Edición 2013 del libro sobre Nóminas

Desde hace unas semanas está a la venta la edición 2013 de mi libro Nóminas, Seguridad Social y Contratación Laboral.

Tras más de diez mil ejemplares vendidos, este manual se publica por noveno año consecutivo por FC Editorial, gracias a la buena acogida  que viene teniendo entre centros de formación, asesores laborales y departamentos de administración de personal de empresas.

La obra se abre con un bloque introductorio sobre los aspectos básicos de la relación laboral, para adentrarse después en el contenido y estructura del salario, explicando cómo confeccionar los recibos del mismo. Finaliza con el apartado dedicado al sistema de Seguridad Social, incluidas las normas de cotización.

Esta edición está adecuada a las últimas reformas en materia laboral, incluido el reciente Real Decreto Ley de medidas de apoyo al emprendedor. 

Por vez primera la obra se publica también en formato de libro electrónico, a un PVP de 14 €, manteniendo la edición impresa el precio de 20 €.

Mis declaraciones en Noticias Cuatro: Derecho laboral para dummies (y para dirigentes del PP)

En los últimos meses, al hablar de sus peculiares relaciones laborales, el Partido Popular consiguió sembrar la perplejidad entre los laboralistas del país.

Primero fueron las declaraciones de Carlos Floriano, explicándonos que no podían despedir a Jesús Sepúlveda porque era "funcionario" del partido y si acudía "a Magistratura" lo tendrían que readmitir. No fue un error fruto de la improvisación y que luego corrigiera, sino que, después de esa desafortunada declaración en rueda de prensa, Floriano siguió sin asesorarse e insistió en tan peregrina tesis ante los micrófonos de la cadena Ser.

Obviamente, los empleados de un partido político no tienen la condición de funcionarios, sino que estamos ante una relación laboral común. Si el despedido demanda ante el Juzgado de lo Social (las Magistraturas de Trabajo desaparecieron hace aproximadamente un cuarto de siglo) y el juez estima improcedente su despido, es la empresa y no el empleado quien opta entre pago de indemnización legal o readmisión. Desmitiéndose a sí mismos por la vía de los hechos, finalmente los dirigentes del PP despidieron a su empleado imputado por corrupción.

Pero con el caso Bárcenas este grupo político volvió a patinar en materia laboral. Resulta curioso que a ellos, que tanto interés han puesto en facilitar y abaratar el despido, les cueste tantísimo trabajo despedir a alguien. Primero negaron que existiera relación laboral, alegando que ésta había finalizado años atrás. Cuando trascendió que no era cierto, que se había extinguido muy recientemente, con ocasión de estallar el escándalo, alegaron que esa situación de alta en Seguridad Social obedecía a un pago diferido del finiquito. Y la secretaria general, M. Dolores de Cospedal, en unas cantinflescas declaraciones llegó a hablar de simulación de relación laboral.

También en este extremo, resulta evidente para cualquier persona mínimamente conocedora del Derecho Laboral que, cuando realmente se produce un despido, aunque se pacte el pago fraccionado de la indemnización, la relación laboral se extingue en ese momento. La indemnización por despido, con independencia de la forma de pago, no tributa si no supera los límites legales y no cotiza en Seguridad Social. En este caso, en el que se mantenía la situación de alta de Bárcenas, se le pagaba un salario mensual y se seguía cotizando, hay dos conclusiones posibles: o bien el extesorero continuaba prestando servicios para el partido (él sostiene que de asesoramiento, en la demanda por despido que presentó), o bien estaríamos, en efecto, ante una simulación de relación laboral (como pareció confesar Cospedal).

El problema es que tal simulación está considerada infracción muy grave (artículo 23.1.e de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Y es así, entre otros motivos, porque genera indebidamente el derecho a una serie de prestaciones (incapacidad temporal, incapacidad permanente, desempleo, jubilación...) a quien carece de requisitos para ello, si es que realmente no está trabajando.

Sobre todo esto me preguntó Cuatro Televisión para su informativo de las 14 horas del pasado 26 de febrero. Ya se sabe que, cuando te graban horas, se emiten unos minutos, así que cuando te graban minutos se emiten segundos. En el reportaje hay una breve aparición mía como abogado, explicando la calificación como infracción de un contrato laboral simulado. 

Entrevista en Equipo de Investigación de La Sexta sobre presuntas estafas de un prestamista privado

Como ya anuncié aquí, el programa Equipo de Investigación, presentado por Gloria Serra en La Sexta, dedicó su edición del pasado 8 de febrero (reemitida el 13 de febrero por Nitro) a las actuaciones irregulares de varios prestamistas privados.

El último bloque estuvo centrado en la red de Antonio Arroyo Arroyo, con interesantes y reveladoras declaraciones de la policía y de las víctimas directas.

El reportaje incluyó fragmentos de una entrevista que me hicieron, en mi condición de abogado de varios afectados.

Aquí dejo el video con el fragmento dedicado a esta red presuntamente delictiva. El programa completo puede verse en la web de Equipo de Investigación.

El viernes 8, en Equipo de Investigación de La Sexta

Hace más de un año un cliente vino a verme al despacho para encomendarme un asunto civil: estaba siendo objeto de una reclamación de cantidad. Cuando me explicó con detalle el origen de la supuesta deuda, me di cuenta de que, muy probablemente, nos encontrábamos ante una estafa. Y supuse que no era la única víctima del mismo engaño.

A través de internet y de gestiones personales conseguí ir poco a poco recopilando información sobre los presuntos estafadores y contactar con algunos de sus afectados que, primero con desconfianza y luego con cierta esperanza, me fueron facilitando valiosos datos.

Durante muchos años, este presunto estafador y su red de sociedades se han dedicado impunemente a aprovecharse de la confianza y la desesperación de un gran número de personas que atravesaban serias dificultades económicas. Muchas familias han acabado perdiendo su casa para satisfacer la codicia de un especulador sin escrúpulos. Y otras están envueltas ahora en procesos de ejecución que les suponen un auténtico drama personal y en los que se les reclaman cantidades muy superioes a lo que realmente percibieron. La mayoría firmaron una escritura o unas letras de cambio, agobiados por la prisa en resolver su situación, enredados entre hábil palabrería, cláusulas escritas que no comprendían y promesas incumplidas. El proceso ha estado adornado a veces incluso con falsedades documentales y hasta con suplantaciones de personalidad.

En el Registro de la Propiedad, casi ciento cincuenta inmuebles de toda España están hipotecados actualmente a favor de este presunto delincuente, con su nombre y apellidos, sin contar los que lo están a favor de distintas sociedades vinculadas a él o los que ya han sido objeto de ejecución y adjudicación en los últimos años. Los afectados son, sin duda, centenares, si no miles.

Profesionalmente no me dedico al ejercicio ante la jurisdicción de lo Penal. Como asignatura, sí se me daba bien en la carrera (obtuve Matrícula de Honor con una excelente profesora, Avelina Alonso de Escamilla) pero luego la realidad es diferente de los estudios y en la práctica, mi preferencia y mi dedicación se ha orientado a otras áreas. Sólo llevo asuntos penales de forma muy excepcional y casi siempre por algún compromiso personal. Ésta era, sin duda, una de las ocasiones en las que tenía que aplicar tal excepción, porque actuar penalmente contra esta trama era la única vía para intentar la paralización de las ejecuciones, dejar al descubierto su modus operandi y evitar que siguieran engañando a nuevas víctimas. Y porque la mayoría de afectados se encontraban en una situación precaria que no les permitía afrontar muchos gastos judiciales.

Este viernes 8 de febrero, el programa de La Sexta Equipo de Investigación dedica su emisión a varios prestamistas con métodos poco ortodoxos y, entre ellos, una parte del reportaje se centra en éste al que hago referencia.

Para el reportaje me grabaron unas declaraciones y, si se han considerado de interés, supongo que una parte de las mismas estará incluida.

Les invito a ver este nuevo trabajo de un excelente programa de investigación periodística. El prestamista indiscreto se emite este viernes a las 22’20 h. en La Sexta y se repetirá el miércoles 13 en Nitro.

Esperemos que sirva para apoyar nuestras denuncias y que Fiscalía y Justicia tomen interés decidido en este sangrante caso.

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (y V)

"Aferrao a mi butaca

como una lapa,

a mí nadie me despega

de este sillón..."

-Sillón de mis entretelas. Luis Eduardo Aute y Jesús Munárriz-

Antonio Hernández Gil, tras treinta años en la junta de gobierno del Colegio, cinco de ellos como decano, se niega a aceptar el resultado de las urnas y abandonar su cargo, alegando supuestas irregularidades en la votación que perdió abrumadoramente. 

Pero, ¿cuándo empezaron realmente tales reclamaciones? Sólo una vez que se fue conociendo cuál sería el resultado. 

El escrutinio comenzó con normalidad y sin que nadie dudara de que debía llevarse a cabo ni cuestionara la votación en sí hasta ese momento. Ya avanzado el mismo, una vez que Hernández Gil y los demás comprueban que la candidatura de Sonia Gumpert le supera con creces en apoyos, es cuando de pronto comienzan a reaccionar y a concertar acciones entre todos los perdedores, capitaneados por un decano que se resiste a ser saliente. 

Formulan entonces una reclamación conjunta, en la que piden que se suspenda la proclamación de los resultados. Un régimen que se había resistido al cambio, jugando sucio durante la campaña, pretende, además, que se anule nada menos que la voluntad democráticamente expresada por los colegiados en las urnas. 

Esa noche, mientras muchos abogados y abogadas de a pie de Madrid esperamos en las inmediaciones del Palacio de Congresos que se anuncie la victoria de la primera mujer decana en los cuatro siglos de historia del Colegio, Hernández Gil y sus secuaces maniobran en los despachos para conseguir que la comisión electoral suspenda la proclamación de resultados. Y provisionalmente lo logran, en un acuerdo adoptado de madrugada. 

Resultó poco edificante ver a Montse Suárez, despreciada e invisibilizada durante la campaña por Hernández Gil y Cremades, hacer causa común con ellos. Como sorprendió ver a Peláez alineado con quien le dejó desamparado, desde esa indiferencia hacia nuestra profesión que ha caracterizado su mandato. O comprobar cómo ALA, asociación de la que se podrá disentir pero que lleva años de trabajo continuado en el colegio en defensa de sus ideas, se unía con quien representa la visión más rancia y cerrada del Colegio para evitar que se consumara una alternativa que no sean ellos: “contra Hernández Gil vivíamos mejor”, podría ser el lema. 

La coalición de perdedores consigue, además, que se difunda una pésima imagen de los abogados de Madrid, cuando se divulga que llamaron a la policía. Incluso hablan intencionadamente de pucherazo o de fraude cuando ni tan siquiera ninguna de las supuestas irregularidades se refiere a un falseamiento del resultado de la votación. Es gravísimo el daño causado a la reputación de los abogados de Madrid por quien ha sido el peor decano de su historia, en un todo vale con tal de no soltar el cargo. 

El resultado no puede ser más elocuente del deseo de cambio del colectivo: 6.426 votos para Sonia Gumpert frente a 3.293 para Antonio Hernández-Gil y 2.769 para Javier Cremades. 

La candidata ganadora, la decana elegida por la abogacía madrileña, Sonia Gumpert, ofrece al día siguiente una rueda de prensa y es contundente en la defensa de la voluntad de cambio que ha resultado de las urnas: "Nuestra candidatura va a luchar para que prevalezcan todos y cada uno de los votos que han sido emitidos en un proceso electoral limpio y democrático". Frente a ella, el viejo régimen personificado por Hernández Gil, con el resto de candidatos como comparsa, que se resiste a aceptar el resultado democrático y quiera perpetuarse en el cargo contra la voluntad de los propios colegiados.

Cuando comencé a escribir esta serie todavía estábamos en plena incertidumbre. Hoy ya sabemos que este primer intento de silenciar a los abogados y abogadas de Madrid ha durado poco tiempo, porque era insostenible. 

Una vez presentadas las acusaciones, unas falsas y otras simplemente ridículas, la comisión electoral las desistima argumentadamente y ha proclamado a la nueva Junta de Gobierno. 

Ahora bien, si creen que, tras esa resolución, Hernández-Gil ha aceptado ya el resultado democrático elegantamente y ha empezado a preparar un traspaso democrático de poderes desde la sensatez, están equivocados. 

Continuará la vía penal -creo que por poco tiempo- y seguirá la vía contencioso-administrativa -lamentablemente, con una tramitación mucho más prolongada-. 

Vistos los argumentos fácticos y jurídicos que se esgrimen, estoy absolutamente convencido de que la justicia avalará la voluntad de la abogacía madrileña expresada democráticamente. Pero tendremos que esperar todavía un largo tiempo, en el que el viejo régimen que hemos padecido no se dará por vencido y seguirá jugando sucio.

Mientras, los abogados de a pie miramos con esperanza un mandato que comenzará pronto. No le resultará fácil a Sonia Gumpert afrontar todas las campañas de infundios que, sin duda, se avecinan, ni desmontar el entramado de intereses en que han convertido el Colegio. Pero ojalá acierte, por el bien de todos. 

Sería aleccionador demostrar, aunque sea en nuestro pequeño ámbito, que los poderes fácticos no siempre ganan, que a veces puede hacerse realidad una alternativa. Sin duda, nuestro Colegio lo necesita de forma apremiante.

Colegio de Abogados de Madrid: los últimos coletazos de un Régimen (IV)

Llegada la jornada electoral, se apreciaba una mayor participación de votantes que en ocasiones anteriores, aunque todavía muy lejos de lo que sería un nivel deseable. En otras ocasiones, se veían muchos rostros de los cercanos a los propios candidatos y grupos de abogados de despachos colectivos. Esta vez, más presencia de abogados individuales, muchos votando por vez primera. La mayor afluencia se registró en las últimas horas de la votación, cuando los abogados por fin podíamos “escaparnos” del despacho un rato antes. 

En un momento dado se produce un incidente. Dentro del Colegio, una persona parece estar introduciendo en un ordenador portátil datos que le suministran interventores de la candidatura de Sonia Gumpert. Varios representantes de otras candidaturas se encaran con él e incluso le exigen -como si ellos fueran la autoridad electoral- que les entregue el ordenador y avisan a la policía, que hace acto de presencia.

Al parecer, lo que está haciendo la candidatura es contrastar con su listado de simpatizantes, que han ido recogiendo en los días de campaña, si estos han ido a votar. Y, en caso contrario, telefonean a los rezagados para recordarles la hora de cierre de los colegios y animarles a acercarse a votar. 

Ésta es, ni más ni menos, la “gravísima irregularidad" que servirá más tarde para poner en cuestión el propio resultado por parte de aquellos a quienes no favoreció. 

Hay que hacer constar que en el proceso electoral del Colegio de Abogados no existe ni una figura similar al día de reflexión ni está prohibido realizar campaña incluso el mismo día de las elecciones. En segundo lugar, me parece que pedir a tus propios seguidores, que voluntariamente te han facilitado su teléfono y correo, que acudan a las urnas y animar a la participación no sólo no parece negativo, sino loable. 

Como la acusación era absurda, empezarán después a adornarla diciendo que prometían pagarles el taxi si iban, que les regalaban bolígrafos o que les entregaban la papeleta de la candidatura en la puerta. Como gráficamente dijo Sonia Gumpert en una posterior rueda de prensa, acusaciones que “son un insulto a la inteligencia y a la libertad de los abogados”. 

Ninguna prueba consistente acabará avalando tan ridículas afirmaciones. Pero, incluso aunque fuera verdad que algún activista de una candidatura hubiera hecho algo así, ya me contarán si de verdad puede eso poner en duda la emisión libre del voto por parte de un colectivo como el de la abogacía madrileña y el abrumador resultado del que hablaremos. 

Y lo que es aún más significativo: ninguna de las candidaturas consideró que esas prácticas hubieran contaminado el proceso electoral o viciado el resultado, ninguna pidió la anulación del proceso, ninguna la pidió la suspensión del escrutinio... hasta que empezó a saberse el resultado. 

De hecho, al término de la jornada electoral, cuando ya se habían producido y se conocían todos los supuestos hechos que denuncian y el incidente del ordenador, uno de los principales candidatos, Javier Cremades, emitió este tuit:

¿A ustedes les parece que es la manifestación de alguien que considera que se han registrado gravísimas irregularidades en la jornada electoral y que el resultado está afectado por las mismas y no es legítimo? No, ¿verdad? Pues unas horas después, el propio Javier Cremades firmaría una denuncia en ese sentido, pidiendo que se suspendiera la proclamación de la junta de gobierno electa. Curiosa forma de dar a la nueva decana ese "respaldo de todos" que, según él, debía tener.

En efecto, había terminado la jornada electoral con una sensible mejora de la participación, aunque tanto como un éxito rotundo desde luego no, porque rondaba el 14 %. Comenzaba un escrutinio que fue seguido con palpable interés. Y con muchas ansias de cambio.