
Elección tras elección, el candidato oficialista nunca se enfrentaba a un verdadero rival.
Enfrente sólo tenía a la progresista Asociación Libre de Abogados (ALA) como permanente
oposición. Y alguna candidatura outsider, improvisada, a veces bienintencionada
y siempre sin posibilidades reales. Los macrodespachos movían el voto de sus centenares
de empleados, mientras los abogados de a pie (absorbidos por nuestro trabajo cotidiano
y con la sensación de inexistencia de alternativas) simplemente nos limitábamos
a no acudir a las urnas. La triste participación llegó a ser, en 2002, en torno
al 5 %. No es una errata: se registró un 95 % de abstención.
Esa alianza entre los grandes despachos permitía gobernar cómodamente
un Colegio de decenas de miles de letrados con apenas unos centenares de votos
de los fieles, ante la pasividad de una abogacía desmovilizada y desmotivada. En
un reciente debate electoral en el Ateneo, Javier Cremades reconocía con
naturalidad y sin sonrojo que, durante años, el Decano madrileño fue elegido “en
una especie de cooptación”. Y les aseguro que nadie movió una pestaña de
sorpresa ante semejante confesión.
Pero ese pacto de las grandes firmas del negocio jurídico se rompió a la hora de afrontar la sucesión de Martí Mingarro. Aparte de la habitual lista de ALA, se presentaron dos candidaturas de los grandes, ambas encabezadas por antiguos compañeros de Junta de Gobierno con el decano saliente. Por un lado, Javier Cremades. Por otro, Antonio Hernández-Gil, que llevaba participando en el gobierno del Colegio casi un cuarto de siglo.
Como de costumbre, la inmensa mayoría de letrados de a pie nos quedamos en casa (más bien en el despacho) ante una guerra que creíamos que no era la nuestra. Votó un 10 % de los colegiados y ganó Hernández-Gil por poco más de 300 votos de diferencia. Se iniciaba así el mandato sin duda más mediocre desde que comencé a ejercer la abogacía.
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